Gobiernos piden perdón por tragedia de 2011; Samuel García no va, deudos le reclaman

Al evento acudieron diferentes funcionarios federales, entre ellos, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El 25 de agosto se cumplieron 11 años de la tragedia que cobró la vida de 52 civiles.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Autoridades federales y de Nuevo León, con la ausencia del Gobernador Samuel García Sepúlveda, ofrecieron hoy una disculpa pública a los familiares de las 52 víctimas que dejó un atentado por parte del crimen organizado en el Casino Royale, el cual estaba ubicado en Monterrey.

A nombre del Gobierno federal habló el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Reconoció que las autoridades les fallaron a las víctimas del ataque ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

«El acto cometido hace más de una década se trata de un acto de terror cometido por criminales contra población civil y donde el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad», dijo Encinas al comenzar su discurso.

«El acto que celebramos hoy no es protocolario, no se trata solo de atender una recomendación, sino de atender a las víctimas y que se castiguen a los responsables. Yo vengo en nombre del Gobierno de México no solo a cumplir con la recomendación de la CNDH, sino con la convicción de esta lucha. Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque en este hecho se cometieron violaciones a los derechos humanos. Yo vengo a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la dirección de Juegos y Sorteos falló y esto derivó en los lamentables hechos», agregó al mencionar que en este sexenio hay más control en permitir nuevos casinos.

La señora Samara Pérez Muñiz, representante de las familias víctimas del Casino Royale, inició su discurso reclamando la ausencia del Gobernador Samuel García. «Es muy lamentable que no se encuentre el Gobernador porque deberíamos verlo y decirle: ‘¿dónde está nuestro nuevo Nuevo León?'».

A nombre de las víctimas, Samara Pérez celebró esta disculpa, la cual, dijo, era impensable en otros sexenios debido a temas polñiticos.

«En otros gobiernos esto era un tema político, corrupto e impune, por ello intocable, Casino Royale no era mencionado, ni sus familias, por eso estas disculpas públicas son un parteaguas para la sociedad nuevoleonesa y mexicana», destacó. «En este camino de 11 años fuimos revictimizados. Ni un solo de los exfuncionarios tuvo una sanción administrativa».

Recordó que el pasado 25 de agosto, al conmemorarse un año más del ataque, nuevamente fueron revictimizados, pues la persona que se ostenta como propietario del lugar destruyó el memorial que las familias levantaron con su esfuerzo. «Es un memorial modesto, pero para nosotros tiene un gran significado, dejar estas cruces para tenerlos siempre presentes».

«Por este hecho realizamos varias denuncias a la persona que ha destruido en cinco ocasiones este memorial y hacemos un llamado enérgico para que se les dé el seguimiento a estos hechos, que no solo dañaron las cruces, sino un símbolo de memorial y nadie debe estar por encima de la Ley», solicitó.

Al dirigirse a Alejandro Encinas, la señora Samara pidió que la Secretaría de Gobernación verifique mejor los casinos.  «Que cumpla los reglamentos que se encuentran vigentes hoy en día, porque si bien hay un padrón de estos casinos, verdaderamente es simulado porque cuando uno busca no puedes hallar ni los permisionarios ni los permisos. A Protección Civil del Estado y del Municipio les pedimos revisar estos establecimientos».

Finalmente recordó que no todos los responsables están detenidos y los que están buscan que no se les condene por homicidio calificado.

«El entonces el Presidente Calderón decide comenzar su propia cacería y se llevan a muchos a la entonces PGR, y por otro lado, el Gobernador Rodrigo Medina hizo más de 2 mil 300 detenciones. El resultado: a todos los detenidos jamás se les imputó el delito de homicidio y hoy los que están imputados están peleando que no sea homicidio calificado», indicó.

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, también pidió perdón a las familias porque en su momento “no les dieron la cara a las víctimas” y porque la tragedia se pudo evitar.

“No se les escuchó, no se les dio el abrazo que necesitaban, les pido que perdonen a funcionarios si aún tienen las fuerzas para hacerlo porque el Gobierno no estuvo cuando más lo necesitaban”, señaló.

La cita al evento fue en el antiguo edificio del Palacio Federal-Correos, el cual está ubicado sobre la calle Washington de la ciudad mexicana. Estuvieron presentes el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; un representante de la Secretaría Federal del Trabajo; el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; Cinthia Lucía Marín Montoya, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la señora Samara Pérez Muñiz, representante de las familias víctimas del Casino Royale.

Este acontecimiento se da seis días después de que se cumplieran 11 años de la tragedia que dejó 52 muertos, ya que el evento que se realizaría el pasado 25 de agosto fue cancelado debido a problemas de agenda del Subsecretario de Derechos Humanos.

EL ATAQUE AL CASINO

El ataque fue atribuido al Cártel de Los Zetas, quienes el 25 de agosto de 2011 habrían atacado la casa de apuestas supuestamente en demanda del pago de extorsiones hacia el dueño del negocio.

Aquel día, las llamas provocadas por los presuntos miembros del Cártel atraparon y asfixiaron a decenas de clientes y empleados. La mayoría de las víctimas eran mujeres que jugaban bingo, en máquinas tragamonedas o simplemente almorzaban con amigos.

Cuando se cumplieron 10 años del ataque, Samara Pérez, sobreviviente del ataque y quien ha sido la vocera de familiares de las víctimas desde entonces, aseguró que tanto las autoridades estatales como las federales han tratado a los deudos con desdén a lo largo de estos años.

La principal afrenta, dijo en ese entonces, ha sido la falta de justicia, ya que la mayoría de los detenidos por su presunta participación en el ataque han logrado obstruir la aplicación de sentencias a través de juicios de amparo contra las condenas.

Semanas después del ataque, las autoridades detuvieron a 17 presuntos responsables; sin embargo, sólo cinco han sido condenados, pero ninguno por homicidio.

Un funcionario federal, que pidió no ser identificado para hablar del tema, dijo a la AP que la investigación sigue abierta y que los cinco sentenciados recibieron condenas por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Pérez dijo que las autoridades tampoco les han permitido a los familiares tener acceso a los documentos de la investigación, en la que quedó en evidencia la falta de protocolos de Protección Civil y de evacuación en el casino, lo que agravó la tragedia.

“Nunca, hasta el día de hoy, hemos visto una justicia palpable”, afirmó la activista. “Todos los detenidos están iniciando los procesos de amparo, es lo grave de la situación, el sistema penal a nivel nacional les permite que todos estos procesos puedan ser reducidos o que puedan salir estas personas”.

Pérez dijo que las víctimas aún esperan que a los acusados se les procese y condene por homicidio.

El pasado 25 de agosto de 2022, familiares de las víctimas se reunieron en el lugar donde se encontraba el casino para conmemorar a los fallecidos, algunos colocaron cruces de madera con los nombres de los muertos y flores para conmemorarlos.

Además de la falta de justicia, los familiares han tenido que sortear el incumplimiento de promesas de apoyo gubernamental, dijo Marisela Ramírez Cano, de 62 años, cuya hija Claudia Castillo Ramírez, de 25 años y madre de dos menores, trabajaba en el casino y falleció en el ataque.

Las familias le han pedido al Presidente Andrés Manuel López Obrador que las escuche. “El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón no se dignó ni siquiera a recibirnos y al Presidente Andrés Manuel López Obrador le diría que haga una revisión exhaustiva en el Poder Judicial para que vea que en estos casos se aplique la Ley. Nadie está por encima de la Ley”, afirmó Pérez el año pasado.