Una empresa es dueña del agua en Quintana Roo. Desde Salinas: 1993. Pero la gente está ya muy harta

Desde 1993, en la época de privatización del salinismo, la empresa Aguakan de Jorge Eduardo Ballesteros Franco  –demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada– da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. La concesión es hasta 2053. Sin embargo, por las irregularidades del otorgamiento y las cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico y una consulta ciudadana.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Sin licitación de por medio para determinar la mejor opción y por solo mil 055 millones de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015. 

Autoridades locales han interpuesto un recurso jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, el cual va en periodo de desahogo de pruebas periciales, y organizaron una consulta ciudadana que se celebrará el 6 de junio para votar sobre la anulación de esta privatización en tiempos del salinismo.

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Caribe Mexicano ha recibido 210 quejas en contra del servicio de esta empresa del 1 de enero de 2019 al 20 de enero del 2021 (107 en el 2019; 92 en el 2020 y 11 en lo que va del año). El motivo principal de las quejas ingresadas es por cobros indebidos, seguido de la negativa a la entrega del servicio, es decir, los consumidores manifiestan haber pagado el servicio y contar con él de forma limitada, informó a este diario la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De los 210 procedimientos iniciados, 84 de ellos continúan en trámite y en espera de ser conciliados a favor del consumidor, por lo que el monto de la multa puede ascender hasta los 4 millones 877 mil pesos. Gastón Borda, gerente comercial y de comunicación de Aguakan, expuso que el promedio de quejas mensual es de 8.7 por mes, lo que representan el 0.00002 por ciento del total de sus 428 mil clientes y explicó que en ocasiones no se percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus tarifas.

Tanto la denuncia como la consulta ciudadana las atribuyó a fines electorales y populistas de cara a las elecciones estatales de junio. «Para garantizar el abasto a la población y mantener un servicio integral, se requiere inversión permanente. De no contar con un esquema de participación público-privada como se tiene en cuatro municipios, lo más probable es que el Estado tendría que generar deuda pública, impactando en los bolsillos de la población», dijo Borda.

Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la «escasez» de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para «resolver el grave rezago», sobre todo en los centros turísticos de la entidad. En 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó la concesión, ampliada por 30 años en el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, detenido por desvío de recursos públicos. 

En mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla también se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019. Aunque la Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifas fueron de 400 por ciento en el último lustro.

El Procurador Ricardo Sheffield aseguró en abril de 2019 que Aguakan es el “rey de las denuncias» interpuestas por los quintanarroenses por cobros indebidos, ya que le da por «facturar aire». Desde una rueda de prensa en la entidad expuso que «primero iremos por la vía del diálogo y si no, nos vamos por los tribunales” puesto que el problema con la compañía radica «desde sus contratos de adhesión» para la prestación de los servicios, irregularidad en la que coincide la Alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete. Desde 2018 la Presidenta Municipal presentó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión por incumplir la Ley, el cual continúa en proceso.

«Yo hice el pago en una tienda del super y me dieron mi recibo y todo, cosa que no se me reflejó en la compañía de Aguakan», le dijo Jesús, residente de Cancún, a la Senadora Marybel Villegas Canché, quien juntó más de 50 mil firmas para llamar a una consulta ciudadana sobre la concesión en los cuatro municipios donde opera la empresa. «De ahí pasaron unos cinco meses, vienen y me cortan el agua. Abro mi llave a las siete de la mañana y puro aire, pero te está marque y marque».

La Alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain aseguró que el cobro «es desmesurado» por brindar el «deficiente» servicio de agua potable a los ciudadanos y afecta el ecosistema  a través de la contaminación del agua y de mantos freáticos, debido «a las precarias condiciones en las que trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, así como en los cárcamos de agua potable». 

No obstante, el gerente comercial y de comunicación de Aguakan argumentó que la compañía no ha violado ningún ordenamiento ni Ley. «En cada proceso electoral surgen discursos y voces que distorsionan la información. Señalan la dureza del agua o hablan de mala calidad, cuando por las propias características del suelo de la Península es natural que el agua tenga propiedades diferentes a los de otros estados», planteó.

De acuerdo con el periodista local Pedro Canché –encarcelado de 2014 a 2015 por cubrir un bloqueo en las instalaciones de la Comisión de Agua de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto–, el dueño de Aguakan Jorge Ballesteros Franco tiene «un largo historial de empresas quebradas», pero sus finanzas personales nunca menguan. Incluso forma parte del Consejo de Kimberly Clark, del magnate Claudio X. González.

El Gobierno federal, desde la época de Carlos Salinas, «lo ha rescatado una y otra vez» y además de la concesión del agua en el norte de Quintana Roo le otorgó la construcción de la Autopista del Sol e infraestructura en Acapulco, Guerrero, la cual se dañó por el huracán «Manuel». Y en el sexenio de Ernesto Zedillo, en plena crisis de 1994-95, la familia Ballesteros fue de las más favorecidas por las operaciones del Fobaproa a través de su Grupo Mexicano de Desarrollo, ha documentado Caché.

