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Deje la corrupción, ¡la economía! Cada veracruzano debe 5 mil 506: la deuda creció 111% con Duarte

sábado, agosto 27th, 2016

Pese a ser el estado con el primer lugar nacional en producción de energía eléctrica, contar con tres de los puertos más importantes del país (Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz) y ser sede de los complejos petroquímicos más importantes de México que lo ubican como el quinto estado que más aporta al PIB nacional, el 5.1 por ciento del total, Veracruz enfrenta una situación financiera “crítica”, alertó Valeria Moy, directora de México ¿Cómo Vamos? Actualmente Veracruz ocupa el lugar 22 en PIB per cápita, que es de 104 mil 017 pesos anuales cuando el promedio nacional es de 136,214. Es el cuarto estado con menor crecimiento, pues su economía crece a un ritmo de 1.6 por ciento en promedio anual, cuando el país crece al 2.9 por ciento y es el sexto con mayor pobreza laboral, con el 53 por ciento de su población por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el porcentaje nacional es de 42 por ciento…

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo/Economíahoy/BlogExpediente).– Veracruz, que en algún momento de la historia reciente se publicitaba como “el Estado que lo tiene todo” se encuentra en una situación que es “crítica por donde se vea”, de acuerdo con la directora del Think Tank México ¿Cómo Vamos?, Valeria Moy, quien señaló en entrevista para EconomíaHoy.mx que desde que inició la administración del gobernador Javier Duarte “no hay indicador económico que no se haya deteriorado”.

Según las cifras del Inegi para 2015, Veracruz tiene una población de 8.1 millones de habitantes, equivalentes al 7 por ciento de la población nacional. Ocupa el primer lugar nacional en producción de energía eléctrica, cuenta con tres de los puertos más importantes del país (Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz) y es sede de los complejos petroquímicos más importantes de México. Esta efervescente actividad industrial y empresarial es la razón por la que los recursos que genera Veracruz lo ubican como el quinto estado que más aporta al PIB nacional, el 5.1 por ciento del total.

No obstante, tanto las finanzas del Estado como la calidad de vida de sus habitantes han sufrido un empeoramiento severo en los últimos cinco años. De las 32 entidades federativas que integran a la República Mexicana, Veracruz ocupa el lugar 22 en PIB per cápita, que es de 104 mil 017 pesos anuales cuando el promedio nacional es de 136,214. Es el cuarto estado con menor crecimiento, pues su economía crece a un ritmo de 1.6 por ciento en promedio anual, cuando el país crece al 2.9 por ciento. Es el sexto con mayor pobreza laboral, con el 53 por ciento de su población por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el porcentaje nacional es de 42 por ciento. En empleo formal, sólo ha generado el 15 por ciento de la meta de 11 mil 590 puestos de trabajo por año, lo que ha redundado en un crecimiento de la informalidad “escandaloso” que al inicio de la administración de Duarte era del 56.9 por ciento de la población y que hoy se extiende al 62.4 por ciento de los veracruzanos.

UNA DEUDA OPACA

Pero para Moy, quizá el indicador más preocupante sea el nivel de endeudamiento del Estado y más aún, el ritmo con el que se ha generado. Hoy la deuda pública de Veracruz registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 45 mil 446 millones de pesos, sumando la deuda estatal y la de sus 212 municipios. De este total, 41 mil 849 millones de pesos son sólo deuda del Estado, y de esa cantidad, el 88 por ciento tiene como fuente de pago las participaciones que la Federación da a la entidad. Así, la economista explica que es el gobierno quien garantiza los compromisos del gobierno veracruzano.

Es precisamente el nivel y el ritmo de endeudamiento lo que llevó a la calificadora Fitch Ratings a recortar su nota en dos escalones (de BBB hasta BB+, que es ya un nivel especulativo o también conocido como ‘bono basura’). Moy explica que por un lado, el crecimiento de la deuda nominal total de 2010 a 2015 se ha incrementado en un 111.4 por ciento, pero ha tenido saltos “bestiales” en momentos concretos. Por ejemplo, en 2010 pasó de 9 mil millones de pesos a 21 mil 500 millones, un incremento del 130.4 por ciento; al año siguiente saltó un 30 por ciento y en 2012 creció un 43.4 por ciento, de manera que la acumulación de esta deuda ha provocado que cada veracruzano haya pasado de deber 2 mil 788 pesos en 2010 a 5 mil 606 pesos en junio de 2016.

