Tras seis años y cuatro meses de la masacre ocurrida en el Rancho de El Sol, en la frontera con Jalisco, donde fueron ejecutadas 22 personas por las fuerzas federales, siete exagentes fueron sentenciados a prisión por homicidio, según medios nacionales.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Ocurrió a primera hora de la mañana el viernes 22 de mayo de 2015. Fue un enfrentamiento entre la Policía Federal, elementos de seguridad, y supuestamente personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el Rancho de El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán, fueron asesinados 42 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluiría que 22 de esas muertes fueron ejecuciones: se trató de una masacre.
«Se acreditaron transgresiones al derecho a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de [22 personas], atribuibles a servidores públicos de la PF», sentenció el informe de la CNDH publicado un año después de la masacre.
El Gobierno mexicano, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), siempre rechazó la masacre. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad en aquel momento, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas por la Comisión, pero aseguró que en el caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles, como sostuvo la institución.
Pero el informe es contundente. El 22 de mayo de 2015, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, en un área limítrofe con el estado de Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó en 2016 que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal aquel día.
No sólo se trató de «violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles”, sino de torturas, trato inhumano y degradante para los detenidos aquel viernes de 2015.
Si la Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda, la CDNH derrumbó aquella versión, que no encontró respaldo en la evidencia mostrada por el Gobierno, y aseguró que los efectivos federales entraron de manera sigilosa y en las primeras de la noche al rancho.
El operativo federal, de acuerdo con el informe de la Comisión, empezó en algún momento entre las 06:00 horas y 07:00 horas del 22 de mayor, cuando 41 agentes ingresaron al rancho y aseguraron a las personas. La mayoría de ellas estaban dormidas.
“Posteriormente llevaron el operativo lo que contradice la versión oficial de los hechos” señaló la CNDH.
El informe remarca que la Policía Federal también movió cuerpos, sembró 16 armas y cartuchos a las víctimas, a otros siete les cambiaron las armas y los cartuchos por otros de diferente calibre y mintieron en los informes.
“Hubo uso excesivo de la fuerza lo que derivó en la ejecución arbitraria ya que las 22 víctimas estaban en una posición de desventaja y vulnerabilidad: 13 estaban de espalda, a cinco les dispararon desde el helicóptero, otra una víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida, [..], la gran cantidad de disparos constitución una demostraron innecesario de la capacidad del uso excesiva de la fuerza” destacó el informe de la Comisión.
Además, a 16 de los cuerpos les colocaron deliberadamente armas de fuego, y las armas halladas a siete cuerpos fueron manipuladas y movidas de su posición original. Otra arma asociada a un cuerpo fue sustituida por otra de distinto calibre.
El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG.
Las autoridades argumentaron que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Servicio Médico Forense de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos denunciaron tenían el tiro de gracia.
Las familias de los afectados aseguraron que se había tratado de una «matanza».
Esta semana, seis años y cuatro meses después de la masacre, un Juez federal dictó auto de formal prisión por homicidio contra siete de los ocho expolicías federales detenidos el pasado agosto por el caso Tanhuato, informó este sábado el diario El Universal.
El expolicía federal que había sido detenido también en agosto, y que había sido traspasado a la Guardia Nacional tras la extinción de la corporación, fue liberado, ya que «no se encontraron elementos para procesarlo», detalló el periódico mexicano, citnado fuentes judiciales.
La Fiscalía General de la República ha detenido a ocho de las 40 órdenes de aprehensión que fueron giradas por un Juez Federal contra los responsables en Tanhuato, incluidos el exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Cuauhtémoc Serrano Escobedo, un exmando de la PF, según El Universal.
