Una madre en Bolivia fue detenida por amarrarle paja a los brazos a su hija menor de seis años de edad y prenderle fuego, luego de que la niña robara unos dulces en una tienda; la mujer, de 37 años de edad, fue apresada por el delito de lesiones graves y se le prohibió acercarse a la víctima y a otra hija de cuatro años de edad.
La Paz, Bolivia, 1 de diciembre (EFE).- Una mujer ató paja a los antebrazos de su hija de 6 años de edad y le prendió fuego por haber robado unos dulces de la tienda del barrio en que viven en la ciudad boliviana de Cochabamba.
La mujer, investigada por el delito de lesiones graves, compareció este martes ante un Juez cautelar que dispuso darle medidas sustitutivas a la detención, además de prohibirle acercarse a la niña herida y a su otra hija de 4 años de edad, informó a los medios el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, Rubén Lobatón.
La madre, de 37 años de edad, tiene que presentar garantes personales y comparecer ante la Fiscalía cada semana, mientras que el padrastro de las niñas fue enviado con detención preventiva a la cárcel cochabambina de El Abra, por no haber impedido ni denunciado el castigo, agregó el jefe policial.
El suceso ocurrió el domingo en el barrio de Alto K’ara K’ara, en el sur de Cochabamba, cuando la madre recibió quejas por el robo de los dulces y ató paja a los antebrazos de las dos niñas para castigarles.
La más pequeña escapó al ver que su madre prendió fuego a su hermana, que quedó con 20 días de impedimento y está ingresada en el Hospital del Niño de Cochabamba.
La niña herida está estable y aunque la superficie afectada por el fuego no es considerable, “lo que más preocupa es la profundidad de las quemaduras y su localización”, explicó por su parte el jefe del área de Quemados de ese hospital, Juan Pablo Quiroga.
Según el médico, la curación demandará entre tres a cuatro cirugías, además de al menos uno o dos años de fisioterapia para recuperar la movilidad de las extremidades.
La Policía trabaja con la Defensoría de la Niñez para encontrar a algún familiar de las niñas que pueda hacerse cargo de ellas, en tanto que la madre debe recibir ayuda psicológica.
La gente de Cochabamba ha acudido al dióxido de cloro en medio de la desesperación de saberse en una de las ciudades más castigadas por el COVID-19. El principal problema que enfrenta esta región del centro es que sus hospitales públicos y servicios funerarios se han visto rebasados, por lo que en semanas recientes llegaron a observarse ataúdes y fallecidos en las calles.
COCHABAMBA, Bolivia, Jul 17 (AP).- En la ciudad boliviana de Cochabamba se repite una escena cada mañana: largas filas de personas que esperan comprar dióxido de cloro para ingerirlo con la esperanza de combatir el nuevo coronavirus.
El uso de este compuesto químico desató una controversia política en el país. Mientras que el Gobierno interino de Jeanine Áñez lo desaconseja al igual que organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), simpatizantes del expresidente Evo Morales que actualmente controlan el poder legislativo lo promueven.
Según la OPS, el dióxido de cloro es un gas de color amarillo-rojizo utilizado como blanqueador que al mezclarse en agua genera iones clorito. Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo que tiene capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos. Sin embargo, el organismo no recomienda utilizar ningún producto a base de este compuesto bajo ninguna circunstancia —trátese de pacientes contagiados o no— porque no hay evidencia sobre su eficacia y su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos.
Por su parte, la FDA lo cataloga como un desinfectante que puede dañar la salud y advirtió por primera vez sobre su consumo en 2010.
Bolivianos están formados para comprar dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba, Bolivia. Foto: Dico Solis/AP
La gente de Cochabamba ha acudido a este producto en medio de la desesperación de saberse en una de las ciudades más castigadas por el COVID-19. El principal problema que enfrenta esta región del centro es que sus hospitales públicos y servicios funerarios se han visto rebasados, por lo que en semanas recientes llegaron a observarse ataúdes y fallecidos en las calles.
Andrés Poma, un profesor de 34 años, dijo a The Associated Press que él toma dióxido de cloro para prevenir el contagio de COVID-19 porque, según le dijo un familiar, al ingerirlo se recuperó. “Tengo miedo, hay que intentar”, dijo. “¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que me muera en la puerta del hospital o en la puerta de mi casa?”.
