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Las acciones legales de la lucha del pueblo otomí resultaron incómodas a los gobiernos del Estado de México y Huixquilucan, El pasado 30 de agosto, el Presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas Del Villar, le hizo una llamada al defensor para que desistiera de sus acciones o si no “le iban a dar en la madre”.
#DatosCerrados | Los habitantes de San Francisco Xochicuautla no podrán conocer los detalles del proceso expropiatorio de sus tierras donde el Grupo Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan. La Sedatu, a cargo de Rosario Robles Berlanga, clasificó como reservado el expediente hasta el 20 de octubre de 2022. Es decir, cuando la presente Administración tenga cuatro años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos.
El Gobierno del Estado de México ha acechado durante el último mes a siete comunidades por llevar a cabo sus proyectos de megaobras en la entidad, denunciaron activistas, quienes afirman que las agresiones se han realizado escalonadamente por parte de la policía de la entidad, apoyada incluso por elementos de la Policía Federal.
De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos, que han acabado, o amenazan con acabar, con recursos naturales y dañan el medio ambiente, está repleto el país. Sin embargo, no es algo nuevo: sexenio tras sexenio, durante los últimos 16 años, cada Presidente alienta estos abusos al no actuar tajantemente contra las megaobras que contaminan e incluso saquean a pueblos originarios sus tierras; esto, dicen organizaciones civiles, muestra que en México los intereses económicos pueden más que salvaguardar el ambiente y la salud de la población.
Parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas, denunció el activista Carlos Mazo.
Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México acusaron que la denominada «Ley Eruviel» no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.
La lucha que comunidades y activistas han emprendido en contra de obras, empresas y gobiernos derivan en procesos largos, a veces a favor, que las mantiene latentes. Ejemplo de ello son los conflictos que encendieron las alarmas esta semana en pobladores en el Estado de México: San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos con más de siete años de litigio. Sin embargo, no son los únicos: en el país existen al menos 200 conflictos contra megaproyectos, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
Las 179 organizaciones, pueblos y barrios miembros que conforman la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra manifestaron su preocupación ante el «violento desalojo gubernamental» perpetrado contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla que derivó en la destrucción de viviendas con la finalidad de abrir el camino a la Autopista Toluca-Naucalpan «proyecto al que la comunidad indígena se ha opuesto desde hace años».
Pobladores en zonas de tensión social acusaron al Gobernador Eruviel Ávila de provocarlos.
Pobladores de San Francisco Xochicuatla acusaron a la CNDH de no intervenir para detener el cese de demolición de sus patrimonios.
Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de «represión y desalojo cometidas» en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, ocurrida este lunes, y exigieron la salida de los elementos de la policía del Estado de México y que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.
Pobladores indígenas de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, irán a la Suprema Corte para frenar la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a una filial de Grupo Higa.