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José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con otros 82 miembros de los grupos civiles de autodefensa que tomaron las armas en 2013 para enfrentar a los cárteles de ese estado del suroeste de México.

El médico salió en mayo de 2017 de la prisión federal de Tepic, en el estado de Nayarit, después de haber estado tres años privado de su libertad, gracias a que un juez decidió que afrontara en libertad el proceso penal en su contra por llevar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México, 19 de julio (EFE/SinEmbargo).- José Manuel Mireles, uno de los fundadores de los grupos civiles que tomaron las armas en el estado mexicano de Michoacán para enfrentar a agrupaciones criminales, planea demandar al Estado mexicano ante la justicia internacional, anunció hoy su defensa.

“Prevemos incluso llegar a denunciar en la Corte Penal Internacional en La Haya, por los delitos de lesa humanidad que se cometieron” durante el desarrollo del caso, dijo a Radio Fórmula el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza.

Ayer, Ignacio Mendoza adelantó a SinEmbargo que Mireles “posiblemente” pediría un pago por indemnización y estaban evaluando denunciar penalmente, por brindarle permiso de uso de armas, al ex Comisionado Alfredo Castillo, al ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e “incluso” al Presidente Enrique Peña Nieto.

“El Estado se equivocó en el manejo de las autodefensas y cometió delitos de lesa humanidad”, afirmó el abogado a SinEmbargo vía telefónica desde Morelia.

Mireles fue en días recientes absuelto por un juez del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, por el que pasó tres años en prisión.

Además de las instancias internacionales, Mireles también demandará a autoridades estatales y federales por diferentes canales.

“Hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado que establece que cuando hay actividad irregular, administrativamente hablando, el que se siente dañado tiene posibilidad de demandar para resarcir el daño”, explicó Mendoza hoy en Fórmula.

De esta manera, se demandaría a varias autoridades por la vía civil, entre ellas al que fue Comisionado de Seguridad del Ejecutivo federal en Michoacán, Alfredo Castillo, o al Fiscal de este estado, Martín Godoy.

También a autoridades federales como la Procuraduría General de la República (PGR).

Mireles había salido en mayo de 2017 de la prisión federal de Tepic, en el estado de Nayarit, después de haber estado tres años privado de su libertad, gracias a que un juez decidió que afrontara en libertad el proceso penal en su contra por llevar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez concedió el beneficio a Mireles con el argumento de que cuando fue detenido en posesión de rifles de asalto “realizaba funciones de autodefensa”.

El médico fue detenido el 27 de junio de 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con otros 82 miembros de los grupos civiles de autodefensa que tomaron las armas en 2013 para enfrentar a los cárteles de ese estado del suroeste de México.

En mayo de 2014, el Gobierno federal inició la legalización de los grupos de autodefensa mediante su incorporación a la Fuerza Rural, pero Mireles se negó a entrar a dicha corporación y siguió actuando en varios municipios del estado.

Mireles buscó un escaño en el Congreso de Michoacán por el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del 1 de julio, por el principio de representación proporcional.

No obstante, el Tribunal Electoral de México lo dejó fuera de la contienda al fallar en favor de Francisco Cedillo, del mismo partido, a quien otorgó el primer sitio en la lista plurinominal de candidatos de Morena al mismo puesto.