Marcela pide investigar delincuencia detrás de violaciones a su hija en kínder de SLP

Marcela Alemán se amarró en las instalaciones de la CNDH y la Secretaría de Gobernación en 2020 para exigir avances en la investigación por las agresiones civiles que sufrió su hija cuando estudiaba el kínder en San Luis Potosí. A dos años de esas protestas que atrajeron el foco a nivel nacional, hay pocos avances, pero ella y su abogada esperan que la Fiscalía General de la República obtenga próximamente las primeras órdenes de aprehensión en un caso que apunta a que fue toda una red la que cometió y permitió los abusos sexuales contra la niña.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- “Buscamos justicia, están todas las pruebas. Mi hija ya identificó a quienes la agredieron, ya le hicieron todos los dictámenes necesarios, por eso cuando le toca repetirlos se cuestiona por qué las autoridades todavía no le creen“, lamenta Marcela Alemán, quien desde hace cinco años busca justicia para su hija, agredida sexualmente por personal del kínder privado al que asistía en Ríoverde, San Luis Potosí.

La mujer exige que el caso avance y pare la revictimización a su hija.

Desde 2017, cuando la niña tenía cuatro años, identificó al menos a tres personas, entre ellas dos maestras, como las responsables de violentarla tanto en el plantel como en algunas casas a donde, según su testimonio, era trasladada en horario de clases.

Aunque las declaraciones de la menor de edad apuntan a que fue toda una red la que cometió y permitió los abusos durante ocho meses, la Fiscalía estatal sólo inició una denuncia por violación sexual contra las dos docentes, una de ellas sí fue detenida pero tiempo después un Juez ordenó su liberación.

“Estas conductas no se detuvieron al interior de la escuela. Dichas mujeres [las maestras] sacaban a la menor de edad de la escuela por alguna puerta, en bolsas de basura y se la llevaban a diferentes casas de seguridad para perpetrar las conductas”, asegura Ana Katiria Suárez, abogada de Marcela y su familia.

Junto con su defensa legal, la familia potosina llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en octubre de 2021 ordenó revocar la absolución de la maestra denunciada por violación y exhortó a las autoridades a investigar a fondo. Después solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que iniciara un caso hasta que, luego de insistirles en más de tres ocasiones, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) lo atrajo.

“Estamos hablando de temas de corrupción y pornografía infantil, temas de trata, temas que requieren por sí mismos una organización sistemática y que conllevó la participación de al menos de más de tres personas, lo que le da competencia a la FGR para actuar por considerar que estamos frente a un hecho de delincuencia organizada”, explica Katiria Suárez.

Marcela Alemán asegura que ella y su familia han tomado el papel de la policía investigadora porque han aportado datos de prueba y todo lo que está a su alcance para avanzar, por ejemplo al entregar dictámenes avalados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) estatal o al identificar en dónde habitan ahora algunas de las personas señaladas como agresoras, “porque ellas [las autoridades estatales y federales] jamás han encontrado por su cuenta nada en sus investigaciones”, denuncia. Aún así la mujer espera que resuelvan el caso de su hija.

En ese sentido la abogada Ana Katiria prevé que en próximos meses la FGR obtendrá las primeras órdenes de aprehensión ya que el caso aún se encuentra en la etapa inicial de investigación. “Lo vamos a lograr, vamos a lograr las detenciones porque son personas vivas que sabemos donde están y que es altamente probable que sigan cometiendo este tipo de conductas dentro de la misma escuela”, afirma.

“ME GUSTARÍA QUE FUERA UNA HISTORIA DIFERENTE”

Marcela Alemán tiene claro el derecho que tiene su hija y su familia de acceder a la justicia, pero dice estar decepcionada por lo que ha visto en los últimos años. “En México tienes que mendigar la justicia y es muy doloroso hacerlo cuando eres víctima de un delito”, expone.

