Querétaro y otros 5 estados abren a privados el manejo de un derecho humano: el agua

El servicio del agua potable es controlado por operadoras privadas en cinco entidades del país que arrastran quejas de cobros excesivos, cortes o tandeos y Querétaro ha dado un paso para unirse a esta lista con la aprobación en fast track de una Ley que regula este derecho humano.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Congreso de Querétaro aprobó en fast track una Ley de Aguas que abre las puertas a la privatización de este derecho humano como ya sucede total y parcialmente en Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios han padecido de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente como Odebrecht o Acciona, y las francesas Suez y Veolia, han documentado académicos y colectivos.

Este 5 de junio, por ejemplo, a la par de la elección de Gobernador y Congreso estatal en Quintana Roo, también se celebrará una consulta popular sobre la permanencia de la empresa Aguakán que desde los noventa gestiona el servicio del agua en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad con quejas ciudadanas por altas tarifas. Su dueño Jorge Ballesteros Franco fue demandado en Estados Unidos en 2001 por un abuso de información privilegiada.

El 19 de mayo los legisladores queretanos votaron a favor, sin parlamento abierto y en 48 horas, la «Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento», la cual regula las concesión del servicio público hídrico (una competencia federal de la Comisión Nacional del Agua) y no incluye una gestión sustentable de la cuenca ante el cambio climático.

«La iniciativa aprobada fortalece la concesión del servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las necesidades de la realidad hídrica del estado», observaron organizaciones como Agua para Todxs, Freshwater Action Network y Bajo Tierra Museo del Agua. «Querétaro necesita una Ley de Aguas, pero no es esta».

Los artículos 6, 32 y 127 de esta Ley abordan que la Comisión Estatal de Aguas está facultada para otorgar concesiones para la prestación, total o parcial, de los servicios hídricos, pero ningún artículo define quiénes son o cómo se componen los concesionarios ni si será una concesión total (como sucede en Puebla y municipios de Quintana Roo) o parcial (como en Saltillo).

Para los colectivos, el Poder Legislativo estatal «perpetúa un modelo de manejo que agudiza la injusticia hídrica, el deterioro ambiental y los conflictos en un contexto de emergencia climática», por lo que pidieron al Gobernador Mauricio Kuri González vetar la Ley, pero el Gobierno estatal del mandatario panista la publicó en el Diario oficial estatal el martes 24 de mayo.

Claudia Romero Herrera, abogada integrante de Bajo Tierra Museo de Agua en Querétaro, dijo en entrevista que esta Ley aprobada deja un «gran» margen de impunidad a los concesionarios que tomen el servicio de agua en materia de cobros arbitrarios o cortes por impago y/o sequía.

«La Ley no tiene una perspectiva de derecho humano al agua, entonces si un usuario tiene una arbitrariedad (corte, tandeo, tarifa desproporcional) no plantea con quién tiene que acudir. En la parte de los usuarios se centra más en sus obligaciones que en sus derechos, en cambio, en el caso de los concesionarios tiene varias disposiciones sobre posible revocación de concesión», contrastó la abogada.

Y cuestionó que esta Ley invade la competencia de la Conagua, según el oficio B00.2.-080 que les respondió la dependencia el 19 mayo 2022. La Ley de Aguas Nacionales (1992) prohibe transferir las aguas a particulares para abastecer a la población, sólo se les otorgan concesiones para uso industrial o agroindustrial, y la Ley de Querétaro plantea que los particulares a los que se les concesione el servicio público deben mostrar su título de concesión; «entonces, legaliza lo que es ilegal según la Ley federal», afirmó la abogada.

La comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, coincidió en su rechazo a la privatización del agua queretana. El 9 de abril, la Caravana por el Agua y la Vida pasó por la zona, donde se ha registrado escasez de agua desde que la Comisión Estatal de Aguas tomó el control del pozo que era administrado comunitariamente.

«Como pueblos originarios, activistas, científicos y personas conscientes, nos indigna el despojo y saqueo del agua que llevan a cabo empresas millonarias, principalmente inmobiliarias, en nuestro estado», expresaron en un comunicado.

En la capital de Querétaro, una ciudad que ha crecido 17 veces en su mancha urbana, pero sólo cuatro veces en población, más de 30 desarrollos habitacionales cuentan con autorización para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, las cuales usan 28 millones de m3/año de agua mientras que empresas inmobiliarias controlan directamente más de 36 millones de m3/año, reveló la investigación «Acaparamiento de lo público» de Bajo Tierra, PODER y otras organizaciones.

«La operadora privada está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio. El agua se está convirtiendo en un insumo mercantil que forma parte de la lógica de producción del mercado de vivienda y de construcción», dijo la abogada Claudia Romero.

Las operadoras Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua están vinculadas a Desarrollos Residenciales Turísticos, mientras que las operadoras Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del Centro, Aquagenis y el Organismo Operador de Agua Administradora Queretana tienen relación con Desarrollos de Provincia Juriquilla.

