Crisis Group llama la atención sobre “la gran proliferación de organizaciones criminales” en Guerrero. Antes de la ofensiva de Felipe Calderón había doce grupos armados en el estado y ahora son más de 40, que han generado “una ola continua de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos internos”, de modo que “la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales de los cuales los civiles son las principales víctimas”.
MADRID, 11 de mayo (EuropaPress).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ascendió a Los Pinos con la promesa de pacificar un país que sufre una violencia crónica por el arraigo de las organizaciones criminales. Pese a ello, 2019 cerró como el año con más homicidios de su historia, con el estado de Guerrero como principal “punto caliente” por la feroz competencia entre grupos armados.
“Abrazos, no balazos”. Con este mantra, López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales de 2018 –su tercer intento–. Es el pilar de su plan para acabar con el crimen organizado que impregna la geografía mexicana e implica pasar del uso de la fuerza a la rehabilitación social; limpiar de corrupción el aparato político, judicial y de seguridad; y ambiciosos programas de desarrollo para brindar oportunidades a las nuevas generaciones.
Una de sus principales promesas ha sido averiguar la verdad sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando regresaban de una protesta en el vecino municipio de Iguala. La versión oficial del anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto atribuyó el suceso a un error de sicarios locales que confundieron a los jóvenes con rivales. Expertos internacionales creen que se vieron atrapados en una trama local de tráfico de drogas.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ascendió a Los Pinos con la promesa de pacificar un país que sufre una violencia crónica por el arraigo de las organizaciones criminales. Foto: Gobierno de México
De momento, en su camino hacia el “México en paz” que prometió, López Obrador ha comenzado a limpiar la corrupción “de arriba a abajo, como las escaleras”; ha creado un gran cuerpo de seguridad de ámbito federal, la Guardia Nacional; y ha promulgado la ley de amnistía, para no reincidentes condenados, entre otros, por narcotráfico, siempre y cuando no hayan cometido también delitos graves, como asesinato o secuestro.
Sin embargo, “el crimen ha demostrado ser más tenaz de lo que esperaba el nuevo Presidente”, dice International Crisis Group en “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”. El año pasado, el país batió récord de homicidios, con 35 mil 588 casos registrados, y Guerrero, pese a un leve descenso, “se ha convertido en uno de los lugares más violentos”.
UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS
Guerrero ha sido históricamente una de las regiones más convulsas de México. “La extensa costa del estado y sus escarpadas pero fértiles montañas en el interior, así como sus altas tasas de pobreza, lo hacen ideal para la producción y el tráfico de drogas”, señala el think tank. Así, sirve para el cultivo de mariguana y amapola, posteriormente transformada en heroína, y para el tránsito de la cocaína suramericana hacia Estados Unidos.
No es de extrañar que la Administración de Felipe Calderón (2006-2012) pusiera al estado en el punto de mira de su guerra contra el “narco”, basada en la idea de decapitar a las organizaciones criminales para que se desmoronaran y desaparecieran. A juzgar por las cifras, no resultó exitosa. Entre 2007 y 2018 los homicidios se cuadruplicaron pasando de 8 mil 867 a 36 mil 685 a nivel nacional, mientras que en Guerrero el salto fue de 766 a 2 mil 367.
Crisis Group explica que, aunque “la mayoría de los líderes criminales incluidos en la lista de capos fueron efectivamente arrestados o asesinados”, “el crimen organizado sobrevivió y se volvió incluso más violento” porque la ausencia de jefes hizo que los grandes cárteles se dividieran en infinidad de grupos menores con enormes rivalidades que se enfrentaron por el control del territorio incluso en zonas previamente pacíficas.
Genaro García Luna y Felipe Calderón durante durante la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal en 2009. Foto: Sáshenka Gutiérrez, Cuartoscuro
En Guerrero, uno de los principales objetivos era el Cártel de Sinaloa, representado por la poderosa facción de los Beltrán Leyva. El 16 de diciembre de 2009, la Armada mexicana mató a Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo homónimo, en lo que Calderón celebró como una gran victoria. Lo cierto es que dio lugar a una descomposición que, entre otras células, ha alumbrado a Los Rojos, Los Ardillos y Los Guerreros Unidos, que estarían implicadas en el caso Ayotzinapa.
