El Comité rechaza el dictamen debido a que no cumple con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que obliga la Constitución”, y agrega que debe modificarse antes de someterse a votación en el pleno de los legisladores.
Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción señaló que el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en materia de propaganda gubernamental es un nuevo “golpe a la libertad de expresión”.
El Comité rechaza el dictamen debido a que no cumple con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que obliga la Constitución”, y agrega que debe modificarse antes de someterse a votación en el pleno de los legisladores.
Además, señalan que el proyecto aprobado no cumple con las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluidas en la sentencia de amparo ni con los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto.
“No sólo no se consideró la postura de las organizaciones de la sociedad civil con respecto la propuesta, sino que se simuló la participación ciudadana en el tema, lo que resulta reprobable”, afirmaron los especialistas.
El Comité de Participación Ciudadana demandó no aprobar en sus términos el dictamen, que ya fue aprobado por la Comisión de Gobernación, y tomar en cuenta e incluir las propuestas de los ciudadanos.
“En caso de que el Congreso de la Unión decida votar favorablemente el dictamen mencionado que representa un retroceso democrático para México, este consejo de participación ciudadana acudirá a las instancias nacionales e internacionales correspondientes a fin de asegurar la eficiencia del gasto público y la garantía plena al derecho de libertad de expresión”, refirieron.
El su artículo titulado “El gobierno de México está bloqueando su propia campaña anticorrupción, dicen los comisionados”, el periódico NYT comparte entrevistas con integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Nacional Anticorrupción, los cuales, denuncian que Enrique Peña Nieto bloquea sus investigaciones en escándalos de corrupción negándoles información.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Bajo una gran presión por escándalos, el Presidente Enrique Peña Nieto emprendió una intensa campaña anticorrupción anunciándola con fanfarrea. Sin embargo, no llegó lejos. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Nacional Anticorrupción dijeron para el The New York Times que “está siendo bloqueada por la negativa del Gobierno a cooperar en algunos de los casos más importantes que enfrenta”.
El Comité, encabezado por Jacqueline Peschard, acusa que casos como el haber pagado tecnología para espiar a periodistas y activistas, el desvío de millones de dólares a través de universidades públicas y los contratos millonarios con constructoras han sido obstaculizadas por el Gobierno priista de Peña.
Detallan que en los nueves meses desde su creación, derivada de la corrupción que encendió la indignación pública, algunos de sus miembros denuncian que no han podido avanzar en sus investigaciones frenados por el Ejecutivo.
“Sienten pánico porque tal vez entremos muy duro y desenmarañemos algo, porque encontremos a individuos responsables de actos de corrupción”, aseveró José Octavio López, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, para el diario estadounidense.
Octavio López aseveró que el Gobierno está “acostumbrado a nombrar a alguien que controlan”, y cuando se enterraron que el Comité quería actuar en los casos con independencia “no les gustó”.
Los ciudadanos que integran este Comité acusan que ninguno de los 18 jueces que deberían de supervisar los casos anticorrupción han sido designados por los legisladores, al igual que Fiscal Sistema de Nacional Anticorrupción.
“Es un mal chiste”, aseveró Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado fiscal. “Fui ingenuo cuando fue lanzado el sistema. Creía y tenía la esperanza de que funcionaría”.
“Ahora sé que están tratando de sabotear todo lo que hacemos”, agregó.
Por su parte Jacqueline Peschard, presidenta del Comité, expresó: “Me han otorgado toda la responsabilidad, pero nada de poder”.
Los integrantes sostienen que sus acusaciones son negadas por el Gobierno, asegurando que ha apoyado totalmente al Comité Ciudadano. No obstante, los ciudadanos no avanzan en la investigaciones porque el mismo Ejecutivo les niega la información.
Juan Manuel Portal, Arely Gómez, Jacqueline Peschard Mariscal, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Chaurand y Alfonso Pérez Daza. Foto: Issac esquivel, Cuartoscuro
LA CORRUPCIÓN TRIUNFA EN MÉXICO
La corrupción ha triunfado en México. Lo dicen las encuestas de percepción y las historias grandes y pequeñas. Mientras el Barómetro Global de la Corrupción reveló en su último estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” que México se convirtió en el país más corrupto de Latinoamérica porque la mayoría de los ciudadanos ha dado sobornos, sólo seguido por República Dominicana, los escándalos en la Administración Pública Federal brotan en cascada.
La detención de Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2011, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el último episodio de una extensa lista de gobernantes, funcionarios, dirigentes de partidos y de sindicatos acusados de usar el dinero de los ciudadanos, amafiarse, crear redes para obtener impunidad o tener varias propiedades inmobiliarias de lujo.
