Juez dice a El Diario que recibió “presiones externas” para vincular a Maru

La Gobernadora de Chihuahua fue vinculada a proceso en abril de 2021 por el delito de cohecho pasivo, y aunque los cargos fueron removidos, el Juez de control a cargo admitió que fue presionado, presuntamente por el Gobierno de Javier Corral, para tomar decisiones en el proceso judicial.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El Juez Uriel Samuel Mendoza, quien está a cargo del caso de la ahora Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, admitió en entrevista para El Diario que su decisión de vincularla a proceso por presuntamente recibir sobornos estuvo sujeta a presiones que provenían principalmente de la administración de Javier Corral Jurado.

Después de haber vinculado a la entonces candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), Mendoza aseguró que la investigación de la supuesta «cartera secreta» del exgobernador César Duarte, de la cual Campos habría sido beneficiada, tuvo muchos matices políticos.

“Desde luego tanto para mí como para todos los juzgadores que intervenimos existieron presiones en general por todos los intereses que había; le pudiera decir que inclusive desde Palacio de Gobierno en concreto”, expuso en entrevista con El Diario.

El Juez detalló que hubo acercamientos y llamadas que recibió para intentar influenciar en vincular a proceso a Campos por el delito de cohecho pasivo. Los autores de estas presiones, consideró, fueron personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno de Corral.

Además, denunció que partidos políticos participaron en la presión al grado de presión física, ya que estuvieron en la sede del Poder Judicial. Sin embargo, no indicó si la presión fue determinante para que haya resulto la vinculación

Tras la publicación del diario, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expresó su respaldo a la Gobernadora chihuahuense, a quien calificó como una persona con integridad y honestidad.

A inicios de abril de 2021, Campos y dos exlegisladores del PRI y del Partido Verde fueron vinculados a proceso por presuntamente recibir del exgobernador César Duarte la cantidad de 9 millones de pesos mediante la caja chica denominada nómina secreta, la cual estaba conformada por un fondo de mil millones de pesos.

Sin embargo, el 7 de septiembre se le retiraron las acusaciones hechas por la Fiscalía General del Estado por el delito de cohecho a la panista.