El proceso de sucesión de ministros no debe politizarse ante el “déficit de confianza” en instituciones: CCE

El próximo 30 de noviembre concluye el periodo constitucional de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sus sustitutos tomarán el cargo por 15 años.

Únicamente dos de cada 10 mexicanos se siente satisfecho con la democracia, según el reporte Latinobarómetro 2015. Foto: Cuartoscuro.

Únicamente dos de cada 10 mexicanos se siente satisfecho con la democracia, según el reporte Latinobarómetro 2015. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza estuvieron 20 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció su labor y llamó a que el proceso de sucesión “esté a la altura” y no se politice, ya que no se puede permitir que la autoridad judicial se erosione ante el actual “déficit de confianza” en las instituciones y el Estado de derecho.

“De manera enfática, pedimos que se evite a toda costa la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en sus funciones propias, como en la designación de los ministros. Es necesario blindar al Poder Judicial de una contaminación de cuotas partidistas y facciones, que atenten contra su independencia y el cumplimiento de su misión constitucional”, asegura.

Ahora que el país enfrenta un déficit de confianza que afecta a las instituciones y en especial en áreas como la justicia y el Estado de derecho, continúa el Consejo, no podemos permitir que se erosione la autoridad y la legitimidad que ha ganado el máximo tribunal. Únicamente dos de cada 10 mexicanos se siente satisfecho con la democracia, según el reporte Latinobarómetro 2015.

“Los tribunales no son espacio para el accionar de los políticos, sino para los juristas y la justicia, no necesariamente con carrera judicial, pero sí en los diferentes ámbitos del derecho: academia, tribunales, litigio, sector público y privado; nunca más responder a criterios electorales, a conexiones de poder o negociación entre grupos e intereses”.

Desde la reforma de 1994, se redujo de 25 a 11 el número de ministros, a quienes se les dieron cabales facultades y alcances a las determinaciones de la Corte.

El sector empresarial demanda que los dos nuevos funcionarios tengan capacidad profesional probada, solvencia moral y un historial de compromiso con el Estado de derecho, con la justicia y con la patria.

“Hacemos votos porque los nuevos ministros que deberán iniciar funciones en diciembre lo hagan sin polémicas y descalificaciones que puedan minar su autoridad y la del máximo tribunal para cumplir con sus altas responsabilidades”, agrega en su mensaje semanal.

Subraya considerar la perspectiva de género y las diferentes disciplinas y ramas del Derecho.

Una vez que concluya este proceso de sucesión, considera, resulta prudente atender las sugerencias de revisar los procedimientos para el nombramiento de los ministros del Poder Judicial, para mejorar en factores como eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

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