El INE, botín y fruto podrido de los partidos políticos

Una nueva estructura jurídica y un nuevo diseño institucional, determinados por la austeridad, la racionalidad y la pertinencia, deberá estar en el análisis y el debate de una reforma electoral que permita la refundación de un Instituto Nacional Electoral (INE) que pueda ser independiente, profesional y confiable para nuestra democracia.

Tendría que encontrarse, como producto del diálogo social, una nueva fórmula, para sustraer de la voluntad y los intereses de los partidos políticos y de sus diputados la designación de los consejeros electorales, cuyas posiciones son botín de poderes formales o fácticos.

La historia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral está determinada por las designaciones definidas por cuotas y cuates entre los partidos políticos.

Por tal razón, en la iniciativa de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría al Congreso, debe analizarse el futuro del INE.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es fruto podrido de la política partidista, pues casi todo lo que tocan los diputados -tanto locales como federales-, nace enfermo de origen o se pudre, porque la conducta y decisiones de los presuntos representantes populares están determinadas por intereses facciosos y mezquinos.

Es irónico que en algunos de los medios de comunicación en los que ahora se defiende a los consejeros electorales de su posible remoción, se documentara en su momento la historia muy cuestionable de sus designaciones.

Revisemos los más recientes procesos de designación de consejeros electorales del INE.

“La Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas, PRI, PAN y PRD, avalaron a Lorenzo Córdova en la presidencia del organismo para un periodo de nueve años, y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional”, publicó el periódico Reforma el 4 de abril del 2014. Ese mismo día, el periódico El Financiero señaló que Córdova Vianello había sido propuesto para consejero por el PRD.

Grupo Reforma describió el reparto de posiciones en el INE ese abril del 2014: Adriana Margarita Favela Herrera, electa para nueve años, respaldada por el PRI; José Roberto Ruiz Saldaña llegó para un periodo de nueve años apoyado por el PAN; Ciro Murayama Rendón, designado para nueve años, fue cuota política del PRD.

Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, quien terminó su periodo en el 2020, llegó con el apoyo del PRI; Enrique Andrade González fue electo para un periodo de seis años también con el respaldo del tricolor.

Además: el consejero Benito Nacif Hernández, contó con el respaldo del PAN para ser electo para un periodo de seis años; Pamela San Martín Ríos y Valles, fue electa consejera para un sexenio como cuota del PRD y Beatriz Eugenia Galindo Centeno, consejera por tres años fue impulsada por el interés del PRI.

Otros consejeros designados, como Arturo Sánchez Gutiérrez, para un trienio, ganó la posición para el PAN y Javier Santiago Castillo, electo para tres años, fue empujado por el PRD. Todos los casos fueron documentados por el periódico Reforma el 4 de abril del 2014.

El Financiero también consideró a Favela Herrera como una cuota del PRI; a Ruiz Saldaña, egresado de la Universidad Veracruzana, lo etiquetó como una posición del PAN, y de Murayama Rendón señaló que fue impulsado por el interés del PRD, según nota publicada también el 4 de abril del 2014.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, aunque llegó al cargo en 2014 apoyado por el PAN, está vinculado a Morena, pues ha colaborado, en distintas épocas, con el actual legislador morenista y presidente de la Cámara de Diputados, su paisano Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

Francisco Garfias, de Excélsior, en su columna Arsenal del 21 de febrero del 2020, ubica al consejero Ruiz Saldaña como el caballo de Troya de Morena en el INE.

La misma historia facciosa se repitió tres años después, cuando fueron electos tres consejeros electorales para un periodo de nueve años, según publicó Grupo Reforma el 31 de marzo del 2017.

Dania Paola Ravel Cuevas, electa por nueve años, fue impulsada por el PRI. Antes fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y también trabajó en el INE como asesora del consejero Marco Antonio Baños, quien también llegó a su cargo con el respaldo del tricolor.

Beatriz Claudia Zavala Pérez, electa para nueve años, fue impulsada por el PRD. Antes fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre 2008 y 2010. Desde 2013 al 2017 colaboró en el Tribunal Electoral federal, muy cerca de la magistrada Janine Otálora, también identificada con el PRD.

Jaime Rivera Velázquez, electo por nueve años fue cuota del PAN. Rivera fue consejero del Instituto Electoral de Michoacán y se le ubica como cercano al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, originario de la misma entidad.

Como puede observarse, algunos relevos de consejeros electorales a través de los últimos años han sido simples enroques en posiciones de las cuales se han apoderado los partidos políticos.

¿Cuál fue la historia de los consejeros electorales designados en el 2020?

“La Cámara de Diputados eligió a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras una negociación en la que el bloque mayoritario de Morena y la Oposición lograron ponerse de acuerdo. Con 399 votos a favor de todas las fuerzas políticas, pero con cinco en contra y cinco abstenciones de legisladores de Morena, fueron electos Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, para un periodo de 9 años”, señala una nota de Grupo Reforma del 23 de julio del 2020.

El 18 de julio del 2020, la revista Contralínea publicó que “la exconsejera electoral capitalina Carla Astrid Humphrey Jordan es considerada por algunos miembros de Movimiento Regeneración Nacional -Morena- como el caballo de Troya del Partido Acción Nacional (…) Lo que es un hecho, es que su principal cercanía con el partido de derecha –abierto opositor al gobierno federal– es de carácter personal: Humphrey Jordan fue esposa del (exsenador) panista Roberto Gil Zuarth”.

Hay una votación reciente que resulta muy ilustrativa de la forma como los consejeros electorales votan en favor de los intereses que los respaldaron para llegar a sus cargos.

En la sesión del INE del martes 13 de abril del 2021 los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General; Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez, Carla Humphrey Jordan, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez votaron en favor de ratificar la cancelación de los registros a los candidatos de Morena, Félix Salgado Macedonio como aspirante a la gubernatura de Guerrero y Raúl Morón Orozco, en Michoacán.

Se pronunciaron en contra de la cancelación de esas candidaturas José Martín Fernando Faz Mora, Norma Irene de la Cruz Magaña, Adriana Margarita Favela Herrera, Uuc-Kib Espadas Ancona y José Roberto Ruiz Saldaña, quienes insistieron en que la sanción era desproporcionada y que no se valoró el derecho a ser votado de los aspirantes.

Votaron en favor de ratificar las sanciones dos consejeros que llegaron al INE postulados por el PRD; dos a quienes se identifica vinculados con el PAN -una consejera electa apenas un año antes-; una consejera más que llegó respaldada por el PRI y el presidente del Consejo General, quien asumió su cargo luego de un acuerdo entre PRI, PAN y PRD, pero que llegó al cargo como propuesta original del PRD.

En contra de las sanciones se pronunciaron tres de los cuatro nuevos consejeros del INE nombrados apenas el 22 de julio del 2020, con el respaldo de la fuerza mayoritaria de Morena; un consejero que llegó con el apoyo del PAN, pero que ha dado un giro que le identifica ahora como incondicional de Morena; más una consejera que llegó al cargo postulada por el PRI.

Como podemos observar, es común que los consejeros electorales decidan sus votos en razón de los intereses de los partidos políticos que los apoyan para llegar a sus cargos. El Instituto Nacional Electoral no debe seguir siendo un botín de los partidos políticos. Debe rediseñarse para que cumpla con los principios rectores de su función: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.