A finales del 2017 y principios del 2018, se encontraron cuerpos humanos putrefactos, pero no se descarta que haya más. Y desde que la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la administración de Víctor Carrancá Bourget dio a conocer esa información hace tres años no se ha hecho nada por investigar.
Puebla, 15 de septiembre (Periódico Central).– Existen al menos 60 pozos secos en el municipio de Huixcolotla, los cuales fueron usados como fosas clandestinas por huachicoleros y otras bandas delictivas que operaban en el Triángulo Rojo; según los vecinos de la población los grupos del crimen organizado allí arrojaban los cuerpos de personas ejecutadas durante ajustes de cuentas.
A finales del 2017 y principios del 2018, se encontraron cuerpos humanos putrefactos, pero no se descarta que haya más. Y desde que la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la administración de Víctor Carrancá Bourget dio a conocer esa información hace tres años no se ha hecho nada por investigar.
El pasado viernes 11 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acompañados por la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Mexicano y el colectivo La Voz de Desaparecidos localizaron restos humanos y prendas de vestir en un pozo abandonado en la localidad de Guadalupe Enríquez en Quecholac, hasta la fecha buscan más restos porque aseguran que podría tratarse de una fosa clandestina.
Pero, apenas a 20 kilómetros de la población de Guadalupe Enríquez, se encuentra el paraje denominado “Llano Grande” en el municipio de Huixcolotla en los límites con Los Reyes de Juárez.
En este lugar se han encontrado el mayor número de cuerpos putrefactos en fosas clandestinas en toda la zona del Triángulo Rojo. Pero el equipo de búsqueda de personas desaparecidas acompañadas de autoridades no tomaron en cuenta este lugar.
El paraje denominado “Llano Grande”, es una zona ejidal ubicada a unos 80 metros de distancia de la carretera estatal Huixcolotla-Acatzingo, muy cerca de la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a unos 200 metros de la autopista Puebla-Orizaba.
En ese lugar hace más de cuatro décadas campesinos perforaron aproximadamente 60 pozos de 12 hasta 20 metros de profundidad para extraer agua que sería utilizada en las siembras de sus terrenos de cultivo, pero actualmente los pozos están secos, los terrenos abandonados y llenos de basura.
ASÍ DESCUBRIERON QUE LOS POZOS SE CONVIRTIERON EN FOSAS CLANDESTINAS
El 22 de noviembre del 2017 se reportó la desaparición de un joven de nombre Javier Aquino Pérez, de 25 años de edad, originario de Acatzingo, de oficio mototaxista y supuestamente también dedicado al huachicoleo.
De noviembre del 2017 a febrero del 2018, fueron encontrados 6 cadáveres en total. Foto: Especial vía Periódico Central
Días después su familia organizó brigadas con autoridades y conocidos y el 29 de noviembre del 2017, se enteraron que había una zona de pozos en Huixcolotla y llegaron a “Llano Grande” para buscar el cuerpo de Javier.
Su sorpresa fue que descubrieron que un pozo desprendía un fuerte olor fétido por lo que llamaron a las autoridades. Cuando La FGE, Bomberos de Tecamachalco, Protección Civil y otras corporaciones, realizaron la inspección y extracción de lo que se creía un cuerpo, se percataron que otro pozo cercano también desprendía olores putrefactos. En ese entonces en total localizaron tres cadáveres.
De noviembre del 2017 a febrero del 2018, fueron encontrados 6 cadáveres en total, entre los que se presume había una mujer, en aquel entonces los rescatistas de diferentes corporaciones informaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que había más cadáveres en el interior pero en tramos de difícil acceso.
También informaron que los pozos estaban conectados unos a otros en la parte más profunda; incluso los rescatistas aseguraron que se necesitaba equipo especializado para extraerlos de zonas de más difícil acceso.
