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Los años de abusos han dejado una huella psicológica en Camila que la incapacita para trabajar. A veces le vuelven los pensamientos negativos, por eso los médicos que la tratan la han incluido en una lista de monitoreo de personas en riesgo de suicidio. Todavía hoy recuerda el perfume que llevaba el primer hombre que la violó. «Ser violada por dos hombres de esa iglesia es un trauma que jamás superaré».
Irineo Mujica, activista de Pueblos Sin Fronteras, denunció que las personas migrantes siguen pidiendo dialogar con el Instituto Nacional de Migración, pero «el gobierno sigue con una actitud represiva hacia las personas migrantes, utilizando a la Guardia Nacional para intentar desarticular manifestaciones pacíficas en vez de luchar contra el crimen organizado», escribió en Facebook.
Las reuniones anunciadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y colectivos feministas, no serían las primeras. Esta misma semana, la mandataria capitalina tuvo un encuentro con feministas, después de la primera marcha en protesta por las violaciones contra jóvenes presuntamente cometidas por policías de la de Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ayer, cientos de mujeres se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes, armadas con brillantina rosa y morada, sus pañuelos verdes y mantas, para protestar en contra de los abusos denunciados recientemente y para exigir su derecho a una vida libre de violencia.
La Cámara Alta de Alabama dio el visto bueno al proyecto por 25 votos a favor y 6 en contra, por lo que la aprobación del texto queda ahora en manos de la gobernadora, Kay Ivey, que debe ratificarlo.
Según el reporte, las niñas eran entregadas por los padres tanto por temor como por beneficios económicos.
Movida por los últimos casos de violaciones a menores en la India, una activista cumple hoy el quinto día de su huelga de hambre indefinida en demanda de castigos más severos e incluso la pena de muerte para los agresores.
Los sujetos, que responden a los nombres de Jesús Gustavo “N” y Josué “N”, fueron detenidos en Zumpango, Estado de México, luego de asaltar una tienda Oxxo ubicada en el Fraccionamiento Villas de la Laguna de dicho municipio.
Ante autoridades de los tres niveles de gobierno que se han demostrado incapaces para garantizar la seguridad de mujeres y niñas, organizaciones de Zacatecas crearon una aplicación móvil con el fin de contribuir a la prevención de casos de violencia extrema como feminicidios, desapariciones y violaciones, desde la sociedad civil.
Una alianza de organizaciones campesinas, indígenas y civiles, así como académicos y ciudadanos mexicanos, lanzaron una alerta ante el riesgo de que sea aprobada esta semana en la Cámara de Diputados la Ley General de Biodiversidad (LGB), que consideran violatoria a los derechos de diversos grupos.
La actriz advirtió que la violación está siendo «usada como un arma para lograr metas políticas y militares».
Más de 30 mujeres que demostraron haber sufrido abusos sexuales en el hospital y otras personas han ofrecido sus testimonios en los medios sociales, afirmó Nderu a The Associated Press. Una mujer dijo que un médico la manoseó mientras ella estaba semiinconsciente tras una operación.
La depuración de la policía es una deuda pendiente a cinco años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos locales.
Los casos no fueron resueltos y los rastros de ADN recolectados del cuerpo de la víctima no se remitieron en todos los casos para análisis genético.
El legislador mexicano descartó que este método sea inhumano o contrario a la legislación con base en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pidió reformas al Código Penal local.
Para las familias de las personas desaparecidas, la militarización de México «significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los tres niveles de Gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza.»
Según cifras del Centros de Emergencia Mujer, hasta octubre se reportaron mil 420 casos de abusos sexuales a niños entre 6 y 11 años en Perú.