Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exprese y reitere que en su Gobierno se acabó la corrupción, lo cierto es que ésta prevalece en su Gobierno. La escoba con la que ofreció barrer las escaleras del aparato público ha fallado porque al parecer falta voluntad política para extirpar esa práctica que tanto daño le ha hecho al país y que ha sido –y es– la bandera que el tabasqueño ha ondeado por todo el país.

El discurso oficial, como se ve, es exagerado por donde se le mire: en su segundo informe de Gobierno López Obrador se atrevió a decir una barbaridad: que en el país ya no había masacres ni delincuencia organizada.

Algo parecido declaró Alfonso Durazo, quien ahora busca ser Gobernador de Sonora, al afirmar que ya no hay delincuencia organizada en el país. Esto no sólo es exagerado sino que es falso. Es una declaración eminentemente política que no se sostiene por ningún lado.

Todo esto viene a cuento por el tema de la corrupción que ha imperado y que impera en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ahí siguen operando personajes de la corrupción del pasado, que se llenaron las bolsas de dinero mediante la práctica de la extorsión a contrabandistas que operan en la frontera con Estados Unidos.

Desde el SAT se preparaban los operativos para detectar robo y tráfico de combustibles. Luego, los altos jefes del Sistema de Administración Tributaria enviaban a sus operadores de confianza para negociar, liberar las pipas y sacar una jugosa tajada para sus jefes. Esta práctica prevalece y sigue impune. ¿Lo sabrá la jefa del SAT?

Resulta que un personaje llamado Alberto Peredo Jiménez, hijo del exprocurador de justicia de Morelos –aquel que, según algunas denuncias, fue relacionado como socio del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos»– mantiene a uno de sus incondicionales enquistado en la Administración Pública Federal.

Según sus antecedentes, Alberto Peredo fue director general de asuntos internos del SAT, área conocida como Evaluación. Ahí tenía a su cargo la realización de operativos de “alto impacto” –así les llamaban a los atracos– para supuestamente enfrentar y abatir el flagelo de la corrupción.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esos operativos era detectar contrabandistas de combustible en la frontera para luego extorsionarlos.

Según las indagaciones y fuentes consultadas al respecto, para ello Peredo utilizaba a su esbirro Andrés Guillén Castelán, un oscuro personaje que carga a cuestas un pasado plagado de claroscuros: ha sido acusado de acoso sexual porque, según se afirma al interior del propio SAT, tiene un gusto casi enfermizo por las mujeres.

No es todo: Guillén Castelán tuvo con su sirvienta, una chica de 20 años, una hija a la cual abandonó al igual que hizo con la madre y que mandó a refugiarla en la sierra de Veracruz.

Este personaje de infausta historia tiene varias denuncias en su contra ante el Órgano Interno de Control por acoso sexual. Sus propias compañeras de trabajo lo denunciaron. Algunas refieren que el acoso era además de enfermizo insistente, reiterativo y no menos pertinaz cuando bebía alcohol, una de sus adicciones frecuentes.

Cuentan al interior del SAT, que Alberto Peredo utilizaba a Andrés Guillén como ariete en sus operativos fronterizos para incautar pipas repletas de combustible robado. Tenían un sistema sofisticado para detectar a los contrabandistas de la gasolina.

Luego el funcionario enviaba a su operador Gustavo Bello para extorsionarlos. Les quitaban todas las trabas para que la pipa pasara libremente. Mientras esto ocurría, en Palacio Nacional se hablaba de combate a la corrupción y al llamado “huachicoleo”.

Lo grave de toda esta práctica corrupta es que Andrés Guillén continúa en el área de Asuntos Internos del SAT. Lleva dos décadas en esa posición y ha resultado inamovible, incluso, en el sexenio donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ondea a los cuatro vientos la bandera del combate a la corrupción. ¿Doble discurso? ¿La misma corrupción del pasado? ¿Complicidad?

Actualmente, Andrés Guillén despacha como director de área y nadie sabe cómo es posible que siga operando, sobre todo, por sus negros antecedentes. ¿Lo cobija la actual titular del SAT? ¿Tiene algún padrino en el Gobierno? Todo es posible.

Es por ello que se cuestiona que el Presidente López Obrador hable de combate a la corrupción y los corruptos del pasado sigan operando en el Gobierno. El SAT es un refugio de corruptos, pues ahí siguen, por ejemplo, los aliados de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI. ¿Esa fue la negociación con López Obrador? Es posible.

Todo indica que la escoba con la que López Obrador ofreció barrer las escaleras no está funcionando, pues Juan Díaz Masadiego, otro personaje ligado a la corrupción –poderoso hombre de la Secretaría de Economía–, operaba en el mismo cargo desde el sexenio de Felipe Calderón; otro de los sexenios marcados por la corrupción y las ligas con la delincuencia organizada.

NOTICIAS PORTUARIAS

Después de 30 años de oscurantismo, una luz aparece para los más de 400 socios del Sindicato de maniobristas del puerto de Veracruz. También para los checadores y estibadores. El Gobierno de la República les hará justicia porque están a un paso de recuperar los bienes –46 cuentas bancarias y varios edificios– que les arrebató en 1991 el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando ordenó la requisa al puerto de Veracruz.

