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Empresas se apuntan para el Tren Maya, la polémica obra de AMLO que marcará el sexenio de la 4T

lunes, febrero 10th, 2020

La decisión de llevar a cabo la obra, que se contempla entre en operación en 2023, se dio mediante una consulta a todas las comunidades, a mediados de diciembre pasado, y según los resultados, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya.

Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta con la supervisión de dos agencias de Naciones Unidas: ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Por Juan Manuel Ramírez G.

México, 10 de febrero (EFE).– El Tren Maya, una obra con la que el Gobierno mexicano pretende revitalizar el sureste de México, avanza con la licitación del primer tramo físico y con el interés de firmas nacionales y extranjeras, entre ellas varias españolas, pese a la polémica generada en ciertos sectores.

Con una inversión pública de unos 120 mil millones de pesos (unos 6 mil 389 millones de dólares), la obra es impulsada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha remarcado en los últimos días la importancia de su construcción, la cual ha sido señalada por opositores por sus posibles afectaciones al medioambiente.

“El Tren Maya va”, dijo López Obrador el pasado jueves en su conferencia de todos los días, agregando que “la gente lo quiere” y apoya la obra.

El mandatario ha explicado en distintas ocasiones que la obra, cuya extensión es de mil 460 kilómetros, ayudará a reactivar la economía en cinco estados de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el sureste del país.

En esta imagen de diciembre de 2018 en Palenque, Chiapas, se observa al Presidente Andrés Manuel López Obrador recorriendo uno de los puntos por donde pasará el Tren Maya. Foto: Cuartoscuro

Dicha región, la más rezagada del país, cuenta con 12 millones de habitantes y un potencial de 17 millones de turistas al año, la mayoría viaja al polo de atracción que representa el balneario de Cancún y la Rivera Maya, en el Caribe mexicano.

La decisión de llevar a cabo la obra, que se contempla entre en operación en 2023, se dio mediante una consulta a todas las comunidades, a mediados de diciembre pasado, y según los resultados, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya.

Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta con la supervisión de dos agencias de Naciones Unidas: ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES

El director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, explicó a finales de enero los detalles de las licitaciones e indicó que había interés de 85 empresas. Fueron 65 nacionales y 20 internacionales provenientes de España, Canadá, Portugal, Brasil y China.

Entre las empresas españolas interesadas, suenan con fuerza Sacyr, Acciona, FCC, CAF, Grupo Fomento y Gestamp.

Precisamente el pasado viernes 7 de febrero comenzó la licitación de los tramos uno (Palenque-Escárcega, de 226 kilómetros) y dos (Escárcega-Calkiní, de 254 kilómetros), mientras que el tres (Calkiní-Izamal, de 140 kilómetros) se licitará el 21 de febrero; el cuatro (Izamal-Tulum, de 196 kilómetros) ocurrirá el 28 de febrero, y el cinco (Tulúm-Cancún, de 135 kilómetros) será el 6 de marzo.

En una ceremonia, el 16 de diciembre, las 12 comunidades indígenas Mayas de Chiapas ofredaron comidad a la madre tierra para pedirle permiso en la construcción del Tren Maya. Foto: Cuartoscuro

Los fallos de las licitaciones se darán a conocer entre abril y mayo y posteriormente arrancará la construcción de los primeros dos tramos del tren, el 30 de abril; el tercero el 18 de mayo y los últimos dos el 27 de mayo.

DERECHO DE VÍA Y MEDIOAMBIENTE

De manera reiterada, López Obrador ha explicado que la inversión en el tren “no es crédito, ni deuda, sino ahorros por no permitir la corrupción” y que con la obra “no se afecta al medioambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente”.

Además, señala que será beneficiosa para el medioambiente, contribuyendo “a una reducción de emisiones a la atmósfera del más del 50 por ciento ” por ser menos contaminante que el transporte terrestre.

Los grupos y comunidades que se oponen a la construcción del tren, entre ellos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han acusado en distintas ocasiones al Ejecutivo de querer imponer la construcción del tren en las comunidades y de haber simulado las consultas a los pueblos indígenas, afectados por la obra.

