Desde 1997, en México, sólo un estado contempló en su legislación los lineamientos para practicar la maternidad subrogada y 20 años después, sólo Sinaloa integró la práctica a sus leyes.
En 1997, México fue un país vanguardista al respecto, pero ahora los prejuicios de las autoridades hacia la práctica han trabado el debate que a nivel internacional continúa avanzando. Esto, lejos de frenar este tipo de contratos, los ha plagado de irregularidades, discriminación y riesgo para las mujeres gestantes, los niños y los padres intencionales.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Si en México sólo dos entidades tienen legislación para la maternidad subrogada se debe a que las autoridades tienen miedo y prejuicios sobre este tema, lo que incluye analizar y respetar los derechos de las personas del mismo sexo, de las personas solteras y de las mujeres que quieren subrogar su vientre a cambio de un beneficio económico, comentó al respecto el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Con motivo de la publicación del primer informe que se elabora en el país sobre la maternidad subrogada, la organización sostiene que esta una práctica que ya se realiza en el país y por lo tanto es importante reconocerla para brindar las mejores condiciones posibles, particularmente para las partes más vulnerables, que son las mujeres gestantes y los niños y niñas que nazcan de esto.
En entrevista con SinEmbargo, Isabel Fulda Graue, coordinadora de Investigación de GIRE, explicó que en México, y en Tabasco en particular, lleva permitiendo estos contratos desde 1997, por lo que el país pudo ingresar a los debates desde entonces porque incluso fue vanguardista al respecto.
Pero actualmente la legislación en el país ya no está a la altura del debate internacional y es en gran parte por el miedo de las autoridades sobre el tema y los prejuicios que existen con respecto a las personas del mismo sexo, a las personas solteras y respecto a que una mujer pueda decidir sobre su vientre.
La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) del niño producto del embarazo.
“Es un tema complejo, controversial, pero en México está plagado de prejuicios por parte de servidores públicos”, dijo Fulda Graue en entrevista con este diario digital.
En México, sólo dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa. En ambos casos la legislación atiende temas de orden civil, pero la regulación de la gestación subrogada implica también cuestiones sanitarias, que son materia de salubridad general y, por lo tanto, competencia de la Federación.
El informe “Gestación subrogada en México. Resultados de una mala regulación” explica que la ausencia de una regulación sobre reproducción asistida en México afecta las condiciones en las que se llevan a cabo estos contratos. Mientras ésta no exista, las partes involucradas seguirán desprotegidas, vulnerables a diversas violaciones a sus derechos humanos, como el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la identidad.
“El Estado debe encontrar la forma de proteger a las personas que desean ser padres y madres, a las mujeres que deciden gestar para otras familias y a las niñas y niños que nacen por este tipo de acuerdos”, puede leerse en el informe que se enfoca en el caso de Tabasco.
GIRE documentó las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo principalmente después de las reformas al Código Civil que hubo en enero de 2016, que incluye un nuevo capítulo que establece más restricciones, pero no se dejó claro lo que iba a pasar con los contratos firmados antes de la nueva legislación, por lo que estas personas que quedaron en el limbo han enfrentado diferentes problemas, como la negativa a entregar actas de nacimiento a los niños que nacen de estos acuerdos y los padres son extranjeros.
“Antes se podía que padres intencionales extranjeros firmaran estos acuerdos y ahora ya no. Lo que hace Tabasco es negar el acta de nacimiento a esos bebés, lo cual es una violación a los derechos de los niños, dado que ellos nacen en México y tienen derecho al acta de nacimiento y al pasaporte. La principal violación o la más grave que hemos encontrado es hacia las mujeres gestantes, respecto a su acceso a los servicios de salud, discriminación y discriminación”, agregó Isabel Fulda.
Contó el caso de una mujer que hizo un acuerdo con un padre intencional extranjero y ahora está siendo acusada de tráfico de menores. La base de la acusación es que hizo un acuerdo de gestación subrogada con una persona extranjera, pero cuando lo hizo cuando era enteramente legal y la ley lo permitía.
A nivel nacional, la perspectiva puede ser más complicada. Fulda Graue explicó que algunos de los acuerdos se llevan de acuerdo en Tabasco conforme a la ley, pero también existen acuerdos informales que se hacen de manera clandestina en el resto del país. A veces los acuerdos se llevan a cabo en otros estados y después se transportan a los bebés ya nacidos o a las mujeres embarazadas a Villahermosa.