“Uno empieza haciendo las cosas bien, pero termina gritando o protestando de alguna manera porque ellos [las autoridades] hacen caso omiso a nuestra súplica”, dice al recordar las manifestaciones que realizó en septiembre de 2020 tanto en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se amarró y advirtió que no se movería hasta lograr avances en las denuncias de su hija.

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“Yo me amarré en búsqueda de justicia. Ya había esperado, ya tenía muchas quejas a las que no le habían dado seguimiento en mi estado”, agrega.

Las protestas de Marcela ayudaron a que el caso hiciera eco a nivel nacional, de hecho ella y la abogada Ana Katiria reconocen que sólo gracias a ellas se logró atraer la atención del Gobierno federal y comenzaron una serie de reuniones con personal de Segob. “Estuvimos en acuerdos y charlas con ellos y con la gente de San Luis Potosí, incluso el Gobierno federal regañó al Gobierno de San Luis Potosí por pelear en contra de una niña y frenar su caso”, recuerda la abogada.

“A mí me gustaría que esta fuera una historia diferente”, acepta Marcela, quien reconoce que al exigir justicia comenzaron a enfrentarse a una trama grande y compleja de poder. Ella fue el centro de una campaña de desprestigio en San Luis Potosí y en redes sociales y, al igual que su esposo, fueron víctimas de tentativa de homicidio, por lo que tuvieron que huir con su hija de San Luis Potosí, donde dejaron sus trabajos y a más familia.

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Con ese contexto, ahora tienen clara cuál es la ruta que seguirán, primero buscan la detención de las personas responsables de cometer las agresiones, después empezarían a buscar sanciones contra la escuela y su dueño porque el instituto sigue operando a cinco años de denunciar las agresiones sexuales.

Marcela lamenta que el caso de su hija no sea el único, pues familias de niñas y niños de otros estados se han acercado con ella para comentarle que sus hijos vivieron agresiones sexuales similares en otros estados; incluso sabe de violencias sexuales cometidas contra otros estudiantes y que también relacionarían a personal del kinder.

Estás personas, recuerda, han tenido temor de denunciar por las posibles represalias. «Una lo que necesita es volver a restaurar a la familia para salir adelante y poder ayudar a más familias porque sabemos que esto no es un hecho aislado, hay demasiados casos en diferentes estados de la República similares al de mi hija», menciona.

Un informe publicado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) el año pasado y actualizado en enero de este año da cuenta de ello. La organización civil dedicada al litigio en representación de niñas, niños y adolescentes documentó casos de abuso sexual organizado en 10 estados del país y en siete se reportaron particularmente en escuelas preescolares, esto desde 2001 y hasta enero de 2022.

La organización reportó 15 denuncias de niñas y niños que involucran agresiones en grupo; en 19 casos había varios adultos presentes durante el abuso; otros 20 se caracterizaron por actos de encubrimiento por personal escolar; en 11 fueron adultos los que facilitaron el abuso de las y los niños; se reportaron 18 en los que existían prácticas ritualistas y grotescas; en 18 se usaron disfraces durante el abuso; también utilizaron cámaras en 16 de los casos reportados y en al menos 5 casos existen indicios de sedación.

La ODI denunció que hasta ahora las autoridades del país, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, han sido omisas ante el tema. «A pesar de la denuncia pública, no se han tomado medidas para evitar que los casos continúen», expuso.

Por su parte, Marcela Alemán insistió en la importancia de que tanto funcionarios como los papás y mamás crean en las denuncias que hace la niñez. También pidió observar las señales que podrían indicar que las y los menores de edad sufrieron agresiones, como el tener pesadillas recurrentes, cambios en su estado de ánimo, la negativa a comer o negarse a acudir a la escuela.

«Como nos dijo un Juez federal: ‘Que les haga eco en su cabeza, los niños y las niñas no mienten, empecemos a creerles porque no mienten con contexto sexual», comentó.