Abastecedora Queretana de Agua (AQUAA), dice el documento, está señalada por cortes arbitrarios del suministro y coacción para la contratación en el fraccionamiento la Pradera, así como nula rendición de cuentas y Operadora Querétaro Moderno está señalada por desconexión arbitraria, contaminación y vertido de aguas residuales a cielo abierto. También Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

EL AGUA COMO MERCANCÍA

Gloria Tobón de Garza, Ingeniera civil especializada en manejo de aguas e integrante de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo, documentó que de los 2 mil 500 organismos operadores de agua de los municipios del país, seis se han privatizado en el marco de la salinista Ley de Aguas Nacionales (1992) que permite la inversión privada en la gestión hídrica y cortes de este derecho humano por adeudos.

Se tratan de organismos operadores de agua privados desde los noventa en Aguascalientes (francesa Veolia); Benito Juárez (Cancún y ahora Puerto Morelos), Islas Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo (mexicana Aguakan); Boca del Río, Medellín y Veracruz (española Acciona); Puebla (mexicana Eppcor); y Saltillo (francesa Suez). En Navojoa (Sonora) y Ramos Arizpe (Coahuila) estuvo privatizado el servicio hídrico, pero volvió a la gestión del gobierno municipal.

«En Veracruz y Medellín empezaron Suez y Odebrecht, pero Suez se retiró porque Odebrecht empezó a ser fuertemente cuestionada y el año pasado Acciona, la empresa que opera en Boca del Río, compró las acciones de Odebrecht», comentó Tobón.

La constructora brasileña Odebrecht enfrenta juicios por millonarios sobornos a autoridades de varios países a cambio de contratos, incluyendo México, y la filial de Acciona en Ecuador está indagada por posibles sobornos a autoridades del país sudamericano al participar con Odebrecht en la construcción de la primera línea del Metro en la capital Quito; y en Aragón fue sancionada por un fraude con ambulancias.

En el norte de Quintana Roo, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Caribe Mexicano ha recibido más de 200 quejas en contra del servicio de esta empresa de 2019 a 2021 por cobros indebidos y tandeo, informó previamente SinEmbargo. La empresa justifica que sus más de 400 mil clientes en ocasiones no se percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus tarifas.

Este domingo 5 de junio, luego de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos estatal y demandas en tribunales, se celebrará una consulta popular entorno a la gestión de Aguakán.

«El agua es un elemento tan importante que no debe ser manejada por una empresa privada», dijo Enrique Burton Mendoza, coordinador de la Asamblea Social del Agua en Solidaridad, Quintana Roo. «Vamos a recuperar y democratizar el agua».

Al norte, en Saltillo (Coahuila), se abastece por tres acuíferos cuya disponibilidad ha disminuido en los últimos años. «Están fuertemente sobreconcesionados», dijo la Ingeniera civil Gloria Tobón. La asociación público-privada de Aguas de Saltillo (francesa Suez) goza del contrato hasta 2026 con posibilidad de renovarlo.

«La privatización del agua en Saltillo ha sido violatoria al derecho humano al agua. Aguas de Saltillo hace más de 100 mil cortes al agua al año. En 2021, en plena pandemia, hizo más de 120 mil cortes de agua por lo que pusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos», compartió. «Cada corte implica ganancia porque el costo de la reconexión es de 350 pesos».

La académica también planteó que Aguas de Saltillo extrae agua del acuífero sobreexplotado «Saltillo Sur», del cual no tiene concesión y se han registrado siete aumentos de tarifas por encima de la inflación. En 2015, el referido acuífero tenía 3.78 de millones de m3/año de disponibilidad y, entre fugas y sobrextracción, en 2020 cayó a -52.48 millones de m3/año.

En el centro del país el panorama se repite. En mayo de 2014, durante el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla también se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019.

Aunque la Asamblea Social del Agua, un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio y que los incrementos de tarifas fueron de 500 por ciento en el último lustro aunque no cae potable y hay tandeos, por lo que la ciudadanía poblana mantiene unos 700 amparos en contra por la violación a su derecho al agua.

«El tandeo del agua se ha incrementado un 100 por ciento, esto significa que antes en una colonia el agua caía cuatro veces a la semana algunas horas y ahorita al 57 por ciento le está cayendo dos veces a la semana y al 21 por ciento una vez a la semana algunas horas», dijo la economista María Eugenia Ochoa de la Asociación Social del Agua de Puebla, con base en cifras de la Universidad Benemérita de Puebla.

La Asociación Social del Agua de Puebla ha encontrado vicios desde el otorgamiento de la concesión, por lo que buscan revertirla, «pero no hemos sido escuchados de manera seria ni por el Congreso anterior ni por el presente; ¿para quién están gobernando?», cuestionó Ochoa.

Para José Luis García, también un abogado miembro de la Asociación Social del Agua, la recién aprobada Ley de Agua en Querétaro «es un clon» de la aprobada en Puebla en 2012 que se utilizó para «abrir la privatización del agua» en 2014 durante el morenovallismo.

En 180 ciudades del mundo como París ya han desprivatizado los servicios de agua potable por los impactos negativos a los usuarios, por lo que las operadoras privadas están exportando el modelo a América Latina.

En Cochabamba, Bolivia, la lucha comunitaria también logró desprivatizar el agua hace unos años porque el 20 por ciento de los ingresos familiares se destinaba a las altas tarifas del agua y el consorcio trasnacional, que incluso privatizó el agua pluvial, expropió la infraestructura de la gestión comunitaria.

Pero en México, el modelo se expande en un nuevo estado, Querétaro.