La Secretaría de Hacienda goza de mecanismos que la colocan en una posición de “poder y privilegio”, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del Gobierno en turno, señalaron al menos 20 organizaciones.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Organizaciones civiles consideraron que el conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y el federal por la retención de 780 millones de pesos al estado debe ser parteaguas para un cambio profundo en el control sobre el gasto público.
En un comunicado, más de 20 ONGs señalaron que debiera ser el Congreso de la Unión y no un Gobierno estatal el que exija a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una explicación sobre las enormes variaciones entre el presupuesto pactado y el efectivamente ejercido.
“La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país”, expresaron.
Propusieron que para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto.
Las organizaciones explicaron que la Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales.
Estos mecanismos colocan a la dependencia federal en una posición de “poder y privilegio”, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del Gobierno en turno, resaltaron.
“A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”.
Asimismo, refirieron que tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en el que los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados.
“Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, lamentaron.
Al mismo tiempo, urgieron, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.
Las organizaciones que se pronunciaron al respecto son:
Causa en común
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
Ciudadanos Contra la Corrupción
Ciudadanos por la Transparencia
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila
Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León
Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas
Impunidad Cero
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Jalisco, ¿cómo vamos?
Más ciudadanía
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Mexicanos Primero
México, ¿cómo vamos?
México Evalúa
México SOS
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Sociedad en Movimiento
Transparencia Mexicana
La Fepade presentará la siguiente semana los avances en el desvío de recursos de Chihuahua para las campañas del tricolor en 2016, trama en la que que está implicado el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; su ex secretario general, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez– actualmente preso–; y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra quien pesan 10 órdenes de aprehensión.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó este día que atraerá la investigación por los presuntos desvíos del erario de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios de 2016. En conferencia de prensa, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que esta decisión se tomó tras dos denuncias interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Por la tarde, el Gobernador Javier Corral no dio la bienvenida a la atracción. A través de su cuenta de Twitter acusó a la Fepade de querer obstaculizar la investigación por los presuntos desvíos del erario de Chihuahua al PRI.
El Gobernador aseguró que la Fepade debería tomar el ejemplo de Chihuahua y poner la mirada en las demás entidades, donde seguramente también hubo esta clase de desvíos al PRI.
“Lo que debería hacer la @FEPADE_Mex es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral, y llegar ahí hasta las últimas consecuencias. ¿Con que fundamento quieren atraer un proceso ya judicializado por el delito de peculado agravado?. #JusticiaParaChihuahua”, escribió en su cuenta de Twitter.
Corral indicó que la intervención de la Fepade evidencia hasta donde será capaz de llegar el Gobierno de Enrique Peña Nieto para mantener el Pacto de Impunidad.
“La pretensión de la @FEPADE_Mex de atraer los procesos judiciales vs corrupción de César Duarte sólo se podría lograr pisoteando la ley y en el cinismo total”.
Este día, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, así como Gustavo Madero, encabezaron por tercer día una marcha que viene a la Ciudad de México desde Ciudad Juárez y que busca al menos dos cosas: que el ex mandatario César Duarte Jáquez sea extraditado de Estados Unidos para que sea juzgado por corrupción, y que se entreguen recursos que el Gobierno federal ha frenado a la entidad por “atreverse a denunciar e investigar la corrupción”.
La marcha recorrerá gran parte del país. Hasta ahora ha logrado que la Fepade intervenga y que la Procuraduría General de la República anuncie que pedirá la extradición de Duarte.
Al atraer la indagatoria, hoy, el Fiscal explicó que se busca sentar un precedente que garantice, con miras a las próximas elecciones, que los recursos públicos no sean para el uso ilegal de las campañas.
Díaz Santana adelantó que la siguiente semana se presentarán los avances en este caso, en el que está implicado el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; su ex secretario general, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez– actualmente preso–; y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra quien pesan 10 órdenes de aprehensión.
Este mismo día, en entrevista con Carlos Loret de Mola para Televisa, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se tienen “datos específicos” de que Duarte Jáquez puede estar en cualquier ciudad de Estados Unidos. Agregó que “se está dando trámite a las solicitudes formales de extradición cumpliendo con un tratado internacional”.
Gustavo Madero a la cabeza, este día la marcha avanzó en su tercer día. Foto: Especial
El pasado 8 de enero se dio a conocer que el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión por la investigación sobre el desvío de recursos públicos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo para impulsar las campañas estatales en 2016.