Pero las autoridades no lo reconocen. El mismo Presidente Enrique Peña Nieto y quien fuera Secretario de la Función Pública –la dependencia encargada de perseguir la corrupción–Virgilio Andrade, han sostenido en discursos públicos que la corrupción es “un tema cultural” de los mexicanos. Y la última encuesta ad hoc del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que más que cultura, para los mexicanos es un problema. El segundo más preocupante después de la inseguridad.
Lorenzo Meyer, el emblemático investigador de El Colegio de México (Colmex) describe al país casi en desahucio por este cáncer.
“La justicia no imparte justicia, la policía no protege al ciudadano, la Secretaría de Hacienda no recaba los impuestos donde debe recabarlos, el Seguro Social o el ISSSTE no proveen la calidad de los servicios de la salud que requieren los mexicanos. La Secretaría de Educación no da la educación que se requiere. Toda esa estructura tan llena de intereses, sólo Dios la podría arreglar”.
El autor de “Distopía Mexicana” da un pésimo augurio.
“Hay quienes pueden hacerla peor. Cavar más hondo en la fosa en donde estamos metidos … El país puede irse más abajo todavía y el futuro inmediato puede ser la mediocridad y la descomposición por varias generaciones”, expresó en una entrevista realizada por este medio digital en abril de este año.
No es sólo el Gobierno. En 2016, los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.
Según el instituto, a nivel nacional 1.6 millones de pesos es el costo de la corrupción causada entre las autoridades y las unidades económicas que realizan trámites o solicitudes durante el año pasado.
Benjamín Cokelet, director ejecutivo de la Organización Poder, llama “techo de cristal” al tope de México. Lo es, según sus palabras, porque después de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo hay arriba una instancia conformada por los hombres de negocios. Son 48 los dueños del dinero y controlan el 37 por ciento del Producto Interno Bruto, según el observador.
“Ellos han estado siempre en las decisiones macroeconómicas y las reformas legislativas por venir. Cuando tienes a 48 fortunas billonarias con acceso al Poder Ejecutivo y con caso omiso a los intereses del resto de la población, se obtiene un sistema propicio para la corrupción”, dice.
En junio de 2016, con el impulso del Sistema Nacional Anticorrupción, algunas asociaciones civiles como el IMCO y Fundar impulsaron en el Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para obligar a los empresarios que hacen negocios con el Gobierno a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Pero el Presidente Enrique Peña Nieto lo vetó y así, los hombres de negocios pueden seguir tal cuales, sin que se sepa cuál es su fortuna.
Para Benjamín Cokelet, se escapó una gran oportunidad. Piensa que la declaración patrimonial de los empresarios debe ser la base del combate a la corrupción.
“Siempre que reciban licitaciones del Estado, subsidios y contratos deberían desglosar su patrimonio y posible conflicto de interés en un espacio público”, expresa.
Ernesto Gómez Magaña es forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#YoCo) de la organización Contraloría Ciudadana y elaboró la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.
Después de conocer las experiencias, Gómez Magaña exclama: “Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con el tema”.
Vista así, como un cáncer que ha enfermado a todos y cada uno de los órganos vitales del país, el combate a la corrupción se convirtió en un desafío para el próximo Gobierno. Marco Antonio Fernández, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) e investigador de México Evalúa vaticina: “Para que el país crezca correctamente, para atemperar los problemas de la pobreza, para que los resultados de las políticas públicas sean eficaces, para que puedan mejorar los servicios de salud, se tiene que extirpar el cáncer de la corrupción. No va a ser una tarea que se acabe en un sexenio pero no puede dilatarse más”.
Chihuahua y Veracruz no han reformado su Constitución en materia de Anticorrupción, mientras que Tlaxcala, Ciudad de México y Baja California no han emitido las leyes de los sistemas locales, lo que debieron hacer desde el 18 de julio.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– El Comité de Participación Ciudadana presentó dos amparos en contra de varios estados por incumplir con la armonización de sus leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
En conferencia de prensa, los cinco integrantes del Comité indicaron que el primer amparo se presentó ayer ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro y el segundo ante el juez décimo sexto de Distrito en materia administrativa, también de esta capital, Ricardo Gallardo Vara.
Esperan que esta semana los jueces respectivos decidan si aceptan estos amparos.
Luis Manuel Pérez de Acha estimó que la primera sentencia se emitirá en seis u ocho meses, pero la sola interposición de los juicios ejercerá fuerte presión a los estados para que modifiquen sus leyes.
Alfonso Hernández, informó que en el caso de Veracruz y Chihuahua, ni siquiera cumplieron con la reforma a su Constitución local como estaban obligados.
Además, en Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México incumplieron con promulgar una ley local anticorrupción.
Por su parte, Jacqueline Peschard, presidenta del CPC, dijo que los amparos también buscan corregir el hecho de que casi ningún estado previó la entrega de recursos para el funcionamiento de los Sistema Locales, lo que de persistir hará muy difícil su funcionamiento.
