Sebastián Piñera, Presidente de Chile, demostró apoyo hacía el máximo líder de la policía y aseguró que la organización detrás de los daños causados a siete estaciones del metro es extranjera.
SANTIAGO DE CHILE (AP).- El Presidente Sebastián Piñera dijo el lunes que el Gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social que desde hace dos meses convulsiona a Chile, con acciones coordinadas y conducidas desde el exterior.
Entrevistado por periodistas de la asociación de radioemisoras chilenas, Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución acusada por entes internacionales y locales de violar gravemente los derechos humanos en la represión de las multitudinarias protestas.
Los chilenos exigen mejoras sociales y el cambio de la Constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aseguró que detrás de la quema simultánea el 18 de octubre de siete estaciones del metro, 30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile… definitivamente hay organización”.
Agregó que “los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques violentos a lugares tan importantes…sin duda que reflejan que detrás de ellos hay una organización”, aseveró.
Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la fiscalía. “Le puedo decir que como Presidente de Chile yo he recibido mucha información, algunos usted los ha mencionado -el Secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos- que indica que esto es algo que no podemos descartar”.
Sobre el sistema de inteligencia en el país, que no previó el estallido social, señaló que “no está a la altura de una sociedad democrática como la chilena” y que “era muy débil”.
Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre, cuando se destruyeron 80 por ciento de las 136 estaciones del metro, hubo daños por 900 millones de dólares a grandes supermercados en todo el país, farmacias y unos 15 mil pequeños y medianos comercios. La economía se derrumbó en octubre y también se espera una caída en noviembre.
Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía en Santiago, Chile. Luis Hidalgo, AP
El mandatario dijo que no ha pensado en renunciar porque fue “elegido por la mayoría de los chilenos y tengo la obligación de cumplir este mandato… A veces el camino más fácil puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas”, añadió.
Piñera respaldó el accionar de la policía y de su Director nacional, General Mario Rozas. “Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda (la) fuerza del mundo los excesos que han cometido algunos miembros de la institución”.
Recordó que el protocolo policial “está bien… el problema está en que ese protocolo no siempre se cumplió” y admitió que algunos agentes “cometieron uso abusivo de la fuerza” y van a ser juzgados.
Un grupo privado que ayuda a los manifestantes lesionados en las protestas, Movimiento Salud en Resistencia, denunció el lunes que en el agua usada para reprimir manifestaciones hay un elemento artificial propio del gas pimienta y soda cáustica. El General Jean Camus Dávila, Director de Logística de la policía, negó la denuncia y aseguró que, si fuera cierto, “tendríamos cientos y cientos de lesionados”.
Piñera informó que el Gobierno solicitó su propio análisis y que “no vamos a permitir que se usen en los gases lacrimógenos o en los carros lanza aguas productos que no estén permitidos en los protocolos”.
La Policía chilena ha sido severamente cuestionada por equipos que visitaron por algunas semanas Chile y que concluyeron que abusó de la fuerza, atropelló derechos básicos y cometió abusos sexuales, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet.
