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La Fiscalía General de la República presentó esta tarde en una audiencia testimonios de ex funcionarios quienes aseguraron que Rosario Robles autorizó pagos ilegales tanto en Sedesol como en la Sedatu, instancias que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Además, la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación acusaron a la ex funcionaria por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– El juez Felipe de Jesús Padilla citó de nueva cuenta a las partes el próximo lunes a las 18 horas para determinar la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En una situación sorprendente para el propio juez, la parte acusatoria no solicitó medidas cautelares para Robles Berlanga. Ella dijo que se presentará el lunes, como hoy lo hizo, para dar la cara.

El Ministerio presentó testimonios de ex funcionarios quienes aseguraron que Robles autorizó pagos ilegales tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que no los detuvo, por lo que su actuar se considera doloso.

Los testimonios de la Fiscalía señalan que hubo reuniones fuera de la oficinas de la Sedatu. Una fue en 2018, y la presidió Emilio Zebadúa, quien dijo al staff, en nombre de Rosario, que ante el número de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no se preocuparan, que todo estaba arreglado”.

El testigo, aseguró el representante del Ministerio, Mario Fonseca Barrera, dijo que en ambas secretarías existieron estructuras definidas para la simulación de contratos y falsificación de firmas.
“Dejan en claro el actuar. La forma de operar organizada”, agregó Fonseca.

También contaron que en una ocasión funcionarios de la Sedesol y Rosario Robles asistieron a la ASF para sostener una reunión con en el entonces Auditor, Juan Manuel Portal.

Él le dijo a Robles que las auditorías a la Sedesol estaban plagadas de irregularidades porque estaban abusando de las contrataciones con universidades. Rosario le dijo que la ley lo permitía, Portal dijo que sí pero que además había inconsistencias por parte del Oficial Mayor (Zebadúa) y por recursos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que no estaban llegando a la población pero tenían firmas de entrega.

Rosario terminó esa reunión de manera abrupta con Portal, pero quedaron varios testigos de ese hecho.

Esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) y la ASF acusaron a Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad  de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

En voz de Teresa Maldonado, Agente del Ministerio Público (MP) federal, las imputaciones directas a Robles son “por el posible ejercicio indebido del servicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al Presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.

“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.

La agente enlistó las acusaciones y enfatizó en que lo que se hizo en la Sedesol se repitió en la Sedatu. Lo que pidió fue “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la ‘Estafa Maestra’; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.

EL PRIMER INTENTO POR DESESTIMAR 

Al inicio de la audiencia, los abogados de Robles Berlanga solicitaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, un recurso de revocación para argumentar que ASF no tenía facultad de víctima en el caso.

Expusieron que la ASF no se podía considerar como parte ofendida, ya que la Auditoría sólo se limita a regular bienes jurídicos y el patrimonio es “derecho del pueblo”.

Añadieron que se trata de un órgano técnico designado por la Cámara de Diputados y que entre sus facultades no estaba la regulación. Esto por la participación de la ASF en este caso, luego de que una organización de la sociedad civil realizar una denuncia.

La Fiscalía y el representante de la ASF señalaron que a pesar de que se trataba de un órgano técnico, este tenía como objetivo la fiscalización de las cuentas públicas del erario federal y que es el órgano encargado de salvaguardar la Hacienda Pública Federal.

El juez concluyó, luego de 15 minutos de análisis, que había calidad constitucional en la participación de la Auditoría porque tiene la facultad de velar por los fondos presupuestales y las metas que tengan estos; además de que tiene la capacidad de señalar las fallas y la obligación de coadyuvar con el MP.

En el segundo intento por parte de la defensa de Robles por no realizar la audiencia, se argumentó que hasta el día de hoy se siguieron presentaron pruebas en contra de su cliente,  y cuestionó a la Fiscalía directamente de si tenía más cosas qué agregar. La Fiscalía lo negó.

El tercer intento fue por parte de uno de los abogados de Robles que habló de un acuerdo realizado en un juicio de amparo en Chiapas a un tercer imputado, del que dijo se reservaría el nombre porque esa podría ser una probable causal de la audiencia.

El juez lo detuvo en seco y con un tono enérgico, le dijo que guardara silencio y que acatara su determinación. Dijo que no permitiría “diferir la audiencia tramposamente por un amparo que se promovió a otra persona”.