México tiene pocos datos de las mineras: los abusos, el daño, los pueblos fantasma…

Entre los más de mil proyectos mineros registrados en México, se desconoce cuántos de ellos son minas cerradas luego de que las empresas terminan de extraer hasta el último mineral en detrimento del agua, aire y suelo de los poblados que quedan en el abandono; sin ninguna fuente de vida ni restauración, plantea el informe «Y después de la mina, ¿qué?».

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Al no haber normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas o suspendidas ni de los pueblos fantasma que han dejado regados de norte a sur como Pilares de Nacozari, Sonora. Desde 2018, de manera voluntaria se han dado de alta ante la Secretaría de Economía y la Cámara Minera de México (Camimex) nueve proyectos concluidos de mineras canadienses, una estadounidense y una británica en poblados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México y Guanajuato.

En el informe «Y después de la mina, ¿qué?», colectivos requieren a las autoridades ambientales una política de monitoreo, manejo de desechos peligrosos, restauración y rendición de cuentas luego de que las empresas terminan la extracción y abandonan tajos abiertos profundos, depósitos de jales con residuos tóxicos en agua, aire y suelo, en algunos casos con daños irreversibles.

El inventario de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ubica 585 registros de presas de jales, lo que es un primer paso para tener un control oficial de cierre de minas nacionales y de capital extranjero, pero falta especificar qué metales pesados albergan.

«El abandono a la población —de la minera y del Estado— no es una condición ineludible de la minería, no es normal; podría tener un plan de retiro. Se quedan residuos tóxicos que no permiten que sobreviva nada y nadie se hace responsable de ello», dijo la investigadora Letizia Silva, coordinadora del informe publicado por las organizaciones ambientales Fundación Heinrich Böll Ciudad de México y Engenera ante la presencia de representantes de la Semarnat.

Un ejemplo es el semiárido Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. En 1996, la Semarnat (antes Semarnap) le dio autorización a la minera de cielo abierto San Xavier, de la canadiense New Gold, de explorar y extraer plata y oro. Aunque los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión por el posible impacto ambiental, no prosperó por un amparo de la minera.

En 2016, luego de haber devastado al cerro que le da nombre al municipio, bajó las cortinas sin un plan de restauración completo.

«¿Cómo van a volver a construir un cerro?», se pregunta Don Mario Martínez, uno de los habitantes de San Pedro. La minera canadiense, expuso, les dejó 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos y otras 100 millones de toneladas de material con cianuro que pueden traspasarse al acuífero.

La minera San Xavier define «cierre de mina» como una rehabilitación que incluye estabilización física del tajo, desintoxicación de los montones y mantenimiento del sitio. Informa que remedió el patio de lixiviados. Pero Don Mario y Alicia, otra habitante de San Pedro, requirieron a las autoridades una normativa actualizada y obligar a la minera a resarcir todos los daños porque, a seis años del cierre, sólo han tapado una parte de la presa de jales «con piedras y cemento».

«Les rogamos que vayan a ver que nuestro único acuífero está totalmente abatido», dijo Alicia, maestra de primaria. «¿Cómo nos devuelven la condición de hace 15 años de nuestro acuífero que ahora está contaminado?, ¿de dónde nos va a llegar la vida?».

PROYECTOS EN SUSPENSIÓN

El ciclo de una minera implica la prospección, exploración, explotación, beneficio y cierre, que va de la mano de la disponibilidad del mineral y viabilidad rentable de extracción.

Pero ninguna normativa ambiental mexicana especifica claramente una política de cierre para los más de mil proyectos mineros existentes por lo que las mineras lo hacen de manera voluntaria, plantea el informe «Y después de la mina, ¿qué?».

Otra alternativa es la de «postergación», cuando la compañía decide irse del país un tiempo y regresar en algún momento con una alianza estratégica cuando las condiciones le sean favorables, aunque sin regulación de por medio.

«El número de proyectos en ‘postergación’ pasó de menos del 20 por ciento en 2017 a rebasar el 60 por ciento en 2020, lo que nos habla del aumento en actividades mineras paralizadas. Estas son situaciones a las que se enfrentan poblaciones, que no pueden recurrir a una normativa específica que permita un manejo adecuado del sitio durante este periodo», expone el documento.

De los mil 210 proyectos mineros actuales, en 757 las empresas tienen suspendida la exploración o explotación de minerales, dicho de otro modo, 21 de 26 entidades tienen al menos la mitad de sus proyectos en postergación, particularmente en Sonora (169), Chihuahua (111) y Sinaloa (87).

Hay pocos ejemplos de intentos de cierre. En Álamos, Sonora, una filial de la canadiense Panamerican Silver explotó oro y plata a tajo a cielo abierto desde inicios de 2000 y 15 años después anunció su cierre progresivo. En su reporte de 2017, detalló que la mina pasó a la etapa de remediación en colaboración con las comunidades locales.

Pero la autora del informe, Letizia Silva, hizo un recorrido en mayo de 2018 en la comunidad aledaña Zapote, donde los pobladores le comentaron que hicieron muy pocas obras de remediación (restauración de la iglesia, por ejemplo) y manifestaron su preocupación laboral y de seguridad por las opciones de trabajo más allá de la minería y el posible regreso del crimen organizado.

En contraste, una mina de Grupo Frisco (Carlos Slim) operó a tajo abierto desde 1982 y cerró en 1994 en Noria de Ángeles, Zacatecas. Tuvo una sanción administrativa por daño ecológico por no tratar los suelos contaminados, pero actualmente su concesión sigue vigente, por lo que, observa el informe, un sitio cerrado sin remediación puede estar durante casi 30 años sin operar y sin la obligación de presentar un plan de cierre con la puerta abierta para retornar.

La Ley Minera fue reformada en 1992 durante el salinismo y hace unas semanas volvió a modificarse para estatizar el litio, pero no abordó el proceso de cierre, no disminuyó el número de años de un título de concesión ni eliminó la prioridad a la minería por encima de cualquier otra actividad, como ha recomendado el colectivo Cambiémosla Ya, reconoció la Diputada Adriana Bustamante, secretaria de la comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

A pregunta expresa de SinEmbargo, dijo que los legisladores dejaron ir la oportunidad de reformar integralmente la Ley Minera porque aún no estaba lista la iniciativa que contempla estos cambios sustanciales, la cual estiman presentar en agosto.

«Era importante de manera rápida rescatar el faltante en la Ley [sobre el litio], que fue lo que hicimos después de que no pasara la Reforma Eléctrica. En este momento, llevamos tiempo trabajando con varias organizaciones de la sociedad civil, que defienden el territorio y tienen un contexto muy amplio sobre lo que falta en la Ley Minera, y estamos preparando legislativamente esa iniciativa; no podíamos adelantar un producto aún no terminado en ese espacio de oportunidad que tuvimos de hacer esa pequeña reforma que sí estaba lista para defender al litio», aseguró.