El estado de Tamaulipas –clave en el tráfico de drogas– está bajo dos fuegos: por un lado, el Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca enfrenta investigaciones tanto en México como en Estados Unidos por sus presuntas ligas con el narcotráfico y el lavado de dinero; por el otro, los grupos criminales que operan en ese territorio están enfrentados por el control de la plaza, una de las más codiciadas por los cárteles de la droga.

Tras el triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones del pasado 6 de junio, los grupos criminales comenzaron a reacomodarse. Un caso extraordinario es la irrupción en Tamaulipas del cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La organización criminal volvió a aliarse al cártel de Sinaloa y así pudo entrar a Tamaulipas en alianza con el cártel del Golfo. De esta forma, los cárteles de Sinaloa, Golfo y Jalisco Nueva Generación están enfrentados con Los Zetas Vieja Escuela y el cártel del Noreste. A este último se le atribuye la violencia que en los últimos meses se ha desatado en esa entidad.

Por lo menos están señalados de haber dado muerte a los 23 migrantes guatemaltecos, quienes fueron asesinados e incinerados en el municipio de Camargo; de igual forma son señalados de calentar la plaza a través de asesinatos de personas inocentes, como lo que ocurrió recientemente en el municipio de Reynosa, tierra natal del Gobernador Cabeza de Vaca.

Ante este escenario de descomposición –el Gobierno no puede pacificar el territorio y el crimen está sin control– lo que se vive en Tamaulipas es un estado sin ley donde hasta ahora ni la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas han podido meter en control a los grupos criminales.

En resumen, el estado de Tamaulipas está sumido en una profunda crisis política y de seguridad pública donde priva el vacío de poder. Por ello, la nueva Legislatura local, con mayoría de Morena, procederá a desaforar al Gobernador Cabeza de Vaca a fin de que enfrente a la justicia. La Fiscalía General de la República tiene abiertas varias carpetas de investigación por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico –en particular con Los Zetas, quienes le financiaron la campaña cuando fue alcalde de Reynosa– y enriquecimiento ilícito, pues se ha descubierto que el actual mandatario ha invertido más de cien millones de pesos en propiedades, casas, ranchos y departamentos. El origen de los recursos, de acuerdo con las pesquisas, es el crimen organizado.

La guerra

La guerra entre bandas del narcotráfico en Tamaulipas no parece tener fin. En esa entidad gobernada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca están enfrentados los cárteles del Golfo y del Noreste (una escisión de Los Zetas) por el control del territorio, lo que ha provocado desapariciones, balaceras y matanzas que ninguna autoridad ha podido frenar.

Tierra de nadie, Tamaulipas es el estado fronterizo más conflictivo junto con Baja California, gobernado por el morenista Jaime Bonilla, donde los grupos criminales se disputan el mercado de las drogas, el tráfico humano, las extorsiones, el cobro del llamado derecho de piso, la venta de protección y el despojo de propiedades, entre otros delitos graves que forman parte del portafolios de actividades del crimen organizado.

En Tamaulipas hay cuatro cárteles que se disputan el control territorial a sangre y fuego: Los Zetas, o lo que queda de ellos; el cártel del Golfo, cártel del Noreste y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, éste último, es el grupo criminal que más ha crecido en los últimos 10 años.

El abatimiento de 24 personas en Villa Unión, Coahuila, mediante varios ataques armados en diciembre de 2019 por parte del cártel del Noreste (CN) es otro acto de narcoterrorismo que el Gobierno rechaza calificar como tal, pues prefiere seguir aceptando que en México sólo hay delincuencia organizada y no narcoterrorismo, pues trata de impedir que el Gobierno de Estados Unidos intervenga en los asuntos internos del país.

Lo más grave de todo es que el Gobierno de López Obrador, como es evidente, no puede con el problema de la inseguridad, pero tampoco permite que le ayuden, un signo claro de soberbia y de ceguera que ya tiene altos costos sociales, políticos y económicos, pues mientras en México no haya seguridad tampoco habrá confianza para los inversionistas extranjeros, para quienes es claro que el Gobierno está rebasado por la oleada criminal.

El primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró entre balaceras, muertos, impotencia oficial y una ceguera institucional que se niega a reconocer lo evidente—el desastre nacional en materia criminal– pero que festejó con un discurso triunfalista los primeros 12 meses de Gobierno como si el país estuviera en jauja, el paraíso en toda su plenitud.

Lo ocurrido en Villa Unión, Coahuila, fue otra batalla criminal que se libró entre la policía estatal y sicarios del cártel del Noreste, uno de los más violentos del país, cuyos hombres armados balacearon el Palacio municipal de esa localidad, sembrando el terror entre la población. Las fuerzas del orden no tuvieron reparo en el uso de la fuerza: masacraron a varios criminales, haciendo caso omiso a la máxima presidencial de “abrazos y no balazos”, pues aplicaron todo lo contrario: “balazos y cero abrazos”.

Este hecho –tan violento como el operativo fallido de Culiacán, efectuado en octubre de 2019–puede ser clasificado también como otro acto terrorista, pero el Gobierno federal rechaza tal consideración. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha reconocido que en México hay delincuencia organizada, pero rechaza que haya narcoterrorismo, tema que ha generado controversia y polémica luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que en su país los cárteles del Golfo, Zetas, Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación serían clasificados como organizaciones terroristas. Con ello, pretendía diseñar una contraofensiva armada, con inteligencia de Estado, para desmantelar a estos grupos del narcotráfico. Sin embargo, el Presidente López Obrador no acompañó a Trump en esta cruzada a pesar de que continuaban la masacres.

En noviembre de 2019, el cártel del Noreste puso de cabeza al estado de Tamaulipas: comandos armados de ese grupo criminal incendiaron vehículos, secuestraron y descuartizaron a varias personas, presuntamente rivales suyos, y causaron un verdadero estado de alarma en Nuevo Laredo –cuna del crimen– convertida en un territorio sin ley durante varios días.

Luego, la violencia y el terror pasaron a Nuevo León, donde también perpetraron varios asesinatos y después tocó el turno al municipio de Villa Unión, Coahuila, un bastión que hasta hace no muchos años estaba bajo el dominio de Los Zetas, otrora brazo armado del cártel del Golfo, uno de los cárteles más beligerantes del continente.

En esta demarcación se enfrentaron agentes estatales y municipales con hombres armados del cártel del Noreste: entre las bajas de ambos bandos se contabilizaron 24 muertos, una verdadera carnicería que el Presidente no cuestionó.

Ninguna autoridad federal pudo frenar esta barbarie.

Disputa territorial

El cártel de Los Zetas –fundado por Arturo Guzmán Decenas y Heriberto Lazcano Lazcano en 1997 para convertirse en el brazo armado del cártel del Golfo –tuvo como principales bastiones los estados de Tamaulipas (su cuna), Nuevo León y Coahuila. Luego, sus tentáculos llegaron a Veracruz, particularmente la zona sur –el corredor petrolero de Acayucan-Minatitlán y Coatzacoalcos–, la región más violenta del país: lleva más de una década sumida en el caos y no hay autoridad estatal ni federal que pueda pacificar ese territorio donde priva el pavor.

En Coahuila, Los Zetas se afincaron durante el Gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes se habrían ligado al narcotráfico y, en particular, a ese cártel y convirtieron el estado en un bastión para la ejecución de todo tipo de delitos, desde narcotráfico, secuestros y extorsiones hasta tráfico de personas y lavado de dinero, por citar sólo algunos de los más socorridos.

En esa época, el cártel de Los Zetas era encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como «El Z-1» y/o «El Lazca», un militar que causó la deserción de varias decenas de soldados de élite que se pasaron al cártel del Golfo.