TERRITORIO EN DISPUTA
Crisis Group llama la atención sobre “la gran proliferación de organizaciones criminales” en Guerrero. Antes de la ofensiva de Calderón había doce grupos armados en el estado y ahora son más de 40, que han generado “una ola continua de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos internos”, de modo que “la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales de los cuales los civiles son las principales víctimas”.
Una mujer que creció en una zona rural de Guerrero y ahora vive en una ciudad cercana cuenta que ella y su familia tuvieron que huir “en una especie de éxodo” con los demás vecinos. “El lugar se ha convertido en un infierno”, dice sobre su localidad natal. “Se ha convertido en un pueblo fantasma”, añade.
La voraz carrera entre criminales ya no es solo por las plantaciones y las rutas de la droga. Han desarrollado un “porfolio criminal” que abarca la minería, la tala o la extorsión. “La variedad de productos comercializados dentro de estas economías ilícitas los hace más resistentes a golpes en mercados particulares”, como el del “narco”, indica Crisis Group.
La extorsión es uno de los negocios estrella, hasta el punto de convertirse en un “problema crónico” en Guerrero. Los comerciantes locales pagan “cuotas” de hasta 250 dólares mensuales. “Aquí la opción es pagar, irte o enfrentar las consecuencias para nosotros y nuestras familias”, lamenta un empresario de la zona frente a un restaurante que cerró el año pasado después de que su dueño fuera asesinado.
En octubre de 2019, asesinaron a un hombre que presuntamente cobraba cuota, los hechos ocurrieron en la calle Manuel Acuña, entre la calle 18 de marzo y la avenida Cuauhtémoc de la colonia Progreso, al enfrentarse contra elementos de la Policía Ministerial. Foto: Bernandino Hernández, Cuartoscuro
Coca-Cola México decidió en 2018 dejar de producir y distribuir en Tierra Caliente, una de las zonas más violentas de México, en los límites entre Guerrero y Michoacán, “debido a la extorsión y a los ataques físicos contra su personal e instalaciones”. Desde entonces, criminales autóctonos importan y venden refrescos a un precio tres veces superior al del mercado, afirma el think tank.
LAS AUTODEFENSAS
En medio de estas tensiones, los mexicanos apenas encuentran respuesta en las autoridades, con una impunidad del 89 por ciento a nivel nacional que en Guerrero escala al 96 por ciento. Más del 80 por ciento de los funcionarios de la institución dicen que sus compañeros están involucrados en actividades “ilegales”, según Crisis Group. “La pregunta no es si la policía es corrupta o no, sino quién trabaja con quién”, ilustra una víctima de extorsión.
“La gran falta de confianza en las autoridades” ha propiciado el resurgimiento de las autodefensas. El fenómeno data de 1995, cuando las comunidades crearon sus propias policías, en base al derecho constitucional de los pueblos indígenas al autogobierno, y con la multiplicación de grupos criminales aumentaron también las denominadas policías comunitarias.
Crisis Group alerta de que “se ha vuelto cada vez más difícil trazar una línea divisoria clara entre las autodefensas legales e ilegales”. “Algunos han comenzado a parecerse a los criminales”, con métodos como el desmembramiento de cuerpos de enemigos”. “Desafortunadamente, tuvimos que ponernos así de extremos y agresivos para responder”, justifica uno de sus miembros.
El pasado 30 de agosto de 2019, un joven fue asesinado en el área de baños públicos de la concurrida playa Papagayo de Acapulco. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro
CORONAVIRUS
Todo ello evidencia –según el think tank— que “hasta el momento López Obrador se ha quedado corto en sus promesas de resultados inmediatos y radicales para frenar los niveles récord de violencia en México”.
Recomienda al Presidente priorizar “la protección de poblaciones vulnerables atrapadas en el fuego cruzado”, mediante planes de choque locales o negociaciones para el desarme, antes de extender la estrategia a todo el país.
En cualquier caso, subraya que “una solución rápida no es posible”, por lo que avisa de que “los próximos meses podrían resultar excepcionalmente desafiantes”, “sobre todo en un momento en el que la pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial y drenar los recursos públicos” dando espacio a los criminales.
