Funcionarios de NL, con dinero público, ayudaron al «Bronco» en su sueño presidencial

En enero de 2018, Samuel García Sepúlveda y Mariela Saldívar, entonces diputados por Movimiento Ciudadano, presentaron una denuncia penal en contra de Jaime Rodríguez Calderón y exfuncionarios por las llamadas «broncofirmas», un presunto esquema de desvíos  de recursos públicos, humanos y materiales para recabar firmas que apoyaran la candidatura independiente de «El Bronco». En total, 25 dependencias participaron en dicha recolección, de las cuales 12 titulares estuvieron involucrados.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– «Si yo llegó a tener un problema o hice algo malo seré sancionado; nosotros probaremos que no es cierto», aseguró Jaime Rodríguez Calderón en septiembre de 2020 al ser cuestionado por el caso de las «broncofirmas», un supuesto esquema de desvíos de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas que avalaron su candidatura independiente a la Presidencia de la República en el año 2018 y por el cual hoy fue detenido.

«Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos», publicó en sus redes sociales Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de Nuevo León minutos después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuviera a su predecesor.

En enero de 2018, García Sepúlveda, entonces diputado por Movimiento Ciudadano (MC), junto con su compañera de bancada, Mariela Saldívar, presentaron una denuncia penal en contra del ahora exgobernador de Nuevo León y exfuncionarios, quienes habría recabado firmas para apoyar la candidatura independiente de «El Bronco» en horario laboral, una acción a todas luces ilegal.

«Casi 600 empleados en día y horario laboral recolectaron firmas para la candidatura del Gobernador (Jaime Rodríguez) y les quiero decir que el Congreso (de Nuevo León) tiene todos los elementos para sancionarlo de forma ejemplar», declaró el 25 de junio de 2019 Mariela Saldívar sobre las «broncofirmas».

Como «El Bronco» compitió como candidato independiente a la Presidencia en 2018, por ley tenía que recabar cerca de un millón de firmas en un plazo de 127 días, entre el 16 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de 2018, según el reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE). El requisito fue cumplido en tiempo y forma por Rodríguez Calderón; no obstante, fue señalado de pedir ayuda a funcionarios públicos.

Por estos hechos, en marzo de 2020 la Sala Regional Especializada del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que 572 personas que estaban empleadas en el Gobierno de Nuevo León fueron obligadas a captar apoyos para concretar la candidatura de Jaime Rodríguez, cuando Manuel González fungía como Gobernador interino durante los dos meses que duró la recolección de firmas. En esa ocasión ordenó al Congreso estatal imponer las sanciones correspondientes.

Sin embargo esas sanciones nunca llegaron y el caso de las «broncofirmas» fue llevado al TEPJF, que el 17 de junio de 2020 confirmó que  «El Bronco» y Manuel González desviaron recursos públicos en la recolección de firmas para la campaña presidencial de 2018. Tras dicha resolución, se ordenó al Congreso estatal sancionar a los funcionarios, lo que desencadenó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal a pesar de que varios reconocieron su participación.

De acuerdo con la resolución del TEPJF, 25 dependencias participaron en la recolección de las llamadas “broncofirmas”, de las cuales 12 titulares estuvieron involucrados.

El 3 de diciembre de 2019, Érika Wolberg, aspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, afirmó haber recolectado firmas para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón.

«Recabé dos apoyos, fuera del horario de oficina. Lo que ordenó el tribunal en su momento fue que la Contraloría impusiera las sanciones correspondientes, hasta ahora no he recibido ninguna», dijo la exdirectora del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local.

En junio de 2020, el secretario de Salud estatal, Manuel de la O, hizo lo propio al reconocer haber sido uno de los funcionarios estatales que en el 2018 recolectó firmas para Jaime Rodríguez.

En septiembre de ese año, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció el despido de 11 de sus trabajadores al haber sido encontrados culpables por el TEPJF de haber desviado recursos públicos para la recolección de firmas en la campaña presidencial de «El Bronco». Sin embargo, Rodríguez Calderón y Manuel González, exsecretario de Gobierno, quienes tenían que haber sido sometidos a juicio político por el desvío, nunca lo hicieron.

Incluso varios exfuncionarios se ampararon y el caso de las «broncofirmas» llegó hasta  la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en agosto de 2020 declaró inconstitucional el procedimiento establecido por el Congreso de Nuevo León para sancionar a Jaime Rodríguez Calderón por el uso de recursos del erario para obtener su candidatura presidencial en 2018.

LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA AUDITORÍA

Además de la denuncia penal que en 2018 presentaron los legisladores de Movimiento Ciudadano, en 2019 la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) añadió otra luego de detectar que funcionarios del programa «Aliados Contigo», creado por el entonces Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, realizaron actividades político-electorales en 2018.

Jorge Galván, titular de la ASENL, informó que la denuncia había sido presentada ante la Fiscalía Anticorrupción del estado. En su revisión, el órgano fiscalizador encontró que el programa se usó en tiempos electorales para favorecer en la recaudación de firmas en apoyo de candidaturas independientes.

“En base a una denuncia se hicieron auditorías de desempeño al programa ‘Aliados Contigo’, en donde nos dimos cuenta de que durante el periodo electoral se estuvieron recolectando firmas, bueno, en el periodo que marca el Tribunal Electoral federal se estuvieron recolectando firmas, los empleados no estuvieron haciendo el trabajo que tenían que hacer en cuanto al programa, no cumplieron con los fines del programa, no hicieron trabajo en relación a eso”, dijo Galván el 3 de diciembre de 2019 al comparecer ante el Congreso local.

“Nos llamó mucho la atención que exactamente en los meses en que se recolectan firmas no hubo trabajo relativo a ese programa; entonces, procedimos a hacer una denuncia penal», agregó.