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Un argumento relevante que llevó a Fitch a hundir la calificación de Veracruz a ‘bono basura’ es “lainconsistencia y falta de credibilidad en la información financiera que presenta, aún y cuando es auditada por un despacho externo”. Dado que la entidad no ha presentado su cuenta pública para el año 2015 ni de los primeros trimestres de 2016 de manera pública, Fitch ha tenido que recabar información de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de los registros de Hacienda. Esta es una de las aristas que Moy observa como más graves. “No hay información, y aunque la haya, no es confiable”, explica. “Nadie sabe en qué se ha usado todo el dinero de la deuda, y aunque hay maneras de conocer en qué condiciones se ha contratado, es no es información fácil de conseguir”.

El próximo 1 de diciembre Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, relevará a Duarte en la gubernatura, aunque estará en el poder por sólo dos años, pues se modificó el plazo de la administración para homologar las elecciones subsecuentes con los comicios nacionales. Así, el primer gobernador de un partido distinto al PRI que haya tenido Veracruz en toda su historia heredará un escenario turbio y con pocas posibilidades de enderezarse, aunque “siempre se puede arreglar un poco o empeorar mucho”, dice Moy.

Para la economista e investigadora, el nuevo gobernador deberá establecer la transparencia como prioridad. Como en una enfermedad, “lo primero es reconocer el problema”, asegura, ya que el actual es un atolladero económico que a diferencia de otras coyunturas, “lo han generado, y se han esmerado. para Yunes será un dilema moral”.

INVESTIGAN A FUNCIONARIOS DUARTISTAS

Este día el diario Reforma, dio a conocer que la Procuraduría General de la República investiga a funcionarios del Catastro de Veracruz que “manipularon información y buscaron borrar rastros de propiedades y empresas ligadas a la red de presuntos prestanombres del Gobernador Javier Duarte”.

Domingo Yorio Saqui, Director de Catastro del Gobierno estatal, mintió a la dependencia federal al negar la existencia del registro de propiedades de funcionarios estatales y así como la correspondiente a otra empresa vinculada a presuntos ilícitos. 

El medio recordó que  Rafael Valverde, director del Registro Civil de Veracruz, renunció a su cargo el 15 de agosto, “luego de que se le pidiera manipular actas de defunción de personas involucradas con empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos públicos.

También le solicitaron que modificara nombres y regímenes de sociedad conyugal de socios de empresas”.

DUARTE NO PODRÁ USAR IMPUESTOS DE EMPRESARIOS 

El Alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a conocer ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió la suspensión para evitar que el actual gobierno estatal destine los recursos del Impuesto del 3% a la Nómina al fideicomiso para el pago a proveedores.

Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación surte efectos generales, e impide que el gobierno del estado encabezado por Javier Duarte, destine los ingresos del 3 por ciento a la nómina al pago a proveedores del Anexo 1, así como para que se suspenda la creación de los fideicomisos irrevocables a través de los cuales se pretendería administrar los recursos provenientes de este impuesto.

En conferencia de prensa, acompañado por los abogados Jorge Winckler y Rafael Escobar, el Alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez detalló: “Con motivo del decreto aprobado por el Congreso Local para afectar los recursos del fideicomiso al 3 por ciento a la nómina, nosotros como ayuntamiento presentamos una controversia constitucional en contra de este decreto, y el día de hoy recibimos la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se nos concede la suspensión”.