Parte de este rechazo lo escenifican siete ONG -entre estas el Frente Peninsular por la Vida y la Selva o Ka Kuxtal Much’ Meyaj- quienes denunciaron en una misiva el pasado 16 de noviembre que el Presidente no busca construir “con nosotros los mayas” una relación directa, pues no dio la información pertinente y “regala migajas” a cambio de aceptar su proyecto.

Pero la visión de López Obrador es muy distinta: Tienen “ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro Gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas”, dijo recientemente el Presidente.

Imagen de la boleta para la consulta del Tren Maya. Foto: Martín Zetina, Cuartoscuro

Acerca de las posibles afectaciones en las regiones por donde pasará, López Obrador dijo que “no se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado (…) y en donde no hay vía es por la carretera”.

El mandatario ha explicado en varias ocasiones que ya existe un derecho de vía de más de 50 metros en buena parte del trayecto y el tren necesita 15 metros, de tal manera que “no se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación”.

Además acusó a los manifestantes de que con su protestas solo “hacen el ridículo”, ya que les llevan manifiestos y mucha gente firma las peticiones “y ni siquiera conocen los estados del sureste”.

“Que primero vayan y que luego den su opinión”, ha llegado a afirmar con dureza.

EL TREN, ENTRE MEGAPROYECTOS DE LÓPEZ OBRADOR

El Tren Maya es uno de los grandes proyectos de infraestructura de López Obrador, junto con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que dará cobertura a la capital mexicana, y el tren de mercancías que atravesará el Istmo de Tehuantepec, uniendo el océano Pacífico con el Golfo de México.

El Tren Maya recorrerá 9 municipios de Campeche donde en promedio, el 51 por ciento de la población sufre de pobreza. Foto: lopezobrador.org

La infraestructura, pensada para el transporte de pasajeros y mercancías, tiene contempladas 18 estaciones y unirá puntos turísticos como las ciudades de Cancún y Mérida con los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Palenque.

Pese a las polémicas y a posibles amparos judiciales en su contra para frenar la obra, para el Presidente mexicano el único asunto por resolver es cumplir con la fecha de arranque de operaciones, prevista para 2023.

Somos los dueños de la tierra y del Corredor Transístmico ni nos informan, dicen en Juchitán

miércoles, noviembre 6th, 2019

La idea de establecer un corredor comercial entre el Océano Pacífico y el Golfo de México usando trenes, ríos navegables y carreteras ha sido la ambición de los más emblemáticos líderes del país, incluyendo al “Benemérito de las Américas”: Benito Juárez.

Pero Miguel Ángel García Aguirre, fundador de la asociación Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, ubica el antecedente directo en un proyecto propuesto durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000).

Por Raúl Fernando Pérez Lira

Ciudad de México, 6 de noviembre (OpenDemocracy).– Cuando los oaxaqueños de Juchitán apenas tomaban un descanso luego de la muerte de Francisco Toledo, hijo predilecto de estas tierras, la asamblea “El istmo es nuestro”, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), inició con un objetivo es claro: articular los movimientos indígenas y campesinos de Oaxaca, y más allá, en defensa de los territorios que ambicionan el Gobierno y empresas eléctricas, mineras y madereras, entre otras.

“No nos informan sobre cómo [este proyecto] va a afectar nuestra vida, cómo nos va a empobrecer más, si deveras va a traer desarrollo, qué tipo de desarrollo, para quién, cómo, por qué, todo eso es lo que queremos saber porque somos dueños de los territorios. Somos los que hemos salvaguardado estos territorios durante cientos de años desde épocas de la colonización”, explicó Bettina Cruz Velásquez, mujer binnizá defensora de los derechos humanos, durante la apertura del encuentro.

En diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión pública inicial de 8 mil millones de pesos para la implementación del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Foto: Cuartoscuro

Representantes de más de un centenar de organizaciones indígenas se dieron cita en Juchitán entre el 6 y 8 de septiembre de 2019, acompañados de medios libres e independientes, organizaciones ambientalistas, artistas y oaxaqueños en general.

