Es sabido por todos que el PRI estuvo 70 años en el poder presidencial en México, el PAN 12 años seguidos, mientras que el Gobierno en curso bajo el sello de Morena lleva dos años con seis meses en la Presidencia. Lo interesante es que cuando el actual Gobierno no tenía ni 10 días en el poder ya recibía críticas feroces a su desempeño, marchas organizadas para impugnar el poder acumulado por los votos que le dio la mayoría y manifestaciones contra las medidas que todavía ni se anunciaban. Aunque la popularidad del Presidente rayaba en el 80 por ciento de aprobación en los primeros meses de Gobierno, los medios de comunicación ya hablaban, desde entonces, de la destrucción de las instituciones y de volver al orden social y económico que se anunciaba perdido. Desde esos días el discurso de la democracia en peligro, el Gobierno totalitario y la dictadura en ciernes, fue parte de la narrativa contra el Gobierno actual. Algunos hechos como la cancelación del aeropuerto de Texcoco se volvieron fuente de crítica constante, lo mismo la lucha contra el huachicol a inicios de 2019, que implicó que se hicieran filas eternas para obtener gasolina e incluso hubo desabasto en distintas zonas del país. En ese momento, el coro en los medios repetía el mismo mantra: “Ya estamos a dos pasos de ser Venezuela”, “así empezó la crisis que hoy se vive en ese país”, “es preferible que se ordeñen los ductos de Pemex a tener que comenzar a caminar o incluso usar la bicicleta”. Contra todo lo pensado la ciudadanía acompañó esa campaña y muchas otras que vinieron al hilo, no sin críticas o inconformidades, pero con la claridad colectiva de que aquí, todos sabemos que eso de la corrupción, el daño enorme al erario, el desvió de recursos públicos para beneficio personal de algunos es francamente sabido por cualquiera. Aún así, sorprendió la cruzada posterior contra los grandes evasores fiscales (mediados de 2020), contra las factureras, o el momento de eliminar del código financiero el derecho de las grandes fortunas a recibir apoyos compensatorios, incluso aún sin haber pagado impuestos. A esto se sumaban otros hechos como descubrir el tamaño de la maquinaria para beneficiar a unos a cambio de despojar a otros, como la acción deliberada y concertada entre Gobierno, patrones y líderes sindicales, de mantener por décadas el salario mínimo en estándares que simplemente jamás permitían que se fortaleciera la economía de los millones que reciben ese salario.

En dos años y medio han pasado muchas más cosas que van desde medidas de reingeniería administrativa hasta cambios estructurales que buscan reconfigurar los equilibrios de poder en el país. Algunas medidas, proyectos, programas, desaparecieron o simplemente perdieron el tipo de protagonismo que tuvieron por décadas, ante lo que la respuesta fue una crítica orquestada a distintas voces de que lo único que bastaba era ordenar un poco la casa, no escombrar todo y barrerlo. Algo así como que se haga un cambio profundo sin mover nada y mucho menos, sin tocar intereses.

Ante este escenario hay sin embargo cambios de gran profundidad que van más allá de la acción deliberada del propio Gobierno o la intención personal del Presidente. Desde mi punto de vista, hay una revolución silenciosa que marcará el futuro del país para las siguientes décadas. Se trata del reconocimiento de la salud como un bien público que se puso en el centro del escenario político cuando el actual Gobierno apenas llevaba un poco más de un año en funciones (enero 2020). Con la inminente llegada de la COVID-19 a México producto de un escenario mundial del que el país no podía escapar, se aceleró un proceso que se venía dando desde hace mucho tiempo pero que no había tenido el lugar central que hoy ocupa. A raíz de la estrategia de atención a la pandemia se hizo una reconversión hospitalaria y se empezó un proceso acelerado de recuperación de una infraestructura médica que estaba en ruinas, sumado a reconocer públicamente el grave deterioro del estado de salud de la población en general. Con todos los errores que el equipo encargado haya cometido en lo estrictamente acotado a la atención de la pandemia, fue imposible que el fatalismo se impusiera y los ataques, sobre todo mediáticos, quedaron como acciones desesperadas para quitarle mérito a un ejército de la salud que hoy sigue en activo; en alerta ante posibles rebrotes masivos del contagio y atendiendo la campaña de vacunación. Lo que importa ahora es que el cambio en términos de salud pública, posterior a este episodio planetario podría constituir el cambio más profundo ni siquiera imaginado ni planeado por quienes hoy gobiernan el país.

Hay muchos otros temas de la gestión actual que se pueden criticar por horas, para algunos, la mayor queja es no ir de manera más acelerada y profunda con los cambios, no haber convencido a las distintas fuerzas políticas locales (gobernadores) de enfrentar juntos al crimen autorizado a fin de minar el dolor de tantas personas afectadas por la violencia y el despojo, o no reconocer como prioridad, las desventajas estructurales que preservan las condiciones de desigualdad y abuso lacerante de las mujeres. Sin embargo, si en dos años y medio se pudieron mover tantos asuntos que parecían el destino fatal al que México estaba irremediablemente atado, tal vez  sea necesario quitarle un poco de atención al protagonismo del Presidente López Obrador para alcanzar a ver el panorama mucho más amplio de lo que se ha movido en el país en tan solo dos años y medio.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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