Antes de que Lazcano fuera presuntamente asesinado –eso sostiene la versión oficial– el cártel de Los Zetas se dividió y una ala importante la encabezó Miguel Ángel Treviño Morales, «El Z-40», quien junto con su hermano –Omar– logró expandirse hacia el Valle de Texas, donde echaron a andar un jugoso negocio de lavado de dinero basado en la compra de caballos de carreras.

En este negocio se involucró un empresario veracruzano, Francisco «Pancho» Colorado, contratista de Petróleos Mexicanos y amante de los caballos y de las carreras. Solía apostar con capos como «El Mayo» Zambada o Lazcano hasta un millón de dólares por una justa. Colorado también fue importante financiero de campañas de candidatos priistas y panistas en Veracruz y no escatimaba recurso alguno con tal de mantenerse envuelto en la impunidad.

Cuando se vio cercado por la justicia estadounidense, se entregó a las autoridades. Lo acusaron de lavado de dinero. Murió en una cárcel de Texas, según la versión oficial, de un infarto al miocardio.

Pese a estas bajas, Los Zetas continuaron en jauja: «El Z-40» –Miguel Ángel Treviño Morales–fue detenido en Nuevo León en 2012, posteriormente Omar –su hermano– también fue capturado cuando las autoridades norteamericanas detectaron la amplia red de lavado de dinero y procedieron a su desmantelamiento.

Después, durante un enfrentamiento entre marinos y narcotraficantes, presuntamente fue abatido Heriberto Lazcano, «El Lazca», cuyo cuerpo cayó perforado por las balas en la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila.

Cuando velaban a «El Lazca», un comando se robó el cuerpo y la Marina logró rescatarlo. Surgieron dudas respecto de la identidad de Lazcano. No había parecido entre el jefe de los Zetas y el cuerpo sin vida.  El Gobierno de Felipe Calderón entonces ofreció acreditar la identidad con exámenes de ADN que se practicarían a familiares del jefe de Los Zetas, pero los resultados nunca fueron dados a conocer. Todo quedó envuelto en un misterio absoluto. ¿Realmente murió Heriberto Lazcano? Nadie lo sabe. Es probable que su muerte forme parte de los secretos del Ejército Mexicano que nunca se conocerán, tal y como ocurrió con Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos».

Tras estos hechos, que terminaron con el liderazgo hegemónico de Los Zetas, surgió en Tamaulipas el cártel del Noreste, temible y sañoso como lo fue el llamado brazo armado del cártel del Golfo. Lo encabeza Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Miguel y Omar Treviño Morales.

Se trata de un narcotraficante sanguinario que no tiene límites en matar con saña. Sigue la vieja escuela de sus tíos y practica la decapitación y el descuartizamiento de sus víctimas, modalidades de muerte que pusieron de moda tanto Los Zetas como los Kaibiles, sus aliados, surgidos del Ejército de Guatemala.

El cártel del Noreste es el tercer grupo criminal más sanguinario, después de Los Zetas y del cártel de Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, cuyo asiento está en la zona del occidente de la República mexicana.

El cártel del Noreste no está en la lista de grupos terroristas que planteó el Presidente Donald Trump para que el Congreso los clasifique como tales y, de esa forma, poder combatirlos con todos los recursos internacionales.

El Gobierno de México, hasta ahora, se niega a clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no quiere que organismos internacionales armados desaten la violencia en el territorio nacional y se lleve a cabo un baño de sangre, aunque esto ocurra todos los días con las masacres que se efectúan en todo el país.

El mandatario prefiere seguir con su política de abrazos y no balazos, mientras en el país sigue escurriendo sangre humana por todas partes. El Canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que si los cárteles mexicanos con declarados grupos terroristas se pondría en riesgo la relación con Estados Unidos. No hay fundamento en esta percepción, pues todo lo que coadyuve en la paz del país debe ser considerado como positivo, ya que es evidente que el Gobierno de la Cuarta Transformación no puede con la violencia del crimen organizado y/o terrorismo de los cárteles.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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