El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de un acumulado de 52 mil 218 casos y mil 942 decesos. Cochabamba reporta un total de 5 mil 926 casos y 437 muertos, teniendo la tasa más alta de letalidad a nivel nacional.
Una mujer compra dióxido de cloro en una farmacia en Cochabamba, Bolivia, el viernes 17 de julio de 2020. Foto: Dico Solis/AP
Al poco tiempo de que el dióxido de cloro empezara a consumirse en Bolivia, el Ministerio de Salud informó que se registraron varios casos de intoxicación y precisó que al menos cinco se dieron en La Paz. “El Ministerio de Salud, no puede arriesgarse a recomendar algo que no tenga una base científica”, dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.
El doctor Antonio Viruez, del Hospital del Norte ubicado en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz y donde están hospitalizados los pacientes intoxicados, se refirió al caso más grave en un informe difundido a medios.
“Se automedicó con dióxido de cloro y no sólo por eso, también tomó ivermectina (un antiparasitario que ha demostrado eficacia en el combate a algunos virus). Él tenía solo resfrío y pensó que tenía COVID-19. Al automedicarse el riesgo es alto y entendemos que los hospitales están llenos y la desesperación está haciendo que lo consuman, pero es peligroso”, dijo el médico. “Este paciente ahora tiene una neumonitis, sus pulmones no están funcionando bien, el dióxido de cloro es sólo un desinfectante y es peligroso”.
Personas mayores que dieron positivo para COVID-19 se sientan en el hogar de ancianos de San José en Cochabamba. Dico Solis/AP
Yendo en contra del gobierno de Áñez, la Asamblea legislativa Plurinacional dominada por el partido de Morales impulsa un proyecto de ley que promueve su uso. La Cámara de Senadores lo aprobó la semana pasada y autoriza “de forma excepcional, la elaboración, comercialización, suministro y uso de la solución de dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del coronavirus”. El diputado Remberto Calani dijo que presentó el proyecto para evitar la comercialización de un mercado negro.
La Gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, del partido de Morales, informó que ha acordado impulsar una ley departamental para que se pueda autorizar la medicación del dióxido de cloro y otros productos alternativos, como la medicina tradicional. El Alcalde de la ciudad, José María Leyes, planteó la distribución gratuita del compuesto químico para los pacientes de COVID-19.
Federico Anza, un naturista con estudios en bioquímica que tiene una tienda en la que prepara y vende el dióxido de cloro en Cochabamba, dijo a la AP que si bien él y su equipo de trabajo no ha hecho una investigación propia, se cree que el producto “oxida al virus, o sea, lo chamusca”. Su local lo vende en presentación líquida y se ingiere en gotas.
Un trabajador de la salud toma una muestra de una persona de la tercera edad para evaluar si tiene el nuevo coronavirus en el asilo de ancianos de San José en Cochabamba. Foto: Dico Solis/AP
“Yo, mi esposa lo consumimos y no nos ha pasado nada”, dijo. Según él hay al menos 40 mil personas que lo compraron sin reportar alguna intoxicación, pero el servicio de salud departamental confirmó diez intoxicados en una semana.
Fernando Rengel, presidente de la sociedad científica de la ciudad, explicó que el miedo y la desesperación están llevando a la gente a consumir el producto. “Esto viene de muchos años atrás, que es milagroso que sana el cáncer, VIH, la malaria entre otras, pero no hay un estudio científico que pruebe que cura alguna enfermedad”.
El Secretario general de la Alcaldía de Cochabamba, Mario Olguín, informó a los medios en el lugar, a las afueras de la ciudad, que nueve militares fueron retenidos por vecinos en la zona del botadero de K’ara K’ara.
Cochabamba (Bolivia), 23 noviembre (EFE).- Un grupo de vecinos retuvo este sábado a varios uniformados, al parecer nueve militares, y al Alcalde interino de la ciudad boliviana de Cochabamba, Iván Tellería, tras un operativo militar y policial para escoltar a carros basureros, en el que se reportan varios heridos.
El Secretario general de la Alcaldía de Cochabamba, Mario Olguín, informó a los medios en el lugar, a las afueras de la ciudad, que nueve militares fueron retenidos por vecinos en la zona del botadero de K’ara K’ara.
