¿Qué funcionarios habrían participado en cónclave para crear la «verdad histórica»?

Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes normalistas fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Seis exfuncionarios habrían participado en la reunión supuestamente organizada por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula, en Guerrero.

Durante la audiencia de Murillo Karam, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante, dijo que de acuerdo con la declaración de Bernardo Muñoz Cano, exjefe de la Policía Federal Ministerial, el encuentro se habría llevado a cabo el 7 de octubre de 2014.

En dicha reunión supuestamente participó el exgobernador Guerrero, Ángel Aguirre; Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la república (PGR); Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Además de José Luis Martínez Pérez, exdelegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero; Omar García Harfuch, exjefe de la Policía Federal en esa entidad y quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

Y Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial en aquel momento y quien luego de ser acusado de haber participado en la presunta tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, renunció el 22 de junio de 2019 al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Ayer, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes.

Apenas el pasado 28 de julio, García Harfuch negó en entrevista con “Los Periodistas” haber estado en la noche que desaprecieron los estudiantes normalistas.

Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.

“LA VERDAD HISTÓRICA”

Jesús Murillo Karam, en su calidad de titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dijo el 7 de noviembre de 2014 en una conferencia de prensa que los estudiantes habían sido secuestrados en Iguala, Guerrero, e incinerados en el basurero de Cocula: “esa es la verdad histórica”, aseguró. Además, soltó la frase con la que pasó a la historia en uno de los momentos más sensibles de la última década en el país: ante la insistencia de los periodistas en aquella larga conferencia expresó: “Ya me cansé”, y dio por terminado el encuentro.

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.

Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.

Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves pasado, la «Comisión de la Verdad», creada por la actual administración, corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.

En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.

A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las Fuerzas Armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.

Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.

En el informe de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.

Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.

A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.

-Con información de AP