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SCT: Aleatica (antes OHL) explota Viaducto Bicentenario sin tener concesión; sería delito grave

viernes, noviembre 8th, 2019

De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de Aleatica, construir una vía en un tramo de vía federal, “es un delito que se sanciona con hasta 12 años de prisión y procede la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la Nación, sin derecho a indemnización”.

Ciudad de México, 8 de noviembre, (SinEmbargo).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) investiga la construcción del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, ya que, aparentemente, se habría edificado sobre un tramo de vía federal y no estatal, detalló el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú.

“En el tema del Viaducto Bicentenario estamos analizando porque es una concesión que no es de la SCT y vamos a ver cómo se dio esa concesión, en qué se basaron para otorgarla, y este es uno de los temas que está dentro de este complejo de relaciones que está entre la SCT, el Estado de México y OHL. Hay una presunta irregularidad porque el Viaducto está sobre una vía federal”, dijo el Secretario en conferencia de prensa.

Jiménez Espriú agregó que el viaducto está sobre el derecho a una vía federal, por lo que “estamos viendo en qué se basó el Estado de México para dar esa concesión”.

De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litio en contra de Aleatica, construir una vía en un tramo de vía federal, “es un delito que se sanciona con hasta 12 años de prisión y procede la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la Nación, sin derecho a indemnización”.

La concesión del Viaducto Bicentenario, una vialidad que une varios municipios de la zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México, fue otorgada en mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.

El proyecto está estructurado en tres fases: la primera (ya construida) consiste en un viaducto con carácter reversible de 22 kilómetros, entre el ex-Toreo y Tepalcapa; en la segunda fase (en construcción) se ejecutará un segundo viaducto en paralelo una vez alcanzado el máximo aforo vehicular, y en la tercera (en construcción) se prolongarán 10 km ambos viaductos.

Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.

A la fecha, el Viaducto Bicentenario cobra peajes que van de los 5.33 a los 80.77 pesos, de acuerdo con los tramos transitados.

Tanto el Viaducto Bicentenario como el Circuito Exterior Mexiquense, son dos de las obras que mayores ganancias dejan a la empresa OHL, hoy Alética, en México.

A la fecha, el Viaducto Bicentenario cobra peajes que van de los 5.33 a los 80.77 pesos, de acuerdo con los tramos transitados. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

En septiembre pasado, el abogado Díaz Gargari presentó un escrito en el que pidió aJiménez Espriú que recupere el Viaducto Bicentenario (obra construida por OHL) en beneficio de la Nación y que le garantizara el libre tránsito por esa autopista, sin cuota alguna, reclamó que en México no avancen las acusaciones en contra de la empresa española.

El titular de la SCT reveló que han identificado “cientos de irregularidades” en construcciones realizadas durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Añadió que, a la fecha, han presentado 500 denuncias ante instancias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como en los organismos internos de la SCT.

Las denuncias, precisó, giran en torno a pos indebidos de obras, sobre costos, mala planeación, entre otros.

LAS CUOTAS

Una investigación realizada por SinEmbargo arroja que los mexicanos que alcanzaron la mayoría de edad en 2018, tendrán 63 años cuando concluya la última de las concesiones que la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) obtuvo entre 2003 y 2014 de manos del Gobierno federal. En 45 años, la empresa denunciada por despojo de tierras ejidales, además de abuso y colusión en el cobro de tarifas de peaje, seguirá cobrando en casetas de autopistas y vialidades.

Casi anualmente, la constructora ha aumentado el peaje de la vía. Este hecho han permitido que los ingresos de OHL por este concepto aumenten de manera dramática. Entre 2013 y 2017, refieren datos financieros de la empresa, percibió casi tres veces más dinero por el cobro en casetas de pago –las utilidades antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización (UAFIDA) de OHL pasaron de 1 mil 482 a 4 mil 246 millones de pesos anuales–. Sin embargo, parte de esta variación tiene que ver con la incorporación de los cobros del Libramiento Elevado de Puebla, cuya concesión empezó a generarle ingresos a partir de 2016.

De acuerdo con los informes de OHL ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), “la principal fuente de ingresos en efectivo de la compañía está representada por las cuotas de peaje que cobra en sus autopistas”, máxime las del CEM que, en promedio entre 2013 y 2017, representaron el 59 por ciento de los ingresos por peaje, por un monto acumulado de 14 mil 487 millones 038 mil pesos.