Olguín aseguró que hubo varios heridos, sin precisar el número, principalmente por cortes y golpes, durante el operativo militar y policial hacia las 04.00 hora local (08.00 GMT).
El representante municipal declaró que cuando un grupo de unos 60 camiones intentaba ingresar en el basurero, tras días bloqueado por vecinos, “fueron rodeados y agredidos”, con daños a personas y vehículos.
A continuación fueron “retenidos” los uniformados, de acuerdo con su relato, mientras que al alcalde de la ciudad también lo fue cuando, según la Alcaldía, acudió a dialogar con los vecinos, que reclaman una serie de mejoras en la zona.
El Secretario general anunció acciones legales por daños a vehículos de la Alcaldía, que en su perfil de Twitter difundió fotografías de carros basureros y blindados militares con golpes en carrocería y vidrios.
El Ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, denunció en Twitter “la forma violenta, criminal que tratan a nuestras Fuerzas Armadas y policías”.
El mensaje en la red social está acompañado de un video en que se ve a un grupo de gente corriendo tras un blindado del Ejército y a varios hombres que rodean a un militar.
La región de Cochabamba, cuya capital homónima es una de las principales ciudades de Bolivia, registra desde hace semanas hechos violentos en el conflicto que sufre el país desde las pasadas elecciones del 20 de octubre.
El más trágico ocurrió el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Sacaba, con nueve muertos por disparos en un operativo militar y policial que cerraba el paso hacia Cochabamba a una marcha de cocaleros afines a Evo Morales.
Los fallecidos son 32 y los heridos más de 800 en actos violentos desde el día siguiente de los comicios, según la Defensoría del Pueblo.
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir a México, donde está asilado.
La renuncia es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
Cada uno de los cadáveres presenta distintas trayectorias de los proyectiles. Cinco tienen trayectoria oblicua con orificios de salida en el tórax o abdomen, otros dos cuerpos presentan orificios de entrada en la parte posterior y el resto presenta orificios de entrada en la parte anterior del cuerpo.
De las nueve personas fallecidas en el puente Huayllani, ocho presentan un orificio de entrada y salida, por lo que no se han recuperado las balas. Sólo de un cuerpo se ha podido extraer una bala, que está siendo sometida a un análisis de balística, según ha indicado el director del IDIF, Andrés Flores.
Madrid, 19 de noviembre (EuropaPress/EFE).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ha informado este lunes que las autopsias de las nueve víctimas mortales de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y policías en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, apuntan a que fallecieron como consecuencia de las heridas de bala provocadas por “armas de fuego largas”.
El Instituto de Investigación Forense (IDIF) ha identificado previamente la característica de “armas largas” en relación al tipo de orificio que presentaban las víctimas, según ha informado el diario local Los Tiempos.
“Se han desarrollado de manera continua las autopsias médico legales (…) las dimensiones y características de los orificios de entrada de manera preliminar corresponden a armas de fuego largas, en todo caso están siendo sometidas a pericias técnicas por el IDIF”, ha explicado Lanchipa.
Cientos de bolivianos se manifiestan ante la salida de Evo Morales. Foto: EFE.
Tal y como ha alertado, cada uno de los cadáveres presenta distintas trayectorias de los proyectiles. Cinco tienen trayectoria oblicua con orificios de salida en el tórax o abdomen, otros dos cuerpos presentan orificios de entrada en la parte posterior y el resto presenta orificios de entrada en la parte anterior del cuerpo.
De las nueve personas fallecidas en el puente Huayllani, ocho presentan un orificio de entrada y salida, por lo que no se han recuperado las balas. Sólo de un cuerpo se ha podido extraer una bala, que está siendo sometida a un análisis de balística, según ha indicado el director del IDIF, Andrés Flores.
La violencia estalló el viernes en Cochabamba, donde se saldó con nueve muertos por arma de fuego, más de 115 heridos y 200 detenidos, tras duros enfrentamientos entre productores de coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y un contingente policial militar que resguardaba el paso en el puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, en Sacaba.
Después de los disturbios, el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, indicó que se había incautado a los manifestantes varias armas de fuego, bazucas artesanales y explosivos.
