La SCJN tiene en sus manos la decisión de cancelar los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción de un parque de aerogeneradores en Juchitán, Oaxaca, los cuales se dieron a raíz de una consulta a los pueblos en el marco de la Reforma Energética.
Los pobladores denunciaron que la Secretaría de Energía otorgó los permisos antes de consultar a los pueblos. «Las consultas han sido amañadas, llevan a gente acarreada de otros pueblos y votan a favor de las eólicas por 100 o 500 pesos. Para respaldar a las empresas, los gobiernos construyen este esquema de consultas que no es previa, libre ni informada, al contrario, son en pro de las empresas».
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Comunidades y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cancelar los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción de un parque de aerogeneradores en Juchitán, Oaxaca, y para que se impongan medidas de reparación justas para los afectados.
Los perjudicados denunciaron que la Secretaría de Energía (Sener) otorgó los permisos a la empresa española aún antes de consultar a los pueblos.
Actualmente, el máximo tribunal tiene en sus manos la resolución del amparo 213/18, promovido por más de 1 mil 100 miembros de la comunidad zapoteca de Juchitán en contra del megaproyecto eólico que representa daños sociales y ambientales en la región del Istmo.
Sin embargo, alertaron, el proyecto de resolución presentado por el Ministro José Ramón Cossío es contrario y regresivo a los principios y estándares de derechos humanos pues avala la consulta realizada ya después de que se otorgan los permisos.
«Desde las comunidades, organizaciones indígenas, la sociedad civil y la academia deseamos extenderles un respetuoso, pero enfático llamado para que emitan una sentencia apegada estrictamente a los máximos estándares sobre consulta previa en su sentencia, ampare los derechos colectivos de la comunidad zapoteca, y ordene la cancelación de los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción de un parque de aerogeneradores en Juchitán, Oaxaca, así como para que se impongan medidas de reparación justas para la comunidad», urgieron a través de una carta entregada a los ministros esta mañana.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, está en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991. La adhesión a ese estatuto obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre toda ley o proyecto en su territorio que pudiera afectarlos.
Aunque ya son 27 años de distancia y las obras en esas comunidades son constantes, sobre todo en la última década, las autoridades no han logrado realizar una consulta como lo establecen los estándares internacionales.
Para las comunidades, la imposición de obras y legislaciones los ha obligado a entrar a una dinámica de resistencia y protesta casi permanente, e ir a juzgados para buscar si el permiso o la concesión se puede revocar y de demostrar los daños, la mayoría de las veces irreversibles, ocasionados a su territorio.
En entrevista para SinEmbargo, Mario Castillo Quintero, habitante de Juchitán, recordó que los 24 parques eólicos que existen ya en la zona han ocasionado problemas en el agua, agua, aire y suelos; además de una ruptura social entre los habitantes que están a favor y quienes están en contra, pues las consultas no han sido ni previas ni libres ni informadas y las empresas se han encargado de comprar voluntades de grupos políticos al interior de las comunidades y de líderes ejidales para lograr ejecutar sus proyectos.
«La energía eólica se supone que es una energía verde, pero no es una energía social. Es una energía industrial que abastece grandes consorcios trasnacionales y la gente no se ve beneficiada en lo absoluto», aseguró el también miembro de la Asamblea de Pueblos, quien recordó que la lucha ha ocasionado criminalización, muerte y violencia entre quienes se han opuesto a los megaproyectos.
Y agregó que «las consultas han estado amañadas, llevan a gente acarreada de otros pueblos y votan a favor de las eólicas por 100 o 500 pesos. Esto no es correcto porque los verdaderos afectados no son realmente escuchados. Para respaldar a las empresas, los gobiernos construyen este esquema de consultas que no es previa, libre ni informada, al contrario, es comprada, es engañosa, es amañada. Las consultas solo son en pro de las empresas».
Esas empresas beneficiadas a costa de los pueblos indígenas y el medio ambiente, acusó, son Bimbo, Coca Cola, Femsa, Walmart, Cemex, Mitsubishi, entre otras.
«Venimos a exigir que no se permitan estos proyectos de despojo, de desigualdad y de miseria que dejan en las comunidades. Pedimos que volteen a ver a los pueblos, que le pregunten a las comunidades que defienden su tierra y sus territorios, qué es lo que realmente quieren. Qieremos que fallen a favor de las comunidades», pidió a las afueras de la SCJN.
El parque que ya construye Eólica del Sur sería el número 25 en el Istmo de Tehuantepec y el más grande de América Latina. El proyecto, afirman las organizaciones, fue aprobado violando el derecho a la consulta previa y a la libre determinación de los pueblos indígenas zapotecas de Juchitán, Oaxaca.
Es por eso que Edmundo del Pozo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, hizo un llamado al máximo tribunal a no avalar consulta simulada.
«Es la primera vez que [la SCJN] se va a pronunciar sobre una consulta que realizó el Gobierno, es la primera consulta que se realiza en el marco de la Reforma Energética. Sería un buen precedente si emitiera una sentencia donde le estableciera reglas claras al Gobierno sobre cómo consultar a las comunidades, que no se realicen consultas con permisos ya otorgados que fue lo que pasó con Eólica del Sur», concluyó.