Antes, el 21 de diciembre, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que el arresto de del ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, profundizaría la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua.
El influyente rotativo se refirió a Gutiérrez como un “aliado” del Presidente Enrique Peña Nieto. Citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.
A principios de enero, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado –quien inició una marcha desde Ciudad Juárez– denunció que el Gobierno federal ha frenado los recursos a la entidad porque se investiga la corrupción que involucra a miembros de su partido.
César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, huyó a Estados Unidos pero el Gobierno de México no ha pedido su extradición. La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex Gobernador solicitó residencia permanente allá. Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México.
En México, los más grandes casos de corrupción no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI, fue detenido por autoridades de Tamaulipas, mientras que uno de los más escandalosos casos de corrupción, el de César Duarte en Chihuahua, lo conduce la autoridad de esa entidad.
El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala por la Interpol. El ex mandatario Roberto Borge cayó en manos de las autoridades de Panamá. El ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en Italia. Todos llegaron al poder gracias al PRI. Todos están acusados por corrupción, desvío de recursos públicos y/o nexos con el crimen organizado.
México es el único país que no ha detenido a nadie por el escándalo de Odebrecht, que manchó a 20 países de corrupción. Emilio Lozoya, un hombre cercano al Presidente, no ha sido detenido y los actores políticos de oposición dudan que se le arreste, a pesar de que fue señalado directamente por recibir millones de dólares de esa empresa brasileña para la campaña del PRI.
El Gobierno federal ha decidido frenar, e incluso endurecer su postura en torno a los convenios que garantizan recursos a los chihuahuenses como supuesta represalia por la investigación que realiza la Fiscalía del estado sobre la triangulación del recursos públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.
Por esta razón, ex mandatarios estatales, líderes políticos, activistas, empresarios y miles de ciudadanos de Chihuahua y todo el país se suman a la exigencia del Gobernador Javier Corral al grito de “No estás solo”.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Ex mandatarios, líderes políticos, activistas y empresarios emitieron una vez más su respaldo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en su exigencia para que el Gobierno federal cese la represalia económica contra el estado y extradite al aún priista César Duarte Jáquez.
En un pronunciamiento, 11 ex gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) repudiaron las “represalias económicas e ilegales que el Gobierno federal ha echado a andar contra el pueblo de Chihuahua”.
Asimismo, condenaron que la administración de Enrique Peña Nieto condicione la entrega de recursos convenidos con el estado de Chihuahua pese a la crítica situación económica que dejó el ex mandatario César Duarte y el partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI).
“Perseguir o castigar el disenso y exposición de injusticias equivale a una estocada mortal al pacto federal”, expresaron.
Por lo tanto, instaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que, en cumplimiento de lo suscrito con el Gobierno de Chihuahua, entregue los recursos sin acudir a argumentaciones inverosímiles sobre números de cuenta, y al a la invención de conspiraciones políticas.
“El pueblo chihuahuense no merece semejantes maniobras discursivas, sino respuesta expedita a sus necesidades”.
El Gobernador Javier Corral ha acusado públicamente al Presidente Peña Nieto y a la SHCP de retener 700 millones de pesos de los recursos convenidos con la entidad como represalia por tocar la espina dorsal del PRI, luego de la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del tricolor.
Tras la denuncia, el Gobierno federal decidió endurecer su “castigo” contra el estado, al que condicionó la entrega de 3 mil millones de pesos “adicionales” a lo aprobado para 2017.
“El Gobierno del estado de Chihuahua […] debe resolver, primero, la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios”, dijo ayer en conferencia Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP.
Un importante grupo de empresarios y ciudadanos chihuahuenses firmó en días pasados un desplegado exigiendo la transferencia inmediata de los recursos convenidos para el saneamiento de esa entidad. Muchos de ellos se congregaron ayer en el mitin, que llevó por nombre “Por la Defensa y la Dignidad del Pueblo de Chihuahua”, encabezado por Corral Jurado.
Integrantes del Grupo Chihuahua, legisladores federales, activistas, empresarios, políticos de distintos partidos y defensores de los derechos humanos llegaron de la Ciudad de México, acompañaron al Gobernador en su exigencia de que se tramite la extradición de César Duarte y que el Presidente cese la represalia económica al Estado.
