El martes 22 de abril un operativo especial que buscaba a un sicario de La Familia Michoacana irrumpió en las instalaciones del albergue La gran familia, operado por Rosa Verduzco. Según agentes de la Policía Federal, el equipo táctico conformado por ellos, miembros del ejército y de la PGR, quedaron impresionados del estado en que se encontraban las instalaciones del albergue y sus niños y niñas. “Uno de los cuidadores no dijo que la señora Verduzco recogía niños adictos y jóvenes que habían sido cooptados por el cártel para el sicariato, pero que temían por su vida y huyeron”.
Los responsables del operativo no encontraron al sicario que buscaban, pero sí hicieron un reporte pormenorizado de lo que encontraron en el albergue. Repito que esto sucedió el 22 de abril porque la PGR, a pesar de conocer al gravedad de la situación en la que se encontraban niñas, niños y jóvenes, esperó a entrar hasta el 15 de julio. Las autoridades esperaron 83 días para llevar a cabo el rescate a pesar de tener en el informe pormenorizado un análisis de los miembros del ejército que revelan que “menores se encuentran en situación carcelaria” y “algunos niños se aproximaron a los miembros de la policía federal pidiendo ayuda, asegurando que estaban allí contra su voluntad, como secuestrados”.
Entendemos, y ha sido tema de cientos de piezas periodísticas y de análisis criminológico, que el equipo de Verduzco y ella misma llevaban años violando los derechos humanos de cientos de niños, niñas, jóvenes y algunas adultas, en una mezcla de obsesión asistencialista, comportamiento paradójico, adultocracia normalizada y tratos crueles e inhumanos. Sabemos ahora que hubo una veintena de piezas periodísticas que a lo largo de cincuenta años denunciaron las acciones ilícitas y la violencia contra la infancia que se adjudicaba a Verduzco. Pero ¿por qué no sucedió nada? basta analizar las piezas para descubrir que nadie lo contextualizó en los derechos de la infancia, ni llamó a una acción urgente centrada en el bienestar de las víctimas; tampoco hubo acciones sociales para forzar la intervención gubernamental; sumado a ello debo decir que Verduzco supo engañar muy bien a muchas personas, parte de su proyecto era admirable, la otra fue ignominiosa e inaceptable. No pasó del escándalo en aquellos tiempos, por omisión, sí, pero también porque los instrumentos del Estado son débiles, ineficientes, desarticulados, insuficientes y opacos. Eso es lo que está a punto de cambiar este mes. Ya conocemos el pasado, ahora lo importante es planear qué haremos con el presente de la infancia.
El caso del albergue La gran familia es la gota que derramó el vaso: México no protege a su infancia, 40 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir el 35.7% de la población, tiene menos de dieciocho años. Aún con los grandes esfuerzos de las familias mexicanas cinco de cada diez niños y niñas viven en pobreza, aproximadamente 21 millones, de ellos 4.7 millones sobreviven en pobreza extrema. Ocho de cada diez niñas y niños indígenas son pobres desde su nacimiento. En este contexto de carencias más de 3 millones de niñas y niños trabajan y hay 6.5 millones de adolescentes y jóvenes fuera de la escuela; su vulnerabilidad y pauperización ha causado que México sea un paraíso para la explotación sexual infantil, uno de los cinco países con mayor pornografía infantil y con más de 30 mil adolescentes reclutados por el crimen organizado.
Tenemos que pasar del escándalo a la acción. Desde hace años la Red por los derechos de la infancia (REDIM) junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y especialistas en la materia, han preparado una serie de propuestas.
La sociedad civil, de la mano de la REDIM presentó al presidente Peña Nieto y a diputados y senadoras una propuesta de ley que crea este Sistema. Por su parte Peña ha enviado una propuesta generada por su equipo que reivindica el asistencialismo, fortalece al DIF y deja fuera a la sociedad civil; pero sobre todo es una propuesta inacabada que impide que tengamos una real Reforma por los derechos de la infancia.
Cuatro niños que estuvieron en La gran familia se suicidaron luego de ser “rescatados” y entregados a sus familias que originalmente les abandonaron; nadie investigó lo que los menores querían o temían de su propio entorno familiar. Un pequeño de once años se ahorcó colgándose de una soga; no sabemos cuántos de ellos y ellas estén sufriendo de estrés postraumático severo, porque no hay informes transparentes sobre esos casi 400 niños, niñas y jóvenes “rescatados”. Me parece que esa imagen de los suicidios es la que más claramente describe la ineficacia del Estado y la sociedad para protegerles.
Murieron porque entendieron que las autoridad y la sociedad no les daría una salida digna y un entorno seguro, porque nadie estuvo allí a tiempo para defender sus derechos, incluso antes de que llegaran a casa de Verduzco, porque fueron instrumentos de un escándalo pero no sujetos de derecho. Esta propuesta de ley, ahora en manos de las y los legisladores, puede cambiar la manera en que se ven tratan y protegen a niños, niñas y adolescentes en el país. Sin embargo sabemos que desde presidencia se han dado órdenes para que se ignore esta propuesta ciudadana y se apruebe un parche más creado en Los Pinos. Esta es la reforma que más importa, la que podría darle sentido a la vida de millones de niñas, niños y jóvenes. Estamos pendientes de las decisiones legislativas.
