El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).–El Senador Ricardo Monreal Ávila dijo esta tarde que es necesaria la figura del “juez sin nombre” para garantizar la seguridad de los que imparten justicia en México.
“El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de las y los operadores de justicia, no sólo por ser una máxima constitucional, sino por los instrumentos asumidos a través de diversos instrumentos internacionales”, dijo el Senador.
“Reforma será efectiva si la hacemos de la mano del poder judicial. No olvidemos que la constitución consignó, como principio del enjuiciamiento penal y del propio proceso, a la inmediación del juez con las partes, sin embargo, la materialización de este principio implica que el juzgador en todas las audiencias esté frente a los imputados, lo que genera una exposición directa”, agregó.
“En este contexto es necesario que se respalde la función con garantizas reforzadas y que haya una seguridad al impartir justicia. Es impostergable la renovación del sistema de justicia penal mediante la creación de un código penal único. La figura del juez sin nombre, para mantener su anonimato en casos de delincuencia organizadas”, añadió.
El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa. El juzgador tuvo a su cargo un proceso penal en contra de Rubén Oseguera, alias “El Menchito“, hijo del que sería el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con medios nacionales, Villegas Ortiz ordenó en marzo de 2018, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, trasladar a “El Menchito” del Penal Federal de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco.
El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, condenaron los asesinatos.
El Juez renunció a estar acompañado de custodios y a un vehículo blindado antes de dejar el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado junto con su esposa, Verónica Barajas, en Colima, habría renunciado a las medidas de protección porque argumentó que ya no las requería.
El Juez contaba con protección federal de parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mientras se desempeñó como juzgador hasta que renunció a dichas medidas el pasado marzo de 2019, esto luego de que transcurrió un año desde que ordenó el cambio de de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, de prisión, de acuerdo con información publicada en medios nacionales.
Villegas Ortiz renunció a estar acompañado de custodios y a un vehículo blindado antes de dejar el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco para ser adscrito a Colima como Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
Además de tener incidencia en el proceso penal que se seguía contra el “El Menchito”, hijo del que sería el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Villegas Ortiz también siguió los procesos contra Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, presunto líder de Los Zetas.
De acuerdo con medios nacionales, Villegas Ortiz ordenó en marzo de 2018, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, trasladar a “El Menchito” del Penal Federal de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco.
El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, condenaron ayer los asesinatos del Juez y sus esposa-
“Este hecho nos duele a todos en el Poder Judicial de la Federación y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes garantizar la seguridad de juezas y jueces federales y sus familias, y que se investigue y deslinden las responsabilidades”, lamentó Zaldívar Lelo de Larrera durante la sesión ordinaria de este martes.
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal pidió al Estado garantir la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que la violencia cobre más víctimas.
“Es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero sobre todo de aquellos que con valentía y vocación se arriesgan para proteger los derechos de todos”, aseveró.
Minutos antes de dar por finalizado la sesión para atender temas relacionados con el asesinato del Juez, Zaldívar Lelo de Larrea pidió a la población decir no a la violencia.
El Consejo de la Judicatura exigió el inicio de las investigaciones sobre la filtración del vídeo del asesinato del juez federal, “saber el origen del mismo, venga de donde venga, es esencial para la justicia” afirma.
Peritos de la PGJEM realizaron las investigaciones correspondientes frente al número 700 del conjunto residencial Árbol de la Vida, donde asesinaron a tiros a Bermúdez Zacarías Vicente Antonio, juez de distrito del Quinto Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia para que se investigue a servidores públicos y se sancione la filtración del video del asesinato del juez federal, Vicente Bermúdez Zacarías. “saber el origen del mismo, venga de donde venga, es esencial para la justicia” apunta.
Por medio de un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre la denuncia interpuesta ante Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
“La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del señor Juez Bermúdez
Zacarías y, en consecuencia, dar lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las
carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas” apunta el poder judicial.
La judicatura exigió que inicien de manera inmediata las investigaciones por determinar quienes son los responsables de las filtraciones de los videos ya que, -afirman- además de poner en riesgo las investigaciones del caso afecta a los familiares de la víctima.
“Los Consejeros de la Judicatura Federal reiteran su condena por estas reiteradas filtraciones, porque no solo infringen la reserva de las indagatorias sino que pudieran comprometer la eficacia de las mismas, además de que se afectan los derechos humanos de intimidad de la viuda y sus menores hijos”.
El Juez del Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, fue asesinado el pasado 17 de octubre cerca de la calle Árbol de la Vida, entre 5 de Febrero y Adolfo López Mateos.