Santiago Creel, Martha Tagle, Cecilia Soto, Sergio Leyva, Paulo Diez, José Luis Caballero, Alejandro Chanona, Sergio Leyva, Clara Jusidman, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza y Daniel Giménez Cacho fueron algunos de los invitados al mitin celebrado en Plaza Ángel, en la capital de Chihuahua.
También acudieron funcionarios públicos, líderes sindicales e indígenas, autoridades eclesiásticas, representantes de medios de comunicación, alcaldes, deportistas e intelectuales.
En la plaza pública destacaron los centenares de ciudadanos que se expresaron en apoyo de no renunciar a la investigación contra la red de corrupción que encabezó César Duarte y que se procese a los implicados hasta las últimas consecuencias.
Grupos de clubes de motociclistas, campesinos y ciudadanos de ayuntamientos de diferentes regiones de la entidad, emitieron pronunciamientos verbales y escritos sobre su apoyo a la lucha que se hace desde Gobierno del estado para defender los derechos ciudadanos contra las represalias de Hacienda.
“Lo que hizo el PRI, acostumbrado a doblegar gobernadores con el uso discrecional del dinero público, ahora revelando hasta dónde está dispuesto a llegar para que nadie desmantele el pacto de impunidad que es su sello característico”, resaltó el actor y activista Giménez Cacho.
Nithia Castorena Sáenz, a nombre del Movimiento Estatal de Mujeres y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, refirió que la actitud del PRI en la Presidencia es cínica al no importarles si les afectará en las próximas votaciones.
Destacó que las mujeres promueven una manera distinta de hacer política, pues siempre son honestas y por ello apoyaban la lucha de Javier Corral, al entenderlo como un compromiso colectivo, porque no iban a conceder espacios para mesianismos ya que una sola persona no puede enfrentar a la corrupción.
“Corral nos provoca a reunirnos para poner un alto categórico a la corrupción. Así pues provocadas, reivindicamos nuestro compromiso con un Chihuahua libre de corrupción”, manifestó.
La jueza aclaró que esta suspensión provisional sólo puede proteger al quejoso en caso de que el mandato judicial o ministerial sea por un delito que en el Sistema de Justicia tradicional no es grave o que en el Oral Acusatorio puede ser procesado en libertad. Además, suspendió la facultad de la Fiscalía de Chihuahua para resolver el fondo de la indagatoria y, con ello, determinar si procede o no la acción penal en contra de Beltrones Rivera dentro de la carpeta de investigación.
De acuerdo con una fuente de la Fiscalía, el poderoso político del PRI no tiene ninguna orden de aprehensión, como fue publicado en algunos medios.
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Una jueza federal suspendió este día cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio girado contra el ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el caso de los presuntos desvíos del erario a campañas estatales en 2016.
“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no se le prive de su libertad personal, con motivo de la orden de detención y se ejecución reclamadas; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva”, dice el amparo 1110/2017 otorgado por la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio.
Asimismo, suspende la facultad de la Fiscalía de Chihuahua para resolver el fondo de la indagatoria y, con ello, determinar si procede o no la acción penal en contra de Beltrones Rivera dentro de la carpeta de investigación.
Núñez Solorio aclaró que esta suspensión provisional sólo puede proteger al quejoso en caso de que el mandato judicial o ministerial sea por un delito que en el Sistema de Justicia tradicional no es grave o que en el Oral Acusatorio puede ser procesado en libertad.
El acuerdo dentro del juicio de amparo señala que la suspensión estará vigente hasta que las autoridades responsables rindan los informes sobre los actos que reclama la defensa del legislador priista, es decir, hasta que el juzgado federal sea notificado sobre la existencia o inexistencia de las órdenes de aprehensión, presentación, localización y comparecencia que reclama la parte afectada.
Beltrones dijo en una carta abierta que la indagatoria tenía razones político-electorales y él mismo confirmó que buscaba el amparo federal
Antonio Collado, abogado del ex secretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dijo a la radio que la defensa legal de Beltrones solicitó ese amparo para evitar que sea detenido de “manera arbitraria”, como, dijo, “ocurrió con mi cliente”.
Gutiérrez Gutiérrez está detenido por presuntos desvíos a favor del PRI, en una causa que persigue a un pez mayor: el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
“Quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”, dijo Collado.
