Extranjeros ya exploran el “oro blanco” en México. ¿Revisar contratos, cancelarlos?

Hasta ahora, mientras se aprueba la reforma a la Ley Minera en el Senado, empresas de Canadá, Reino Unido, China, Italia, Australia y una de México se encuentran explorando litio en San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora y Baja California, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para reformar la Ley Minera (1992) para que, de aprobarse por el Senado, sólo un organismo público descentralizado pueda explorar, explotar y aprovechar el litio, un mineral estratégico en la transición energética y altamente demandado por la industria tecnológica con el que México, de acuerdo con la Secretaría de Energía, fabricará celdas de baterías para almacenamiento de energía solar o eólica y para vehículos eléctricos.

Aunque colectivos como Cambiemos la Ley Minera Ya y la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería plantean que contar con una paraestatal para su extracción no garantiza —al no reformar al artículo 6 y 19— que el Estado respete el derecho al medio ambiente sano, al territorio y a la salud de las comunidades directamente afectadas, como se ha visto con las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) o las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«No saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo, no se va a poder modernizar la industria sin litio», dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica que también contemplaba nacionalizarlo, por lo que presentó como alternativa esta iniciativa de reforma a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera salinista.

Hasta ahora empresas de Canadá, Reino Unido, China, Italia, Australia y una de México se encuentran explorando en San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora y Baja California, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

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¿QUÉ PASARÁ CON LA EMPRESA CHINA?

De los 16 proyectos privados registrados, 15 están en exploración y sólo está en desarrollo el proyecto «Sonora Lithium» en Hermosillo, Sonora, de la china Ganfeng Lithium (antes consorcio Bacanora y Ganfeng), con reservas probables de 243.8 millones de toneladas.

La mayor productora de baterías de litio del mundo que abastece a Tesla, del magnate Elon Musk, también tiene otros tres proyectos apenas en exploración en Puerto Peñasco, donde la Comisión Federal de Electricidad construye uno de los paneles solares más grandes de América Latina. El único proyecto con capital nacional —aún en exploración— es el del consorcio de la australiana Zenith Minerals y la firma Alejo Monsiváis en Pánfilo, Zacatecas.

Sin embargo, la reforma minera pide reconocer al litio como patrimonio de la nación y niega más concesiones a privados nacionales y extranjeros: «La exploración, explotación y aprovechamiento del litio —dice el dictamen—estarán exclusivamente a cargo del Estado, por conducto del organismo público descentralizado creado para ello, por lo que no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares, al igual que otros minerales estratégicos para la transición energética», como el cobalto, zinc, tierras raras, grafito, bario o boro.

El especialista en pobreza energética Rigoberto García Ochoa del Colegio de la Frontera Norte (Colef) estimó que el Estado deberá pagar una indemnización a la china Ganfeng, al ser la única firma que está en desarrollo.

«¿Vale la pena indemnizar a esta compañía o vale la pena que sigan desarrollando el proyecto y el Estado se enfoque en otro proceso de la cadena global de valor?», cuestionó.

En la misma línea, la analista del mercado de commodities de Banco Base, Victoria Azuara Rodríguez, expresó que se le tendría que quitar la concesión al yacimiento de litio en Sonora, al ser la única mina de explotación privada de México en manos de una empresa china.

«Estatizar el litio puede implicar un elevado costo de oportunidad para las empresas del sector privado que pudieran invertir, presionado a su vez a las finanzas públicas», estimó.

Pero el Presidente López Obrador hizo un llamado al Senado a aprobar la reforma a la Ley Minera esta semana «para que ya se proteja al litio» de la especulación y ambición extranjera y, ya con el marco legal, se empiece a estructurar la empresa pública que gestionará al «oro blanco» —como se le conoce— con el apoyo de los centros de investigación y con las experiencias de otros países, como Bolivia que ha asesorado al Gobierno federal. Aún evalúan si la paraestatal pertenecerá a la Secretaría de Hacienda, de Energía o de Economía.