El Viaducto. Foto: Saúl López, Cuartoscruro.

El resto de las concesiones de peaje de OHL –las autopistas Amozoc-Perote y Urbana Norte, así como el Viaducto Bicentenario, la Supervía Poetas y el Libramiento Elevado de Puebla– le generó ingresos por 10 mil 251 millones 179 mil pesos para el periodo. Sólo en el primer semestre de 2018, las seis concesiones de la constructora española reportaron “ingresos por cuotas de peaje” por 2 mil 453 millones 385 mil pesos.

El portafolio de activos de OHL incluye, además, un proyecto en etapa de construcción (la Autopista Atizapán‐Atlacomulco) y la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca que, entre 2013 y 2017, generó ingresos por 1 mil 074 millones 729 mil pesos.

“Desde su constitución, la compañía se ha dedicado casi exclusivamente al desarrollo y la construcción y operación de autopistas al amparo de los programas de concesiones establecidos por el Gobierno Federal, el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla”, refiere uno de los informes financieros de OHL México. La empresa, que se dedica a financiar proyectos con inversiones de capital y préstamos, “no recibe ingresos por peaje de un proyecto hasta que el mismo entre en operación, ya sea total o parcialmente”.

VILLAR MIR Y CONCESIONES EN EDOMEX

La historia de OHL –hoy Aleatica– en México comenzó en el año 2002 cuando con la constructora española incursionó bajo el nombre de OHL Concesiones. Su primera participación fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero su operación más redituable se dio al año siguiente con el Circuito Exterior Mexiquense, obra adjudicada en la administración del ex Gobernador Arturo Montiel Rojas.

La firma del empresario español Juan Villar Mir aparece en el documento del Título de Concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgado a OHL el 25 de febrero de 2003.

Para el año 2005, cuando Montiel aún era Gobernador del Estado de México, OHL se adjudicó la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca. La concesión le permite ampliar, mejorar, desarrollar y operar hasta 2055 el aeropuerto.

La operación del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) estuvo bajo la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) hasta el 2 de junio de 2006, cuando pasó a cargo de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

El día 29 de ese mismo año, OHL adquirió 480 millones de acciones de la AMAIT, con lo que se convirtió en el accionista principal de la empresa.

En el año 2008, ya con Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, la constructora obtuvo la adjudicación del Viaducto Elevado Bicentenario, con vigencia hasta 2038.

En el mismo año 2008, OHL también ganó la licitación para el Libramiento Norte de Puebla.

Dos años después, en 2010, se adjudicó la Supervía Poetas y la Autopista Urbana Norte. Para el 2014 obtiene la adjudicación AT-AT y el Libramiento Elevado de Puebla.

Tras años de bonanza en México, con nueve obras adjudicadas, OHL se colocó en el ojo público en el 2015 cuando una serie de audios la vincularon con diversos políticos mexicanos en probables prácticas de corrupción, como el pago de sobornos a cambio de aumentos en los peajes.

El Gobierno de AMLO investiga a Gerardo Ruiz Esparza y congela cuentas a Alética: Milenio

lunes, octubre 28th, 2019

La indagatoria contra el ex Secretario de Peña Nieto también iría dirigida contra el ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.

Ciudad de México, 28 de octubre, (SinEmbargo).- El Gobierno federal investiga al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, informó Milenio.

De acuerdo con la periodista Elisa Alanís, las administración de Andrés Manuel López Obrador habría confirmado el hecho, luego que por la mañana, el periodista Mario Maldonado, detallara que, “en cuestión de días”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), presentará un expediente ante la Fiscalía General de la República.

Maldonado señaló en su columna “Historia de NegoCEOs”, de El Universal, que “el golpe al ex funcionario se prepara de manera quirúrgica”, a fin de hacer que Ruiz Esparza sea procesado por operaciones irregulares y en beneficio de empresas constructoras; desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos.

El periodista señaló que para evitar errores como los cometidos en los casos de Emilio Lozoya Austin y Eduardo Medina Mora, el expediente contra Ruiz Esparza habría pasado por el visto de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para blindar el caso desde el punto de vista jurídico.

La indagatoria contra el ex Secretario de Peña Nieto también iría dirigida contra el ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.