El Gobernador de Chihuahua confirmó ayer la solicitud de amparo de Beltrones, pero una fuente de la Fiscalía estatal dijo a SinEmbargo que “son mentiras” que exista ya alguna orden de aprehensión contra el ex dirigente, un hombre poderoso en la política mexicana.
El abogado de Gutiérrez expresó que ya presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Gobierno de Chihuahua, a cargo de Javier Corral Jurado, “porque está torturando a Alejandro Gutiérrez”. El Gobernador lo negó también ayer.
Según el abogado, se le ha ofrecido ser testigo protegido para que declare contra funcionarios federales, como Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores; el mismo Manlio Fabio Beltrones, y otros.
El pasado 21 de diciembre, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que el arresto de del ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gutiérrez Gutiérrez, profundizaría la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua.
El influyente rotativo se refirió a Gutiérrez como un “aliado” del Presidente Enrique Peña Nieto. Citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.
César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, huyó a Estados Unidos pero el Gobierno de México no ha pedido su extradición. La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex Gobernador solicitó residencia permanente allá. Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México.
En México, los más grandes casos de corrupción no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI, fue detenido por autoridades de Tamaulipas, mientras que uno de los más escandalosos casos de corrupción, el de César Duarte en Chihuahua, lo conduce la autoridad de esa entidad.
El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala por la Interpol. El ex mandatario Roberto Borge cayó en manos de las autoridades de Panamá. El ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en Italia. Todos llegaron al poder gracias al PRI. Todos están acusados por corrupción, desvío de recursos públicos y/o nexos con el crimen organizado.
México es el único país que no ha detenido a nadie por el escándalo de Odebrecht, que manchó a 20 países de corrupción. Emilio Lozoya, un hombre cercano al Presidente, no ha sido detenido y los actores políticos de oposición dudan que se le arreste, a pesar de que fue señalado directamente por recibir millones de dólares de esa empresa brasileña para la campaña del PRI.
El 21 de diciembre pasado, Priscila Licón, agente del Ministerio Público, reveló durante la audiencia que se sigue en contra del coahuilense Gutiérrez Gutiérrez nuevos datos que imputaron a Beltrones en los desvíos de recursos públicos de Chihuahua en beneficio del tricolor.
Licón dio a conocer que el empresario utilizó su compañía Jet Combustibles para la triangulación de recursos y ese mismo día, el juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán estableció vincularlo a proceso.
Javier Corral dijo que dará “una batalla jurídica” que contempla interponer una controversia constitucional y, de ser necesario, recurrir a instancias internacionales por la cancelación de más de 700 millones de pesos a la entidad. “No voy a permitir que al pueblo de Chihuahua se le castigue por una investigación contra la corrupción”, sentenció.
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció este día que contempla interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la retención de recursos que impuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al estado.
Corral acusa al Gobierno federal de haber tomado represalias contra Chihuahua por haber emprendido una investigación por corrupción de altos vuelos, que no sólo alcanza al ex Gobernador César Duarte sino a otros miembros de la esfera del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La acusación en contra del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, de presuntamente utilizar a la Secretaría de Hacienda para golpear a los adversarios políticos del PRI, ha sido recogida por diarios internacionales como The New York Times, The Guardian, El País y otros.
Este día, Corral Jurado informó con medios electrónicos que va a al ampliar su denuncia pública respecto al castigo económico que está imponiendo el Gobierno de Enrique Peña Nieto a Chihuahua. Advirtió que si el Gobierno federal “no nos deposita los recursos, implementaremos acciones de todo tipo, incluidas las de índole internacional”.
“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir ‘no cumplo’”, dijo el mandatario estatal en entrevista para Carmen Aristegui.
“Hay un trato diferenciado para entregar recursos: si la llevas bien con el Presidente te dan más apoyo, si no hay menos apoyo”, acusó el Gobernador panista.
“El poder verdadero no está en Los Pinos, está en la Secretaría de Hacienda, ahí está la zanahoria y el garrote. Te portas bien y te dan recursos, te portas mal y te lo quitan”, reiteró.
Asimismo, el Gobernador chihuahuense defendió que el proceso contra Alejandro Gutiérrez se ha llevado en público y ante los medios de comunicación, esto luego de que el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, lo acusara de “torturar” al priista.
Javier Corral dio a conocer además que la misma Secretaría de Hacienda pidió al Gobierno de Chihuahua que explicara el “alcance” de la investigación que realiza en materia de corrupción.