Por su parte el abogado Jorge Wincker dijo que en el planteamiento presentado ante el máximo tribunal del país, se solicitó se analizara si esta condición era correcta o no, si podía afectar los derechos humanos de los ciudadanos de Boca del Río -y de todos los veracruzanos- al desarrollo social y económico y sobre todo si vulneraba las leyes de coordinación fiscal y financiera que tienen ciertas disposiciones específicas para poder contratar obligaciones de los gobiernos al final de sus periodos que dejen en una posición desventajosa o en riesgo a las siguientes administraciones.

Manifestó que después de lo expuesto, el ministro Javier Laynez Potisek, da la orden para que tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Finanzas suspendan la ejecución de manera inmediata de la creación de los fideicomisos públicos-privados para el pago a proveedores, por lo que el recurso que los empresarios están aportando se tendrá que seguir utilizando única y exclusivamente para temas de infraestructura.

Dijo que aunque es una suspensión que se otorga al Ayuntamiento de Boca del Río es de carácter general y se va aplicar para todo el estado.

-Con Información de Gabriela Jiménez, de Economíahoy.mx

6 miembros del equipo de Duarte, señalados por la “desaparición” de las pensiones en Veracruz

miércoles, agosto 3rd, 2016

Los afectados han denunciado a 25 funcionarios, entre ellos miembros del Gabinete de Javier Duarte, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y peculado, delitos por los que pagarían penas de cuatro a quince años en prisión por el faltante de 4 mil 100 millones de pesos destinados para el pago de pensiones en Veracruz. “Los pensionados han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar el sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, dice Juan José Llanes, abogado de la organización que agremia a 28 mil personas que exigen sus ahorros.

Por Miguel Ángel León Carmona 

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).– Un listado de 25 funcionarios del Gobierno de Veracruz son acusados de ser los responsables por el desfalco de 4 mil 100 millones de pesos de las arcas destinadas a pagar a los pensionados. Esta lista incluye al menos seis de los miembros del Gabinete de Javier Duarte de Ochoa.

Blog Expediente tuvo acceso a la Carpeta de Investigación 425/2016, documento en que se detalla los nombres y cargos de los funcionarios señalados ente la Fiscalía General del Estado por el uso indebido de la suma multimillonaria, entregados en gran medida al gobierno del priista, Javier Duarte de Ochoa.

“Esta denuncia se debe únicamente a la disposición de la Reserva Técnica y será la primera de varias en contra de esta élite privilegiada. Los pensionistas han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos”, comparte Juan José Llanes, abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV).

El defensor legal de los 28 mil agremiados, explica que Antonio Gómez Pelegrín, Secretario de Finanzas, en días recientes entregó una carpeta informativa, presumiendo la liquidación de un préstamo, obtenido desde el año de 2009 de las aportaciones obrero patronal de los trabajadores estatales en activo.

“El gobierno del estado ha tratado de farolear, diciendo ya pagamos lo que nos prestaron. ¿Pero por qué el consejo directivo del IPE realizó tal préstamo? Se trata de un acto indebido con base en el Artículo 16 de la Ley 287 (Ley de Pensiones del Estado de Veracruz)” detalla.

Aunado a lo anterior, Alberto Silva Ramos, Coordinador de Comunicación Social, publicó el 20 de mayo de 2016 un boletín donde confirma el pago de pensiones y jubilaciones con 360 millones también tomados de la Reserva Técnica.

“En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se acordó disponer de 360 millones de pesos de la reserva técnica para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones”. (1)

A continuación se presenta un resumen de la denuncia interpuesta por la FEDIPEV, donde se detallan los argumentos legales presentados, los nombres de los funcionarios implicados, los castigos a los que pudieran ser acreedores y las exigencias los pensionistas a la misma FGE.

“A los servidores públicos que fueron señalados como responsables, los instamos a comparecer sin reticencias y a exponer -sin cortapisas- LA VERDAD HISTÓRICA de lo acontecido al Instituto de Pensiones, y a explicar puntual y detalladamente las razones de su quebranto financiero”.

“Y si -por cualquier razón anómala- los hechos no son investigados y sancionados como se debe, serán agotadas todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios”, se lee en la denuncia penal.

