México

Cientos de personas son deportadas cada día desde Estados Unidos hacia México, luego desde este país hacia El Ceibo, en Guatemala, y de ahí hacia la frontera Corinto, en Honduras. Se trata de las llamadas “deportaciones exprés en cadena”, un fenómeno que, según defensores de los derechos humanos, representa una “nueva e invisible crisis humanitaria”.

CORINTO, Honduras, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Como cada noche, en esta frontera entre Honduras y Guatemala, los integrantes de organizaciones humanitarias se preparan para recibir con medicamentos básicos, agua y alimentos, a los cientos de migrantes hondureños que llegan en la madrugada deportados de los Estados Unidos con la colaboración de México, como parte del llamado Título 42. 

La garita está cerrada y una larga fila de vehículos de carga, algunos con el motor encendido, esperan a que amanezca. Huele a smog y a basura. Es considerado como un punto rojo debido a la presencia de maras y narcotraficantes. A la 1:35 de la mañana llega un autobús blanco con personas deportadas, entre ellas Reina y su hijo de 4 años, quienes descienden del vehículo visiblemente desconcertados.

Tras una breve pausa, Reina y su hijo caminan lento con el grupo siguiendo la luz que sale de un negocio cerrado, fuera del cual se instalan para esperar a que pase la noche. Al pequeño, que se duerme casi de inmediato, Reina le improvisa una cama en el suelo con su suéter.

Todos los días, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, un promedio de entre 250 y 450 personas son trasladadas en las mismas condiciones hasta este lugar, como parte de las llamadas “deportaciones exprés en cadena”, un fenómeno que, según defensores de los derechos humanos, representa una “nueva e invisible crisis humanitaria”.

Migrantes deportados cruzan la frontera Corinto, entre Honduras y Guatemala. Foto: Manuel Ortiz Escámez.

De acuerdo con el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), este tipo de deportaciones se realizan de manera sistemática, desde mediados de septiembre de 2021 a la fecha, y representan una violación a los derechos humanos de los migrantes, entre quienes se encuentran niñas, niños y mujeres, muchas delas cuales han formado parte de las caravanas.

Iolany Pérez, directora de comunicación en Radio Progreso, una radio comunitaria vinculada a la Red Jesuita, explica que las caravanas «responden a la realidad del país». “La de Honduras es una población que se le niega la posibilidad de tener un empleo digno, con ingresos adecuados para poder alimentar a la familia. Pero, sobre todo, tenemos el fenómeno de la inseguridad y violencia”, señala Pérez.

“Tenemos territorios totalmente controlados por maras y pandillas, donde el narcotráfico tiene poder de esas comunidades e incluso de las decisiones institucionales. Eso está empujando a que mucha gente sea desplazada forzosamente de sus territorios”.

Estas personas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia México, luego desde México hacia El Ceibo, Guatemala, y de aquí hacia la frontera Corinto, en Honduras.

Reina asegura que ella fue detenida por autoridades migratorias de EU y que en ese país, en el estado de Texas, ella y su hijo pasaron cuatro días “castigados, con mucho frío y pésima alimentación”, bajo una carpa a la que llaman “hielera”, como se le conoce a las celdas de detención temporal de la Patrulla Fronteriza.

Reina dice que la llevaron con “mentiras” a un avión que los trasladó al estado de Tabasco, México, en donde las autoridades mexicanas tramitaron formalmente su deportación.

“[En México] nos tomaron fotos y ahí nos pusieron a firmar una hoja de deportación, y México no tiene por qué deportarnos a nosotros porque ellos no nos agarraron, teníamos que ser deportados por Estados Unidos, ahí teníamos que haber firmado”.

Entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana llegan a Corinto, la frontera entre Honduras y Guatemala, de 4 a 7 autobuses con un promedio de 250 a 450 personas diarias, entre quienes se encuentran niñas, niños y mujeres. Foto: Manuel Ortiz Escámez.

“MÉXICO ESTÁ HACIENDO COSAS MUY GRAVES»

La investigadora del ERIC, Yolanda González, especialista en derechos humanos, advierte que “debido a las políticas de Estados Unidos, con una gravísima colaboración muy activa del Estado mexicano, están regresando a estas personas en la completa indefensión y corriendo alto riesgo, y sin ningún tipo de atención institucional por el Estado hondureño”.

De acuerdo con John Lindsay-Poland, investigador en armas y derechos humanos, y quien coordina un proyecto en esta materia en la organización Global Exchange, las armas y la política de intervención de  EU son parte fundamental del problema porque generan violencia y desplazamiento forzado en Honduras, otras partes de Centroamérica y México. “Muchos de los migrantes están huyendo de los efectos que generan las armas de los EU.”

Al mismo tiempo, asegura el investigador, EU le vende armas al Gobierno mexicano para que éste contenga la migración centroamericana. 

“Los EU están armando a los miembros de la Guardia Nacional [de México] cuya principal tarea es detener y deportar migrantes”, dice Lindsay, luego de asegurar que durante el 2020 la GN compró 50 mil pistolas semiautomáticas a la compañía estadounidense Sig Sauer. “Esta es una compra enorme en el mercado internacional”. 

De acuerdo con González, los hondureños deportados son llevadas en la madrugada a Corinto, “uno de los lugares más peligrosos del mundo”, sin haberse respetado sus derechos, “como el derecho a solicitar asilo, que es un derecho fundamental por encima incluso de la soberanía de cualquier Estado”.