“Lo que quieren saber es hasta dónde llega la investigación de la Fiscalía [de Chihuahua], quiere saber si andamos investigando a otros estados…”, expuso.
“Dice Peña Nieto que no tenemos diferencias, hoy tenemos una diferencia: ha cancelado el depósito de 780 millones de pesos al pueblo de Chihuahua, y esa sí es una diferencia mayor. No voy a permitir que al pueblo de Chihuahua se le castigue por una investigación contra la corrupción”, sostuvo.
El conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y Los Pinos escaló en poco tiempo. Apenas en noviembre pasado, Javier Corral se dijo confiado en que la administración de Enrique Peña Nieto actuaría contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez. La orden de aprehensión contra el ex funcionario nunca llegó, y cambió el clima.
Ayer, en conferencia de prensa, el mandatario estatal dio a conocer que el Gobierno federal le retuvo 700 millones de pesos de los recursos convenidos con la entidad en represalia por haber procesado a un alto dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– Alejandro Gutiérrez Gutiérrez– así como por ir contra Duarte Jáquez y evidenciar al ex líder priista, Manlio Fabio Beltrones, por corrupción.
“El Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción, mientras el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua”, dijo Corral Jurado en su mensaje a medios en la Ciudad de México.
El Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró este día en entrevista con Carlos Loret de Mola– en Televisa– que se ha entregado en tiempo y forma los recursos correspondientes al estado de Chihuahua.
González Anaya reviró a Javier Corral en su afirmación de que el dinero que no se depositó a Chihuahua tenía como destino el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros.
“El Gobernador tuvo 2 mil millones de pesos más por arriba de su presupuesto para pagar aguinaldos”, indicó el funcionario federal. Además, destacó que el Gobierno de Chihuahua tiene, sólo en transferencias federales, 42 mil millones de pesos, y que de los dos convenios de transferencias de recursos a la entidad, uno “se pagó el 29 de diciembre y para el otro, nos dieron una cuenta de banco equivocada”.
En México, los más grandes casos de corrupción– principalmente de políticos priistas– no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), y eso fue lo que reclamó este día el Gobernador de Chihuahua, quien pidió a Peña Nieto y la PGR que actúen ya contra César Duarte.
Chihuahua/Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, exigió este día al Gobierno federal dar trámite a la extradición del aún priista César Duarte Jáquez, acusado de corrupción y presuntamente instalado en Texas, EU.
En conferencia de prensa, Javier Corral destacó la labor de su administración para detener y juzgar a los ex funcionarios implicados en el desfalco al erario del estado cometido durante el Gobierno de Duarte Jáquez.
“El Gobierno de Chihuahua ha hecho su trabajo de una manera rigurosa. Ahora corresponde al Presidente Peña Nieto y su Procurador demostrar que no protegen a Duarte, especialmente cuando se ha revelado el desvío de dinero al PRI nacional”, dijo.
“Hoy tenemos a uno de los principales orquestadores y manipuladores de los recursos de Chihuahua en evidencia”, resaltó Corral, mientras que el Gobierno federal no ha metido las manos en la investigación, agregó.
César Duarte, quien todavía pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), está acusado de uno de los desvíos más escandalosos de dinero público en México y es parte, junto con otros ex gobernadores priistas, de la llamada “generación podrida”. Muchos de esos desvíos, de acuerdo con la Fiscalía, fueron para alimentar de recursos al partido del Presidente.
Pero, además, Duarte Jáquez está acusado de robar literalmente todo lo que tuvo a su alcance: desde cuadros colgados en pareces de edificios públicos hasta ganado. Las últimas audiencias ante un juez revelaron que durante su administración salió dinero en efectivo en cajas, llevadas en “diablitos”. Uno de los principales involucrados de ese saqueo es Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del PRI, icono dentro de su partido.
El Gobernador panista recordó que desde septiembre pasado se le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) emitir una orden de extradición contra César Duarte, quien ha sido visto en la ciudad de El Paso, Texas, desde que dejó su cargo.
En México, los más grandes casos de corrupción– principalmente de políticos priistas– no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). El ex Gobernador Eugenio Hernández fue detenido por autoridades de Tamaulipas. Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), en Guatemala; Roberto Borge (Quintana Roo), en Panamá; y Tomás Yarrington (Tamaulipas), en Italia.