A lo largo de mesas de trabajo y paneles informativos, los pobladores del Istmo de Tehuantepec expusieron un sentimiento generalizado: el proyecto del Corredor Transístmico (o interoceánico) anunciado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pretende llevar a cabo sin tomar en cuenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

EL CORREDOR TRANSÍSTMICO, UN PROYECTO DE ANTAÑO

La idea de establecer un corredor comercial entre el Océano Pacífico y el Golfo de México usando trenes, ríos navegables y carreteras ha sido la ambición de los más emblemáticos líderes del país, incluyendo al “Benemérito de las Américas”: Benito Juárez.

Pero Miguel Ángel García Aguirre, fundador de la asociación Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, ubica el antecedente directo en un proyecto propuesto durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000).

“Ese proyecto es el que retoma textual López Obrador. Lo sabemos porque en 1996 se anuncia el megaproyecto del istmo, así se le bautizó, y desde entonces fundamos un movimiento que se llamó ‘El Istmo es nuestro’. Ahorita se está retomando ese título porque es otra vez lo mismo”, dijo el activista en entrevista.

Poco después de las elecciones de 2018, López Obrador envió una carta al presidente de los EU, Donald Trump, explicándole aprovecharía la “ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico”. Foto: Cuartoscuro

“[El corridor] afecta a 80 municipios del istmo, 49 en Oaxaca y 31 en Veracruz. Afecta a 11 pueblos indígenas más el pueblo negro. Es la región más biodiversa de México. Se produce 40% del agua nacional que se capta fluvialmente. Se produce un sinnúmero de servicios ecosistémicos que generan un enorme beneficio para la humanidad”, declaró García Aguirre.

Poco después de las elecciones de 2018, López Obrador envió una carta al presidente de los EU, Donald Trump, explicándole aprovecharía la “ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico” y así facilitar el transporte de mercancías entre Asia y el este de los EU.

Además de las líneas ferroviarias, se buscaría ampliar la carretera, rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, hacer uso de los recursos locales e instalar plantas de manufactura. Todo siguiendo el modelo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) diseñadas para atraer inversiones mediante incentivos fiscales y creadas bajo la presidencia de Presidente Enrique Peña Nieto en 2016.

“Lo que se pretende es un canal interoceánico pero seco, que compita con el canal de Panamá, a través de un tren bala de carga que va a correr a 300 km/h y con la modernización brutal de los dos puertos que implicar dragar profundamente el de Salina Cruz y ampliar el rompeolas de forma que puedan entrar buques y tanques mercantes”, continuó García Aguirre.

En la misma carta, López Obrador explica a Trump que estos proyectos tendrán en cuenta “los impactos ambientales” y que los pobladores y propietarios de las tierras serían “tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto”.

Una vez electo, López Obrador decretó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con la finalidad de “garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, una de las principales denuncias de parte de los pueblos indígenas y campesinos presentes en la asamblea es que precisamente no se ha respetado el debido proceso de consulta establecido por el Convenio 169 (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El desarrollo del Corredor Transístmico implicaría toda una nueva serie de proyectos mineros y energéticos en la región.

LAS COMUNIDADES DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN

Albino Pedro Juan, hablante de ayuuk y presidente del Comisariado Ejidal de San Juan Guichicovi, dice que no les han presentado la información pertinente. “No nos informan sobre en qué nos va a beneficiar, en qué nos va a afectar, cuáles van a ser los impactos ambientales, sociales o culturales. Ha habido algunos volantes pero la gente no conoce tanto de letras. Además, en español…”, dijo Albino en entrevista.

A finales de agosto, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le expresó al presidente que los procesos de consulta a los pueblos indígenas en México “no son realizados de manera previa, no toman en cuenta los usos, costumbres, cultura y debida representación de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, y, además, con frecuencia, son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre”.

Para Josefa Sánchez Contreras, una joven zoque que participa en la comisión agraria de seguimiento a los problemas de San Miguel Chimalapa, los procesos de información y consulta a los pueblos indígenas en la región han venido viciados desde un principio.

“Las dos concesiones que hay actualmente, por poco más de 7,000 hectáreas, son por parte de la empresa Minaurum Gold y Gold Copper, empresas canadienses, que desde hace ya varios años la Secretaría de Economía les otorgó la concesión sin ninguna consulta ni aviso previo a nuestra comunidad indígena”, denunció Josefa en entrevista.