Ramírez Reyes, añadió, estaría ligado a la entrega de contratos con empresas como Alética, antes OHL, y Aldesa.

A la par, Alanís señaló que la UIF, comandada por Santiago Nieto, estaría en proceso de congelar cuentas ligadas a Alética.

RUIZ ESPARZA Y LA SCT

Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.

Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.

Por un lado están 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes “en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingeniería.

Entre los 17 están un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT, además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).

Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013 y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

Gerardo Ruiz Esparza durante un recorrido por las obras del NAIM. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.

Entre 2014 y 2018, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.

Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.

Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT.

De acuerdo con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

LAS FAVORITAS DE RUIZ

Una investigación de SinEmbargo arrojó que dos de cada 10 pesos contratados por la SCT de Ruiz Esparza terminaron en los bolsillos de 10 empresas privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales CompraNet.

De esas 10 empresas, cuatro –Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio y Efectivale– están registradas como proveedores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto “permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno”, refiere la información del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la SHCP.

Aunque ninguna de las empresas aparece en el “directorio de proveedores y contratistas sancionados” de la Secretaría de la Función Pública, cinco de las 10 compañías –Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Efectivale y Mota-Engil México– han sido señaladas por incurrir en irregularidades y/o presuntos actos de corrupción, ya sea en México u en el extranjero.

Asimismo, una de las principales contratistas de la SCT del sexenio pasado está ligada al político y empresario mexicano Carlos Hank González. Se trata de La Peninsular Compañía Constructora, una filial del Grupo Hermes que ha participado en obras de infraestructura como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, la Presa Zapotillo (Jalisco), la Planta de Bombeo El Caracol (Edomex) y otras más.

-Con información de Efrén Flores y Dulce Olvera.

Juez federal admite demanda de Actinver contra adquisición del 56.8% de Aleatica (OHL) por IFM

jueves, enero 17th, 2019

El despacho de abogados señala que el pasado 11 de enero, el Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda interpuesta por Actinver. Sin embargo, Aleatica se negó a recibir la notificación de la demanda el pasado 15 de enero hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligó a la empresa h recibir el documento.

Ciudad de México, 17 de enero, (SinEmbargo).- El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México admitió una demanda interpuesta por el Banco Actinver contra Aleatica, subsidiarias del fondo IFM Investors y personas ligadas en una operación financiera, por la compra del 56.85 por ciento del capital de la empresa anteriormente conocida como OHL.

A través de un comunicado el despacho de abogados DGT Díez Gargari, S.C informó que el banco busca el pago por daños y perjuicios de la operación, así como la nulidad de la adquisición directa del 56.85 por ciento del capital social de Aleatica por parte de IFM.

Ya que, añadió el despacho, la operación se hizo sin haber brindado “toda la información relevante” exigida por la Ley de Mercado de Valores y la Circular Única de Emisoras.

El despacho de abogados señala que el pasado 11 de enero, el Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda interpuesta por Actinver. Sin embargo, Aleatica se negó a recibir la notificación de la demanda el pasado 15 de enero hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligó a la empresa h recibir el documento.

Por ello, pidió a la CNBV “requerir que Aleatica cumpla inmediatamente con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la difusión de eventos relevantes”.

En agosto de 2017, Magenta Infraestructura adquirió el 28 por ciento del capital social de Aleatica a un precio de 27 pesos por acción. Este mecanismo fue calificado por la firma de abogados “un ‘cascarón’ armado para la ocasión con el propósito de burlar la ley mexicana aplicable y las disposiciones estatuarias que protegen a los accionistas minoritarios en este tipo de operaciones”.

Un año más tarde, abundó el despacho, IFM adquirió indirectamente de OHL España el 56.85 por ciento de Aleatica a un precio superior a los 47 pesos por acción. Lo que, a juicio de los abogados, “viola el articulo 98 de la Ley del Mercado de Valores y el principio de que ‘todas las acciones valen lo mismo’, por virtud del cual se prohíbe que el accionista de control de una emisora obtenga un premio económico por la venta de sus acciones, del cual excluye a los minoritarios“.

Fue el 10 de julio cuando la asamblea de accionistas de OHL México acordó el cambio de denominación social de la empresa. El hecho fue informado a la Bolsa Mexicana de Valores para realizar el cambio de clave en la pizarra de acciones, así como modificar la cláusula primera de sus estatus sociales.