Algunos migrantes deportados entrevistados en Corinto dijeron haber sido maltratados tanto por las autoridades migratorias de EU como por las de México.

Un hombre deportado entrevistado en la madrugada, quien prefirió mantener el anonimato, dijo que “la migra mexicana” (refiriéndose a las autoridades migratorias en Villahermosa, la capital de Tabasco, México) los mantuvo encerrados, sin tomar agua, se burlaron de ellos e incluso los tocaron, a él y a las mujeres del grupo, en sus partes privadas.

La investigadora del ERIC Yolanda González, especialista en derechos humanos, advierte en entrevista que “debido a las políticas de los Estados Unidos, con una gravísima colaboración muy activa del Estado mexicano, están regresando a estas personas en la completa indefensión y corriendo alto riesgo, y sin ningún tipo de atención institucional por el Estado hondureño”. Foto: Manuel Ortiz Escámez .

“México está haciendo cosas muy graves”, denuncia González: “Está siendo cómplice de estas devoluciones colectivas que realiza Estados Unidos con la excusa de la pandemia, donde aplican el Título 42, una ley de salud pública en los Estados Unidos” para combatir la pandemia.

El Título 42 es una medida que promulgó el expresidente Donald Trump y que ha continuado bajo la administración del actual mandatario, Joseph Biden, la cual habilita las expulsiones expeditas de migrantes indocumentados encontrados en la frontera bajo el argumento de evitar la propagación de la COVID-19.

González asegura que “las organizaciones de México han documentado y denunciado, hasta la saciedad, graves violaciones a derechos humanos, la represión, la militarización, la violación al principio fundamental de no devolución de una persona si la estás devolviendo a un sitio en donde su vida corre peligro, con oídos sordos por parte del Estado mexicano”.

Cada vez más, la migración se ha convertido en uno de los temas polémicos dentro de la administración del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el más reciente informe de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), México superó las 100 mil solicitudes de asilo, siendo en su mayoría hondureños y haitianos. 

ELECCIONES GENERALES

Honduras tendrá elecciones generales el 28 de noviembre del presente año. Los comicios se realizarán en medio de una severa crisis económica y política que se ha agudizado con los años, sobre todo desde el golpe de Estado del 2009 [respaldado por los EU], el cual incrementó exponencialmente el despojo territorial, el control del narcotráfico, la militarización y las violaciones a los derechos humanos. 

El país está gobernado desde el golpe de Estado por el Partido Nacional considerado de ultraderecha. Una gran cantidad de los ciudadanos entrevistados para este reportaje en las calles de Tegucigalpa, así como en poblaciones rurales, no creen en las instituciones y desean huir del país por temor a la violencia y la falta de oportunidades laborales. 

El actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,  se reeligió en el 2017 luego de una cuestionada contienda electoral en la que, entre otras presuntas irregularidades, votaron 900 mil muertos. 

Para el sociólogo hondureño Elvin Hernández, investigador del ERIC, la migración hondureña continuará gane quien gane en las elecciones. No obstante, indica que la diferencia podría ser el tipo de migración: “masiva y en caravanas, o por goteo”. 

“Me parece que de continuar el Partido Nacional, con Papi a la orden [como se le conoce al candidato oficialista Nasry Juan Asfura Zablah] el proceso de migración tendrá la característica de masividad porque su apuesta política de continuidad en la minería, las hidroeléctricas y la privatización de servicios públicos, continuidad de todo aquello que ha generado la crisis que hoy tenemos”.

Por otro lado, Hernández considera que de ganar la principal opositora, candidata Xiomara Castro (del Partido Libertad y Refundación –Libre), “habrá migración porque ningún Gobierno tiene la capacidad de hacer un cambio radical en este país de la noche a la mañana”. Sin embargo, el cambio hacia el “fortalecimiento del Estado de derecho”, así como la derogación de leyes que han perjudicado a los sectores populares, podría “generar esperanza y bajar así la presión y el desencanto que genera las ganas de irse de este país”. 

Regularmente, los migrantes pasan la noche parados o acostados en el suelo en algún punto de la garita hasta el amanecer, para después emprender su camino a casa, a veces a pie. 

Hoy, un camión patrocinado por alguna organización humanitaria que no se identificó, ofrecerá transporte gratuito hasta San Pedro, la ciudad cercana. A las 3:40 de la mañana, Reina, otras madre, y algunos padres solos con hijos, abordan con alivio en el rostro la unidad color amarillo.

Así concluye la jornada de esta noche. 

Manuel Ortiz Escámez

Manuel Ortiz Escámez es sociólogo, reportero y fotógrafo mexicano radicado en San Francisco, CA. Tiene más de 16 años documentando asuntos sobre migración internacional y justicia social en varios países: México, EU, Colombia, El Salvador, Bolivia, Honduras, Francia y Japón, entre otros. Es licenciado en Sociología y maestro en cine documental por la UNAM. Ha sido jurado en concursos internacionales como el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo (categoría imagen), el Certamen Internacional de Cine, Migración y Exilio, así como el POYLatam (categoría multimedia). Es autor del libro Sociología visual (UNAM-2017). Ha sido profesor y tallerista en distintas universidades, entre ellas la UNAM y la Universidad de Stanford, CA. Ha recibido diferentes premios por su trabajo escrito y visual; el más reciente es el Premio Jon Prosser (2021) que otorga la Asociación Internacional de Sociología Visual (IVSA).

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