Lima, 28 sep (EFE).- La Ministra de Cultura de Perú, Diana Álvarez-Calderón, negó hoy que un decreto emitido por el Gobierno pretenda privatizar o dar en concesión el patrimonio arqueológico del país y afirmó que se trata, más bien, de un mecanismo de gestión y puesta en valor del patrimonio cultural.
La ministra destacó que los Convenios de Gestión Cultural que autoriza el decreto 1198, emitido la semana pasada, no se aplicarán a los bienes designados patrimonio mundial y anunció que su despacho iniciará “un proceso descentralizado y participativo, de orden técnico y económico” para permitir “una adecuada y positiva reglamentación” de la norma.
“Esta herramienta se aplicará especialmente para aquellos sitios arqueológicos que requieran mayor protección y revalorización, a fin de transformarlos en un polo de desarrollo en su zona de influencia”, señaló.
La ministra indicó que la innovación tampoco modifica, en ningún sentido, la propiedad del Estado sobre los monumentos arqueológicos ni sus condiciones de intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Acotó, al respecto, que el Ministerio de Cultura se reserva las competencias exclusivas para fiscalizar, sancionar y autorizar, además de obligar a cualquier iniciativa a respetar el significado cultural de cada monumento y promover el acceso público y su uso social.
Álvarez-Calderón enfatizó que los monumentos arqueológicos no son recursos naturales ni infraestructura pública ni constituyen servicios públicos por lo que no serán privatizados e instó a todos los peruanos “a trabajar juntos en perfeccionar la herramienta legal, como parte del proceso de formulación del reglamento.”
La publicación del decreto legislativo 1198 ha recibido la opinión en contra de organizaciones y expertos vinculados con los bienes patrimoniales e incluso autoridades de la región Cuzco, donde se encuentra la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, han señalado que pedirán que no se aplique en su jurisdicción. EFE.
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