«Tan fuertes, tan fuertes son los intereses, que se hacen guerras por los energéticos, se auspician guerras, son intereses muy fuertes y desalmados, no hay principios, no hay ideales, no hay nada», dijo.

Desde el Parlamento Abierto celebrado en la Cámara de Diputados sobre la Reforma Eléctrica, que no alcanzó mayoría calificada para ser aprobada, el director  de la Cámara Minera de México (Camimex), José Jaime Gutiérrez Núñez, solicitó que no se reserve exclusivamente al Estado la exploración y extracción del litio para no minar la confianza de los inversionistas y advirtió que «no hay certeza» sobre la cantidad de litio para ser económicamente rentable y —enfatizó— no es posible asegurar con la tecnología actual que exista un yacimiento para producción.

Gutiérrez planteó que de cada mil indicios de potencial de litio, sólo se logra un proyecto en la etapa de producción, por lo que —considerando que en México el litio se encuentra en arcilla— ofreció una colaboración Gobierno-empresas para explorarlo, explotarlo y apostar a cadenas de valor (baterías).

Al respecto, el Jefe del Ejecutivo prevé que se presenten amparos en contra, lo cual lo resolverá la Corte «y yo creo que hay más de cuatro patriotas en la Suprema Corte», estimó respecto a la constitucionalidad.

¿QUÉ SE HARÁ CON EL LITIO?

La Secretaria de Energía Rocío Nahle García dijo hace unos días —en el foro «Perspectivas del Litio desde América Latina»— que por su posición geográfica México cuenta con 1.7 millones de toneladas de reservas de litio (United States Geological Service, enero 2022), particularmente en arcilla, aunque también hay en salares, sobre todo en Sonora, las cuales el Estado explorará, explotará y además fabricará celdas de baterías para almacenamiento de energía.

A nivel mundial, se estima que las principales reservas de litio se encuentran en Bolivia (21 millones de toneladas), Argentina (19.3 t), Chile (9.6 millones t), Estados Unidos (6.8 millones t), Australia (6.4 millones t), China (5.1 millones t), Canadá (2.9 millones t), Alemania (2.7 millones t) y México (1.7 millones t).

«Vamos a crear una empresa del Estado para la exploración y explotación del litio tal como lo hicimos, por ejemplo, con el petróleo con Pemex, una empresa que tiene más de 80 años y en México nos sirvió la explotación del petróleo para nuestro desarrollo económico y tecnológico», dijo.

La Comisión Federal de Electricidad, estimó, requerirá 6 mil MW de bancos de baterías en los próximos 30 años con un valor de mercado de 184 mil 500 millones de pesos, para almacenar la energía generada con parques eólicos y paneles solares, como el que construye en Puerto Peñasco, Sonora.

La transición energética, dijo, «estará de la mano» con la propiedad intelectual del Estado de tecnologías, sistemas y equipos, especialistas y estudios del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias (INEEL) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como del financiamiento de la banca de desarrollo para nuevas tecnologías.

«Para la extracción del litio en los depósitos de arcilla estamos contemplando la primera intervención que es extracción, concentración, lixiviación y purificación. Otro producto será la obtención de carbonato, cloruro, clomuro e hidróxido de litio. Queremos un desarrollo completo en México: la fabricación de componentes de celdas de batería para almacenamiento de energía», aseguró en el foro ante la presencia de los representantes de ministerios de energía de Bolivia, Argentina y Chile, las potencias latinoamericanas de este mineral.

Entre los proyectos estratégicos «con amplio estudio» contemplan la producción de baterías ion-litio (para vehículos eléctricos, bancos de baterías para el sistema eléctrico mexicano y para la generación distribuida con paneles solares en hogares); robots industriales para construcción de cátodos, ánodos y celdas; ensamble de baterías para vehículos eléctricos; y extracción y refinación del litio para componentes de las celdas.

«En los últimos años, el 90 por ciento del litio se ha estado canalizando a las baterías. La iniciativa de Reforma Eléctrica —no aprobada el domingo— plantea la fabricación de vehículos eléctricos por parte del Estado. Si fabricamos baterías en México, es posible abaratar la tecnología y hacer más rápida la transición energética en el transporte», aseguró Nahle.

