La reforma eléctrica generará daños irreversibles, dice el sector empresarial

El CCE expuso que la iniciativa obligaría a los mexicanos a adquirir energía de la CFE, a pesar de ineficiencias.

Ciudad de México, 1 octubre (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, dijo este viernes que la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, enviada al Congreso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, «lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medioambiente».

«La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medioambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país», indicó en un comunicado el CCE.

Además, dijo que la iniciativa «obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea».

Asimismo, expuso que «la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar», violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.

«Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país», señaló.

Además de que pondrían en «grave riesgo la credibilidad» del país como socio comercial y lo dejarían expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.

Los empresarios acusaron que la CFE «no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes».

«De aprobarse la reforma planteada por el Gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática», finalizó.

En tanto, el presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su partido «se opondrá rotundamente a la reforma a la CFE «porque afectará directamente el bolsillo de la clase media y tendrá consecuencias sin precedentes en el medioambiente, debido a que representa un retroceso en el uso de energías limpias y renovables».

En tanto, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) exhortó al Congreso «se analicen a fondo los impactos de la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en relación con el sistema eléctrico nacional».

La Asociación recordó que la iniciativa presentada incluye la desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

«Es fundamental que la ley garantice la existencia de reguladores con autonomía técnica y de gestión a fin de que puedan cumplir con sus funciones principales: fortalecer el sistema energético de México y elevar la competitividad nacional», señaló.

INICIATIVA ENVIADA

Este viernes, el Presidente mexicano informó que envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 por ciento del mercado.

El 46 por ciento restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya «una auténtica y una verdadera competencia», agregó.

En esta misma iniciativa, continuó, se establece que «todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación».

El pasado 1 de septiembre, durante su tercer informe de Gobierno, López Obrador anunció que presentaría ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las «privatizaciones» en el sector eléctrico.

El mandatario decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las energéticas públicas CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) se encuentran encalladas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.