Mariana y Samuel intentan gobernar desde las redes. Pisan la Ley, viven del escándalo

La estrategia de autopromoción con fines políticos y mercantiles en redes sociales se les revirtió. Aunque las irregularidades en campaña las terminó pagando su partido Movimiento Ciudadano, esta vez al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a la titular de la Oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, les está costando una investigación del DIF incluso por posible trata de personas luego de exhibir y capitalizar a un bebé de cinco meses, como lo han hecho durante el programa de vacunación transfronteriza a menores de edad.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, su esposa y titular de la Oficina Amar a Nuevo León, han protagonizado desde antes de llegar al frente del estado escándalos, incluso con repercusiones legales, el más reciente con la sustracción de un menor del DIF estatal, mientras que durante estos más de 100 días de gobierno han obviado los pendientes en materia de corrupción, movilidad en transporte público, contaminación industrial que afecta a la salud y seguridad.

«Tenemos un Gobernador que está en campaña todos los días. Caímos en la foto bonita, la suben ellos, pero los temas importantes ni siquiera se hablan», dijo Juan Manuel Ramos, director de Red Quinto Poder, una organización civil local que promueve los derechos humanos.

Desde la campaña a la gubernatura, el exsenador fue señalado por la autoridad electoral por haber financiado parte de su campaña mediante una ilegal triangulación de aportaciones privadas entre familiares y empresas por 14 millones de pesos, razón por la que se multó a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos.

SinEmbargo informó previamente que estas empresas están relacionadas con una supuesta red de despojos inmobiliarios, como lo denunció el empresario Raymundo Ramírez Pompa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hecho sobre el cual el mandatario no quiso pronunciarse pese a que este medio lo buscó.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también planteó una multa de 55 millones de pesos al partido naranja porque la influencer Mariana Rodríguez promocionó la campaña mediante 45 fotografías y mil 300 historias de Instagram como «aportaciones prohibidas en especie», pero el Tribunal Electoral (TEPJF) tiró la sanción bajo el argumento de que lo hizo por su libertad de expresión y no debía fiscalizarse.

Después del carpetazo al capítulo de la campaña, y ya en el poder político de la entidad industrial del país, ambos jóvenes funcionarios públicos no han parado de promocionarse entre historias de su Instagram personal a la par de que la Fiscalía Anticorrupción local no sancionó ningún caso en 2021; suben videos y fotos en Facebook en el estadio del Tigres o haciendo ejercicio mientras las industrias contaminan sin castigo; y García se exhibe cada martes, jueves y domingo en ruedas de prensa o «responde» a comentarios al mismo tiempo que los usuarios de transporte público viajan hacinados al trabajo durante una pandemia.

«No estoy en contra de que el Gobernador y su esposa estén todos los días exhibiéndose en redes sociales, siempre y cuando cumplan con su responsabilidad ejecutiva. No va a poder resolver todo en estos 100 días, pero no ha querido tener las formas o a lo mejor esta va a ser su dinámica de todo el sexenio: estar haciendo una promoción permanente de su imagen. Se extrae de la realidad y quiere vendernos el mundo de sus otros datos», agregó Ramos.

LA POSIBLE TRATA DE MENORES

Como lo han hecho en el programa de vacunación transfronteriza a menores de edad, el Gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez vulneraron los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Incluso pudieron haber cometido el delito de trata de personas por usar la imagen de un bebé del DIF estatal con fines políticos y mercantiles en sus redes sociales, coinciden la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y Save the Children.

Pese a las alertas, la titular de la Oficina Amar a Nuevo León siguió durante el lunes publicando historias en Instagram del infante e informó que aumentaron las solicitudes de acogimiento familiar.

Este martes, mientras García y Rodríguez publicaban en Instagram la identidad de los menores de 5 a 11 años que llevaron a vacunar al puente Colombia en Estados Unidos, el DIF requirió a la Procuraduría especializada de Nuevo León emprender acciones administrativas y jurisdiccionales porque mostraron en un video el rostro de un niño de cinco meses de edad en las redes sociales, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta.

«Hay una serie de supuestos por los cuales se podría estar constituyendo un delito en materia de trata de personas, desde una adopción ilícita hasta cualquier otro mecanismo de explotación con fines que marca la ley en materia de trata y que evidentemente deberían ser denunciados ante la FGR”, aseguró en entrevista con «Los Periodistas» de SinEmbargo al Aire, Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes.

El DIF también destacó que no existen las «adopciones temporales» y que en un acogimiento familiar como el sucedido deben respetarse los requisitos legales como presentar una solicitud, obtener la certificación y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento, por lo que requirió indagar una presunta violación a estos procedimientos establecidos.

«El hecho de que alguna persona que no tiene una relación familiar con ellas y ellos, los lleve a su casa o los tenga bajo su cuidado sólo por un fin de semana o por unos cuantos días, puede representar un impacto emocional negativo ante las expectativas que generan los pequeños desde muy temprana edad, pues las niñas y niños necesitan estabilidad, apego, y construir vínculos afectivos con las personas con las que conviven», observó Save the Children.