Pero la Fiscalía General del Estado dio la orden a las corporaciones de no mencionar nada sobre lo que habían visto y para evitar una costosa inversión en la extracción y rescate de los cuerpos, ya que se contabilizaron que había aproximadamente 60 pozos. Desde entonces ninguna autoridad ha realizado más investigaciones en el sitio.
En el exterior de Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, compañeros del defensor pidieron ayer el esclarecimiento del asesinato Luis Gutiérrez Castillo –mejor conocido como “Lucas” por su familia amigos y pobladores–, activista de 45 años de la región occidente de Chihuahua.
“Lucas”, quien promovía la paz en la entidad, protestaba contra los abusos de gobiernos y ayudaba a los más necesitados de la zona, se convirtió en el sexto activista asesinado en México sólo en el transcurso de este año.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Amigos e integrantes del grupo de Resistencia Civil demandaron justicia para su compañero Luis Gutiérrez Castillo, asesinado la madrugada del 17 de abril en ciudad Madera, Chihuahua.
En el exterior de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, capital de esa entidad, compañeros del maderense colocaron una manta para exigir el esclarecimiento del homicidio del integrante de la organización “Madera Unidos”, que hacía trabajo social en la región occidente de Chihuahua.
Luis Gutiérrez Castillo tenía 45 años de edad. Se dedicaba al comercio y también era activista: participaba en actos de protesta contra la violencia y la marginación en la entidad.
Conocido por su familia, amigos y pobladores como “Lucas”, era propietario de una blockera donde vendía material de construcción y rentaba maquinaria. En su negocio también tenía un dispensario donde se donaban y repartían medicamentos a los más necesitados.
“Salía de Madera, donde hay tanta inseguridad, para manifestarse y para ayudar”, cuenta Mónica Reyes, integrante del Grupo de Resistencia Civil de Chihuahua y amiga de Luis.
“Lucas” fue visto con vida por última vez el lunes 16 de abril. Cerca de las ocho de la noche le comentó a su esposa Liliana que iba a su reunión con los integrantes de la organización ciudadana “Madera Unido”; pero antes de acudir a la junta llevaría su vehículo, un Nissan Altima color gris, al taller mecánico.
Se alistó para ir a la reunión y salió.
Transcurrió el tiempo y “Lucas” no llegaba a casa. Liliana, su esposa, llamó a Mónica Reyes para preguntar por su Luis, narra la activista.
“Lily estaba preocupada porque él dijo que iba a dejar su carro en el taller, iba a regresar para después irse a la reunión del grupo, pero no regresó. No llegó ni a la reunión. Le marcaban al teléfono y sólo timbraba hasta que se quedó –yo creo– sin pila”, narra Mónica Reyes.
A temprana hora del martes 17 de abril encontraron a “Lucas” muerto al lado de la carretera Madera–Nahuerachi, a unos 800 metros de donde estaba su domicilio. Su cuerpo tenía impactos de arma de fuego, en el lugar había casquillos percutidos calibre 7.62 x 39, de las armas conocidas como AK–47.
Mónica Reyes fue notificada del hallazgo del cadáver a las 7:30 de la mañana del martes pasado. “Mi amigo era grande, alto y fuerte, y fue asesinado”, se lamenta con tristeza.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua informó el miércoles que ya había iniciado las investigaciones sobre el asesinato de “Lucas”.
La activista insistió, sin embargo, en reclamar justicia para su compañero.
“A ese Gobernador [Javier Corral Jurado] que exige justicia para el estado de parte de la Federación, nosotros le pedimos justicia para nuestro compañero caído”, expuso.
Protesta para pedir esclarecimiento del asesinato de Luis Gutiérrez Castillo. Foto: Juan Alanis, cortesía para SinEmbargo
En México, incluyendo a Luis, han asesinado al menos a seis defensores de los derechos humanos sólo en el transcurso del presente año.
–Guadalupe Campanur Tapia, defensora de bosques asesinada en Chilchota, Michoacán, el 17 de enero.