“La explotación de esta minería a cielo abierto implicaría no sólo la devastación de nuestro territorio sino de esos tres ríos [Ostuta, Espíritu Santo y Zanatepec]… Hemos acordado que no queremos ese proyecto y hemos clausurado sus exploraciones”, continuó Josefa.

El desarrollo del Corredor Transístmico implicaría toda una nueva serie de proyectos mineros y energéticos en la región para la construcción de toda la infraestructura necesaria, poniendo en riesgo el balance de los Chimalapas.

Una vez electo, López Obrador decretó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con la finalidad de “garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”. Sin embargo, Josefa no confía en la reforma al artículo 2 de la Constitución Mexicana, relativo a los derechos de los pueblos indígenas promovida por el INPI, pues cree que no otorgará a los pueblos indígenas el pleno derecho a la autodeterminación.

A pesar de su corta vida, el presupuesto del INPI disminuirá cerca del 40 por ciento el siguiente año, de 6 mil millones a 3 mil 500 millones de pesos, reduciendo drásticamente su capacidad de vincularse con los procesos democráticos internos de cada uno.

“EL CONVENIO 169 HA SIDO REBASADO”

“La discusión de las propias comunidades es que no nos interesa el C169, que ya está muy rebasado y que sólo busca la manera de acordar la forma y los mecanismos sobre cómo las empresas y el Estado puedan llegar a un acuerdo para indemnizar o pagar, o que seas miembro o socio del mismo proyecto. Nosotros hemos planteado el tema de la libre determinación y que los pueblos decidan”, declaró en entrevista Omar Esparza es coordinador nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Omar cree que los pueblos tienen sus propios mecanismos democráticos establecidos que funcionan sin intervención, pero que el problema de las consultas va más allá de esto.

“Mucho de lo que se discute hoy en la actualidad es el derecho que tienen los pueblos a la consulta. Pero lo que no se discute es el derecho a ser pueblo, porque antes de una consulta tienes que tener el territorio”, continuó Omar.

La pérdida del sentido de comunidad ha dañado los procesos organizativos de comunidades indígenas a lo largo del territorio. Aunque muchos pueblos y naciones han mantenido sus formas tradicionales de Gobierno, otros no han tenido la misma suerte, facilitando que el Estado y empresas tengan acceso al territorio sin pasar por procesos de información y consulta.

Durante gran parte de su historia independiente, México ha promovido un sistema educativo que excluye a las lenguas indígenas e incentiva el uso del español como la única lengua válida para acceder a oportunidades económicas, políticas y sociales. Esta política de homogeneización ha resultado en la pérdida de la identidad y de las estructuras comunitarias de los pueblos.

 

Carlos Manzo, comunero binnizá de Unión Hidalgo, denuncia que las autoridades los discriminan cuando ya no hablan su idioma o cuando tienen un título universitario, despojándolos de su identidad indígena. “Mientras tanto las empresas siguen avanzando, los otros procesos de privatización siguen avanzando. La lengua es un recurso de la resistencia, no debemos de permitir que desaparezca”, declaró Carlos en una entrevista radial.

No obstante, son numerosos los amparos ganados por las comunidades indígenas del istmo, resultado de las decisiones internas tomadas a través de asambleas y de la insistencia constante de los pobladores. Las comunidades chontales de Oaxaca, por ejemplo, lograron detener la instalación de la Minera Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.

Esta asamblea del CNI y el CIG con organizaciones simpatizantes fue una continuación de aquella realizada en abril en Amilcingo, Morelos, y que tuvo como hilo conductor el Proyecto Integral Morelos (PIM). En febrero de este año, el activista y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko, Samir Flores, fue asesinado por sujetos desconocidos. Sus compañeros sospechan que su muerte estuvo ligada a su oposición al PIM.