La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción realizó este día la entrega de nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA. Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal conformarán el cuerpo de ciudadanos que, entre otras atribuciones, vinculará dicho órgano con organizaciones de la sociedad civil y académicos y formulará los formatos de declaraciones (patrimonial, de intereses y fiscal) y políticas anticorrupción.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- “La corrupción es una gangrena que se cuela por todo nuestro tejido social que socava el Estado de Derecho”, expresó Jacqueline Peschard Mariscal, quien a partir de hoy funge como la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la instancia base del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el ambicioso edificio legal que se proponen construir organizaciones no gubernamentales.
La Comisión de Selección del Sistema realizó este día la entrega de nombramiento de los cinco integrantes del CPC.
Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal conformarán el cuerpo de ciudadanos que, entre otras atribuciones, vinculará al Sistema Nacional Anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil y académicos; integrará el órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico (propondrá a su titular); y formulará los formatos de declaraciones (patrimonial, de intereses y fiscal) y políticas anticorrupción.
Tras recibir su constancia oficial de nombramiento en las instalaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los cinco integrantes del CPC refrendaron su compromiso con la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia, la fiscalización y el control de recursos públicos.
Asimismo, señalaron que su labor principal consistirá en asegurar que las instituciones encargadas del combate a la corrupción, a nivel federal, cumplan con sus obligaciones.
“No somos órganos acusadores, no tenemos facultades para iniciar indagatorias y denunciar. Esas son atribuciones de las dependencias federales por estructura legal”, refirió Luis Manuel Pérez.
De acuerdo con la presidenta del CPC, su propósito será establecer canales ágiles de participación ciudadana y de organizaciones civiles.
La primera tarea del Comité será reestructurar la parte técnica del SNA, estructurar el Secretariado Ejecutivo del sistema, construir políticas anticorrupción y la Plataforma Nacional Digital (PND), además de herramientas para la medición de la corrupción.
La doctora Jacqueline Peschard Mariscal. Foto: Efrén Flores, SinEmbargo.
“Vamos a trabajar para que las instituciones hagan su trabajo de acuerdo con sus propias capacidades y facultades, para ser el contacto, la voz y los ojos de los ciudadanos”, detalló Peschard.
La Comisión de Selección del SNA estuvo integrada por José Luis Caballero, Cynthia Cantero, Antonio Gómez, Edna Jaime, Sergio López Ayllón, María Elena Morera, Juan E. Pardinas, Viridiana Ríos y Pedro Salazar.
Edna Jaime, integrante del Comité de Selección, aseveró que de “los problemas internos la corrupción es el problema más indignante y más preocupante”. Mencionó que los integrantes del CPC “serán uno de los arietes para derribar la corrupción”, y que, por lo tanto, la sociedad espera mucho de ellos, por lo que espera que sus decisiones estén basadas en la Ley y en los principios.
A UN AÑO DE PROMULGADA LA LEY DEL SNA…
El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales que crearon el SNA. Éstas establecen que se habrá de agrupar en un Comité, para que actúen de manera coordinada bajo una Política Nacional Anticorrupción, a las diferentes instancias encargadas de prevenir, perseguir y castigar a servidores públicos y particulares que incurran en dicho delito. De ese modo, el SNA estará conformado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización e incluirá la integración de los sistemas anticorrupción de los 32 estados de la República Mexicana.
En septiembre de 2016 se lanzó la convocatoria para que instituciones académicas, organismos públicos y privados, además de organizaciones sociales, sindicales y empresariales, postularan candidatos para conformar el Comité de Participación Ciudadana. Los aspirantes debían contar con diversos requisitos, entre ellos, ser mexicanos, tener experiencia en materia de transparencia, un título universitario y ser un miembro destacado de la sociedad.
El pasado lunes 30 de enero, la Comisión dio a conocer a los integrantes del primer CPC. El proceso de selección se realizó a través de una sesión pública que incluyó la evaluación exhaustiva de expedientes de los candidatos, entrevistas públicas, foros de consulta ciudadana y un largo proceso deliberativo. Se tomó en cuenta la experiencia profesional y la perspectiva disciplinaria de los aspirantes.
La doctora Jacqueline Peschard Mariscal será, por un año, la primera presidenta del CPC y también estará al frente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Los demás integrantes conformarán el Comité en periodos de dos a cinco años: Mariclaire Acosta, dos años; Octavio López, tres años; Luis Manuel Pérez, cuatro años; y Alfonso Hernández, cinco años.
El Comité Coordinador estará conformado por siete actores: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y del Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, además de un representante del Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
Este Comité estará encargado, principalmente, del diseño, promoción y evaluación de la política nacional anticorrupción; y de nombrar al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA (que estará a cargo de la Plataforma Digital Nacional).