LOS 25 FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA FEDIPEV

“Todos -salvo error de apreciación de los suscritos-, cometieron actos que se consideran constitutivos de ilícito penal… Interponer por escrito FORMAL DENUNCIA, QUERELLA O ACUSACIÓN, en contra de los CC:

1.- OCTAVIO ANTONIO GIL GARCÍA, Consejero Presidente

2.- JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES, Secretario Técnico

3.- RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Comisario Propietario

4.- FLAVINO RÍOS ALVARADO, Secretario de Gobernación

5.- ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN, Secretario de Finanzas

6.- XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ, Secretaria de Educación y Cultura

7.-FERNANDO BENÍTEZ OBESO, Secretario de Salud

8.- ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, Secretario de Desarrollo Social

9.- GERARDO MANCILLA ARTEAGA, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario

10.- MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, Representante Sindical, SNTE 56, (Propietario)

11.- ACELA SERVÍN MURRIETA, Representante Sindical, SETSE, (Propietario)

12.- ENRIQUE LEVET GOROZPE, Representante Sindical, FESAPAUV, (Propietario)

13.- ENRIQUE CRUZ CANSECO, Representante Sindical, SDTEV, (Propietario)

14.- RICARDO DIZ HERLINDO, Representante Sindical, SUTSEM, (Propietario)

15.- FAUSTINO GARCÍA HERNÁNDEZ, Representante Sindical, FSTSEM y ODV, (Propietario)

16.-ÁNGEL CRUZ LAGUNES, Representante Sindical, (Suplente)

17.- ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN, Representante Sindical, (Suplente)

18.- FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Representante Sindical, (Suplente)

19.- EÉDGAR MURRIETA GONZÁLEZ, Representante Sindical,(Suplente)

20.- JOSÉ ÁLVARO PÉREZ VELA, Representante Sindical,(Suplente)

21.- LUIS SARABIA OLGUÍN, Representante Sindical, (Suplente)

22.- CASIMIRO HERNÁNDEZ CUERVO, Representante Sindical, (Suplente)

23.- VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ, Representante Sindical, (Suplente)

24.-OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, Representante Sindical, (Suplente)

25.- JORGE OCTAVIO TÉLLEZ KAWAS, Representante Sindical, (Suplente)

ARGUMENTOS LEGALES

El 11 de febrero de 2016, los consejeros del IPE determinaron disponer de setecientos sesenta y cinco millones, setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. del Fondo de la Reserva Técnica, y de esa cantidad pagar quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N. para la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes por cubrir, a cargo del IPE. Acuerdo número 85,217.

Sin embargo, explica el documento ante la FGE, el destino de los otros doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. es incierto, toda vez que el único destino posible de la totalidad de lo sustraído de la reserva técnica (los $765 millones 736 mil 893.21), era la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes de pago, y no solamente $545 millones. De ahí que se tiene que se sustrajeron $220 millones 736mil 893.21 de la reserva técnica, sin definirse su objeto.

De igual manera, se tiene que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de su vocero oficial, Alberto Silva Ramos, admite que recibió en préstamo en el año 2009, la cantidad de 1 mil 600 millones de pesos, que –dice la información- se pagaron en el año 2010.

“Ahora bien, si bien es cierto que en el año 2009 se encontraba en vigor la ahora abrogada Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, también cierto es que las disposiciones que regulaban la Reserva Técnica, eran idénticas a las que, en la Ley en vigor, norman ese tópico. En concreto, tampoco en el año 2009, al amparo de la Ley número 20 de Pensiones del Estado, podía disponerse de los recursos de la Reserva Técnica para “prestar” dinero al Gobierno del Estado de Veracruz”,

DELITOS Y CASTIGOS

Abuso de autoridad: los 25 servidores públicos denunciados, indebidamente, considera la Fedipev, habrían realizado inversiones en deuda con recursos públicos y aplicaron los fondos procedentes de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz a un fin distinto al que estaba destinado, haciendo con ellos una erogación ilegal.

