¿Escalara en el PRI la revuelta contra el peñismo? ¿Quién o quienes la encabezaran? ¿Cuál es el margen del Presidente para salir airoso? Foto: Cuartoscuro
La decisión de los miembros de la Comisión Nacional de Justicia del PRI de suspender los derechos partidistas al gobernador de Veracruz se encuentra en el vértice de la afirmación del pretendido presidencialismo peñista y el reforzamiento de una oposición interna ante el descalabro.
Peña Nieto en el arranque de su mandato se propuso impulsar reformas que sus antecesores fueron incapaces de concretar y para su aprobación necesitaba la disciplina en su partido.
No fue problema incluso entre aquellos diputados y senadores vinculados a los sindicatos que eran renuentes aceptar la reforma laboral, la educativa y la energética, antes que por defender a sus gremios, por conservar aliados, clientelas y futuro político.
El calendario para Peña Nieto iba viento en popa y el mismo lo llamó “Mexican moment” de manera que una vez aprobadas las once reformas estructurales el siguiente paso sería la restauración del presidencialismo, es decir, otorgar al ejecutivo competencias extraordinarias en su partido.
Los priistas en aquel momento estaban dispuestos a firmar cualquier cosa en apoyo de quien teóricamente los eternizaría en el poder y eso en esta etapa dio un margen de actuación importante al Presidente quien dispuso ampliamente en el partido y el Congreso de la Unión.
Esto ocurría con una oposición partidista a la que habían cooptado para aprobar las reformas y no le estaba yendo bien en las elecciones. El PAN había perdido la Presidencia de la República y el PRD empezaba a sufrir derrotas que se afirmaron con la salida de López Obrador y la formación de Morena. El espacio prácticamente era todo para el Presidente que podía proponerse cualquier locura política sin que se formaran olas de descontento.
Sin embargo, la cancelación del proyecto del tren rápido que uniría al DF con Querétaro y el subsecuente escándalo de que la empresa constructora Higa que tenía intereses en aquella obra, descubrió y ventiló que había construido la llamada Casa Blanca de la familia presidencial. Ese fue el principio del fin de Peña Nieto en su intento de restauración priista. Meses ese intento fue coronado con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hasta el día de hoy.
De entonces para acá los tropiezos se han acumulado y prácticamente ninguno de los asuntos de interés público han sido cerrados, lo que ha transformado al país en una caldera en permanente ebullición a punto de estallar.
Las derrotas priistas en los comicios concurrentes de 2015 y el refrendo exponencial en las de 2016, más la búsqueda desesperada por encontrar una salida que le permita al Presidente salir del hoyo en que se encuentra y volver al cauce ganador en 2017, pero especialmente conservar la Presidencia en 2018, lo ha llevado a tomar decisiones impensables en el inicio de su gestión.
La exigencia social de ir en contra de la corrupción en el servicio público le llevó asumir la iniciativa panista de un Sistema Nacional Anticorrupción. Así mismo, de último momento la corrección por decreto de la ley tres de tres, porque el Senado había incluido a los empresarios, de manera que con la enmienda sólo estaría destinada a quienes cumplen funciones de gobierno.
Sin embargo, las causas de las derrotas electorales en estados donde no había experiencias de alternancia política se encuentra en los señalamientos duros sobre corrupción que han hecho organismos sociales y políticos, pero especialmente la Auditoria Superior de la Federación y en algunos casos la de los estados.
La corrupción campante en los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo –aunque, también en Sinaloa donde Mario López Valdez, el “gobernador ciudadano”, sobre quien pesan reclamos de la Auditoría Superior de la federación y del estado o el panista Guillermo Padrés, que dejó en bancarrota el estado de Sonora-, ha llevado a considerar que ajustando cuentas penales se reduce la presión social.
Sin embargo, como veremos, esto no deja de provocar reacciones. Y, es que no es casual, que la tarea de revisar los casos de los Duarte y Borge se le asigne a un priista desconocido que hasta se podría decir es vergonzante porque hace años negó su militancia para alcanzar un cargo en el IFE.
Enrique Ochoa Reza es un personaje sin trayectoria partidista y por tanto desligada de los barones del partido.
De acuerdo al argot beisbolero es una suerte de “utility player”, del tipo de Virgilio Andrade, pues ambos como kleenex político son para usarse y desecharse.
Este individuo tiene la tarea de “limpiar al partido” pero lo hizo sin limpiar el camino. Justo cuando estaba al pendiente de los trabajos de la reunión de la Comisión de Justicia del partido, la prensa dio a conocer que tuvo una liquidación ilegal en la Comisión Federal de Electricidad, donde hasta antes de ser requerido por el Presidente se desempeñaba como director general, lo que evidentemente lo desacredita para investigar actos de corrupción en el PRI y en cualquier otro lado.
Javier Duarte, como César Duarte y Roberto Borge, no tienen mucho margen para defenderse legalmente. Si así fuera ya lo hubieran hecho y el único recurso que tienen es la vía política que han puesto en marcha. Alguno de ellos busca desacreditar al juez partidista y es que no es fácil con estos viejos lobos de la política priista.
Hay malestar en el PRI por las malas decisiones del Presidente en el campo de la política, la economía y la polarización social, como por la incapacidad para tener bajo control la violencia criminal, y eso a muchos priistas lleva a pensar que la peor decisión del Presidente es buscar culpables en el partido. Que el presidente necesita al partido unido y mal hace en perseguir a los todavía gobernadores.
Justo, lo que busca Javier Duarte y los otros que están en capilla, es ser parte de ese malestar que también acusa al Presidente Peña Nieto de las derrotas electorales, el PRI en repetidas ocasiones ha ganado elecciones con gobernadores corruptos.
Es, más, para ellos la corrupción es indispensable si se quiere ganar elecciones. Peña Nieto se benefició de la corrupción en los estados para llegar a la Presidencia de la República. Este priismo que no es pequeño ni aislado, lo percibe como un acto de deslealtad a quienes lo pusieron donde está y van contra el dirigente político. Y es que ellos piensan que no se vale patear el pesebre de la corrupción política, cuando se es parte de ella.
Salvo, claro, que haya un bien mayor. Que no se ve por ningún lado. El pronóstico de las siguientes elecciones es incierto para el PRI. No se ve por donde haya manera de ganar.
Entonces, las preguntas que hoy están en la atmósfera política es: ¿Escalara en el PRI la revuelta contra el peñismo? ¿Quién o quienes la encabezaran? ¿Cuál es el margen del Presidente para salir airoso?
Al tiempo.
