IMSS-Bienestar, ¿la nueva apuesta del sector salud?

Por: Andrea Larios*

En 2019, se reformó la Ley General de Salud para sustituir el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Este último sería la estrategia del Gobierno para brindar un progresivo acceso universal a la salud para la población abierta. Sin embargo, a menos de tres años del arranque del Insabi y las reformas a la Ley General de Salud, el Gobierno ha anunciado un nuevo plan.

La semana pasada, el Gobierno federal presentó el Plan de Fortalecimiento al Sector Salud[1], el cual tiene como principal objetivo que todos los hospitales de salud estatales se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar para atender a la población sin seguridad social. Es decir, los hospitales de los estados ahora serán operados y administrados por el IMSS.

Lo anterior, de acuerdo con el Gobierno, implicará una federalización de los servicios de salud, revirtiendo el proceso de descentralización que inició en 1984. Con ello, se busca fortalecer el modelo de atención del IMSS-Bienestar en infraestructura, personal médico, medicamentos y material de curación; pues, de acuerdo con el Secretario de Salud, el IMSS es una institución de más estabilidad y fortaleza.

Hoy en día, el programa IMSS-BIENESTAR tiene presencia en 19 estados, con una población adscrita de 11.6 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas[2]. Con el nuevo plan, se busca que atienda a toda la población sin seguridad social en el país, la cual, de acuerdo con cálculos del INSABI, es de 67.2 millones.[3]

El primer estado que comenzará a operar bajo este esquema es Nayarit, donde 52 por ciento de su población carece de seguridad social. Así, se prevé una inversión inicial de mil 438 millones de pesos en este estado, que serán utilizados para infraestructura, contratación de personal y compra de equipamiento médico y medicamentos. Colima y Tlaxcala, de acuerdo con el titular del IMSS, también han ratificado el convenio para el proceso de transferencia.

Respecto a la inversión total necesaria para garantizar el acceso a la salud a toda la población sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar, el Presidente López Obrador estimó que será de 200 mil millones de pesos, sin especificar cómo se asignarán ni su temporalidad. Estos recursos no están contemplados en el PEF 2022, en el cual al programa IMSS-Bienestar se le aprobaron 23 mil 689.9 millones de pesos, mientras que al Insabi, por otro lado, se le asignaron 103 mil 336.79 millones de pesos.

El incremento en la inversión estimada anteriormente mencionada, de aplicarse eficazmente y en su totalidad al programa IMSS-Bienestar, tiene el potencial de impactar el gasto per cápita por subsistema de salud, pues podría reducir la brecha entre el presupuesto por persona destinado a la población con seguridad social y a la población abierta.

Para 2022, el gasto per cápita para la población sin seguridad social es el más bajo de entre todos los subsistemas. Considerando los recursos del Insabi e IMSS-Bienestar para este año, así como las personas que reportaron estar afiliadas en el Censo 2020, el monto por persona es de tres mil 641 pesos, mientras que para el IMSS es del doble: siete mil 311 pesos.

Dado que la inversión estimada por el Presidente de 200 mil millones de pesos corresponde al total hasta 2024, no es posible conocer con exactitud los recursos que serán aplicados por año ni el cambio exacto en el gasto per cápita. Sin embargo, al dividir la cifra de 200 mil millones entre los tres años restantes del sexenio, obtenemos que se podrían invertir 66 mil 666 millones por año. De ser así, el gasto per cápita para la población beneficiaria actual del IMSS-Bienestar (11.6 millones) sería de cinco mil 747 pesos, un 58 por ciento mayor al monto actual.

Si se realiza el cálculo con la población potencial, es decir, el total de la población sin seguridad social (67.2 millones de personas), el gasto per cápita sería de 991 pesos. No obstante, los recursos del Insabi, que también tienen la finalidad de ser empleados para garantizar el acceso a la salud a la población abierta, no son contemplados en este cálculo.

El aumento en el presupuesto para el IMSS-Bienestar, de ser ejecutado con eficiencia, podría contribuir a reducir la brecha en el gasto por persona para la población abierta. Lo anterior es posible siempre y cuando no se dé un retroceso en los recursos actualmente destinados al Insabi, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a los estados (FASSA) ni en los programas que brindan atención a la salud y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social.

El anuncio de la semana pasada abre múltiples dudas sobre el futuro del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual se había posicionado como la principal apuesta para brindar atención médica a la población abierta.  Si bien, se ha informado que el Insabi continuará existiendo, su foco ya no será la atención a la salud de la población abierta, sino el abastecimiento de medicamentos, equipo e infraestructura, así como capacitación y contratación de personal.

Así, parece que, a casi cuatro años de Gobierno, sigue sin haber certidumbre sobre las políticas de salud públicas, lo que genera afectación en las y los pacientes. Basta tan solo recordar los grandes problemas de desabasto que se han presentado. Resulta urgente que el Gobierno decida y fortalezca la política pública en salud y su presupuesto para garantizar progresivamente el derecho a la salud de más de la mitad de la población mexicana. Es una cuestión de justicia.

* Andrea es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico

[1] Plan de Fortalecimiento al Sector Salud https://presidente.gob.mx/presidente-presenta-plan-para-el-fortalecimiento-del-sector-salud-garantiza-gratuidad-en-servicios-a-personas-sin-seguridad-social/

[2] Presencia IMSS-Bienestar. http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar

[3] Informe Anual de Actividades 2020. Instituto de Salud para el Bienestar. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634209/1ER_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDADES_DEL_INSABI.pdf