–Alejandro Antonio Díaz Cruz, 42 años, Ignacio Ventura Martínez, 17 años y Luis Ángel Martínez, 18 años, defensores integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), emboscados el 13 de febrero en la carretera Miahuatlán–Puerto Ángel, en Oaxaca.
–María Guadalupe Hernández, Kleo, asesinada en un predio de la comunidad Arroyo del Durazno, perteneciente al municipio de Coroneo, Guanajuato, el 20 de marzo.
–Y Luis Gutiérrez, integrante del Grupo de Resistencia Civil de Chihuahua, en Madera. Asesinado en un camino de Madera a 800 metros de su casa, entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril.
SER ACTIVISTA EN MADERA
“Lucas” residía y trabajaba en Ciudad Madera, un municipio ubicado en la zona serrana de la entidad, a tres horas y media de Chihuahua, la capital. Por décadas, ese ayuntamiento ha sufrido los embates de la inseguridad por la presencia de grupos del crimen organizado y el trasiego de droga. En ese lugar, la violencia habitual a la que se le ha sometido ya por años, se ha recrudecido en los últimos meses.
Luis era parte del movimiento “Madera Unido”, que integra además el Grupo de Resistencia Civil a nivel estatal. Inició por completo en sus actividades de protesta desde enero del año pasado tras los actos ciudadanos contra el “gasolinazo” con que comenzó 2017.
Él fue parte de los grupos que tomaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas al sur de la ciudad de Chihuahua, en protesta por el aumento al precio de los combustibles.
Cuando los manifestantes fueron desalojados, partió a Madera y ahí tomó la oficina de recaudación de rentas por varios días, recuerda Mónica Reyes.
Además de su participación en esas y otras protestas, Luis Gutiérrez era conocido por recolectar medicamentos, juguetes, dulces, cobijas y despensas, que entregaba en comunidades alejadas de la sierra en Chihuahua.
Luis Gutiérrez Castillo tenía un dispensario en Ciudad Madera, Chihuahua. Foto: Facebook
El pasado domingo realizó un evento de recaudación de medicinas en Largo Maderal, Chihuahua.
“Recolectaba medicamentos para llevarlos a los centros comunitario y en dispensarios, porque aquí en Chihuahua no hay ni aspirinas en los centros médicos rurales”, destaca la compañera de “Lucas”.
La activista recuerda que no sólo participaba en colectas para su municipio sino que también ayudaba a otros ayuntamientos.
En junio de 2017, cuando se desbordó un río en el municipio de Saucillo, Chihuahua, ubicado a unas cuatro horas y media de Madera, “Lucas” participó en el acopio de despensas y víveres que llevaron casa por casa, agrega Mónica Reyes.
“Lucas” tenía planeado acudir a la ciudad de Chihuahua el martes 17 de abril para una reunión de activistas estatales, ya que actualmente participaba en la protesta contra la imposición del pago de casetas de peaje a habitantes de ejidos cercanos a estos sitios.
“Cerca de la caseta de Sacramento, [ubicada en el kilómetro 31 de Chihuahua a Juárez], tumbamos un muro que irrumpía el paso de los ejidatarios, que empezaron a usarlo porque se estaba obligando a pagar la caseta. Antes había un convenio, que se hizo en 1982, donde la gente que vivía alrededor de la caseta se le entregaban boletos o una tarjeta llave para pasar. En esta administración se empezaron a cancelar las tarjetas y las personas tienen que pagar 62 pesos para ir a sus trabajos o escuelas”, explica la mujer.
A raíz de los enfrentamientos en Madera, el 14 de julio de 2017 trató de ingresar a las mesas de trabajo “Paz y Reencuentro”, un evento convocado por gobierno estatal en ciudad Madera; sin embargo, le bloquearon la entrada, según documentaron medios locales.
