Académicos desmienten a CCE: norma de descarga de aguas no impactará en precios 

En respuesta a las críticas de las cámaras industriales a la nueva Norma Mexicana sobre descargas de aguas residuales, académicos rechazaron supuestos aumentos de precios de productos, violación al T-MEC y plantearon la necesidad de complementar la regulación con inversión en plantas tratadoras, sobre todo a nivel municipal.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La Norma Mexicana que controla las descargas de aguas residuales en cuerpos nacionales no se había actualizado en 25 años. Esto a pesar de que un 70 por ciento de las aguas superficiales en el país está contaminada y que ha aumentado la diversidad de actividades industriales por el hoy T-MEC, por lo que académicos negaron «severos» impactos económicos advertidos por el sector empresarial, y propusieron que se fortalezcan las plantas tratadoras para su eficaz aplicación.

Para garantizar el derecho al agua con calidad, saneamiento, salud humana y ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) actualizó el 27 de agosto la NOM-001-SEMARNAT-2021, que respecto a la de 1996 establece de manera «más estricta» los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales de origen municipal e industrial en nuestros ríos, lagunas y mares, por lo que próximamente debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

«Veamos a la Norma como un factor potenciador de una industria desarrollada adecuada al país, no como una traba que genere pérdida de empleos. Ninguna empresa cierra por cumplir normas ambientales, eso es un mito. Al contrario, les da competitividad y se reducen costos», aseguró Juan Manuel Morgan, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en respuesta a los supuestos impactos económicos advertidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y aliados.

El Consejo Coordinador Empresarial acusó que la aprobación de la Norma fue «unilateral» y con votos en contra de la industria privada, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El sector empresarial alegó «parámetros excesivos» que «violan el T-MEC» –lo cual negó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental pues cumple el capítulo 24 sobre protección ambiental– y aseguró que afectará «severamente» en materia económica a productores agropecuarios, industria privada y pública, al tener que modificar las plantas tratadoras y, alertaron, quienes carecen de esta tecnología tendrán que instalarlas, lo que implicará costos adicionales «que serán repercutidos al precio» de los productos agrícolas, industriales, tarifas eléctricas, del agua y en los productos derivados del petróleo.

«Para que la Norma no se convierta en letra muerta –agregó el académico Morgan– el reto para el regulado es hacer ingeniería para la rehabilitación o instalación de las plantas tratadoras con un costo en general entre 1.5 y 2 millones de pesos el litro por segundo. Y para el regulador, el Gobierno, el reto es hacer un inventario nacional de plantas efectivas, fiscalizar con cuadros técnicos e invertir, ya que desde el sexenio pasado hubo una reducción del 70 por ciento en presupuesto para saneamiento».

La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Anaid Velasco, afirmó a su vez que los costos económicos de la nueva Norma son menores a los beneficios en términos de salud, ecosistemas y servicios ambientales recuperados que a su vez beneficiarán al sector pesquero y turístico, lo cual es evaluado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Además, ofrece un periodo de gracia de aplicación de hasta cuatro años.

Por su parte, Cindy McCullig, del Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), negó que fuera un proceso «unilateral» o «innecesario», porque recordó que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización establece que las normas se deben actualizar cada cinco años y que corresponde a las dependencias gubernamentales elaborarlas. Aún así, desde 2017 hubo mesas de trabajo con los regulados para discutir los nuevos parámetros, «pero se tiende a negar cuando el resultado no es el deseado».

«El Comité Consultivo Nacional de Normalización [de la Semarnat] es el enemigo en casa, porque es un espacio de la regulación ambiental donde se votan las nuevas normas y se ha empoderado fuertemente al sector industrial. De los 45 integrantes, 18 son cámaras y asociaciones industriales. No está equilibrado porque pueden bloquear permanentemente algo que va en contra de sus intereses por lo que, hasta cierto punto, la guerra se ha ganado», expuso.

[youtube pWlp1GRHxT4]

NUEVOS PARÁMETROS INTEGRALES

Las principales modificaciones en la NOM-001-Semarnat-2021 se refieren a los parámetros como color verdadero, temperatura, toxicidad aguda y demanda química de oxígeno (oxidación de materia orgánica e inorgánica). En lo que se refiere a temperatura, establece 35 grados como temperatura máxima para la descargas en ríos, bajando cinco grados al parámetro que existía en la Norma de 1996.

«Debemos pensar que el que esta Norma sea más estricta implica que habrá concentraciones menores de lo que se vierte a los cuerpos de agua que son fuentes de abastecimiento para consumo humano, riego, conservación de la naturaleza y llegan al mar muchos de ellos», dijo la bióloga Marisa Mazari, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Sin embargo, en el caso grave del río Santiago, en Jalisco, al registrar más de mil sustancias tóxicas provenientes del corredor industrial, que generan espuma blanca en su superficie, aún aplicando en su totalidad la nueva Norma no será posible alcanzar las metas de calidad por su nivel de contaminación.

«Los cambios en la Norma –añadió la bióloga Mazari– implican costos porque mide qué tan bien o mal funcionan las plantas tratadoras de aguas residuales, sobre las cuales existen un gran rezago».

La Semarnat ha destacado que con el tratamiento de aguas residuales se ahorra y libera agua para actividades como limpieza y riego; se disminuye la sobreexplotación de los acuíferos, y se previene la contaminación de los cuerpos de agua y las enfermedades diarreicas.

No obstante, la investigadora Mazari expuso que hay dos mil 526 plantas de tratamiento municipales y 3 mil 025 industriales, «pero lo que tratan no es suficiente». En cuanto a plantas en operación de desechos municipales, la Conagua reportó que se trata sólo un 63 por ciento. Además, «tenemos un problema en las aguas municipales que van a dar a los sistemas de alcantarillado, donde no tienen tratamiento y van a dar a cuerpos de agua».

Esto es, y pese a la oposición industrial, la norma es mejorable.