En la declaratoria final de esta asamblea del CNI-CIG, los participantes llamaron a una jornada global de lucha “en defensa de la vida y de nuestros territorios” el 12 de octubre, suscribiéndose a la campaña global “El istmo es nuestro”, y exigieron justicia para las mujeres, los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todxs lxs desaparecidxs, los afectados por el incidente minero de Pasta de Conchos, Samir Flores y el preso político Miguel Ángel Peralta Betanzos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE OPEN DEMOCRACY. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Megaproyectos de AMLO traerán depredación y violaciones a los pueblos, denuncian especialistas

martes, octubre 15th, 2019

El Tren Maya, el Corredor del Itsmo de Tehuantepec y los gasoductos de Morelos son megaproyectos que traerán desgracia a los pueblos indígenas, alertaron hoy activistas, especialista e indígenas, quienes precisaron que estos implican expropiación y devastación de territorios, violaciones a la autonomía de las comunidades originarias, además de riesgos a las formas de vida popular y violencia ejercida tanto por particulares como por el Gobierno.

 Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Tres megaproyectos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM) “fortalecen la violación a los derechos de los pueblos indígenas” con la ocupación de sus territorios, de acuerdo con los ponentes del foro “Derecho de Réplica” de la organización DesInformémonos.

Hoy en día los pueblos están amenazados “por dónde se les vea”, porque son los dueños de las grandes reservas naturales del país, en momentos en que el Gobierno busca desarrollo a través de proyectos que sólo producen “depredación” que pone en riesgo al país, explicó el periodista Hermann Bellinghausen.

Los activistas explicaron que previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República existía una suerte de esperanza. La situación del país no cambiaría del todo, pero al menos los pueblos indígenas podrían descansar. “Se pensaba que no nos matarían tanto”, dijo la lingüista mixe Yásnaya Aguilar.

Pese a la promesa, la opresión y la sangre siguieron su curso, acusaron los ponentes.

De acuerdo con Aguilar, la primera transgresión fueron las consultas populares. Aunque las comunidades indígenas no se oponen al progreso, consideró que debió respetarse la autodeterminación de los pueblos para que realizaran su propia consulta y, posterior a ella, generaran un acuerdo con el Gobierno. En cambio, explicó que las autoridades impusieron una consulta que no representó la voz de todos los pueblos.

Además de la autodeterminación, la lingüista consideró que hoy existe una “lucha por la vida”, ya que los usos y costumbres de los pueblos indígenas están en riesgo con la llegada de proyectos que aunque velan por la inversión y el desarrollo, se apropian de la herencia cultural de los pueblos [como el territorio] a través de “simulaciones” [como las consultas].

Teresa Castellanos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), confirmó la existencia de agresiones relacionadas con el PIM, en Morelos, Puebla y Tlaxcala.

“Una parte de lo que está pasando en mi comunidad [en Morelos] son las agresiones totalmente del mismo Presidente de la República”, lamentó.

López Obrador no sólo “amañó” la consulta pública. Los activistas “estamos viviendo lo que pasó con el compañero Samir”.

El 20 de febrero de 2019, el activista en contra del PIM, Samir Flores Soberanes, fue asesinado a balazos afuera de su casa en el poblado de Amilcingo, Morelos.

Para Castellanos, el asesinato no sólo ha generado “encabronamiento” en las comunidades con el Gobierno en turno. También refleja que México “no está creciendo” y que las autoridades le “están dejando el país a los grandes empresarios” mientras que, a los pueblos indígenas “nos están dejando sin nada”.

EL NEOLIBERALISMO SIGUE

Para Bettina Cruz, aunque el Jefe del Ejecutivo diga que el neoliberalismo ya se acabó, existe despojo por parte de los “poderes del capitalismo”.

Uno de los “sueños” más viejos de los potentados y de quienes se han ostentado como dueños del país, entre ellos políticos y empresarios, ha sido el Corredor Transísmico.

Para la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) se trata de un proyecto tan viejo como el país, y poco inclusivo por su propósito: producción a pesar de los pueblos indígenas que exigen su derecho de réplica.

“Este proyecto viene a querer quitarnos todo lo que tenemos”, dice. No sólo afectará a Oaxaca y Veracruz. También tendrá consecuencias en Chiapas y Tabasco.

Para Bettina Cruz, aunque el Jefe del Ejecutivo diga que el neoliberalismo ya se acabó, existe despojo por parte de los “poderes del capitalismo”. Foto: Efrén Flores, SinEmbargo.

