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La Ministra boliviana de Justicia, Virginia Velasco, indicó a la radio estatal Patria Nueva que la jueza Melania Lima resolvió que los jueces anticorrupción Marcelo Barrientos y Jorge Vizcarra sean recluidos en la cárcel de la localidad altiplánica de Patacamaya.

También se ordenó la prisión en una cárcel de La Paz de una secretaria de los jueces, acusada de complicidad en la extorsión.

En tanto que otro magistrado, René Escobar, acusado también en este caso, fue internado en un centro médico debido a problemas de salud que sufrió durante la audiencia judicial.

Velasco dijo que la juez tomó esas decisiones de acuerdo a la normativa y fue “imparcial y transparente”.

La sociedad boliviana acogió estos días con indignación un video en el que la madre de un joven acusado por abuso sexual grabó con una cámara oculta a Barrientos cuando este le hablaba del costo en miles de dólares del cambio del tipo penal por el que sería juzgado su hijo.

Los otros dos magistrados, Vizcarra y Escobar, eran parte del mismo tribunal anticorrupción y todos fueron destituidos.

El caso ha provocado una reacción generalizada de rechazo y el Gobierno ha anunciado la compra de cámaras de vigilancia para instalarlas en los juzgados de La Paz y las ciudades de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

Según adelantó el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, con las cámaras se busca terminar con los “consorcios jurídicos”, que son entramados corruptos de jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios que se reparten los casos y cobran por manipular la Justicia.

Lo ocurrido confirmó el mal momento que atraviesa la Justicia boliviana, reconocido por el propio Ejecutivo, y cuyos males endémicos, además de la corrupción, son la lentitud, la escasez de recursos y la falta de accesibilidad a los ciudadanos.

La medida busca acabar con los llamados “consorcios jurídicos”, entramados corruptos de jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios que se reparten los casos y cobran por manipular la Justicia, explicó en una rueda de prensa el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero.

Esta semana la sociedad boliviana acogió con indignación un vídeo en el que la madre de un joven acusado por abuso sexual grabó con una cámara oculta al juez anticorrupción de La Paz Marcelo Barrientos cuando este le exigía varios miles de dólares por cambiar el tipo penal por el que sería juzgado su hijo.

“Lo que nos mostró el ‘vídeo extorsión’ es motivo de escándalo nacional, de repudio de la opinión pública, que requiere de varias medidas para desarticular a estos ‘consorcios jurídicos'”, consideró Romero.

Explicó que el Ejecutivo ya tenía previsto comprar 500 cámaras de vídeo-vigilancia para su instalación en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por lo que ahora “se hará un ajuste en la ubicación para que se vigile a través de un sistema técnico la labor de los operadores de justicia”.

Según el Ministro, lo que hacen esos “consorcios jurídicos” al manipular los casos a cambio de dinero es “la regla general en el sistema de justicia” de Bolivia.

Además, denunció que existe “una suerte de encubrimiento”, ya que los fiscales que deben investigar a sus compañeros cuando hay sospechas de corrupción, no lo hacen.

“En casos de las autoridades jurisdiccionales acusadas por delitos de corrupción, tendrían que ser juzgadas por otros jueces, pero entre colegas eso no sucede y en medio están involucrados abogados que son socios y se convierten en defensores, por eso estos casos son un motivo de vergüenza nacional”, sentenció Romero.

El caso del juez Barrientos ha provocado airadas reacciones en el Gobierno, cuyo Vicepresidente, Álvaro García Linera, exigió “destitución, juicio y cárcel” y lamentó que la Justicia boliviana se encuentre en su peor momento, con “abominables” niveles de corrupción y extorsión.

En este suceso, además de Barrientos, estuvieron involucrados otro juez, Jorge Vizcarra, y un fiscal.

Los tres fueron destituidos de inmediato por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General, y Barrientos fue detenido este viernes para comparecer ante el ente acusador junto a Vizcarra.

Lo ocurrido confirmó el mal momento que atraviesa la Justicia boliviana, reconocido por el propio Ejecutivo, y cuyos males endémicos, además de la corrupción, son la lentitud, la escasez de recursos y la falta de accesibilidad a los ciudadanos.

El jueves, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, indicó que en los primeros nueve meses del año veinte fiscales bolivianos fueron destituidos de sus cargos por supuestos hechos de corrupción.