“Artículo 318 del Código punitivo estatal.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: …IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones de fondos y valores o deuda, con recursos públicos; V. A sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal…”

Incumplimiento del deber legal: dado que los servidores públicos denunciados dejaron de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de los pensionistas, toda vez que autorizaron indebidamente la disposición de recursos procedentes de la Reserva Técnica del IPE. De igual manera, los denunciados tuvieron conocimiento de que, con las acciones que tomaron, existía la posibilidad de lesionar el patrimonio del Instituto, y no evitaron el daño a pesar de que dentro de sus facultades estaba hacerlo.

El Artículo 319 del Código punitivo estatal dispone (al describir y sancionar el Incumplimiento del Deber Legal) que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.

Coalición: dado que los denunciados se unieron para tomar medidas contrarias a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, con el riesgo de que las decisiones que tomaron traigan aparejada la suspensión del servicio que debe dar el IPE a los pensionistas, particularmente, el pago de sus pensiones, dado que dispusieron indebidamente de los recursos de la Reserva Técnica destinados a garantizar la cobertura -o cubrir, dado el caso- el pago de las prestaciones de los derechohabientes.

Por otra parte, el Artículo 321 (que prevé el delito de Coalición) define que “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.

Peculado: dado que los denunciados, en provecho ajeno, dispusieron del dinero que recibieron en administración, procedente de la Reserva Técnica del Instituto, para aplicarlo a un fin que no se encuentra previsto en la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

que se define en el Artículo 323 del Código sustantivo penal, dice que “Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo”.

“QUEREMOS LA VERDAD HISTÓRICA”

Más allá de un linchamiento social contra los 25 funcionarios expuestos en la denuncia 425/2016, Juan José Llanes, advierte que lo que exigen los pensionistas veracruzanos es la verdad; el trasfondo de los acuerdos entre el Gobierno del estado y el consejo directivo del IPE y sobre todo, la ubicación de los faltantes millonarios de la reserva técnica.

“Los pensionados han decidido pasar del sospechisismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar a este sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, comentó Llanes Gil del Ángel.

Finalmente, los demandantes, exigieron a la FGE, que se practiquen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos denunciados. Además, solicitar el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño en contra de los 25 agremiados.

Así la última medida ejercida por la coalición de pensionistas, quienes no obstante de haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ahora un procedes legal, advierten que de no ver acciones contra los funcionarios y no reciben una sanción como se debe, agotarán todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios

PRI, PVEM y Panal lo hacen: Duarte podrá usar los impuestos de la IP para la megadeuda de Veracruz

jueves, julio 21st, 2016

El PRI veracruzano y sus aliados PVEM y Panal lograron imponer su mayoría con 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, la aprobación de fideicomisos para el pago de pasivos del Gobierno del Estado, que usará el 3 por ciento del impuesto sobre la nómina pagado por los empresarios para ese fin, pese al descontento de los empresarios que en Boca de Río han comenzado a dejar de pagar este gravamen, de acuerdo con la Canaco.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– El Congreso de Veracruz avaló usar recursos del impuesto sobre la nómina para para el pago de adeudos que mantiene la administración de Javier Duarte de Ochoa.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) veracruzano y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) lograron imponer su mayoría, con 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, la aprobación en lo general de los fideicomisos para el pago de pasivos del Gobierno del Estado, que usará el 3 por ciento del impuesto pagado por los empresarios para cubrir los pasivos de la actual administración.

La deuda de Veracruz asciende a más de 11 mil 038 millones de pesos en medios de comunicación, educación, salud, turismo, seguridad, entre otros rubros.

El Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán presentó una moción suspensiva para diferir la aprobación del dictamen.

Señaló que éste debería regresar a Comisiones porque no les fue entregado a los legisladores con 48 horas de anticipación para poder revisarla, como lo estipula el articulo 109 de la Ley Orgánica de Congreso de Veracruz.

Los legisladores panistas cuestionaron la veracidad de los listados de proveedores ya que, acusaron, en dos reuniones pasadas cambiaron los nombres de quienes la conforman.