Militares bolivianos disipan las manifestaciones en Cochabamba. Foto: EFE.
AI BUSCA DEROGAR INMUNIDAD DE MILITARES
El decreto del nuevo Gobierno de Bolivia “que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas” debe ser derogado inmediatamente, y la Presidenta Jeanine Áñez debe detener las violaciones a los derechos humanos “o atenerse a rendir cuentas”, sostuvo este lunes Amnistía Internacional (AI).
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que “los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”.
AI señaló en un boletín que el decreto 4078 del 14 de noviembre, que no ha sido publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros “actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Militares transitan en su unidad entre cientos de manifestantes. Foto: EFE.
La organización expresó su preocupación por este decreto “que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad”.
“La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días”, advirtió Guevara Rosas.
Añadió que Jeanine Áñez, “quien se proclamara Presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”.
Refirió que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde los comicios del 20 de octubre al menos 23 personas han muerto y 715 resultado heridas, por lo que llamó a las autoridades a investigar “de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares”.
Una mujer se manifiesta en calles de Cochabamba. Foto: EFE.
Por su parte, el ex Presidente Evo Morales, asilado en México, denunció que las nuevas autoridades “en lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”.
Aseguró que el ex Presidente Carlos Mesa, “cómplice del golpe junto a (el líder cívico Luis Fernando) Camacho, intenta culparnos por las 24 muertes causadas por su ‘Presidenta’ autonombrada”.
“El coautor del golpe que atentó contra nuestra vida, miente y dice que dejé vacante la Presidencia. El asilo político no es incompatible con el ejercicio del cargo. Mesa, Camacho y Áñez tienen miedo de que vuelva para pacificar el país porque quieren escarmentar al pueblo”, acotó.
Morales está desde el 12 de noviembre en México en condición de asilado tras renunciar a la Presidencia de Bolivia el domingo 10 de noviembre, el mismo día que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer una auditoría en la que reveló “graves irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre.
El pasado 13 de noviembre la cifra de fallecidos en los conflictos en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre subió a diez. Ocho de ellos por “proyectil de arma de fuego”, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.
La Paz, 15 noviembre (EFE).- Al menos cinco personas murieron, al parecer manifestantes de grupos cocaleros, durante disturbios cerca de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde hubo graves choques con la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia, informó a Efe una fuente oficial.
El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo que “penosamente tenemos cinco (muertos) en Sacaba”.
“Pedimos a las FFAA y a la Policía Boliviana que paren la masacre. El uniforme de las instituciones de la Patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo”, escribió Morales en Twitter.
Pedimos a las FFAA y a la Policía Boliviana que paren la masacre. El uniforme de las instituciones de la Patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo.
El pasado 13 de noviembre la cifra de fallecidos en los conflictos en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre subió a diez. Ocho de ellos por “proyectil de arma de fuego”, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.
La información fue confirmada por el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, según un comunicado del Ministerio Público.
“El IDIF realizó la valoración forense de diez cuerpos a nivel nacional, cuatro son de Santa Cruz, tres de Cochabamba, dos de La Paz y uno de Potosí. Del total de casos, ocho perdieron la vida por proyectil de arma de fuego”, dijo Flores, según la nota.
Bolivia está sumida en una crisis desde los comicios generales, con protestas que inicialmente fueron en contra de Morales por las denuncias de fraude para lograr su reelección.
Una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano detectó serias irregularidades en el mismo, por lo que recomendó realizar nuevos comicios.
La situación en Bolivia se agravó desde que Morales anunció su renuncia a la Presidencia, con una ola de saqueos, incendios y otros disturbios en buena parte del país.
Las Fuerzas Armadas acordaron apoyar a la Policía para frenar el vandalismo desatado sobre todo en ciudades como La Paz y El Alto.
Morales, asilado ahora en México, ha denunciado que su salida fue producto de un “golpe de Estado” del que acusó a opositores, quienes han negado aquello y sostienen que la gente se levantó en contra del fraude para garantizar la reelección.
Quienes protestaban contra Morales se desmovilizaron después de que este martes la senadora opositora Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina de Bolivia, apoyada en un artículo de la Constitución boliviana que permite la sucesión en caso de ausencia del Presidente.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