“La postura de GIRE es que la prohibición no sería una respuesta; es un tema que se debe legislar. Es complejo y tienen que participar diferentes autoridades para proteger los derechos de las partes y prevenir abusos, pero la prohibición no es una medida efectiva. La experiencia ha demostrado que prohibir este tipo de prácticas sólo la lleva a un mercado negro en el que las consecuencias son aún peores”, agregó.
Coahuila y Querétaro han incluido artículos en sus códigos civiles que desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada y establecen que siempre se presumirá la maternidad de la mujer gestante y que no se podrá hacer válido ningún acuerdo que diga lo contrario. En el resto del país, la práctica permanece desregulada.
Una de las críticas a la reforma de Tabasco de 2016 expuestas en el informe, es que se impuso un requisito de acceso discriminatorio para participar en los contratos como la nacionalidad y la edad, y no otros como que las mujeres gestantes tengan buena salud o ver que a los niños sí los puedan cuidar sus futuros padres.
LA EVIDENCIA EN EL CASO TABASCO
“Durante décadas, el debate en torno a la gestación subrogada se ha dividido entre quienes consideran que es una práctica inherentemente deplorable y coercitiva y, por lo tanto, debe ser rechazada en todas sus formas, y quienes piensan que, si bien existen protecciones importantes a considerar para asegurar el consentimiento de las partes y evitar abusos, el respeto a los derechos humanos —en particular la agencia de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo— obliga a reconocerla y aceptarla”, explica el informe.
En todos los casos, los padres intencionales se hacen cargo al menos de los gastos relacionados con el embarazo, y es requisito que los padres intencionales sean una pareja casada o en concubinato, conformada por un hombre y una mujer.
El número de personas y parejas de otros países que viajaban a Tabasco a realizar
contratos de este tipo aumentó de manera considerable a partir de 2012 cuando India —el entonces mayor destino de gestación subrogada en el mundo— modificó su legislación para imponer restricciones a personas extranjeras y parejas del mismo sexo. Le siguió Tailandia y entonces, Tabasco se hizo destino, razón por la que los problemas con su normativa comenzaran a hacerse visibles.
De acuerdo con esa ley, parejas del mismo sexo y de nacionalidad extranjera quedan imposibilitados para participar en un contrato, así como las mujeres menores de 25 años y mayores de 40; tampoco las que hayan participado en un contrato en más de dos ocasiones.
El informe precisa que en la actualidad, el gobierno del estado de Tabasco exige requisitos integrados a partir de la reforma al código civil a las partes de contratos de gestación subrogada, suscritos antes de la publicación de la nueva legislación. Es decir, que quienes firmaron un contrato de este tipo antes de enero de 2016 encuentran obstáculos para el registro de sus hijos, por no cumplir con los nuevos requisitos. Por esta razón habría ya once niños sin actas de identidad por —supuestamente— no cumplir con los requisitos de la legislación actual.
“Lisa tiene 33 años, es casada y madre de dos hijos. Nunca firmó un contrato, pero le dijeron que la apoyarían para continuar sus estudios y conseguir trabajo, y que recibiría una compensación económica mensual de 10 mil pesos. Conoció a Eduardo, una de las personas para quien estaba gestando —residente en California— en una visita que realizó a Tabasco. [Luego] descubrieron que ella no había recibido el dinero que él había pagado mes con mes a la agencia. Ambos convinieron abandonar a la agencia y continuar con su acuerdo de manera independiente. En octubre de 2015, con siete meses de gestación, nació el niño con complicaciones respiratorias y de circulación, lo que implicó costosos cuidados especiales. El niño requería una cirugía urgente, pero Eduardo y su pareja no se hicieron cargo. Dijeron que el bebé tendría que sobrevivir por sus propias fuerzas y que sólo cuando estuviera bien de salud ellos asumirían la paternidad”, dice uno de los casos incluidos en el informe.
“El caso de Lisa refleja un patrón de ausencias y abusos en la práctica de la gestación subrogada en el país. Su historia es, en primer lugar, una de abuso por parte de una agencia que le retuvo los pagos que los padres intencionales le enviaban mes a mes al tiempo que obstaculizó su comunicación con ellos. Pero no bastó con eliminar a la agencia que actuaba como intermediaria para resolver el problema. De hecho, continuar con el embarazo mediante un acuerdo verbal con la pareja la dejó en una situación de mayor desprotección, en especial porque no existe ningún tipo de regulación internacional de la práctica: los padres intencionales pudieron simplemente abandonarla junto con el bebé y volver a su país sin ninguna consecuencia”, se agrega sobre el caso en el documento.