“En la minuta del 14 de julio presentaron una versión y en la del 18 de julio quitaron algunos proveedores  y agregaron otros justificando, el Secretario de Finanzas [Antonio Gómez Pelegrín], que habían sacado a los que debían menos de 50 pesos y los adeudos que el Gobierno tenia consigo mismo”

Agregó que en la revisión de la segunda versión del documento de las cuentas pendientes por pagar de Gobierno, identificaron duplicidad de pagos y acreedores:

“No existe certeza de que los nombres ahí plasmados correspondan a socios o representantes legales de empresas que entren en conflicto de intereses con los servidores públicos de algunas secretarías, quienes mantienen relaciones comerciales en diversas personas morales”, afirmó.

El Gobierno de Veracruz emitió un comunicado para aclarar que lo aprobado no significa la contratación de más deuda:

“La constitución de los dos fideicomisos públicos no es equivalente a la solicitud de un crédito. Por ende, lo que hoy aprobaron las diputadas y diputados no es la autorización de un crédito u obligación financiera. Por lo tanto, en ningún momento se viola la Ley General de Responsabilidad Financiera de las entidades federativas”.

Apenas este día, José Muñoz de Cote Sampieri, líder de la Camara Nacional de Comercio (Canaco) en Boca del Río aseguró que algunos empresarios de esa región ya han dejado de pagar el impuesto sobre la nómina en rechazo de que esos recursos sean usados para pagar adeudos y señaló que deben ser empleados en infraestructura.

Y en días pasados, la iniciativa privada en Veracruz ya se había pronunciado en contra de la medida.

En un desplegado difundido en la prensa local, los empresarios manifestaron su inconformidad con las iniciativas enviadas por Duarte al Congreso estatal, tras afirmar que lesionan “gravemente las finanzas del estado”.

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Hace dos días, el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reveló que el dinero de ese fideicomiso serviría para pagar a empresas vinculadas a la familia del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, que reclaman cerca de 72 millones de pesos.

LAS DEUDAS DE DUARTE: SALUD, POLICÍA, OBRAS…

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De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), entregado al Congreso de Veracruz, y al cual el medio Blog Expediente tuvo acceso, diversas dependencias del Gobierno de Duarte de Ochoa tienen deudas por miles de millones.

El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina.

El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos.

Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.

Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos.

La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.

Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos.

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Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón.

Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.

Por otra parte, el sexenio de Javier Duarte se ha caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra… pero no por la entrega. En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) veracruzana debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje.

-Con información en desarrollo 

Liconsa suspende la entrega de leche a niños en escuelas de Veracruz por deudas de Duarte

jueves, marzo 31st, 2016

Hoy cuando artistas y floristas se manifestaron en exigencia del pago de más de 11 millones de pesos que, dijeron, mantiene con ellos el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Francisco Javier Vera Méndez, gerente en Veracruz del programa Liconsa, reveló que la misma administración debe cerca de 15 millones de pesos derivado del abastecimiento de paquetes de leche a escuelas de 23 comunidades durante 2014.

La administración de Javier Duarte mantiene un adeudo de más de cerca de 15 millones de pesos con Liconsa, dijo el gerente de la empresa en Veracruz, Francisco Javier Vera Méndez. Foto: Gobierno de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

La administración de Javier Duarte mantiene un adeudo de más de cerca de 15 millones de pesos con Liconsa, dijo el gerente de la empresa en Veracruz, Francisco Javier Vera Méndez. Foto: Gobierno de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, tiene un adeudo con Liconsa por 15 millones de pesos, por los paquetes de leche que surtió a escuelas del estado en 2014, por lo que en 2015 ya no renovó el contrato con el Gobierno estatal.

El Gobierno de Javier Duarte tiene adeudos con diversas instituciones del Estado, entre ellas, la Universidad Veracruzana, a quien le adeuda más de 2 mil millones de pesos, mientras a la Normal de Veracruz les debe otros 10 millones de pesos aproximadamente.

