Para una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, que reconoce a los defensores ambientales, México debe capacitar a sus funcionarios públicos y jueces en la materia, así como garantizar el presupuesto necesario para aplicar esta norma jurídica con jerarquía de máximo nivel, expuso Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ACNUDH.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– México, al ser miembro del Acuerdo de Escazú, debe crear un entorno seguro para los defensores y las defensoras ambientales antes de que sean víctimas de amenazas o asesinato por denunciar la corrupción y actividades legales e ilegales de poderosos intereses económicos. Para ello, como Estado tiene la obligación de formar y sensibilizar a los funcionarios públicos y jueces sobre los derechos humanos vinculados con el ambiente, recomendó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Defender el ambiente es un ejercicio peligroso en nuestra región, porque denuncian la corrupción, actividades ilegales y afectan poderosos intereses económicos legales e ilegales. No es una nueva obligación [su protección], pero es el primer tratado que reconoce expresamente a los defensores ambientales. Parte de esta política tiene que ver con el reconocimiento e ir en contra de la línea de la estigmatización”, dijo en entrevista con SinEmbargo Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ACNUDH.

“Para la implementación efectiva, parte de ello es difusión y sensibilización. ¿Cuántos funcionarios públicos tienen una idea sobre derechos ambientales? ¿Cuántos jueces y fiscales han tenido una formación en derecho ambiental o sobre de qué manera los daños ambientales pueden afectar los derechos humanos?”, cuestionó y agregó la importancia del presupuesto para garantizar su aplicación.

El primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado por 24 países de la región, incluyendo México, entrará en vigor este jueves coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra.

Este acuerdo, sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales.

En 2020, 18 defensores ambientales fueron asesinados en el país, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“Estamos hablando de una norma jurídica y no sólo eso, sino que en muchos países como en México, es una norma que está por encima de la Ley. Entonces tiene una jerarquía de máximo nivel de cara a la implementación efectiva”, destacó Fernández-Maldonado.

Este mismo 22 de abril se celebra la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, una reunión virtual a la que han sido invitados cerca de 40 líderes mundiales por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En ella el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteará su propuesta de expandir el programa social Sembrando Vida en Centroamérica, como se intentó en El Salvador.

SinEmbargo informó hace un año que se desconocía el uso de los 30 millones de dólares que México transfirió al Gobierno de Nayeb Bukele en julio de 2019 para implementar este programa y crear 20 mil empleos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el dinero está varado en el Banco del Bienestar a la espera de que el Gobierno salvadoreño autorice las transferencias, aunque ya había ocho mil personas esperando el apoyo.

Desde Palenque, Chiapas, López Obrador adelantó este domingo que en tres años la siembra de 3 millones de hectáreas podría generar hasta un millón 300 mil empleos en Centroamérica y en estados del sureste de México. Después los sembradores tendrían derecho a una visa de trabajo en Estados Unidos y, otros tres años después, a solicitar la nacionalidad estadounidense.

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—El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018, ¿qué implica que entre en vigor este 22 de abril?

—Es importante en dos sentidos. Primero que se hayan logrado poner de acuerdo los países que normalmente son muy cautos para llegar a un tratado internacional. Y en el segundo aspecto es el tema al tener que ver con protección del ambiente vinculado a los derechos humanos. Es el primer reconocimiento, a través de un tratado, de defensores de derechos humanos del ambiente.

Estamos hablando de un proceso que requiere de una serie de países que lo ratifiquen para que entre en vigor y aquí ha sido clave que México lo haya ratificado, ya que ha sido el país —junto con Argentina— que ha permitido la entrada en vigor. Estamos hablando de una norma jurídica y no sólo eso, sino que en muchos países como en México, es una norma que está por encima de la Ley. Entonces tiene una jerarquía de máximo nivel de cara a la implementación efectiva.

Queda como obligación para cada Estado, primero, implementar producción y acceso a información sobre el ambiente accesible; una claridad sobre qué está pasando y se mida. Además está el tema de la participación; que la gente pueda participar en las decisiones que tienen que ver con un impacto en el ambiente. Y, todavía más, que haya la posibilidad de que sea un derecho justiciable, es decir, que hayan instancias, mecanismos, recursos para garantizar estos derechos de información, toma de decisiones y de protección de quienes están defendiendo.

—En la parte de justicia ambiental, ¿qué disposiciones específicas contiene el Acuerdo sobre defensores ambientales para evitar que sean amenazados, atacados o asesinados?

—Esto es un deber en términos generales en materia de derechos humanos de todos los estados. Es además una preocupación particular en nuestra región. Defender el ambiente es un ejercicio peligroso en nuestra región, porque son los que denuncian la corrupción, actividades ilegales y afectan poderosos intereses económicos legales e ilegales. Teniendo en cuenta además —y lo expresa el tratado— que al ser un derecho que nos pertenece a todos, es gente que está defendiendo nuestros derechos. Al hacerlo, están en una situación de riesgo real. No estamos hablando de situaciones hipotéticas, estamos hablando de hechos comprobados sobre la enorme vulnerabilidad y desprotección de quienes defienden los derechos humanos vinculados al ambiente.