La última persona detenida por los desvíos millonarios del erario de Chihuahua es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– cuando Manlio Fabio Beltrones era su líder nacional–.
Alejandro Gutiérrez pasará un año y medio en prisión como medida cautelar por al menos tres desvíos millonarios del erario público de Chihuahua para las campañas estatales del tricolor en 2016.
Su constata el nivel de corrupción con el que se operó en el estado de Chihuahua durante el mandato del hoy prófugo César Duarte.
Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con Duarte Jáquez para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Además, el político coahuilense habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno del estado.
El diario New York Times señaló hace unos días, en un extenso reportaje, que Gutiérrez Gutiérrez “es uno de los aliados del Presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno”.
Citando a ex funcionarios vinculados a la triangulación de recursos, el Times refirió que Manlio Fabio Beltrones fue la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.
Alejandro Gutiérrez, cercano a Manlio Fabio Beltrones, enfrenta otra imputación por supuesta malversación de 1.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, y acusa al Ministerio Público de mentir y poner en riesgo a su familia ante información patrimonial que ha sido revelada.
Chihuahua/Ciudad de México, 3 de enero (Vanguardia/SinEmbargo).- Un juez dictó otro año de prisión preventiva para Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por otro presunto desvío de recursos del erario de Chihuahua.
Dentro de la “Operación Justicia para Chihuahua”, Gutiérrez ya había sido vinculado a proceso el 21 de diciembre pasado por un supuesto desvío de 250 millones de pesos entre 2015 y 2016, y recibido seis meses de cárcel como medida cautelar.
Ese día, agentes del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de Chihuahua expusieron que “se confabuló para saquear recursos federales destinados para programas educativos de la entidad, a través de la simulación de cinco contratos consistentes en la prestación de servicios profesionales que nunca fueron otorgados”.
Mientras que ayer, el MP de la Fiscalía lo acusó de desviar otro millón 700 mil pesos, que presuntamente fueron facturados entre el 20 y 23 de diciembre de 2015 a dos empresas por servicios que tampoco se prestaron al Gobierno encabezado entonces por César Duarte.
De acuerdo con la Fiscalía, en este último caso Gutiérrez y otros servidores públicos planearon y concretaron el desvío mediante la contratación de “traslado de personal” en la aeronave Cessna CItation II, con una compañía de su propiedad: Jet Combustibles S. A. de C. V., por un monto de 904 mil 579 pesos.
Además de otro contrato para el “mantenimiento general de edificios” con la empresa Promotora de Señalamiento Integral S. A. de C. V., por un total de 835 mil 420 pesos.
Esta nueva prisión preventiva es independiente a los seis meses de reclusión que recibió como medida cautelar en la primera imputación por el supuesto desvío de 250 millones de pesos. Hasta el cierre de la edición, la audiencia de vinculación, o no, a proceso continuaba.
GUTIÉRREZ SEÑALA A MP DE MENTIR
El empresario y político coahuilense exigió ayer al juez que “quede asentado” y se asuma responsabilidad penal contra el Ministerio Público de Chihuahua por sus “mentiras flagrantes” y absurdos con los que lo acusan, señaló en su cuenta de Twitter la periodista Marcela Turati, quien siguió la audiencia.
A la par, Gutiérrez declaró que la Fiscalía chihuahuense ha revelado datos sobre la situación patrimonial de su familia, lo que “implica un riesgo inminente a su integridad física”.
Este martes, en una audiencia en el Tribunal de Justicia del Estado en la ciudad de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado solicitará a un juez de control la imputación contra Alejandro Gutiérrez por peculado.
Ciudad de México, 2 de enero (Vanguardia/SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua busca formular una nueva acusación en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por un desvío de un millón 700 mil pesos.
Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2015, de acuerdo con información contenida en la carpeta de investigación que formó la Fiscalía General del Estado.
La primera contratación fue la prestación de servicios aéreos de “traslado de personal” en la Aeronave Cessna Citation II, con una empresa de combustibles propiedad de Gutiérrez llamada Jet Combustibles S. A. de C. V.
El otro contrato fue para el “mantenimiento general de edificios” con la empresa Promotora de Señalamiento Integral S. A. de C. V. La indagatoria indica que los servicios nunca fueron prestados.
Las cantidades presuntamente desviadas fueron 904 mil 579 pesos, así como 835 mil 420 pesos, depositadas a las cuentas bancarias de las empresas.
