Juez de EU reclama al expresidente Toledo de Perú para juzgarlo por Odebrecht

En casos similares —como el del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que estaba acusado en su país de malversación de fondos y escuchas telefónicas— el proceso se demoró cerca de 10 meses desde que el Juez la certificó, en agosto de 2017, hasta que Martinelli llegó a su país, en junio de 2018.

Por Gisela Salomón

MIAMI (AP).— Un Juez federal de Estados Unidos determinó que el expresidente peruano Alejandro Toledo puede ser extraditado a su país para que enfrente allí acusaciones de corrupción relacionadas con la empresa constructora brasileña Odebrecht. La extradición del exmandatario, sin embargo, podría aún demorarse.

Perú pidió la extradición de Toledo en 2018. A continuación una mirada a cómo funcionan los procesos de extradición en Estados Unidos.

¿CÓMO EMPIEZA UN PROCESO DE EXTRADICIÓN?

Comienza con un pedido del Gobierno —de Perú, en el caso de Toledo— o del país que requiere a la persona fugitiva, al Gobierno de Estados Unidos. La solicitud generalmente la hace la Embajada en Washington o representantes diplomáticos de ese país.

En general los tratados de extradición también requieren que las solicitudes de arresto sean por vía diplomática.

¿QUE HACE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO UNA VEZ QUE RECIBE EL PEDIDO?

Éste revisa el pedido de extradición para ver si hay algún problema de política externa y para asegurarse de que haya un tratado de extradición con ese país. Se fija también que el o los delitos por los que se requiere a la persona estén incluidos en ese pacto como razones de extradición y que los documentos que avalan el caso estén certificados y cumplan con todos los requisitos.

Si el pedido está en orden, un abogado de la oficina de asuntos legales del Departamento de Estado prepara un certificado en el que asegura que existe un tratado de extradición y se han cumplido con los requisitos. Luego se envía a la oficina de asuntos internacionales junto con el pedido original de extradición que envió el país solicitante.

Esa oficina de asuntos internacionales, conocida como OIA por su nombre en inglés, revisa el pedido formal de extradición para verificar que es correcto. Evalúa también si los documentos establecerán una causa probable para creer que se han cometido delitos y que la persona cuya extradición se solicita los ha cometido. La OIA revisa asimismo el pedido de arresto. Al terminar, reenvía todos los documentos al distrito judicial donde se cree que está la persona —en el norte de California, en el caso de Toledo— con instrucciones a los fiscales —los representantes del Departamento de Justicia en los tribunales— sobre cómo deben proceder.

“La OIA aconseja a los fiscales en todas las etapas del proceso de extradición”, explicó a la AP David Abraham, experto y profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami.

EL ROL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Desde el Departamento de Estado los casos pasan al de Justicia para que un Juez determine si la persona puede ser extraditada o no.

El Gobierno estadounidense, que ha recibido el pedido de extradición de otro país, estará representado por los fiscales en las audiencias y tratará de cumplir con el acuerdo de extradición. Los fiscales alegarán que, de acuerdo con las leyes y los hechos, el tribunal debería ordenar la extradición de la persona para que enfrente acusaciones en su país.

La persona cuya extradición se busca tendrá su propia defensa en el caso para impedir su extradición. Toledo, por ejemplo, tiene abogados públicos. Podría suceder también que la persona decida no disputar su extradición. En ese caso el proceso sería más corto y Estados Unidos la devolvería al país que la solicita.

“Los casos de extradición no entran en ninguna otra categoría de casos”, dijo Abraham. “No son casos criminales ni casos civiles, aunque muchos conceptos de la ley penal se aplican en los procesos de extradición».

En el caso de Toledo, el Juez Thomas Hixson, de la corte del distrito norte de California, firmó la orden para extraditarlo el 28 de septiembre.

EL PROCESO JUDICIAL

No existen plazos máximos en los procesos de extradición. El de Toledo tomó unos tres años desde que Perú envió el pedido hasta que el Magistrado Hixson certificó que el exmandatario es extraditable. Esa decisión fue comunicada al Departamento de Estado y el secretario Antony Blinken tiene la última palabra.

Ni la decisión del Juez ni la del Secretario de Estado pueden ser apeladas, explicó Abraham.

Al consultarte su decisión sobre Toledo, el Departamento de Estado dijo a la AP que su política es no hacer comentarios sobre casos de extradición.

Aún cuando el Juez haya tomado una decisión, eso no significa necesariamente que la repatriación de Toledo es inminente. Expertos consultados por la AP dijeron que los tiempos son impredecibles y podrían pasar semanas, meses o incluso años hasta que suceda.

En los casos en que los jueces fallan en contra de la extradición, a diferencia de lo que sucedió con Toledo, los fugitivos pueden permanecer en Estados Unidos y ajustar su estatus migratorio.

HABEAS CORPUS

Aunque no puede apelar la decisión del Juez que lo declaró extraditable, Toledo sí puede presentar ante un Juez de distrito —de menor jerarquía— un recurso de habeas corpus alegando que ha sido detenido de manera ilegal, explicó el exfiscal federal Michael Nadler. Sin embargo, ese recurso por sí solo no garantiza que no será extraditado.

El habeas corpus es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un Juez o una corte.

“La presentación de la petición no suspende automáticamente más procedimientos, y en ciertos casos el Gobierno podría intentar seguir adelante con la extradición” mientras no exista un pronunciamiento del Juez de distrito, dijo Abraham.

No existe un plazo para que Toledo presente el recurso de habeas corpus, ni para que el Juez se pronuncie luego.

Si el Juez falla en favor del habeas corpus, ordena una audiencia para abordar la legalidad de su detención y podría pedirle al Juez que certificó la extradición que levante la orden. Si esto sucede el Gobierno podría apelar y la extradición quedaría en pausa.

Si el Juez federal de distrito fallara en contra del habeas corpus, en cambio, representaría un revés para el fugitivo pero de todos modos podría apelar esa decisión ante un tribunal de mayor jerarquía, dijeron Nadler y el exfiscal federal Adam Fels.

Incluso cuando existan posibilidades de recursos de habeas corpus y de apelaciones de esas decisiones, el Departamento de Estado podría ignorarlas y decidir hacer cumplir la orden del Juez que certificó la extradición.

“El fugitivo puede ser extraditado aún si hay una apelación por resolver o un pedido de habeas corpus”, dijo el exfiscal Nadler, aunque aclaró que por lo general el Gobierno espera.

Toledo aún no ha presentado ningún recurso de habeas corpus y sus abogados han declinado hacer declaraciones públicas. Al ser contactados por la AP dijeron que por el momento no tenían comentarios para efectuar.

DETENCIÓN

Por lo general, mientras se ventila el proceso en las cortes, la persona permanece bajo detención.

En el caso de Toledo, el Juez le concedió hace tiempo una fianza para que cumpla con prisión domiciliaria. Sin embargo, pocos días después que el Magistrado certificó la extradición a finales de septiembre, los fiscales estadounidenses le pidieron que lo regrese a una cárcel al considerar que podría fugarse de su domicilio mientras el Departamento de Estado toma una decisión.

El Juez Thomas Hixson le dio a Toledo hasta el 15 de octubre para que responda al pedido de la Fiscalía y le explique por qué debería quedar en su casa en lugar de ir a una cárcel. Luego el Juez decidirá si lo mantiene en su domicilio o ordena su regreso a una prisión federal.