La FGR calma la indignación… por ahora: exdirector de Pemex nunca entregó evidencia

Emilio Lozoya gozó durante 15 meses del privilegio de llevar su proceso en libertad con la condición de portar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y visa, y acudir a firmar periódicamente. Ayer esa condición cambió. El exdirector de Pemex ya no salió del Reclusorio Norte.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de meses en que se cuestionó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue encarcelado en el Reclusorio Norte, después de un año en el que el caso Odebrecht no ha avanzado pese a que él ha señalado ante las autoridades a más de 70 políticos en esta trama de corrupción, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso.

El rol de Lozoya como testigo colaborador le valió múltiples críticas a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque se le permitieron al exfuncionario una serie de comodidades como pasearse en restaurantes de lujo, mientras que del caso Odebrecht no se conocían mayores avances. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “inmoral y provocador” que el extitular de la petrolera departiera en un establecimiento en las Lomas.

Este miércoles el panorama cambió para Emilio Lozoya, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue funcionario durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Juez federal José Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex. La Fiscalía dijo que el imputado no había cumplido con ningún requisito para obtener un criterio de oportunidad por lo que solicitó el cambio de la medida cautelar.

Por su parte, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en su contra, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para hacerlo.

Pese a ello, Lozoya se dijo inocente y aseguró que se está llegando a un acuerdo para reparar el daño e insistió en que él no ha tenido responsabilidad en el caso. En el pasado, ha insistido que todo el entramado de sobornos que operó fue por órdenes del expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray.

De esta manera, el exdirector de Pemex se convirtió en el segundo implicado en ser detenido por el caso Odebrecht, empresa brasileña que —de acuerdo con la acusación— le pagó sobornos millonarios cuando estaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en una apuesta para obtener contratos de Gobierno.

“Es muy claro que Emilio Lozoya sí es una persona que tiene riesgo de fuga porque de entrada estaba prófugo de la justicia, se había escapado ya del país, es una persona con una enorme capacidad económica incluso desde antes de estar en Pemex. Incluso el Juez lo dijo hace un año en la primera audiencia, de que le había sorprendido que no se hubiera solicitado prisión preventiva contra Lozoya. Sin embargo, la Fiscalía le da un trato privilegiado con un brazalete que le permitió ir a restaurantes de lujo a comer”, señaló en entrevista Javier Martín Reyes, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Hasta antes de este miércoles, la FGR sólo había procedido penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maur, quien desde abril está encarcelado.

Lozoya ha señalado a 70 políticos en la denuncia que presentó a su regreso a México, en julio de 2020, lo cual le permitió, mediante un criterio de oportunidad pactado con Gertz Manero, no pisar la cárcel durante 15 meses. Hasta ahora.

“Es una respuesta política porque no me parece que vaya a cambiar en mucho, por lo menos, el estatus que tenía como colaborador en un marco de oportunidad, en realidad eso no se modificó por eso más bien es una respuesta política más que un problema técnico”, expuso Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO México.

El especialista en investigación de la corrupción consideró que el hecho de que Lozoya vaya a prisión preventiva tampoco va a cambiar sustancialmente el panorama en el caso Odebrecht en México, porque el problema en el país es que tenemos fiscalías —la nacional como las estatales— que no investigan.

Martín Reyes agregó a su vez que de entrada hay 30 días para finalizar la investigación complementaria y ahí observa dos cosas: una, que la Fiscalía insista con seguir la acusación contra Lozoya, donde tendrá que demostrar más allá de cualquier duda razonable que Lozoya cometió alguno de los delitos que le están señalando. “Habrá qué ver si la Fiscalía tiene la capacidad para presentar un caso al Juez del proceso para que se sostenga”. 

La otra, añadió, es lo que señalan los abogados de Lozoya, de que van a continuar intentando la colaboración con la Fiscalía para la aplicación del famoso criterio de oportunidad, pero para que proceda, el exfuncionario tendrá que aportar información que sea esencial y eficaz para perseguir delitos que sean más graves que los que se le imputan a él; que se comprometa a comparecer en esos otros juicios de otros exfuncionarios y a además que se repare el daño.

“Para cualquiera de esas dos cosas lo que se necesita son datos de prueba que eventualmente puedan ser presentados, de tal manera que haya pruebas para que se condene a Lozoya o a las otras personas que presuntamente participaron. Hay que decirlo: esta Fiscalía ha sido particularmente ineficaz cuando quiere perseguir este tipo de delitos. Entonces no es menor el reto que tiene la Fiscalía en frente y lo que sí parece es que perdimos mucho tiempo con un trato privilegiado a Lozoya con este primer intento de aplicar el criterio de oportunidad y hasta el momento y por lo que hemos visto, al parecer ese fue un intento o una apuesta poco exitosa”, expresó.

EL FACTOR PEÑA Y VIDEGARAY

En agosto de 2020, Emilio Lozoya acusó ante la FGR al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, su jefe directo, de organizar los sobornos que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.

En concreto, Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012. 

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó en su denuncia.

Además, acusó a ambos, a Peña Nieto y a Videgaray, de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013. En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores de ese partido recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.

También acusó a Ricardo Anaya, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018 de recibir 6.8 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray. 

“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya.

Hasta el momento el Presidente Peña Nieto, quien ha sido captado fuera del país, no se ha posicionado sobre el caso.

En tanto, Luis Videgaray se ha deslindado de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El 3 noviembre del año pasado, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en su contra. Aunque dos días después, la institución dio a conocer que desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serían incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.

A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle.

“Peña Nieto y Luis Videgaray ¿que sean llamados a declarar?, tal vez, pero de ahí a que avance no. No veo al Presidente metiendose a esa bronca”, comentó en ese sentido Vázquez Valencia, autor del libro Corrupción y Derechos Humanos: ¿Por Dónde Comenzar La Estrategia Anticorrupción?

La denuncia de Lozoya abarcó, además, los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI  y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo. 

La Fiscalía, por su parte, ha procedido contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la dependencia pretende que involucre a Felipe Calderón. El exfuncionario no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado.

Al igual que Treviño Medina, otro personaje que no acudió a su audiencia, por las mismas razones, fue Ricardo Anaya Cortés. A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el panista aseguró que el Gobierno de López Obrador busca encarcelarlo por ser un opositor, pese a que los señalamientos por presunta corrupción que lo han acompañado han provenido de sus mismos correligionarios.

LA OPACIDAD DEL CASO LOZOYA

La forma en la que autoridades habían manejado el caso de Lozoya generó incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, y puso en duda si las autoridades buscaban proteger ciertos intereses.

Uno de los episodios que abonaron a las críticas en el caso fue cuando la columnista Lourdes Mendoza narró cómo Lozoya, despreocupado y en plena fiesta, comía y convivía con amigos en un lujoso restaurante.

Lourdes Mendoza contó en El Financiero que el día 9 de octubre a las 19:38 horas una fuente la contactó vía WhatsApp para informarle lo que estaba pasando en aquel restaurante: aún vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestamente vigilado mediante un brazalete electrónico, Emilio Lozoya estaba comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china.

“El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal“, consideró en entrevista el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos”.

Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.

“Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga”, explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.

Los analistas consideraron que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.

-Con información de Daniela Barragán, Guadalupe Fuentes y Romina Gándara