Yunes Linares informó que, de acuerdo con un estudio realizado por un laboratorio, la quimioterapia que la Secretaría de Salud de Javier Duarte administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Asimismo, confirmó el hallazgo de bodegas con medicamentos caducados, cuyo origen y condiciones de compra todavía se desconocen.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró este día que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa la Secretaría de Salud del estado realizó quimioterapias falsas a niños.
En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano informó que el resultado de un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer, reveló que los pacientes sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad.
Yunes Linares no precisó el número de menores afectados, pero refirió que “la quimioterapia que se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.
El Gobernador panista tampoco informó el nombre de los funcionarios duartistas involucrados en estos hechos y señaló que las investigaciones aún están en proceso.
“Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y, en su momento, se presentan las denuncias”, expresó.
Yunes también dio a conocer el hallazgo de bodegas con medicamentos caducados, cuyo origen y condiciones de compra todavía se desconocen.
Aseguró que se abrió una investigación para determinar si estos fueron adquiridos en esas condiciones o si la administración anterior permitió que se venciera su fecha de caducidad.
“Se está investigando no sólo el caso de la quimioterapia si no también algunos otros. Un caso que es igual de lamentable es el de medicamentos que se encontraron en bodegas que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad.
“Millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera la caducidad. En su momento será el conocimiento y se presentarán las denuncias”.
Yunes refirió el tema, luego de ser cuestionado acerca de las indagatorias que realiza el Gobierno veracruzano sobre la compra y aplicación de medicamentos clonados en el sector salud local.
Además, detalló que la Secretaría de Salud federal notificó al estado sobre la necesidad de realizar una reafiliación de pacientes al Seguro Popular, ya que al no cumplir con el trámite, las arcas de Veracruz podrían perder los depósitos de recursos federales que se entregan con base en el número de afiliados.
Anselmo Estandía, ex Edil interino de Boca del Río y actual cónsul Honorario de Noruega en Veracruz; Felipe Sosa Mora, ex coordinador operativo de Secretaría de Desarrollo Social; y Graciela Tejeda, ex enlace operativo del programa “65 y Más”, acusados de formar parte de una red que usaba programas sociales en favor del PRI en 2013, pasaron poco más de 24 horas presos, luego de que un juez les fijara una fianza “al tratarse de un delito menor”.
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Los tres ex funcionarios de Veracruz que fueron detenidos el pasado sábado por presuntamente cometer delitos electorales, pagaron una fianza para lograr su libertad.
Un Juez federal impuso una fianza a Anselmo Estandía, ex Edil interino de Boca del Río y actual cónsul Honorario de Noruega en Veracruz; Felipe Sosa Mora, ex coordinador operativo de Secretaría de Desarrollo Social; y Graciela Tejeda, ex enlace operativo del programa “65 y Más”, acusados de formar parte de una red que usaba programas sociales en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante los comicios locales de 2013.
Los tres fueron liberados alrededor de las 22:00 horas del domingo, luego de que por la tarde les notificaron que tendrían libertad bajo caución al tratarse de un delito menor cuyo castigo no excede los 10 años de prisión.
La noticia fue confirmada por el hijo de Anselmo Estandía, quien en su cuenta de Twitter [@chemaestandia] agradeció “a todos por sus mensajes y muestras de cariño, mi papá ya está con nosotros y está bien!”.
La noche del sábado, Anselmo Estandía y Felipe Sosa fueron internados en el penal federal de Villa Aldama. Mientras que Graciela Tejeda fue trasladada al penal federal de Morelos.
Los tres ex funcionarios de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, formaron parte del escándalo desatado cuando se dieron a conocer audios y videos en los que hablaban de usar los programas federales “Oportunidades”, “65 y Más” y “Pensión para Adultos Mayores” en favor de los candidatos del PRI.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Estandía, Sosa Mora y Tejeda utilizaron en los comicios locales los padrones de beneficiarios de los programas con la finalidad de dar de alta y beneficiar con los mismos a ciudadanas y ciudadanos en favor de los representantes del tricolor.
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Además de que acudieron “a los domicilios de diversas personas residentes del municipio de Boca del Río, a quienes ofrecieron su inclusión en los programas sociales si votaban a favor de un partido político, en los comicios del 7 de julio de 2013”.
Fue Gustavo Madero, entonces líder nacional del Partido Acción Nacional, quien dio a conocer las grabaciones e incluso presentó la denuncia ante la PGR.
En ese entonces la titular de la Sedesol era Rosario Robles, sobre quien la oposición centró sus criticas e incluso pidió que la sometieran a un juicio político y su remoción. El Presidente Enrique Peña Nieto salió en defensa a los pocos días de que se dieran a conocer las grabaciones y soltó una de sus frases más recordadas: “No te preocupes, Rosario”.
Tras el escándalo, Rosario Robles Berlanga anunció la separación del cargo de Ranulfo Márquez Hernández, para su investigación, así como la destitución de seis funcionarios más acusados: Felipe Sosa, coordinador operativo de Sedesol; Ely Jesser Mendoza Isidoro, jefe de zona; Raúl Molina, jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo de 65 y Más; Jesús Balbuena Buenrostro, Oportunidades y Mariano Molina, supervisor de Oportunidades.
Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”.
Los alcaldes le entregaron al subsecretario un documento en el que solicitan a Gobernación su intervención para recibir los fondos. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 7 noviembre (EFE).- Alcaldes de Veracruz marcharon hoy en la Ciudad de México en demanda de una solución a la crisis financiera de ese estado, cuyo gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.
Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”.
Después de reunirse con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Francisco Yunes, Zúñiga aseguró en conferencia de prensa que los alcaldes han solicitado al Gobierno mexicano “la transferencia de los recursos federales directamente a los ayuntamientos”.
Aseguró que los alcaldes tienen “obligaciones con miles de trabajadores municipales que, ante la escasez, se encuentran en riesgo de no poder ser cubiertas”.
De acuerdo con el senador Francisco Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los municipios de Veracruz se les adeudan unos 1.500 o 2.000 millones de pesos (80,5 a 107,3 millones de dólares) que no han sido depositados.
Yunes aseguró que 20 % de los recursos federales asignados al estado están destinados para los municipios; sin embargo, en los últimos meses no les han llegado los fondos.
Dijo que “la federación ya entregó al Gobierno del estado (el dinero) y este no hizo llegar a los alcaldes, porque fue desviado o destinado a otra cosa”, y precisó que “no se les puede reintegrar, ya que la federación solo puede destinar recursos para lo expresamente aprobado”.
Luego de su reunión en el Senado, los alcaldes se movilizaron hacia la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, a quien le plantearon la problemática que enfrentan por la falta de recursos.
Los alcaldes le entregaron al subsecretario un documento en el que solicitan a Gobernación su intervención para recibir los fondos.
De acuerdo con un comunicado de la institución, Juárez Cisneros les manifestó que “el Gobierno de la República ha atendido y cumplido puntualmente con la administración estatal en los rubros que le competen”.
De acuerdo con el funcionario, Gobernación “contribuirá y coadyuvará en la búsqueda de soluciones en favor de los veracruzanos”.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares para definir “una agenda conjunta” en materia de seguridad y gobernabilidad en la entidad, informó la dependencia.
Los alcaldes inconformes y dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron en sus manos desde hace más de 10 días la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la noche de ayer se apoderaron de Casa Veracruz, como se conoce a la residencia oficial del gobernador en turno.
La toma de Casa Veracruz ocurrió luego de una agria reunión entre el gobernador interino, Flavino Ríos, y su secretario de Finanzas, Antonio Gómez, con alcaldes que reclaman el pago de las participaciones federales.
Los presidentes municipales y los dirigentes partidistas acusaron al gobernador y a sus funcionarios de “ladrones” y “sinvergüenzas”, y anunciaron que no se moverán del lugar hasta recibir su “lana” (dinero).
En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD.
A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La quiebra financiera en que se encuentra Veracruz ha provocado que se dejen de pagar salarios y prestaciones laborales a funcionarios y maestros.
En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre.
AUMENTA CRISIS DE VERACRUZ, CON BLOQUEOS Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS
La crisis económica que enfrenta el Gobierno de Veracruz generó hoy bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, sabotaje a una presa y la suspensión en 20 municipios de servicios básicos como recolección de basura y alumbrado.
Cientos de maestros, estudiantes, personal médico, taxistas, deportistas paralímpicos y presidentes municipales encabezaron manifestaciones para exigir al gobierno del Estado el pago de diversos adeudos.
A la par, alcaldes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantienen tomada la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la residencia oficial del gobernador en demanda del pago de 2.000 millones de pesos (107,3 millones de dólares) de participaciones federales.
En el interior de la residencia, conocida como Casa Veracruz, los alcaldes transmitieron videos en vivo por redes sociales para denunciar que el gobernador con licencia Javier Duarte saqueó el inmueble, del que desaparecieron obras de arte, televisores y otros objetos.
Durante la mañana de hoy, maestros de sindicatos independientes tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la capital Xalapa, para exigir el pago de adeudos, entre ellos un fondo de ahorros por 85 millones de pesos (4,6 millones de dólares).
Estudiantes de la Escuela Nornal “Manuel Suárez Trujillo” bloquearon la carretera federal Xalapa-Veracruz durante cuatro horas para demandar el pago de 130 millones de pesos (7,2 millones de dólares) del Fideicomiso de Manutención.
Las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas y Planeación fueron bloqueadas por atletas con discapacidad, quienes denunciaron atrasos en el pago de sus becas deportivas, aunque sin precisar montos.
En esa misma dependencia hubo protesta de taxistas que exigen la entrega de concesiones del transporte público que pagaron y que la autoridad nunca les entregó.
En la zona turística de Veracruz y Boca del Río, personal médico, administrativo y operativo salió a las calles a protestar para denunciar desabasto de medicamentos en hospitales públicos debido a que el Gobierno estatal no ha pagado a proveedores.
Habitantes del municipio indígena de Tatahuicapan, en el sur del estado, tomaron la presa Yuribia y rompieron tuberías en protesta por el incumplimiento del pago de 80 millones de pesos (4,3 millones de dólares) para obras públicas para sus comunidades.
Con el sabotaje a la presa, más de medio millón de habitantes se quedaron sin agua potable en los municipios petroleros de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se asientan cuatro petroquímicas y una refinería operadas por la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos.
Alcaldes de la zona serrana de Zongolica tomaron la caseta de peaje de Fortín de las Flores en la autopista Veracruz-México y permitieron el paso sin pagar de miles de automovilistas.
Al menos 20 municipios cerraron sus oficinas centrales bajo el argumento que el Gobierno estatal no les ha transferido las participaciones federales que llegaron a sus arcas desde hace meses y que fueron utilizados para otras áreas.
En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD.
A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
