El abogado de los trabajadores maniobristas, Alejandro Pulido Cueto, asegura que todo el expediente que acredita el atraco que sufrieron en 1991, tras la requisa que ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, ya está en poder de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra.

Después de casi tres años de lucha legal –y política– el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz, despojados de sus propiedades en 1991 con la requisa que ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, ya está en la mesa de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

El abogado laborista Alejandro Pulido Cueto, quien lleva el caso de los trabajadores portuarios, sostuvo hace unos días una reunión con Raúl Segovia, colaborador de Julio Scherer Ibarra, a quien le entregó un legajo de pruebas que acreditan el despojo de propiedades y cuentas bancarias que en 1991 fue ordenado por la Presidencia de la República y que, de acuerdo con el litigante, fue ilegal, pues se trató, dice, de un despojo, de un atraco vil que los ha sumido en la miseria.

Cabe recordar que los trabajadores maniobristas, carretilleros y chacadores crearon el conocido sindicato de maniobristas en los años setenta. Entonces también se fundó la empresa Servicios Portuarios de Veracruz (Serpover). Los maniobristas eran obreros y a la vez socios de la empresa que tenía a su cargo la tercera maniobra en el puerto de Veracruz, un verdadero negocio.

En 1991, el entonces Presidente Carlos Salinas ordenó ejecutar una requisa en el puerto de Veracruz. El objetivo fue despojar a los obreros del multimillonario negocio portuario. Con eso se dio paso a una suerte de privatización de los servicios portuarios que beneficiaron a políticos y de empresarios –toda una mafia– ligados al régimen de entonces.

Luego de varios años de lucha legal, el abogado Pulido Cueto ha logrado algunos avances importantes para resarcir los efectos causados por la requisa. Más de 850 socios del sindicato de maniobristas, de los que actualmente quedan menos de la mitad, quedaron sumidos en la miseria: sin dinero, en bancarrota, muchos se suicidaron: algunos se aventaron desde las alturas de algunos edificios y otros, sumidos en la frustración, se sumergieron en el mar hasta ahogarse. De ese tamaño fue la tragedia.

Funcionarios del Gobierno Federal presionaron a los dirigentes sindicales para que cedieran las propiedades, pero en medio de las prisas por apropiarse del negocio y de las propiedades –edificios, la fuente de trabajo y cuentas bancarias –dejaron huellas de los yerros legales cometidos que, a la vuelta de treinta años, empiezan a revertirse.

Por ejemplo, el abogado Pulido Cueto ya logró que un terreno de 12 mil metros cuadrados, ubicado en la avenida Nezahualcóyotl, en el puerto de Veracruz, le fuera devuelto. El predio era propiedad de la empresa Serpover, de la que los maniobristas eran socios.

El terreno, en realidad una enorme bodega, lo manejaba la Administración Portuaria Integral (API), pero el pasado 26 de abril la llamada “bodega de Nezahualcóyotl” ya le fue entregada a los socios portuarios.

De acuerdo con el resultado de una asamblea celebrada entre los trabajadores maniobristas, el terreno será puesto a la venta y el objetivo es empezar a liquidar a los socios después de tres décadas de no recibir recurso alguno. Según el apoderado legal de los trabajadores, Alejandro Pulido, el terreno tiene un costo de entre 30 y 32 millones de pesos. Al parecer ya hay posibles compradores.

Como resultado de la requisa, los trabajadores portuarios fueron despojados de cuatro edificios más que eran parte del patrimonio del Sindicato de Maniobristas. “Nos los quitaron a la mala”, dice Pulido Cueto.

–¿Cómo fue el despojo? –se le pregunta al abogado Pulido Cueto.

–El instrumento que usó el Gobierno para consumar el atraco fue Óscar Aguirre, notario número 23. Para adjudicarle los edificios a la Secretaría de Hacienda se utilizaron firmas apócrifas. Por ejemplo, Arturo Lara Martínez era, en 1991, el secretario general del Sindicato de Maniobristas. A él le correspondía firmar la cesión de los bienes, pero en su lugar firmó Martín Muñoz, uno de los miembros de la Comisión oficial que nombró el Gobierno federal para la adjudicación de los inmuebles.