Mientras corría por el sector dos sujetos lo siguieron unos pasos, uno se aproximó y, mientras el otro vigilaba, le disparó directo a la cabeza. Paramédicos llegaron hasta la zona del fraccionamiento exclusivo, atendieron al funcionario federal de 37 años y lo trasladaron a la clínica número 251 del IMSS en donde murió tras el impacto.
La identidad fue reservada; sin embargo, al medio día de hoy, trascendió que la víctima era un juez federal identificado, preliminarmente como Antonio Bermúdez.
Varias unidades de la Policía Municipal acudieron a la zona y acordonaron la calle Árbol de la Vida para el levantamiento de la evidencia balistica.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardaron un minuto de silencio para el funcionario al arrancar la sesión de hoy.
El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó el asesinato del juez federal en Metepec. Durante su discurso para inaugurar la 59 Reunión Internacional de Magistrados, el mandatario nacional condenó el crimen e instruyó a Procuraduría General de la República (PGR) atraer indagatoria y dar con los responsables.
A través de su cuenta de Twitter, la Procuradora Arely Gómez ofreció sus condolencia a la familia de Bermúdez Zacarías. Mientras que comisionados de la PGR informaron que ya se inició una carpeta de investigación por el crimen.
En tanto, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que las autoridades mexiquenses cuentan con las imágenes del momento en que el juez federal fue asesinado, “lo que nos va a seguramente a ayudar para poder dar pronto con este delincuente.
Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, otorgó el pasado mes de junio un amparo al líder indígena Ildefonso Zamora, defensor de bosques quien fue detenido bajo la acusación de robo agravado, señalamiento que desde un inicio se ha visto envuelto en una serie de irregularidades que han sido ya destacadas por organizaciones de derechos humanos como Greenpeace México.
“Zamora, aliado de Greenpeace en la defensa del medio ambiente desde 2004, se encuentra injustamente recluido y enfrentando un proceso penal como parte de la represión ejercida en contra de sus actividades en defensa de la tierra y territorio.” ha informado la organización.
Bermúdez Zacarías, entregó el amparo al considerar que las pruebas que se presentaron contra líder indígena tlahuica, fueron ineficaces para asegurar que Ildefonso Zamora haya participado en el delito del cual se le acusa. Además consideró que se le violó su derecho de presunción de inocencia y, además, señaló -en su resolutivo- que había dudas de que el cometiera el delito por lo que ordenó que no fue juzgado. El amparo, de no ser imputado por la PGR, abre la puerta para que el ecologista obtenga la libertad.
Un juez es asesinado en el Municipio de Eduardo Neri, en Guerrero. Hasta el momento no queda claro el motivo ni el modo en que el funcionario fue asesinado. El finado había sido recientemente trasladado a Zumpango de Neri, en el municipio mencionado, proveniente de Tlacotepec, del Filo Mayor de Guerrero.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo/EFE).- Un juez de paz fue asesinado en el municipio de Tixtla, en Guerrero, informaron hoy autoridades estatales.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero informaron a Efe que el cuerpo de Juan Octavio Morales, juez mixto de paz del municipio Eduardo Neri, fue hallado hoy a las 10.00 hora local (15.00 GMT), con disparos de arma de fuego.
El cuerpo fue localizado cerca de la comunidad El Troncón, del municipio de Tixtla, el cual está a 30 kilómetros de la capital del estado, Chilpancingo.
Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía estatal para realizar diligencias sobre el asesinato, aunque todavía no se ha informado sobre cuál podría ser el móvil del crimen.
El cuerpo del juez fue trasladado al anfiteatro de Chilpancingo, donde los familiares acudieron para reclamar los restos del abogado, de 52 años.
Esta región se encuentra disputada por los Rojos y los Ardillos, grupos del crimen organizado que han sido señalados como posibles responsables de decenas de asesinatos en los últimos dos meses.
El pasado martes tres policías fueron asesinados en el centro de Tixtla cuando viajaban en un vehículo.
El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, dijo que los agentes, entre los que se encontraba el comandante de la Policía Ministerial en Tixtla, sufrieron una emboscada.
Además, señaló que se cree que los Ardillos pueden estar detrás del ataque.
Morales Pastor es hermano de Marco Antonio Leyva Mena, presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo y ex Director de Ecología durante el gobierno de Mario Moreno Arcos; e hijo de Antonio Morales Alarcón, ex Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno estatal durante la Administración de Alejandro Cervantes Delgado.
El finado había sido recientemente trasladado a Zumpango de Neri en el Municipio Eduardo Neri, proveniente de Tlacotepec, del Filo Mayor de Guerrero.
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