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En cinco pueblos del Ajusco, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, hay 60 asentamientos humanos irregulares. Ante la imposibilidad de adquirir un hogar digno, familias de pocos recursos arriban a zonas riesgosas o suelos de conservación ecológica para vivir, pero con carencias. En 15 años se han expandido sustancialmente en poco más de 164 hectáreas a pesar de ser ilegal. De acuerdo con la Delegada Claudia Sheinbaum Pardo, se debe a la venta de ejidos por los propios habitantes y por la falta de vigilancia. Para Tanya Jiménez, experta en desarrollo urbano, y para Clemencia Santos Cerquera, del Instituto de Geografía, también es debido a la ausencia de esquemas de vivienda de renta o modelos de autoconstrucción asistida en terreno propio, así como por el respaldo de partidos políticos que ven esas colonias como nidos de votos.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– La necesidad humana de tener un lugar dónde vivir llega a chocar con la falta de oportunidad para adquirir una vivienda digna. Eso orilla a muchas familias de pocos recursos a conformarse con habitar en zonas sin servicios públicos, riesgosas e ilegales por tratarse de suelo de conservación ecológica. La delegación Tlalpan es un ejemplo de este fenómeno con una tendencia a la alza.

Los asentamientos humanos irregulares en cinco pueblos del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, han aumentado sustancialmente en 164.19 hectáreas durante 15 años, al pasar de 182.22 hectáreas que existían en el 2000 a 346.42 registradas en el 2015, de acuerdo con un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina al que tuvo acceso SinEmbargo.

Los 60 asentamientos que existen hoy se ubican en los poblados La Magdalena Petlacalco, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo y Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan. Los tres últimos concentran el 96 por ciento de la superficie ocupada (331.20 hectáreas).

Para la Delegada Claudia Sheinbaum Pardo, esta expansión es resultado de que los ejidatarios locales venden sus predios “porque no hay apoyos al campo ni a las zonas forestales”, afirmó en entrevista. De acuerdo con sus cifras, en 2015 sólo se otorgó a las zonas rurales un millón de pesos y en este año se han dado 2 millones de pesos. La falta de vigilancia a los suelos de conservación, donde se instalan, también es un factor.

Ante ello, antes de comenzar su administración solicitó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México destinar mil millones de pesos para proteger esas áreas con ecosistemas, las cuales son fundamentales para el suministro de agua, la disminución de los niveles de contaminación, la producción agropecuaria y rural, y para conservar la biodiversidad.

Tanya Jiménez, Coordinadora de Política Pública en Desarrollo Urbano y Accesibilidad de CTSEmbarq, también atribuye el incremento de asentamientos irregulares al hecho de que en “la Ciudad de México no hay una alternativa de vivienda accesible para las familias de menores recursos”. Los que llegan a estas zonas, a pesar de enfrentar un riesgo de deslave o inundación y sobrevivir en hacinamientos, se juegan su patrimonio porque así estarán más cerca de sus fuentes de empleo o de sus núcleos familiares, dijo.

Clemencia Santos Cerquera, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que se da por un proceso de invasión y en algunos casos son grupos que están respaldados por algún partido político o, en otros casos, por la herencia entre familias, expuso en una conferencia de prensa.

El informe sobre el caso de los cinco pueblos en el Ajusco determinó que adicionalmente al incremento “sustancial” y al crecimiento “constante”, otro fenómeno que se observa “es la consolidación acelerada de los asentamientos, lo que dificulta llevar a cabo acciones de recuperación o reubicación”.

Para el año 2000, la superficie que ocupaban los asentamientos humanos irregulares en el espacio referido era de 182.22 hectáreas; en 2006 pasó a 265.33; en 2012 a 335.35, y en 2015 a 346.42. De 2000 a 2015, el espacio invadido tuvo un ritmo de crecimiento anual del 4.4 por ciento. Pero el mayor crecimiento de las invasiones fue durante el Gobierno de Andrés López Obrador.

En números, la expansión ha permanecido relativamente igual. De 55 asentamientos irregulares que había en el 2000, la cifra subió a 60 registrados hasta el año pasado. Es decir, significó un alza de cinco asentamientos irregulares en tres lustros.

“VIVEN CON MUCHAS CARENCIAS”

Un estudiante de 27 años, originario de San Miguel Topilejo, contó a este medio digital que la relación entre los habitantes de ese pueblo es muy cercana, pero a lo largo de su vida ha observado cómo familias ajenas llegan a la zona más alta del poblado para vivir, por lo que se crean asentamientos irregulares. Algunos vecinos de Topilejo son quienes les venden el predio.