En Estados Unidos, la Comisión de Valores lo demandó en 2001 y a otras 15 personas por un «amplio y altamente lucrativo» abuso de información privilegiada, con lo que obtuvieron ganancias por más de 3.7 millones de dólares. Jorge Eduardo Ballesteros Franco y otros, incluido su fallecido hermano José Luis, compraron miles de acciones –usando fideicomisos en el extranjero bajo nombres falsos– de Nalco Chemical Company, antes del anuncio público del 28 de junio de 1999 de que la empresa sería comprada por la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux.

LA AMPLIACIÓN HASTA 2053

El 10 de noviembre de 2014, los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios, extenderlo a Solidaridad y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053. 

Sin embargo, el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad en su artículo 45 prohíbe expresamente la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares. Además, el otorgamiento también violó el artículo 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, ya que no se realizó la convocatoria por parte del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable con las bases ni licitación para optar por la mejor opción financiera y de calidad para el municipio. 

«Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, ambos encarcelados por desvío de recursos públicos; Paul Carrillo de Cáceres, exedil de Benito Juárez; y Agapito Magaña Salazar, exedil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan», ha escrito el periodista Pedro Canché en notas.

El 5 de diciembre, antes de la aprobación del Cabildo de Solidaridad, la entonces directora general de la Comisión de Agua, Paula Guadalupe González Cetina, la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal y la empresa firmaron un contrato donde acordó el pago de una contraprestación por única ocasión de mil 055 millones de pesos por parte de Aguakan y que la vigencia de la concesión se ampliara del 20 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 2053.

Hasta el 8 de diciembre de 2014, durante la presidencia municipal de José Mauricio Góngora Escalante, el Cabildo de Solidaridad aprobó por unanimidad que este derecho humano pasara de la gestión de la Comisión de Agua Potable a esta compañía.

«Es de destacarse los diversos compromisos de metas de coberturas, eficiencias e inversiones en el sistema de agua y drenaje que Desarrollos Hidráulicos de Cancún. Resultan superiores a las que actualmente se prestan por lo que dicha concesión representará múltiples beneficios de calidad y cobertura para los usuarios», justificó el Cabildo de acuerdo con el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de aquel diciembre de 2014.

Las bases para el otorgamiento de esta concesión piden a la empresa satisfacer la demanda de agua potable y drenaje en un 100 por ciento en un plazo máximo de cinco años (cumplidos en 2019) y seis años (cumplidos en 2020), respectivamente. Además, el título de concesión obliga a la compañía a destinar al menos el 11.40 por ciento de sus ingresos en inversiones de infraestructura. De 1994 a 2014 se incrementó la cobertura de agua potable del 61 al 100 por ciento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, según los datos de la empresa.

Pero en Solidaridad, afirmó la Alcaldesa Laura Beristain, las proyecciones de inversión y de la correcta prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio, señaladas en la solicitud para el otorgamiento de concesión en 2014, no se han cumplido.

DENUNCIA «SIN FUNDAMENTO»

La Alcaldesa de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, quien era Regidora entonces pero fue la única en votar en contra de la ampliación de concesión, presentó en junio de 2018 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión de Aguakan. 

«Desarrollos Hidráulicos de Cancún considera que la demanda se encuentra infundada y que existen argumentos sólidos para obtener una resolución favorable, por lo que conjuntamente con su equipo de abogados externos promoverá los recursos legales correspondientes», informó la empresa a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores.

En septiembre de 2016, como Diputada, había presentado un exhorto al Ayuntamiento para revertir la concesión ya que viola la Ley. El artículo 115 constitucional, justificó, expone que son los municipios los que deben otorgar el servicio de agua potable y alcantarillado; y el artículo 147 de la Constitución de Quinta Roo establece que los municipios, solo con arreglo a la Ley, pueden aprobar concesiones a particulares.

«Se observa una clara violación a la Ley por parte del entonces Presidente Municipal de Solidaridad, José Mauricio Góngora Escalante, y del Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, quienes excediendo sus facultades otorgaron a particulares la concesión de servicios públicos municipales, cuando está expresamente prohibido hacerlo», expuso en su exhorto.

Por su parte, la Senadora Marybel Villegas Canché (quien ha brincado del PRD, al PAN, al PRI y finalmente a Morena) juntó las 50 mil firmas necesarias para llevar a cabo el día de las históricas elecciones, el 6 de junio, una consulta ciudadana sobre la concesión en los cuatro municipios donde opera la empresa.

«Aguakan ha sido respetuosa de los diversos mecanismos de participación ciudadana, además de conservar una postura de diálogo abierto con la ciudadanía», concluyó el gerente comercial y de comunicación.