A finales de 2021 e inicios de 2022 ejecutivos de CATL, la empresa china líder en baterías de vehículos eléctricos que abastece a Tesla, estuvieron en México como parte de plan de instalar una planta en América del Norte. Ayer en su conferencia matutina, el Presidente López Obrador expuso que ante la alta demanda de las empresas de autos eléctricos, el precio del litio en el mercado mundial ha aumentado diez veces en dos años.

LO QUE FALTA

La propuesta legislativa pide que las reservas del litio sean preservadas «en beneficio del interés general y no de intereses mercantiles nacionales o extranjeros», y plantea que el Estado deberá garantizar la salud, medio ambiente y derechos de pueblos originarios.

Pero «se queda corta» al no reformar a los artículos 19 y 6 para garantizarlo, observó la especialista en el sector minero Beatriz Olivera, integrante del colectivo Cambiemos la Ley Minera Ya, que lleva dos años impulsando una reforma minera profunda que priorice a los derechos humanos de los pueblo y comunidades.

El artículo 19 de la ley salinista otorga preferencia para el uso de agua a titulares de concesiones mineras y no establece restricciones al uso de cianuro usado ampliamente en la minería a cielo abierto, y el artículo 6 establece que la minería es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio por «utilidad pública», aunque la misma propuesta del Presidente López Obrador reconoce que la minería no ha dejado beneficios sociales o económicos a la población y que ha generado devastación ambiental.

«Sólo basta un plumazo para modificar esos artículos», llamó la directora de Engenera a los legisladores.

La organización Geocomunes, integrante de la Red Mexicana de Afectadxs Ambientales, planteó que el modelo extractivo es «tan agresivo» que no bastaría reformar esos artículos en la Ley para mitigar el impacto socioambiental en las comunidades donde se encuentre y extraiga el litio, por lo que planteó la necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos.

«Se termina reforzando uno de los sectores más agresivos. Que se encargue una empresa pública no resuelve el problema del impacto de la exploración y explotación en territorios; no cambiarán los conflictos sociales, el acaparamiento del agua, la contaminación y la sobrexplotación laboral. Tenemos los ejemplos de Pemex y CFE, que son públicas, pero no han evitado bastantes impactos a lo largo del país por sus operaciones», afirmaron miembros de la organización.

«No es en esencia distinto para las comunidades directamente afectadas exploren privadas o públicas, incluso al ser el Estado se podrían ver más coaccionadas para ceder su territorio».

Para el colectivo Cambiemos la Ley Minera ya, a la reforma del Ejecutivo le falta establecer la duración de las concesiones mineras, que actualmente es por 50 años y prorrogable otros 50 años, para frenar el mercado de concesiones mineras.

«En la iniciativa se reconoce la especulación de las empresas mineras, frecuentemente empresas junior, dedicadas a la exploración. Sin embargo, no se plantean propuestas para el resto de los minerales. Es muy grave que el Estado siga permitiendo que las empresas especulen con los recursos minerales, generen cuantiosas ganancias y no se quede un solo peso de ese dinero en las poblaciones donde se hallan los minerales», aseveró la investigadora Beatriz Olivera.

Otro punto que se omite para reformar es el de la minería al interior de las áreas naturales protegidas. «Sólo cambiará la figura que explote, en vez de hacerlo un particular, ahora será el Estado. Por ello, es necesario que en la propuesta se blinden a las ANP de tal forma que no pueda realizarse extracción minera en ellas, independientemente del tipo de mineral del cual se trate», aseguró.

Olivera también cuestionó cómo se gestionarán los ingresos derivados de la exploración, explotación y fabricación del litio, y si se otorgará un porcentaje a las entidades federativas y/o municipios donde extraigan las reservas.

El Presidente López Obrador comentó ayer en la rueda de prensa que la reforma minera sólo se limita al litio; «no queremos que se nos vayan por las ramas. Por eso, claro, si alguien tiene una concesión para explotar plata, oro, cualquier metal, no hay problema, continúa el mismo sistema, pero el litio no».