Alejandro Gutiérrez– cercano al ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones- fue vinculado a proceso el pasado 21 de diciembre por el delito de peculado agravado.
Un juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y le impuso a Gutiérrez Gutiérrez seis meses de prisión como medida cautelar.
Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con César Duarte Jáquez, ex Gobernador prófugo, para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Gutiérrez habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno de Duarte Jáquez.
De acuerdo con la investigación citada por el diario The New York Times, “el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario”.
“El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del Presidente y su familia”, dice el Times. “Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el ex Gobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan”.
Otros gobiernos que habrían desviado recursos públicos en beneficio al Revolucionario Institucional fueron el de Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y Egidio Torre Cantú (Tamaulipas).
La detención de Alejandro Gutiérrez constata el nivel de corrupción con el que se operó en el estado de Chihuahua durante el mandato del hoy prófugo César Duarte.
La audiencia contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, se ha convertido esta tarde en una lluvia de cochinada. El Ministerio Público ha revelado más datos sobre la triangulación de recursos públicos que presuntamente se realizaron desde Chihuahua en beneficio al PRI en 2016. Y hay más datos sobre Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del tricolor.
Hoy, mientras se lleva a cabo la audiencia, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, dijo que hay elementos contundentes para que los órganos electorales indaguen el saqueo de la entidad. El partido decidió hoy interponer dos denuncias ante el INE y Fepade.
Las denuncias de Morena se dan un día después de que Acción Nacional también solicitara a la Fepade investigar si el precandidato del PRI, José Antonio Meade, sabía o no de estos desvíos. Además, diputados de panistas exigieron una investigación amplia en el PRI y en la Secretaría de Hacienda para que se sepa quiénes son todos los responsables de la triangulación de recursos públicos.
Un reportaje de The New York Times sugiere que la cabeza de esta operación fue el entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Saltillo/Ciudad de México/Chihuahua, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Priscila Licón, agente del Ministerio Público, reveló esta tarde, durante la audiencia que se sigue en contra del coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, nuevos datos que imputan a Mario Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en los desvíos de recursos públicos de Chihuahua en beneficio del tricolor.
Licón dio a conocer que el empresario utilizó su compañía Jet Combustibles para la triangulación de recursos y hoy mismo, el juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán establecerá si lo vincula o no a proceso, luego de que este renunció, en una movida inesperada, a su derecho constitucional de 72 horas y de las 144 horas adicionales de una posible ampliación del término.
Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con César Duarte Jáquez, ex Gobernador prófugo, para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Gutiérrez habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno de Duarte Jáquez.
La audiencia sacó más datos que vinculan a Beltrones, uno de los jerarcas del PRI.
La agente del Ministerio Público reveló que el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera hundió a todos el 25 de septiembre pasado. Involucró directamente, por su nombre, al ex Gobernador César Duarte; al ex Secretario de Hacienda Jaime Herrera; al ex Director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín; el ex Director de administración, Gerardo Villegas, así como el ex Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, entre otros funcionarios.
Dijo que lo presionaron para que disfrazara con documentos y facturas de servicios inexistentes los 246 millones que sacaron de las arcas de Chihuahua para la campaña del PRI.
Yáñez Herrera dijo más al MP ese 25 de septiembre.
Reveló un supuesto mensaje que envío “MB” o Manlio Fabio Beltrones a Gutiérrez Gutiérrez en el que le decía que el dinero que presuntamente recibió el CEN del PRI, “ya no tendría retorno”.
De acuerdo con esta declaración, Gutiérrez Gutiérrez, detenido, le dijo a Yáñez y demás ex funcionarios estatales que el saqueo se llevaba a cabo al mismo tiempo en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa. Llama la atención Puebla, porque en ese momento era gobernado por Rafael Moreno Valle.
Manlio, poco antes de renunciar a la presidencia nacional del PRI. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con la indagatoria, un contrato fechado el 9 de marzo de 2016 [SH/AD/067] fue con el que se pactó la prestación de servicios profesionales para la elaboración de manuales de Protección Civil para aeronaves y helicópteros del Gobierno del estado.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó este día que presentó dos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del tricolor. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, señaló que la detención del ex secretario general adjunto del PRI da elementos contundentes para que los órganos electorales indaguen esta trama fraudulenta.