Según el expediente 998/94, la Secretaría de Hacienda se quedó con los edificios, pero en la sentencia hubo un error: en realidad el veredicto judicial castiga a la Unión de Estibadores y, con base en esa resolución que afecta a una organización que no forma parte de nuestro sindicato, nos perjudicaron con el despojo de los edificios. Ese fallo dejó sin efecto la sentencia, pues ésta se anuló porque la persona moral denominada Sindicato de Maniobristas nada tiene que ver con la Unión de Estibadores. Sin embargo, con ese fallo ilegal nos quitaron los bienes.

–¿Qué sigue, abogado? –se le inquiere a Pulido Cueto.

–Que el Gobierno ordene el descogelamiento de nuestras cuentas y que nos entreguen los edificios que eran parte de nuestro gremio. Estamos en esa fase. Además, el Gobierno también intervendrá para que las empresas ICAVE, Hushington Port y Cice tendrán que pagarnos el usufructo de nuestra maquinaria, la cual han explotado a lo largo de 30 años. Además, nos deben de otorgar una jubilación conforme a derecho, de la cual fuimos privados a partir de la requisa.

Pulido Cueto dice, además, que al movimiento que él y los trabajadores maniobristas encabezan se han sumado organismos internacionales, entre otros, la International Dockworkers Council, cuyos líderes –Dennis A. Dagget (Coordinador general IDC), César Luna (Coordinador Latinoamericano y Caribe IDC) y Jordi Aragunde (Coordinador Laboral IDC)– les enviaron una carta de apoyo en la que, en una de sus partes medulares, se resalta:

«Tengan la certeza de que todos los trabajadores portuarios del mundo afiliados a la organización se sumarán a sus justas demandas. Solicitamos que el actual gobierno de México interceda a favor de nuestros compañeros para que las empresas que formaron parte de ese atraco les devuelvan su patrimonio. Y que las dependencias gubernamentales encargadas de resolver la devolución de sus edificios sindicales y las cuentas bancarias, la restitución de pensiones dignas y la indemnización por parte de los particulares que continúan usufructuando la concesión portuaria, actúen con prontitud. Nos dirigiremos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se resuelva todo a la mejor brevedad».

«No deseamos que nuestros compañeros veracruzanos sigan muriendo pobres y con hambre. Hoy estamos unidos, solicitamos justicia inmediata. 29 años son demasiados para no ser tomados en cuenta. Esa desgracia causada por el nefasto expresidente Carlos Salinas de Gortari violó todos los derechos humanos y laborales de los trabajadores de los sindicatos del Puerto de Veracruz».

«Les ofrecemos, hermanos, tomar su causa como nuestra. Y de ser necesario los apoyaremos con paros de los compañeros estibadores en todo el mundo hasta lograr que sus peticiones sean resueltas».

–¿Han sido escuchados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tal y como ustedes lo merecen?

El abogado Pulido Cueto responde:

–En la Consejería Jurídica me dijeron que hay toda la voluntad del Presidente para solucionar este problema. Por ello fuimos llamados y acudimos a entregar todas las pruebas que acreditan el despojo del que fuimos víctimas.

“Pero la realidad es que nuestro caso va muy lento y a veces sentimos que las cosas se estancan. Quienes han estado firmes empujando este caso es Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo, y Dolores Padierna. El día 2 y 3 de junio habrá un evento internacional con la Unión Internacional de Trabajadores Portuarios. Ellos nos han dicho que para apoyar nuestra causa pueden parar varios puertos del país e incluso internacionales para que el Gobierno nos haga justicia. Este movimiento está apoyado por Leonel Moya, líder del sindicato primero de mayo, quien nos ha dado todo su respaldo”.

Y remata:

“Si hemos avanzado legalmente es porque la razón nos asiste. Fuimos despojados y robados. Fue un atraco y esto ya está demostrado. Todas las pruebas están en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y esperamos que pronto la luz de la justicia se encienda para nosotros”.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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