Noviembre, mes fatal para “Alito”

Si los tiempos del Congreso se cumplen y si los diputados de Morena y sus aliados hacen valer su mayoría en el Poder Legislativo, a más tardar en noviembre del 2022 el actual dirigente nacional del PRI y Diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, habrá perdido el fuero y estará a disposición de la justicia.

En los próximos dos meses la Sección Instructora, de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, tendrá que corroborar si se configura la presunción de que “Alito” debe ser puesto a disposición de un juez para que determine si hay elementos para procesarlo por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Las presunciones formuladas por Renato Sales Heredia, el fiscal de Campeche que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Moreno Cárdenas y la declaración de procedencia de la acción penal en su contra, tendrán que estar debidamente documentadas en la Carpeta de Investigación que sustenta el caso.

En el seno de la Cámara de Diputados tendrán que documentarse que existen razones jurídicas para proceder penalmente contra Moreno Cárdenas, argumentos legales que servirían para desestimar y dejar sin sustento los alegatos del dirigente priista que se asume como un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es lo que sigue?

El artículo 111 de la Constitución General de la República señala que para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, por la comisión de delitos perpetrados durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados tendrá que declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay elementos para quitarle el fuero al legislador inculpado.

Si el legislador acusado perdiera el fuero, sería separado de su encargo en tanto quede sujeto a proceso penal. Si éste culminara en sentencia absolutoria el inculpado podría reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria no se concederá al reo la gracia del indulto.

La Ley Orgánica del Congreso General señala que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados es la responsable de designar, de entre sus miembros, a los cuatro integrantes de la Sección Instructora, que debe practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad penal del legislador denunciado.

Es atribución de la Sección Instructora abrir un periodo de pruebas, recibirlas, allegar otras que considere convenientes, calificarlas y una vez terminada la instrucción poner el expediente a la vista del denunciante para que pueda formular alegatos. La Sección Instructora deberá elaborar el dictamen que determine si hay elementos para proceder contra el servidor público, quitarle el fuero y ponerlo a disposición de la justicia.

Actualmente la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados está integrada por 14 legisladores. Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen mayoría, con ocho miembros, contra seis de PAN, PRI y PRD. Esta comisión es la que designa, por mayoría de votos, a la Sección Instructora.

La Comisión Jurisdiccional, a través de la Sección Instructora, deberá rendir su dictamen en un plazo de 70 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, para subsanar alguna duda o trámite. Si las pruebas sobre la presunción de culpabilidad en contra de “Alito” fueran concluyentes, en noviembre podrían quitarle el fuero.

Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia se requiere mayoría de votos de los legisladores presentes en la sesión respectiva. El Congreso tiene 500 legisladores y 276 son de Morena y sus aliados. Para la mayoría absoluta se necesitan 251 sufragios.

Hay antecedentes documentados por medios de comunicación que ponen en duda la legitimidad de los bienes de Moreno Cárdenas.

El 7 de junio del 2022, firmada por el reportero Eduardo Buendía, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por un aliado político de Moreno Cárdenas, el empresario Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora Va por México, de la cual forma parte el PRI, publicó un amplio reportaje que desnuda algunas actividades presumiblemente irregulares atribuidas al dirigente tricolor.

“El líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros; en algunos casos el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor en reventa”, dice el reportaje.

Agrega un caso: “11 meses antes de haber tomado protesta como gobernador de Campeche, compró 39 mil metros cuadrados a un precio de 4 pesos el metro y en poco tiempo el valor se multiplicó 500 veces y actualmente es de dos mil pesos el metro”.

El miércoles 6 de julio del 2022, en su portada, el periódico Reforma publicó en su nota principal que “Alejandro Moreno, dirigente del PRI, declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos, pero además, ahora suma 23 bienes inmuebles, revelan dos diferentes investigaciones de la FGR y de la Fiscalía de Campeche”.

La información reseña también que en 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el ex Gobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche.

En 2022, en una segunda investigación que integró la Fiscalía estatal, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades, solo en Campeche, aunque algunos de los predios, sobre los que está construida su residencia, están a nombre de sus familiares, agrega Reforma.

“Hasta ahora -explica el periódico Reforma en información publicada el pasado 6 de julio del 2022-, Moreno Cárdenas es investigado en ambos expedientes por lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, abuso de autoridad, así como uso indebido de atribuciones y facultades”.

El pasado miércoles 17 de agosto del 2022, luego que tuvo conocimiento de la petición del fiscal campechano, el dirigente priista dijo en un mensaje difundido en redes sociales: “Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado Mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”.

Ese mismo día los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México, integrada por panistas, priistas y perredistas, salieron en defensa del dirigente nacional del PRI y señalaron que si atacaban a uno de ellos, los atacaban a todos.

Si los tiempos del Congreso se cumplen y los elementos de prueba son concluyentes sobre la presunta responsabilidad de Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, el exgobernador campechano podría pasar la próxima navidad en la cárcel. O en su defecto, como prófugo de la justicia.