El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría tres cambios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de establecer como violencia económica la discriminación salarial y terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en este aspecto.
MEXICO, 15 mar (Xinhua) — La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una serie de reformas que establecen la discriminación salarial como un tipo de violencia contra las mujeres.
En una sesión ordinaria, el pleno de la cámara aprobó por mayoría tres cambios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de establecer como violencia económica la discriminación salarial y terminar con la desigualdad entre mujeres y hombres en este aspecto.
En los últimos 30 años, se ha triplicado en México la participación de las mujeres en el mundo laboral formal, pero sus sueldos siguen siendo inferiores a los de los hombres, señala la iniciativa.
En concreto, hasta 2015 y para un mismo puesto, el salario de las mujeres era más bajo en un 15 por ciento con respecto al de los hombres, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La OCDE resalta que, a los dos años de haberse incorporado a un trabajo, el 57 por ciento de los hombres ya había renegociado su salario, frente a sólo 7 por ciento de las mujeres.
Las mujeres ocupan en México el 20 por ciento de los puestos de alta gerencia, el 5 por ciento de las direcciones generales y menos del 1 por ciento de los consejos de administración.
La diputada Laura Nereida Plascencia explicó que, con la nueva normativa, se busca configurar como tipo de violencia toda acción y omisión que afecte al desarrollo económico de las mujeres y que se manifieste a través de limitaciones encaminadas a controlar su ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por trabajo igual, en el mismo centro laboral.
Además, plantea diseñar programas que promuevan la paridad salarial.
El documento, aprobado en lo general con 423 votos a favor y una abstención, y tras discutirse las reservas, tres de las cuales fueron aceptadas, con 376 votos a favor y 34 en contra, fue enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Establece como “violencia laboral y docente” todas las acciones y omisiones ejercidas por personas con un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, que dañen su autoestima, salud, integridad, libertad, el salario y seguridad, impidan su desarrollo y atenten contra la igualdad.
Los diputados discutirán en una próxima sesión dos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género.
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