No es una nueva obligación, pero es el primer tratado que reconoce expresamente a los defensores ambientales y establece una serie de medidas con una visión integral. No es simplemente que no quede en la impunidad quienes ataquen o amenacen de muerte a los defensores ambientales. La obligación del Estado es la de crear un entorno que sea propicio y seguro, porque es parte de reconocer que están cumpliendo una función que es esencial para la sociedad y el mundo. El Estado no sólo tiene que ser reactivo, sino que debe tener una visión preventiva. Parte de esta política tiene que ver con el reconocimiento e ir en contra de la línea de la estigmatización de quienes defienden los derechos ambientales. El reto de toda la región a partir de ahora es la brecha que hay entre la norma y la aplicación. Hay que adoptar las medidas internas, normativas, administrativas y de formación de los funcionarios para que esto tenga una aplicación efectiva.

—Justo respecto a la aplicación, considerando la soberanía de cada uno de los miembros, ¿entre naciones habrá un monitoreo o vigilancia para su implementación?

—Una vez que está ratificado y entra en vigor, estamos hablando de una norma nacional. El tratado se vuelve parte del ordenamiento nacional de México, con lo cual, al igual que cualquier otra Ley, tiene que ser justiciable. Se puede exigir su cumplimiento y se puede reclamar en caso de incumplimiento. Pero es más bien cómo facilitamos esta implementación. Cuando un Estado suscribe y ratifica un tratado hay mecanismos mediante los cuales de manera periódica informa cómo va el proceso de implementación. Y además, en nuestro caso, estamos hablando de un tratado de naturaleza de derechos humanos, por lo cual —como Oficina de Alto Comisionado— hará una norma adicional sobre la cual se verá el desempeño e implementación efectiva del Estado.

Hay que incluir una visión propositiva con recomendaciones concretas; acompañar a los Estados. Estamos iniciando un trabajo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en coordinación con CEPAL para desarrollar indicadores objetivos elaborados técnicamente sobre el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, es decir, que se pueda medir y nos digan a todos si hemos avanzado, estancado o retrocedido. Al final, es un instrumento, no el objetivo final.

—Este 22 de abril habrá una cumbre de medio ambiente convocada por el Presidente Joe Biden, ¿cómo se relaciona el Acuerdo de Escazú con el Acuerdo de París y la Agenda 2030?

—A veces nos quedan un poco lejos estas agendas, cumbres y movimientos internacionales. Pero son buenos síntomas. El tema del ambiente es uno de los más claramente globalizados. Son varias las iniciativas que tienen objetivos similares, compartidos o complementarios. El Acuerdo de París está fundamentalmente centrado en el calentamiento global y climático. Sobre la base de esta constatación, que hasta tiene datos en años del plazo que tenemos para cambiar, hay planes de acción con medidas que los Estados deben tomar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Agenda 2030 es más grande. Los 193 países miembros estuvieron discutiendo para llegar a un acuerdo sobre qué agenda mundial de desarrollo sostenible van a tener. Y hay una serie de metas. Entre esos objetivos, hay siete sobre energía no contaminante, 12 sobre producción y consumo responsable, y además está el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas que establece entre sus metas el acceso a información, participación, toma de decisiones y el acceso a la justicia. Hay que verlos como instrumentos complementarios.

Pero la Agenda 2030 y Acuerdo de París son globales. En el caso del Acuerdo de Escazú es un acuerdo de nuestra región y es absolutamente innovador, porque no  sólo abarca en términos generales obligaciones del Estado, sino que abarca la protección de grupos de defensores. Hay que verlo como agendas internacionales muy complementarias.

—Ya aterrizado en el caso de México, ¿qué tan preparado está el Estado mexicano para proteger a los defensores ambientales?, ¿qué recomendaciones da?

—Estamos al inicio del proceso. El primer paso fundamental es que México ya es un Estado parte. Hay varios países de la región que no han ratificado el tratado. Entonces, ya es posible exigir la norma. Luego vienen las medidas preparatorias, incluyendo sociedad civil y sector empresarial. Para la implementación efectiva, parte de ello es difusión y sensibilización. ¿Cuántos funcionarios públicos tienen una idea sobre derechos ambientales? ¿Cuántos jueces y fiscales han tenido una formación en derecho ambiental o sobre de qué manera los daños ambientales pueden afectar los derechos humanos? Parte del reto es ir preparando a quienes tendrán la responsabilidad de la aplicación directa. Si queremos tener funcionarios garantes, tienen que estar preparados. Este tratado es una oportunidad para reforzar la difusión en la población en general y la formación de los funcionarios que tendrán un rol particular. También hay que generar alianzas con sociedad civil, organizaciones y personas que defienden los derechos humanos ambientales que tienen la experticia para esto. Además, no hay ninguna ley ni política que tenga un impacto en la realidad, en este caso en el derecho de las personas y la naturaleza, sin presupuesto ni fondos. Y es parte de las obligaciones del Estado.

Respecto a la protección de las personas defensoras, hay algunas líneas que tienen que hacerse ahora porque están en riesgo en este momento. Hay un sistema de protección que habría que ampliarlo y fortalecerlo, la línea de investigación y sanción, y la línea de causas estructurales. Tiene que ver con un análisis de qué es lo que lleva a que estén en riesgo, cuáles son los sectores que con más frecuencia los atacan y por qué son tan vulnerables. Hay acciones urgentes y otras más estructurales que debe ir tomando el Estado también.