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Madera es un municipio que por años ha padecido de los embates de violencia debido a la pugna de grupos delicuenciales contrarios [el Cártel de Juárez contra el Cártel de Sinaloa se disputan el control de la zona]. Sin embargo, la situación ha empeorado en los últimos meses, pues actualmente ese territorio está “acorralado” por integrantes del crimen organizado: unos están por el lado de El Largo Maderal, otros por el de Dolores, denunció un poblador de aquel municipio, quien pidió el anonimato ante el temor de represalias de criminales.
“Los maderenses son rehenes en sus propias casas”, dice.
El ciudadano explicó a este diario digital que durante las últimas semanas los grupos criminales que operan en la zona no permiten que los pobladores salgan del municipio o que vayan hacía el lado de la mina, porque creen que van a llevar comida o van a trabajar para grupos contrarios.
La mina se encuentra hacía la salida a Sonora, entre Madera y Yepachi, a tres o cuatro horas del municipio, eso según como se encuentre el cauce del río o el camino, explica el maderense.
“Hace unos días pasaron una lista con nombres de familias que han estado ‘pasando gente’, como ellos le dicen. Esa lista es una amenaza . Tienen amenazado hasta al Presidente Municipal”, afirmó el poblador del lugar.
Enfrentamientos, incursiones y ejecuciones pusieron a Madera en la lupa nacional durante el año anterior.
El de mayor impacto fue el enfrentamiento que ocurrió en Las Varas, Madera, el 5 de julio de 2017, donde 15 personas murieron. Las autoridades reconocieron, días después, que a raíz de esas ejecuciones se tuvieron varias réplicas de enfrentamientos
El 24 de junio, en la misma comunidad, dos policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) murieron y dos más resultaron heridos cuando un comando atacó a balazos e incendió la comandancia tras la detención de un hombre armado. Semanas antes, ocho cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en un predio ubicado detrás del panteón de la localidad.
El 8 de mayo, siete presuntos sicarios murieron en un enfrentamiento contra militares ocurrido el sábado en el camino que conduce de Ciudad Madera a Dolores y a mediados de febrero cuatro muertos, dos policías y dos civiles, dejó como saldo una emboscada contra agentes de Seguridad Pública de Madera y ejidatarios de La Mesa del Huracán.
Las autoridades han atribuido a los acontecimientos violentos en la sierra de Chihuahua a la entrada en el estado del grupo Gente Nueva [parte del Cártel de Sinaloa] y su disputa con La Línea [o Nuevo Cártel de Ciudad Juárez].
JUSTICIA PARA “LUCAS” Y SU FAMILIA
El Grupo de Resistencia Civil demanda que se esclarezca el homicidio de Luis Gutiérrez y que se garanticen condiciones de seguridad para los activistas del estado.
“A ese Gobernador que exige justicia para el estado de parte de la Federación, nosotros le pedimos justicia para nuestro compañero caído”, expuso la activista, quien agregó que espera que ahora sí sean recibidos por el mandatario estatal, Javier Corral Jurado, pues aseguró que por 14 meses han solicitado una audiencia que no ha sido concedida.
“Nos duele el asesinato de nuestro compañero, pero también nos duele que varias familias están destrozadas por la violencia. Queremos que se haga justicia en Chihuahua para nuestro compañero y para todas las familias que han perdido a un ser querido”, destacó.
Amigos y compañeros repudiaron el homicidio de Lucas. Foto: Especieal
En México se han registrado al menos 4 mil 206 homicidios dolorosos tan solo en los dos primeros meses de este 2018, de acuerdo a las cifras oficiales. De ese cifra, al menos 2 mil 892 se perpetraron con arma de fuego, es decir, 68. 75 por ciento de los asesinatos registrados en enero y febrero de 2018.
En Chihuahua se cometieron alrededor 234 asesinatos, 124 en enero y 110 en febrero, de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las últimas publicaciones de Luis en su muro de Facebook. Fotos: Especial
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