Fiscalía de SLP desaparecerá unidad para investigar muertes de mujeres: familias

La UEMI, una unidad creada en San Luis Potosí en 2020 para investigar las muertes violentas de mujeres, podría desaparecer ahora que no tiene más casos a su cargo, alertaron familiares y defensoras de derechos humanos.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Familiares de víctimas de feminicidio y defensoras de los derechos humanos alertan que la Fiscalía General de San Luis Potosí busca eliminar una unidad especializada en la investigación de muertes violentas de mujeres luego de atraer solo un caso, el de la joven Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, asesinada en la entidad en octubre de 2012.

Se trata de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios (UEMI), creada en 2020 mediante el acuerdo 004/2020 para cumplir con la resolución que en 2019 hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del amparo 1284/2015 por el caso de Karla, cuyo asesinato fue investigado por la Fiscalía estatal sin perspectiva de género, pues las autoridades insistieron en que se trató de un homicidio pese a la existencia de pruebas que apuntaban a un feminicidio.

La Corte ordenó en su resolución subsanar las violaciones cometidas en la investigación, en ese contexto la Fiscalía estatal dejó en manos de la UEMI el caso del feminicidio de Karla Pontigo, esta vez aplicando los protocolos de investigación desde la perspectiva de género.

Colectivas como «Por ellas, por nosotras y por todas» han destacado la efectividad de la UEMI en la investigación del caso de Karla. Muestra de ello fue que la entonces titular de la unidad, la Fiscal Candy Martell denunció la existencia de un conflicto de interés ya que el Vicefiscal Jurídico y Encargado del Despacho de la Fiscalía, José Luis Ruiz Contreras, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer Juez que llevó el caso de Karla Pontigo y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo, por ello, en octubre de 2021 el Juzgado Primero de Distrito de San Luis ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso.

La FGR aceptó atraer el caso a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Aunque la noticia fue bien recibida por familiares de otras víctimas de feminicidio en San Luis Potosí, porque significa un avance en la búsqueda de justicia para Karla, también temen que la UEMI «se desintegre» y pierdan la oportunidad que especialistas atraigan sus casos.

Además, el personal de la UEMI ha sido removido desde que la FGR atrajo la investigación del feminicidio, alertaron este lunes 34 organizaciones civiles y colectivas.

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También la agrupación «Por ellas, por nosotras y por todas» ha criticado a la Fiscalía estatal porque no ha sabido «leer la obligación colectiva» que le dicta la sentencia de la SCJN, pues desde que creó la UEMI estableció que sólo podría resolver un caso a la vez. Por ello ahora, sin la unidad trabajando en el feminicidio de Karla, ven más cercana su desaparición. Las familias acusan que hay un «escenario de discriminación».

Incluso la Fiscalía estatal confirmó el temor de las familias. La dependencia dijo a SinEmbargo que la UEMI se creó exclusivamente para el caso de Karla Pontigo, «como ahora ya no va a estar en la Fiscalía y lo atrae la Fiscalía General de la República, no tiene razón de ser esa área», expuso.

La abogada Yesenia Valdez Flores, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que, contrario a lo que afirma la Fiscalía, la Corte expuso en su resolución que así como se investigará el asesinato de Karla, aplicando la perspectiva de género, deberían indagarse otras muertes violentas de mujeres.

«La UEMI fue creada para poder hacer una investigación bajo los parámetros ordenados por la propia Corte, lo que tendría que hacer la Fiscalía estatal, como es de aplicación general para toda la sociedad, es que la unidad se fortaleciera y la Fiscalía de San Luis Potosí conozca de todos los casos por muertes violentas de mujeres. La Fiscalía estaría incurriendo en un desacato ordenado por la Corte [si desaparece la UEMI]», expuso en entrevista.

Además, el acuerdo que formalizó el establecimiento de la UEMI reconoce que su creación responde a la necesidad de contar con una unidad multidisciplinaria capaz de analizar «cualquier evento que se relacione con un feminicidio y que puede derivar en otro tipo de hechos con apariencia de delitos que tiene que ser analizados desde el punto de vista del feminicidio o incluso, al contrario, que un evento que no se tenga como feminicidio, puede desembocar en ello».

Susana Cruz, madre de Guadalupe Viramontes, víctima de feminicidio, e integrante de «Por ellas, por nosotras y por todas», recordó que desde noviembre de 2021 un grupo de familias solicitó que sus casos fueran trasladados a la UEMI, pero la Fiscalía se negó, también les explicó que la la UEMI se creó porque «no contaban con los recursos necesarios y suficientes para crear una Fiscalía especializada», e insistió que por esa falta de recursos la unidad sólo podía trabajar en un caso.

«Estamos bajo dos violaciones graves a los de derechos. Uno es que la Fiscalía no está acatando la resolución de la Corte, pero también el hecho de que haya una diferenciación para investigar un caso de otro, lo que es una discriminación. ¿Por qué un caso se tendría que investigar bajo todos los estándares y el resto no? Lo que se está buscando es que todas las muertes violentas de mujeres en San Luis Potosí sean investigadas por personal capacitado y que conozca de perspectiva de género para determinar qué pasó en cada caso», destacó la abogada Valdez Flores.

Para Susana Cruz, el que la unidad permanezca significaría la posibilidad de encontrar a uno de los responsables del feminicidio de su hija, algo que la Fiscalía estatal no ha conseguido. Ella insiste en que como familiares «tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a la justicia», algo que, dice, podrían vislumbrar si siguen operando espacios como la UEMI.

Por otra parte, la colectiva «Por ellas, por nosotras y por todas» ve  la permanencia y fortalecimiento de la unidad como «una necesidad urgente ante la incapacidad histórica del Estado» para dar respuesta al derecho de las familias a acceder a la justicia y la reparación del daño.

En el mismo sentido se pronunciaron las más de 30 organizaciones y colectivas, entre ellas Amnistía Internacional México, en un comunicado publicado hoy donde llamaron al Gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, y al Fiscal estatal a evitar desaparecer o debilitar a la UEMI, en cambio pidieron fortalecerla y brindarle los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.