Al no estar planeadas estas colonias y ser ilegales por ubicarse en una zona de conservación ecológica, los lugartenientes no pueden tener acceso a servicios como alumbrado o agua potable y enfrentan “muchas carencias”. Niños, jóvenes, adultos o ancianos habitan casas en obra negra y se trasladan en calles sin pavimento donde hay puestos ambulantes y taxis piratas.

La delegación, afirmó Claudia Sheinbaum, ha ido directamente a los asentamientos para llevar a sus habitantes jornadas de salud y se han arreglado algunas luminarias en las áreas donde ya existen. El problema, dijo, es que la Ley prohibe llevar servicios a suelos de conservación.

Esta situación ha sido aprovechada por partidos políticos al convertir los asentamientos en nidos de votos. Los lugartenientes tienen una “vida muy precaria”, en palabras del habitante del pueblo San Miguel Topilejo, y se encuentran a la expectativa de lo que los partidos políticos lleguen a darles.

El joven universitario ha visto que miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –que siempre había gobernado esa demarcación–, e incluso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), les han ofrecido servicios de alumbrado, agua o de pavimentación e incluso les han prometido regular su instancia a cambio de votos. En dos palabras: prácticas clientelares.

–Delegada, ¿ustedes como Morena van a continuar las acciones clientelares que hacía el PRD? –se le preguntó vía telefónica.

–No, bajo ningún motivo. Como delegación lo que estamos haciendo es, en la medida de lo posible y bajo lo que la Ley nos permite, dar servicios a las personas que viven en el suelo de conservación. La mayoría son las más pobres de la delegación, con excepción del ex Delegado Higinio Chávez que durante su periodo construyó una casa en el suelo de conservación junto con sus funcionarios [con un valor] de cerca de 16 millones de pesos. No sólo el PRD usó prácticas clientelares, sino que generó formas para poder quedarse con una parte de estos terrenos.

También, consideró el estudiante de 27 años, estos asentamientos propician inseguridad en el poblado. Aunque no generaliza, ve vandalismo y problemas de drogadicción.

LO QUE DICE LA LEY 

En la Ciudad de México hay nueve delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco) con suelo de conservación donde hay ecosistemas.

Sin embargo, el crecimiento de los asentamientos humanos para uso habitacional está modificando el uso de ese suelo. De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, los asentamientos humanos en los suelos de conservación están prohibidos.

“Todo aquel asentamiento humano que no cuente con el uso de suelo habitacional, será considerado un asentamiento humano irregular”, dice el Programa.

También existe la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) desde 1976 y fue actualizada en 1993, pero actualmente ha quedado “rebasada” por la realidad de las ciudades mexicanas, de acuerdo con Luis Zamorano Ruiz, actual director general de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Esta dependencia también participó en el estudio sobre asentamientos irregulares en pueblos del Ajusco.

En la década de los 70 el mayor reto nacional era proveer de suelo urbano y vivienda al ritmo que se requería, y regular los asentamientos precarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, dijo el urbanista en un seminario de CTSEmbarq celebrado el año pasado. A mediados de 1993, la Ley General de Asentamientos Humanos fue reformada para facilitar la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano.

Posteriormente surgió la iniciativa para la Ley General de las Ciudades y el Territorio que busca mejorar la de hace 30 años. Zamorano Ruiz expuso la necesidad de que las zonas de nueva urbanización no sean un incentivo para la expansión dispersa y distante. Por el contrario, deben establecerse medidas para orientar el crecimiento hacia su periferia inmediata y su conexión con el tejido urbano existente.

De acuerdo con Tanya Jiménez, de CTSEmbarq, hay tres tipos de soluciones para frenar la dispersión de asentamientos irregulares: la vivienda construida a partir de instrumentos de gestión de suelo, las viviendas en renta o un modelo de autoconstrucción asistida en terreno propio.

POR CUADRANTES

Los 60 asentamientos irregulares localizados en cinco pueblos del Ajusco, en la delegación Tlalpan, fueron divididos en el estudio en seis cuadrantes. En el cuadrante 3 se encuentra el mayor número de asentamientos (23) y en el cuadrante 6 se reportó la mayor expansión en 15 años al pasar de una superficie de 41.262 hectáreas en el 2000 a 95.285 hectáreas en 2015.