Esta violación al derecho a la intimidad también ya la habían cometido en Halloween y en la época navideña con algunos de los 300 menores del centro a quienes llaman «chavacanos», como el alias de la influencer Mariana Rodríguez, quien también fue cuestionada a finales de octubre por promocionar con video y fotos su corte de cabello para donarlo a un menor con cáncer.

Juan Manuel Ramos, director de Red Quinto Poder, resaltó que el matrimonio no sólo «cosificó» al bebé de Capullos, sino que también exhiben a los menores de edad que reciben su vacuna contra la COVID-19.

«Podemos observar al Gobernador y a la señora tomándose fotos con los menores que llevan a vacunar a la frontera excursionando y también violando la Ley General de Protección de Menores porque están haciendo uso de su imagen y termina en una promoción personalizada dándole a entender a la población que son los salvadores de las vacunas», dijo.

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CARPETAZO A LA TRIANGULACIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, fue financiada mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas que, según una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, están ligadas a una red de despojos inmobiliarios.

Su campaña recibió 14 millones 26 mil pesos –mayor al monto permitido de aportaciones privadas por 7 millones de pesos–, los cuales fueron donados por su madre Bertha Silvia Sepúlveda (11.6 mdp) y hermanos Silvia García (1.5 mdp) y Roberto García (840 mil pesos), quienes a su vez recibieron esos recursos de dos empresas. Por ello el INE y el Tribunal Electoral acordaron sancionar a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos.

«Se pretendió dar carpetazo incluso mediáticamente a la triangulación que el INE detectó entre familiares y que simularon empresas. No se sancionó a las personas, sino al partido político que pagamos los contribuyentes del país», comentó Juan Manuel Ramos, director de la organización local Red Quinto Poder.

En septiembre de 2021 el empresario Raymundo Ramírez presentó una denuncia ante el SAT y la UIF de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la que acusó al empresario Emilio Tancredi y a sus padres José Tancredi y María Flores de ostentarse como dueños de diversos inmuebles exhibiendo documentos y contratos falsos de compra-venta, en casos que posteriormente defendió ante tribunales Carlos Mendoza Cano, extrabajador de la Fiscalía de Nuevo León y actual titular de la UIF estatal.

Las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, que triangularon los recursos a la campaña del Gobernador Samuel García, comparten domicilio con el aparato legal de esta red de despojos, en la cual sirvió como abogado el actual titular de la UIF estatal, cargo en el que fue colocado por el mandatario naranja, y que a decir del empresario también ha incurrido en otros delitos como el lavado de dinero.

«Inició muy duro el Gobernador desde su púlpito de la mañanera local señalando corruptos, inclusive dando nombres de personas. Pero no conocemos las denuncias ni las carpetas, entonces no sabemos si quedó en show o efectivamente está comprometido», agregó el activista Juan Manuel Ramos.

DE POLÉMICA EN POLÉMICA

En agosto de 2020 el entonces Senador emecista Samuel García ya le había costado desprestigio a su partido. Durante una videollamada con su esposa Mariana Rodríguez, le pidió que bajará la pierna.

«Me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando», le dijo.

Ante la ola de críticas por su actitud machista, el Diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynes le pidió rectificar. «Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar», reconoció quien ya tenía la intención de contender por la gubernatura.

En vísperas de elecciones estatales, García volvió a ser cuestionado porque se difundió una entrevista donde el legislador comentó que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices; tienen pa’ su familia, pa´las colegiaturas…”. Solo el 6 por ciento de los trabajadores en México gana más de 15 mil pesos al mes, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Él lo calificó como guerra sucia.

Días antes también fue criticado por comentar que entre las experiencias más duras que recordaba era levantarse a las 5 de la mañana luego de salir de fiesta para acompañar a su padre al golf a cambio de que le pagara su semana por acudir a trabajar a su despacho.

«Era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana, te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana. Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes y yo salía también los viernes. Te metías a la una o dos de la mañana y me levantaba a las cinco porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó García sobre sus 15 años.

Ya en campaña, el aspirante priista Adrián Garza acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a Samuel García y a su padre porque, a través de las empresas que triangularon el dinero para su campaña, Firma Jurídica y Fiscal SC, habían dado depósitos en efectivo a Blanca Esthela Garay Tovar, cuñada de Gilberto “El June” García Mena, un exlíder del cártel del Golfo.

«No puedo permitir que mi campaña política la dicte Adrián, y que él venga a plantear preguntas desde su búnker. Con todo respeto les digo estoy abierto a todas las autoridades y a todos los requerimientos que nos hagan. No hay nada qué esconder. Muchas gracias», respondió a la prensa ante esos señalamientos.