Las denuncias de Morena se dan un día después de que el Partido Acción Nacional (PAN) también anunciara que solicitó a la Fepade investigar si Meade Kuribreña sabía o no de estos desvíos. Además, diputados del Acción Nacional exigieron una investigación amplia en el PRI y en la Secretaría de Hacienda para que se sepa quiénes son todos los responsables de la triangulación de recursos públicos.
Este día, el diario New York Times señaló en un extenso reportaje que Gutiérrez Gutiérrez “es uno de los aliados del Presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno”. En un extenso reportaje y citando a ex funcionarios vinculados a la triangulación de recursos, el Times refiere que Manlio Fabio Beltrones fue la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.
Esto ha salido hoy a colación en la audiencia, pero con más detalles.
De acuerdo con la investigación citada por el rotativo neoyorquino, “el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario”. “El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del Presidente y su familia”, dice el Times. “Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el ex Gobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan”.
Otros gobiernos que habrían desviado recursos públicos en beneficio al Revolucionario Institucional fueron el de Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y Egidio Torre Cantú (Tamaulipas).
La detención de Alejandro Gutiérrez constata el nivel de corrupción con el que se operó en el estado de Chihuahua durante el mandato del hoy prófugo César Duarte.
Este nuevo escándalo puede además complicar las aspiraciones del candidato presidencial por el PRI, José Antonio Meade, por la sucesión de prácticas de corrupción de varios gobernadores y funcionarios que han salido a luz durante la Presidencia de Peña Nieto.
En México, los más grandes casos de corrupción no son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR). Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI, fue detenido por autoridades de Tamaulipas, mientras que uno de los más escandalosos casos de corrupción, el de César Duarte en Chihuahua, lo conduce la autoridad de esa entidad.
El ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala por la Interpol. El ex mandatario Roberto Borge cayó en manos de las autoridades de Panamá. El ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington fue detenido en Italia. Todos llegaron al poder gracias al PRI. Todos están acusados por corrupción, desvío de recursos públicos y/o nexos con el crimen organizado.
México es el único país que no ha detenido a nadie por el escándalo de Odebrecht, que manchó a 20 países de corrupción. Emilio Lozoya, un hombre cercano al Presidente, no ha sido detenido y los actores políticos de oposición dudan que se le arreste, a pesar de que fue señalado directamente por recibir millones de dólares de esa empresa brasileña para la campaña del PRI.
A través de su subsecretario técnico de Hacienda, Roberto Borge desvió 201 millones de pesos de marzo a mayo de 2016 para la campaña del priista Mauricio Góngora, ex Alcalde de Solidaridad y nombrado por Manlio Fabio Beltrones como abanderado para contender por la gubernatura de Quintana Roo.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, habría desviado al menos 200 millones de pesos para la campaña del ex candidato priista al Gobierno del estado, Mauricio Góngora, reveló este día el diario Reforma.
El diario capitalino tuvo acceso a varios recibos firmados por José Mauricio Góngora, en los que se pacta la entrega de recursos por parte del ex subsecretario técnico de Hacienda, Eliezer Villanueva Lanz, uno de los principales operadores del ex Gobernador.
De acuerdo con los documentos, las entregas se realizaron los días 7, 18 y 31 de marzo de 2016; también el 8, 14, 18, 22 y 28 de abril, y una más el 6 de mayo. Las cantidades iban de 20 y 50 millones de pesos en efectivo.
“Recibí del Dr. Eliezer Villanueva Lanz, la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), por concepto de gastos a comprobar”, dice un recibo con fecha del 7 de marzo de 2016, firmado por el ex candidato priista.
De acuerdo con Reforma, las firmas de Mauricio Góngora estampadas en los recibos fueron sometidas a un peritaje en materia de grafoscopía, y el especialista determinó que éstas son auténticas.
El medio recordó que el 4 de marzo de 2016, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, nombró al entonces Alcalde de Solidaridad como su candidato para contender por la gubernatura del estado. Tres días después, se emitió el recibo por 50 millones de pesos, citado anteriormente.
Desde el 1 de junio de 2016, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la entrega de recursos públicos para favorecer a la campara de Góngora.
Ahora que el ex Gobernador quintanarroense está preso en Panamá, la Fepade y la Fiscalía General del Estado (FGE) decidieron indagar a Mauricio Góngora por presunto desvío de recursos públicos.
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