La Auditoría Superior de NL investiga a “El Bronco” por presuntos desvíos para su sueño presidencial

En mayo pasado, cuando el Instituto Nacional Electoral informó sobre una supuesta triangulación «para ocultar un financiamiento de origen no legal» implementada por Jaime Rodríguez Calderón para registrar su candidatura a Presidente, el consejero Ciro Murayama precisó que el único financiamiento privado que es legítimo por la legislación mexicana es el que hacen ciudadanos  de sus recursos propios. Hoy la Auditoría Superior del Estado mantiene una investigación contra el mandatario por un supuesto desvío de recursos públicos, cuyos resultados se darán a conocer hasta octubre de 2019.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por el presunto desvío de recursos públicos que le habrían permitido obtener las firmas necesarias para registrarse como candidato independiente a la Presidencia nacional, reportó Reforma.

El titular de la ASE, Jorge Guadalupe Galván, confirmó al diario que una unidad especial de la dependencia, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, ya estudia el caso.

De acuerdo con Guadalupe Galván, los resultados se darán a conocer en octubre de 2019 como parte del informe de la cuenta pública del Estado correspondiente a 2018.

La carpeta de investigación contendrá la solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto, destacó Galván.

En mayo pasado el INE informó que Rodríguez Calderón,“El Bronco”,  recibió financiamiento ilícito de empresas por más de 12 millones 800 mil pesos que recibió durante el periodo electoral de recolección de firmas ciudadanas.

El INE resolvió tres procedimientos de queja en materia de fiscalización durante la etapa de apoyo ciudadano en contra del independiente tras acreditarse financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos.

Este órgano explicó que las quejas se sumaron a otras tres multas impuestas, las cuales asciendieron a un total de 739 mil pesos, al comprobar un financiamiento irregular por 12 millones 800 mil 329 pesos.

De acuerdo con el INE, Rodríguez Calderón obtuvo el financiamiento irregular a partir de tres actos: el primero es por el empleo de 652 servidores públicos de 29 dependencias de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, quienes se habrían desempeñado como auxiliares, en horarios laborales, en la recopilación de firmas para la obtención de apoyo ciudadano.

“Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de cuatro mil pesos por auxiliar; de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este proyecto es de dos millones 608 mil pesos”, precisó el consejero Ciro Murayama.

Una segunda sanción de 226 mil 243 pesos llegó al independiente luego de simular el supuesto recibo de recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”, por un monto involucrado de cuatro millones 494 mil pesos.

“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, señaló Murayama.

De acuerdo con el INE, las personas morales Dyjoma, SA de CV, y Comercializadora Zelcy, SA de CV, presuntos aportantes, no cuentan con bienes muebles e inmuebles reportados y su domicilio fiscal se ubica en un mismo bien inmueble, por lo que tuvieron que dar parte al Servicio de Administración Tributaria y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León.

Asimismo, “mil 35 auxiliares recibieron pagos por la prestación de servicios para la recopilación de firmas de obtención de apoyo ciudadano, en favor del entonces aspirante Rodríguez Calderón por un total de seis millones 630 mil pesos, mediante “Tarjetas Saldazo Oxxo”, provenientes de transferencias de las empresas Piserra Construcciones, SA de CV, Grupo Comercial Gutren SA de CV, y Attar 2715 SC.”

Cuando se dio a conocer la denuncia el consejero Ciro Murayama precisó que el único financiamiento privado que es legítimo por la legislación mexicana es el que hacen ciudadanos, de recursos propios y, además, que no son aportaciones anónimas.

“Aquí lo que tenemos es que este conjunto de ciudadanos hizo las aportaciones pero no con recursos propios, sino que ellos sólo fueron un vehículo para mover el dinero que salió de empresas. Es una trama de triangulación para ocultar un financiamiento de origen no legal”, señaló.