Francisco Javier Vera Méndez, el gerente en Veracruz del programa Liconsa, dio a conocer hoy que el Gobierno de Duarte de Ochoa debe cerca de 15 millones de pesos derivado del abastecimiento de paquetes de leche a escuelas de 23 comunidades durante 2014.

En entrevista con medios, el funcionario detalló que en 2013 firmaron un convenio para que Liconsa maquilara paquetes de leche que se repartirían como parte del programa de desayunos escolares, ese año, dijo, el monto requerido por el servicio fue finiquitado, aunque no precisó el mismo.

Sin embargo, abundó, que aunque en el siguiente año se volvió a signar el contrato, en el que se les solicitaron 7 millones de cajitas de la formula láctea, con un valor aproximado de 15 millones de pesos, la empresa ya no recibió el pago por el servicio.

“Es conocido de todos que el gobierno veracruzano ha tenido problemas de solvencia con algunos proveedores y Liconsa no se escapó. Nosotros firmamos un convenio con el Gobierno del estado en el año 2013 […], sí nos pagaron [..], en 2014 ya no corrimos con esa misma suerte, fueron 7 millones de bricks, alrededor de 15 millones de pesos y en 2015 ya no se firmó contrato. Liconsa forma parte de los pasivos del estado”, dijo Vera Méndez.

Explicó que la empresa hizo las gestiones de cobro ante el estado y al no recibirlo se turnó al Jurídico de la oficina central, en donde, señaló, se determinarán las acciones a seguir.

Respecto a los argumentos para no liquidar el adeudo con Liconsa, el gerente en Veracruz señaló:

“No había argumento, simplemente era el ‘ora’, ‘el mañana’, ‘la próxima semana’, ‘ya va a salir el cheque’ y así, como dice la canción, ‘pasaron los días’, y nunca llegó”.

Aseguró además que productores de leche en la región, a quienes Liconsa les compra, también se vieron afectados por la falta de apoyo por la administración duartista.

A ellos, explicó, no se les brindó la capacitación y tecnología que les prometió el Gobierno estatal, por lo que no pudieron mantener los estándares de calidad que requiere el insumo de origen animal y se les dejó de comprar.

Finalmente, dio a conocer que el abasto social del liquido no será suspendido durante el periodo de campañas electorales en el estado.

MÚSICOS Y FLORISTAS TAMBIÉN RECLAMAN 

Músicos reclaman frente al Palacio de Gobierno de Veracruz el pago de más de 11 millones de pesos. Foto: Especial

Músicos reclaman frente al Palacio de Gobierno de Veracruz el pago de más de 11 millones de pesos. Foto: Especial

Este día, músicos de Veracruz se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada frente al Palacio de Gobierno, para exigir el pago de los adeudos que la administración duartista mantiene con ellos.

Con pancartas, folletos y música, los trabajadores de la industria del entretenimiento denunciaron que por sus servicios prestados en fiestas patronales y eventos oficiales se les adeudan 11 millones 230 mil pesos.

El representante de los grupos, Carlos Ramírez, explicó que desde hace más de dos años el Estado dejó de pagar sus servicios y señaló que pese a que el pago del adeudo ya fue autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), éste no ha podido ser saldado porque no hay liquidez.

Hace siete meses decenas de músicos ya se habían instalado con pancartas y equipos de sonido en la Plaza, sin embargo, se habían retirado porque el área administrativa de la Secretaría de Gobierno les había prometido dar solución al problema.

El grupo de manifestantes aseguró que no se retirarán del lugar hasta que le den solución a su reclamo.

En la protesta también participaron comerciantes que reclaman el pago por 200 arreglos florales que no se les han cubierto desde el año 2013.

Los músicos compusieron una canción para protestar, en ésta explican las carencias materiales que sufren debido a que no perciben la remuneración económica que les corresponde.

“Yo quiero que me pague ya señor Gobernador, mi familia tiene hambre, ya no aguanto esta situación”, y “ya no tengo pa tortillas, el frijol ya se acabó, ahora si ni me he bañado, no me alcanza para el jabón”, son  algunas estrofas que acompañan la canción.

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