Todos esos bienes en realidad estaban perdidos. Fue el abogado Alejandro Pulido Cueto y el líder del sindicato Primero de Mayo, Leonel Noya, quienes hace un año emprendieron la odisea de recuperar los bienes asegurados a los obreros portuarios.

Agudo experto en temas laborales, Pulido Cueto se echó a cuesta el paquete y empezó a litigar en los tribunales. Interpuso demandas y se metió en el Gobierno federal para hablar con altos funcionarios y así trazó el camino legal para lograr lo que entonces era un sueño. Hoy casi es una realidad.

Con la recuperación de los bienes, explica Pulido Cueto, se le hará justicia a los trabajadores portuarios, pues recibirán su liquidación conforme a la ley. Como parte de la reparación del daño causado por la requisa de Carlos Salinas, se gestionarán jubilaciones de modo justo, dice el litigante y socio del sindicato de maniobristas, porque la mayoría de los agremiados se quedaron en la miseria después de haber vivido en la opulencia cuando eran obreros y socios, al mismo tiempo, de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.

Recientemente, el incansable litigante Pulido Cueto recibió información de una de las 46 cuentas bancarias que están a nombre del sindicato de maniobristas y que fueron aseguradas por la Secretaría de Hacienda en 1991 y hoy están en poder del SAT.

Lo más grave de todo, dice Pulido Cueto, es que de esos dineros que formaban parte de “nuestro patrimonio sindical”, se hicieron transferencias en 1992 a nombre de Carlos Romero Deschamps y en 1997 a la empresa APIVER. El abogado asegura que esta maniobra fraudulenta habría sido manejada por Ángel González Rull, uno de los operadores de la requisa y liquidador de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.

La cuenta bancaria de referencia estuvo en poder de un alto funcionario del Gobierno de Carlos Salinas que hasta la fecha maneja una empresa financiera. Con el poder y la impunidad con la que se manejó todo en ese tiempo, altos funcionarios del Gobierno de Salinas de Gortari dispusieron del patrimonio sindical.

Eso nada más se refiere a una cuenta bancaria. El abogado Pulido Cueto sostiene que en el momento de la requisa el sindicato manejaba 46 cuentas, las cuales están concentradas actualmente en una especie de fideicomiso en Citibanamex y está en poder del SAT. Esos fondos, dice Pulido, serán liberados muy pronto. “Espero que en diciembre terminemos con este asunto”, dice confiado.

Estos pormenores –producto de un año de gestión como abogado– serán dados a conocer en una conferencia de prensa que se celebrará el sábado 31 de octubre en el sindicato de maniobristas, donde el abogado Pulido Cueto se reunirá con los socios sindicales para informar sobre los avances de las negociaciones.

Este logro alcanzado, sin duda, es producto del trabajo y entrega que a esta causa han dedicado Leonel Noya Revueltas, líder del sindicato Primero de Mayo; Ramón Gutiérrez Iglesias y Alejandro Pulido Cueto. Éste último, apoderado legal de los tres sindicatos portuarios, quien ha dedicado meses enteros en la gestión legal para resarcir los daños causados en 1991 a su gremio.

Asegura el abogado que es posible que sea revocada la concesión portuaria a la empresa ICAVE, la misma donde están relacionados Ángel González Rull, Jorge Lecona Ruiz –sobrino de González Rull y quien está prófugo–, Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz y actual Senador de la República; así como Carlos Salinas. Todos ellos, dice Pulido, se confabularon para despojarnos de nuestros bienes y hasta de nuestra maquinaria.

De esa forma, ICAVE y la empresa Huschington Port operan el 80 por ciento de toda la actividad portuaria del país. “Es un monopolio”, dice Alejandro Pulido, que debe desaparecer. Es por ello que estamos gestionando, ante la presidencia de la República, que ICAVE nos pague con toda la maquinaria que dispone para operar las maniobras en el puerto de Veracruz, donde destacan grúas portacontenedores, entre otras, valuadas en varios miles de millones de dólares.

–Con respecto a las cuentas del sindicato, ¿se infiere que dichos fondos se pusieron a sudar? –Se le pregunta al litigante.

–Por su puesto, alguien dispuso de esos dineros, que son varios millones de pesos, los invirtieron en una empresa financiera y hubo varios beneficiados con los intereses que se generaron mensualmente durante 30 años.

–¿Quién fue el ganón? –Se le inquiere.

–Eso lo estamos investigando. Hay un alto funcionario del gobierno de Carlos Salinas, que es dueño de una financiera, donde terminaron concentradas las cuentas de nuestros sindicatos. Él es uno de los beneficiados porque se dio el lujo hasta de transferir dinero para él y para Carlos Romero Deschamps, exdirigente del sindicato petrolero.

–¿Fue un vil robo?

–Totalmente, pero pagarán por ello. El Presidente López Obrador hará justicia y ya no tarda.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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