Mientras, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. En él, participarán siete miembros rotatorios de las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías encargadas del control interno de las entidades federativas, quienes tendrán el puesto durante dos años.
El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al SNA: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas o “Ley 3de3”; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; las Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; las Reformas al Código Penal Federal; y la Ley de la Fiscalía General de la República.
Estas leyes establecerán los casos y las circunstancias en las que los servidores públicos serán sancionados por delitos de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus funciones o por la adquisición de bienes no justificables. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos al respecto, es el hecho de que el Presidente de la República no pueda ser acusado por actos de corrupción o conflictos de interés durante su mandato.
De acuerdo con el Artículo 108 de la Constitución Mexicana: todos los funcionarios públicos “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. Sin embargo, continúa: “[el] Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
A un año, 8 meses y 13 días de que los legisladores mexicanos dieran pie al SNA, el primer compromiso de los 266 firmados por Enrique Peña Nieto en 2012, crear la Comisión Nacional Anticorrupción, no ha sido cumplido. Incluso, debido a la complejidad del proyecto, ni los miembros de las organizaciones civiles que lo impulsan ni los observadores de la política mexicana esperan que el sistema esté listo antes de 2018, año en que concluirá la actual Administración.
De ese modo, el Presidente Peña Nieto muy probablemente no llegará a encabezar el sistema que propuso. Mientras, al país la corrupción le cuesta el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (cerca de dos billones de pesos al año), de acuerdo con lo expresado por Luis Almargo Lemes, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016.
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En la imagen, Mariclaire Acosta Urquidi. Foto: Universidad de Berkeley, California (EU).
Mariclaire Acosta Urquidi es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex de Inglaterra. Se desempeñó como Investigadora Afiliada de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y como Directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Actualmente funge como Directora de la Oficina en México de Freedom House, una organización dedicada a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo.
En la imagen, Alfonso Hernández Valdez. Foto: Captura de pantalla (Vimeo).
Alfonso Hernández Valdez es un destacado académico del ITESO de Guadalajara. Cuenta con dos maestrías, una en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago y otra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y con un Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Anteriormente se desempeñó como Especialista del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral (INE) y como Director de Estudios e Investigación en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) -hoy Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI)-.
En la imagen, José Octavio López Presa. Foto: Cuartoscuro.
José Octavio López Presa obtuvo la Licenciatura en Actuaría en la Universidad Anáhuac y un Master in Business Administration (MBA) en la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Fue Comisionado Fundador del IFAI, trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en Transparencia Internacional, entre otras instituciones. Hoy en día se desempeña como Consejero Fundador de Causa en Común, una organización ciudadana que promueve mecanismos para transparentar la rendición de cuentas del Gobierno de México.
En la imagen, Luis Manuel Pérez de Acha. Foto: CIDE.
Luis Manuel Pérez de Acha es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Ha participado de manera activa en la promoción de iniciativas ciudadanas para fomentar la rendición de cuentas y la apertura de información pública en México. Fue el abogado encargado de representar a organizaciones de la sociedad civil en litigios estratégicos como “Yo Contribuyente” y ha abierto la brecha jurídica para instrumentos de defensa de los ciudadanos como el “interés legítimo”. También cuenta con experiencia en litigio en recursos administrativos, juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y juicios de amparo en materia constitucional. Es socio fundador de PDeA Abogados.
En la imagen, Jacqueline Peschard Mariscal. Foto: Cuartoscuro.
Jacqueline Peschard Mariscal es Licenciada en Sociología y Maestra en Ciencias Políticas por la UNAM, además de contar con un Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Michoacán. Se desempeñó como Consejera Electoral en el Instituto Federal Electoral -ahora INE- y como Comisionada y Presidenta del IFAI -hoy INAI-. Hoy en día es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Mediante un comunicado, Comisión de Selección del CPC explicó que la selección de sus integrantes de se realizó bajo una estricta y transparente evaluación, en la cual se tomó en cuenta la trayectoria de los candidatos, entrevistas e incluso una consulta ciudadana.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Jacqueline Peschard Mariscal, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, encabezará el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Mediante un comunicado, Comisión de Selección del CPC explicó que la selección de sus integrantes de se realizó bajo una estricta y transparente evaluación, en la cual se tomó en cuenta la trayectoria de los candidatos, entrevistas e incluso una consulta ciudadana.
El resto de los integrantes del Comité son: Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez.
Será el próximo 9 de febrero cuando se lleve a cabo la ceremonia pública de nombramiento y entrega de constancias para los cinco integrantes, después de que éstos presenten sus respectivas declaraciones patrimonial, fiscal y de interés.
Jacqueline Peschard Mariscal Peschard es una reconocida académica, que “se desempeñó de manera destacada como consejera electoral en el Instituto Federal Electoral y como comisionada y comisionada y presidenta del IFAI”, se señaló en la misiva.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