De acuerdo con Bettina Cruz, el Corredor, así como el Tren Maya y el PIM “son tres proyectos que no podemos verlos aislados”, porque “se busca construir una plataforma logística de producción e inversión” que arrasará con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Aunque el proyecto podría conectar las costas mexicanas y generar espacios comerciales en los que converjan mercados americanos, asiáticos y europeos, Cruz recordó que el riesgo parte de la imposición de proyectos y no de un acuerdo democrático, como se hace creer.

Para ella, las experiencias anteriores dicen mucho.

“En Veracruz habrá fracking en Coatzacoalcos y un nuevo gasoducto” que complemente el de SalinaCruz-Coatzacoalcos, explicó. Las nuevas obras traerán progreso a costa de la devastación. Bettina Cruz refirió que ya hay dos mineras en la zona de los Chimalapas y Juchitán, además de los más de 10 parques industriales, puertos, carreteras y una línea de transmisión que ya existen en la región y que fueron construidos sin consulta y a pesar de la autonomía de los pueblos originarios. Eso es lo que otra vez se avecina: devastación –explicó.

EL TREN DEL DESPOJO

“Las consultas que se han hecho son una verdadera tomadura de pelo”, dijeron los activistas del foro.

El Tren Maya y las dos centrales termoeléctricas del PIM fueron supuestamente avalados por las comunidades en donde serán construidos, con 89.9 y 59.5 por ciento de aprobación, de acuerdo con las consultas populares de 2018-2019.

Acerca del Corredor Interoceánico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril que “ya se hizo la consulta y [que] la gente está a favor”. Pero ese mismo mes, al menos 12 pueblos de Oaxaca y Veracruz —Afromexicano, Ayuuk, Binnizá, Chinanteco, Chontal, Ikoots, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Totonaco y Zoque— se pronunciaron en contra del proyecto.

Para los activistas del foro “Derecho de Réplica”, el reordenamiento territorial y los megaproyectos de infraestructura implican “desplazar las actividades que la gente tiene para sobrevivir”.

En el caso del Tren Maya, Heber Uc, integrante del colectivo de semillas Much’ Kanan I’naj explicó que se trata de una obra que va más allá de la infraestructura y la inversión, que tendrá graves consecuencias en la región de la Península de Yucatán.

El “Tren del despojo” —como lo llamó— no es un medio de transporte sino un proyecto de inversión y de infraestructura de mil 500 kilómetros de recorrido a lo largo de 15 estaciones, cada una con “subcentros de desarrollo turístico con capacidad para 50 mil personas”.

Tres megaproyectos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM) “fortalecen la violación a los derechos de los pueblos indígenas” con la ocupación de sus territorios, de acuerdo con los ponentes del foro “Derecho de Réplica” de la organización DesInformémonos. Foto: Efrén Flores, SinEmbargo.

De acuerdo con Uc, los legisladores han creado leyes que permiten la explotación de territorios antes protegidos, con lo que la Península ha cambiado de manera irreversible.

Hoy, enormes lagunas que pertenecían a pueblos indígenas fueron convertidas en centros turísticos. Eso mismo pasará con la llegada de los subcentros, lamentó el activista.

La zona de Bacalar y las regiones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han sufrido un proceso indiscriminado de “mercantilización”. Lugares donde los gobiernos siguen aplicando políticas para proteger la naturaleza, pero que más bien acaban con el territorio.

Como ejemplo, Heber Uc mencionó las consecuencias del Programa Sembrando Vida, entre las que contó deforestación por la siembra de plantas y productos que no son nativos de la región, como sucedió en el ejido de Juan Sarabia, en Quintana Roo.

Sin embargo, Uc acusó que el llamado progreso gubernamental ha traído consigo violencia, una circunstancia que no será ajena después de la construcción del Tren Maya. Como ejemplo recordó que la Riviera Maya —sobre todo Cancún y Playa del Carmen— es la zona con mayor violencia desde la llegada del turismo y del crimen organizado.

“El turismo es preocupante en Bacalar. […]. El nivel de violencia se triplicó con el anuncio del Tren Maya. Sólo la semana pasada mataron a tres personas”, denunció el activista.